El Gobierno de la extrema izquierda colombiana desplegó una agenda marcadamente proteccionista que pretende revertir el proceso de apertura comercial comenzando en las últimas dos décadas.

Las intenciones del Gobierno del presidente Gustavo Petro son claras: se apunta a cerrar la economía todo lo que sea posible. El diagnóstico oficialista considera que el flujo comercial con el mercado internacional es “perjudicial para campesinos y productores locales”, una lógica por la cual se viene pregonando desde la campaña electoral del socialismo.

Petro anunció formalmente que Colombia realizará los pasos necesarios para encauzar una revisión del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, aunque por el momento se evitará una renegociación integral. A través de la Oficina del Representante de Comercio estadounidense, Colombia presentó un pedido de revisión sobre cuatro grandes áreas: acceso a los mercados (aranceles y restricciones), reglas de origen, cláusulas de inversión extranjera directa y propiedad intelectual.

La revisión presentada por Petro tratará de valerse de la flexibilidad del tratado para aumentar las barreras a las importantes tanto como sea posible. El Gobierno desistió de una renegociación integral debido a las mayores dificultades para llevar a cabo cambios profundos, en vista a que el Gobierno de López Obrador intentó lo mismo pero no consiguió mayores modificaciones.

El TLC con Estados Unidos dinamizó las exportaciones colombianas y la afluencia de divisas, posibilitando así un despegue explosivo de los sectores con ventajas comparativas naturales, principalmente café y derivados, flores frescas, y más recientemente una gran variedad de servicios. Al mismo tiempo desalentó la inversión en los sectores menos competitivos, y por los cuales la sociedad colombiana se veía obligada a pagar precios más altos por productos de menor calidad.

El foco del oficialismo se centra en aumentar la protección arancelaria sobre el sector de la industria textil y los productos agropecuarios, encareciendo así el costo de vida de todos los colombianos a costa del enriquecimiento de un pequeño grupo de empresarios protegidos.

La vocación proteccionista del Gobierno de Petro no se limita al TLC con Estados Unidos, sino que pretende establecer aranceles para la totalidad del comercio bilateral. El Gobierno propuso un gravámen de hasta el 40% para los bienes textiles, una tasa incluso más elevada que el 35% máximo que se aplica en la zona del Mercosur (una región que ya es proteccionista de acuerdo a estándares internacionales).

No conforme con la propuesta de aranceles arbitrarios, el Gobierno hizo una petición incluso más escandalosa: pretende aumentar los aranceles a la importación para “combatir el aumento de las tasas de interés”, un diagnóstico completamente disparatado y pseudocienfítico que no tiene sustento por ninguna teoría convencional.

En respuesta a que el Banco de la República aumentó su tasa de política monetaria hasta el 13,25% nominal anual, Petro confía en que los aranceles “dinamizan la actividad económica” y conllevan a un efecto expansivo que contrastaría con el efecto recesivo de la suba de tasas. Pero no hay evidencia de que los aranceles puedan dinamizar la actividad, más bien todo lo contrario.

El exministro de Agricultura Andrés Valencia se pronunció al respecto de las propuestas oficialistas y advirtió por un brutal encarecimiento de la canasta básica alimentaria para los sectores más pobres, especialmente en un contexto inflacionario extremadamente delicado (la inflación general de Colombia es del 12,8% pero en alimentos asciende a más del 18%).

Los principales gremios del país concluyen que la reforma propuesta sería catastrófica y dispararía los costos de contratación, mientras que un reciente informe del Banco de la República de Colombia detalla que aumentará gravemente la tasa de desocupación y la informalidad.

El Gobierno de Gustavo Petro prepara una muy peligrosa reforma sobre la legislación laboral con ideas abiertamente extremistas. Los principales actores económicos de Colombia rechazan el proyecto y aseguran que conducirá a empeorar generalizadamente las condiciones de operatividad en el mercado, con efectos dramáticos en materia de empleo e informalidad.

Un reciente informe presentado por el Banco de la República de Colombia estima que de aplicar exhaustivamente las medidas propuestas por el Presidente entonces se llegarían a perder hasta 450.000 puestos de trabajo. El equipo técnico de la institución concluyó que los costos laborales para la contratación formal se dispararían entre un 3,7% y hasta un 10,7% dependiendo del tamaño de cada empresa en cuestión.

El mayor impacto de la reforma no recaerá sobre las grandes compañías sino sobre las pequeñas y medianas, ya que no se encuentran en condiciones para adaptarse a las normativas propuestas por la reforma y podrían recurrir a la contratación informal para evitar cerrar sus puertas.

Todo esto genera un importante impacto regresivo sobre el tejido empresarial. Las empresas más importantes podrían adaptarse a la reforma mediante despidos o menores tasas de contratación, mientras que las pequeñas y medianas harían lo propio pero recurriendo también a la contratación informal. 

Los sectores más golpeados por las normativas dispuestas serían la industria del turismo y la hotelería, los servicios, los restaurantes y el sector de entretenimiento, ya que la reforma expone regulaciones especiales sobre perfiles laborales especialmente ajustados a estos rubros.

