La agenda socialista del Gobierno no mostró mayor importancia por el avance en la desregulación del mercado de capitales colombiano, una condición necesaria para evitar que el país pierda su estatus como economía emergente.

El presidente socialista Gustavo Petro está decidido a boicotear una serie de reformas que habían sido programadas por la administración anterior, entre ellas la reforma del mercado de capitales para permitir una mayor flexibilidad regulatoria y adoptar estándares internacionales.

El Gobierno no quiere avanzar en este aspecto, y el proyecto de ley originalmente discutido durante el mandato de Iván Duque ahora naufraga en el Congreso sin ningún destino aparente en el corto plazo.

Las regulaciones locales limitan fuertemente las transacciones de todo tipo de activos, haciendo que el sistema se mantenga excesivamente sesgado hacia el mercado de renta fija (un hecho que denota la falta de desarrollo del sector).

La firma JP Morgan advirtió que la economía colombiana podría ser recategorizada de “país emergente” a “país de frontera”, el mismo estatus que actualmente mantienen Argentina y Venezuela, ambos en presencia de los peores desastres económicos perpetrados en la región.

La recategorización no es algo trivial. Podría desalentar gravemente el interés de los capitales internacionales para desarrollar la inversión extranjera directa en el país, especialmente en el tipo de inversión “Greenfield” en la cual una empresa matriz extranjera construye “desde cero” su filial en el país.

Por otra parte, las reformas estructurales que está llevando a cabo el Gobierno también socavan el apetito inversor. La reforma tributaria incrementa sideralmente la presión fiscal sobre el sector petrolero, el más dinámico del país y directamente vinculado con el comercio internacional.

Por otra parte, la reforma previsional del socialismo propone unificar el sistema en perjuicio del ahorro y la capitalización del país. El actual sistema competitivo será virtualmente reemplazado por uno sustentado sobre los pilares: un haber mínimo por $500.000 mensuales de carácter no contributivo, y posteriormente una cotización forzosa a Colpensiones sobre la base de entre 1 y 4 salarios mínimos.

La experiencia chilena demostró que el desarrollo del sistema de capitalización individual constituye un elemento fundamental para la expansión del mercado de capitales en moneda doméstica, pero el proyecto del Gobierno de Petro una vez más avanza en dirección contraria.

Las reformas del Gobierno socialista espantan las inversiones y deterioran la competitividad del país. La economía sufrió una fuerte reversión al término de la primera mitad del año, registrando la primera caída en 8 trimestres.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia confirmó oficialmente que el PBI sufrió una fuerte caída del 1% en el segundo trimestre del año, después de haber crecido hasta un 1,4% en el período precedente. Se trata de la primera caída registrada en 8 trimestres.

La tasa de crecimiento interanual de la economía cayó a sólo el 0,3% en comparación con el mismo trimestre del año pasado, el registro más modesto desde el primer trimestre de 2021.

La desaceleración de la actividad económica se produce en un contexto inflacionario aún tumultuoso para los estándares de Colombia. La variación interanual del IPC alcanzó el 11,8% en julio de 2023, una de las cifras más altas de la región con la evidente excepción de Argentina y Venezuela.

Las reformas impulsadas por el presidente socialista Gustavo Petro son las principales responsables de la desaceleración económica y la inflexibilidad a la baja de las expectativas de inflación.

La actividad se vio severamente afectada por la reforma tributaria que promulgó el oficialismo en diciembre del año pasado. Petro estableció un nuevo impuesto sobre el patrimonio (homólogo a Bienes Personales en Argentina), elevó la tasa del impuesto de sociedades del 35% al 47% para empresas petroleras, y un recargo impositivo de hasta el 56% en el caso de la producción de carbón.

Por otra parte, el impuesto aplicado sobre los dividendos empresariales se duplicó del 10% al 20%, incrementando notoriamente la tasa efectiva sobre las sociedades que operan en el país. La reforma significó un golpe contundente a la competitividad fiscal de Colombia frente a otros países.

El clima inversor del país también sufrió una reversión por las medidas del oficialismo. El presidente Petro socavó los derechos de propiedad e intervino todas las comisiones reguladas de servicios públicos para congelar tarifas a discreción.

Estas medidas incluyeron a la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRC). Sus respectivas funciones pasaron a supervisarse bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio del Interior.

La calificadora de riesgo Moody’s Investors advirtió que las reformas socialistas están destruyendo el atractivo del país para los inversores, adoptando medidas que fueron típicas del kirchnerismo en Argentina y el chavismo en Venezuela.

“La ambiciosa agenda de reformas del gobierno de Colombia intensifica el riesgo de cambios de políticas, lo que afecta la confianza de los inversionistas”, advierte Moody’s.

La Asociación Colombiana de Petróleo y Gas de Colombia confirmó que las principales empresas petroleras operativas en el país reducirán su inversión prevista para 2023 en por lo menos un 33%. Se pone en jaque al sector más dinámico del país, responsable de la generación del 42% de las exportaciones anuales.

El primogénito del presidente declaró ante Fiscalía que parte del dinero utilizado provenía de un narcotraficante, y que todos en la campaña sabían ya que hablaron sobre superar el topo de financiación legal.

Tras ser arrestado por la Policía Nacional por orden de la Fiscalía, Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente socialista de Colombia, Gustavo Petro, está empezando a hablar y parecería que no tiene problemas en entregar a su padre.

El primogénito del presidente, le dijo a la Fiscalía que parte del dinero recibido de manera ilegal de un narcotraficante la usó en beneficio propio, pero que otra gran parte fue a parar a la campaña presidencial de Petro en 2022.

“En realidad, de dichos dineros unos ingresaron a sus arcas de Nicolás Petro y otros a la campaña presidencial de 2022 en la cual resultó elegido nuestro actual presidente, el doctor Gustavo Petro Urrego”, manifestó en una audiencia el fiscal primero delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Mario Burgos.

El fiscal explicó que Nicolás Petro, detenido el pasado sábado en Barranquilla, hizo esas revelaciones como parte de un acuerdo de colaboración con la Justicia luego de que el martes fuera imputado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La investigación al hijo de Petro comenzó en marzo pasado luego de que su ex esposa Day Vásquez, revelara a la revista Semana que el narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias “El Hombre Marlboro”, le entregó una alta suma de dinero a Nicolás Petro, de la cual no sabía a dónde había ido a parar.

Inmediatamente se abrió una causa contra la familia de los Petro, pero Gustavo dijo que su hijo había “cometido errores de los que tiene que aprender”, y prácticamente lo sacrificó ante la justicia para que la investigación no lo incluya, y dijo que no estaba al tanto de la procedencia del dinero que había conseguido su primogénito.

Sin embargo, en su acuerdo con la Justicia, el hijo de Petro admitió que parte del dinero sí llegó a la campaña presidencial, y que todos en la campaña sabían, ya que violó las reglas de financiación al también superar “los topes permitidos por la ley y una parte de estos dineros no habrían sido reportados ante las autoridades electorales“, según el fiscal.

“Una parte de este dinero fue utilizado por el mismo Nicolás Petro Burgos y su esposa (de entonces) para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de manera injustificada y poder blanquear los dineros. Otra parte de esos dineros fueron invertidos en la campaña presidencial del año 2022”, agregó el fiscal Burgos.

El fiscal también presentó ante el Juzgado 74 Penal Municipal con función de control de garantías, una serie de conversaciones de WhatsApp extraídas del teléfono celular de Day Vásquez, que incluye mensajes de texto y archivos de audio entre los años 2021 y 2022, en los que Nicolás Petro habla extensivamente sobre tráfico de influencias y trapicheos con empresarios, políticos y contratistas para repartirse dinero de contratos con instituciones públicas en el Atlántico.

Cabe recordar que Nicolás Petro fue candidato a la Gobernación del Atlántico en 2019 y es diputado a la Asamblea de ese departamento hace años, cargo al que se comprometió a renunciar como parte del acuerdo.

En esas conversaciones aparecen de manera recurrente los nombres de Gustavo de la Ossa, Pedro Name y Máximo Noriega. Este último es candidato a la Gobernación del Atlántico para las elecciones que se celebrarán este año, en octubre, y cuenta con el apoyo de Gustavo Petro, aunque tras la detención de Nicolás Petro, el partido Colombia Humana, creado por el presidente, le retiró el apoyo.

Las revelaciones cayeron como una bomba en el país, que esperaba expectante la audiencia de hoy, en la que el fiscal, por la colaboración de la pareja, pidió al juez “una medida de aseguramiento con detención domiciliaria para Nicolás Petro” y “no privativa de la libertad para Day Vásquez”.

“El testimonio de Nicolás Petro es una bomba que estremece los cimientos de la democracia y pone en estado de coma al Gobierno del presidente Petro, quien tendrá que pasar el resto de sus días defendiéndose, sus políticas quedarán en entredicho y desatará más rabias, odios, frustraciones. ¿Lecciones? La primera, ‘No todo vale’“, manifestó el excandidato presidencial Sergio Fajardo.

Petro, entre tanto, ha mantenido silencio y esta tarde viajó a Sincelejo, capital del departamento caribeño de Sucre, donde haciéndose el desentendido con la situación, publicó en Twitter: “Así me recibe el pueblo campesino en Sincelejo, Sucre” y citando al caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, asesinado en 1948, agregó: “El pueblo siempre será superior a sus dirigentes“.