Los gremios agrupados en la Cámara de Comercio Colombo-Americana rechazaron enfáticamente la reforma laboral socialista, advirtiendo que el 90% de los empleadores en el país se constituyen en micro y pequeñas empresas, y la capacidad de asumir el aumento de costos y la cadena de responsabilidades regulatorias es casi imposible de manejar. 

Los principales puntos de la reforma laboral presentada por Petro

Contratos definidos e indefinidos

Como norma general se establece una modalidad de contrato de trabajo por tiempo indefinido para todas las ramas y rubros respectivamente. De esta forma, los contratos de índole temporal tendrán un límite fijado en 2 años, y los contratos por prestación de servicios serán terminantemente prohibidos con la sola excepción de los que aún continúan vigentes, en cuyo caso serán legales hasta su finalización pero no podrá haber nuevos.

De esta manera, las modalidades flexibles dentro de la legislación laboral perderán relevancia y se corre el riesgo de que este tipo de empleos pasen directamente a la informalidad, o bien a la desocupación abierta. 

Jornada laboral y modalidades de despido

La jornada laboral seguirá rigiendo en 8 horas diarias, pero el Ministerio de Trabajo determinó que la jornada semanal será reducida gradualmente hasta las 42 horas. Asimismo, las empresas estarán en la obligación de pagar hasta el 100% de la jornada dominical y por días festivos, en lugar del 75% vigente hasta ahora. 

La jornada nocturna comenzará a partir de las 6 pm mientras que actualmente se encuentra fijada en las 9 pm. La reforma también  propone reincorporar el preaviso de despido para la totalidad de las modalidades de trabajo, y no hacerlo involucraría multas y/o penalizaciones. 

Contratos laborales especiales para plataformas digitales y el sector agropecuario

Los trabajadores adherentes a servicios de mensajería móvil o repartidores por plataformas digitales ya no podrán trabajar por cuenta propia, sino que deberán adaptarse a un contrato especial con sus empleadores suscrito ante el Ministerio del Trabajo y con modalidades, normas y obligaciones similares a los que fueron expuestos por la reforma.

Se crea, además, una modalidad especial con pagos por jornal para los trabajadores del sector agropecuario, reemplazando así a los contratos temporales por servicios específicos realizados (que quedan prohibidos por la reforma).

La agenda de la extrema izquierda amenaza con socavar la estabilidad en las reglas de juego imperantes en el país desde hace más de 30 años. La caída de la inversión es particularmente intensa en el sector energético, el más dinámico y competitivo del país.

Crecen cada vez más las dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento económico y el desarrollo de Colombia bajo el actual gobierno comunista del presidente Gustavo Petro, el ex guerrillero que llegó al poder en agosto del año pasado.

La prestigiosa calificadora de riesgos Moody’s Investors Service advirtió que las reformas de extrema izquierda de Petro están espantando las inversiones extranjeras y recomendó frenar cualquier tipo de proyecto en el país, debido a que atentan contra la estabilidad de las reglas de juego e impiden la previsibilidad a largo plazo (un elemento fundamental para el desarrollo inversor).

En tiempo récord, Petro atentó contra los principales pilares del modelo económico que funcionaba hasta entonces. Lanzó una reforma tributaria que aumenta los impuestos vigentes y crea nuevos gravámenes sobre la acumulación de capital y el sector energético. 

Asimismo, el presidente preparó una reforma previsional que deteriora el canal de transmisión entre ahorro y crédito doméstico, y generó una masiva distorsión de precios relativos al anunciar el congelamiento nominal de todas las tarifas de los servicios públicos (los entes reguladores fueron intervenidos y despojados de su independencia).

“La ambiciosa agenda de reformas del gobierno de Colombia intensifica el riesgo de cambios de políticas, lo que afecta la confianza de los inversionistas”, señala el informe presentado por Moody’s.

La incertidumbre política y el cambio incesante de las reglas que deben asumir los agentes provocan que la inversión y el crecimiento potencial del PBI se vean dramáticamente perjudicados. Sólo el andamiaje institucional podría ayudar a revertir este proceso, funcionando como una suerte de barrera para aminorar el impacto de las reformas extremistas presentadas por el oficialismo.

El informe de Moody’s es especialmente crítico con la reforma previsional del Gobierno, alertando que provocará una menor disponibilidad de fondos para el sistema bancario (y por lo tanto menos crédito en moneda local) y contribuirá a aumentar los pasivos del sistema en los próximos años a medida que se profundice el envejecimiento poblacional. El menor ahorro disponible para el sector privado se traducirá en mayores tasas de interés domésticas, encareciendo el acceso a la vivienda o la financiación de proyectos empresariales.

Por otra parte, las reformas inducen a una violenta caída de la inversión energética. Solamente para el año 2023 las principales petroleras privadas de Colombia anunciaron que reducirán su inversión en un 33% con respecto al año pasado, según confirmó la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas.

La menor inversión energética no solamente impacta sobre la demanda interna y la generación de puestos de trabajo altamente calificados, sino que además afecta negativamente al volumen exportador (Colombia dispone de amplias ventajas comparativas en el sector petrolero).

Solo el petróleo crudo ocupa hasta el 42% de las exportaciones anuales del país, y si se considera también la refinación del mismo la cifra representa prácticamente la mitad de las exportaciones. Otro componente importante de la exportación es el carbón, que ocupa casi el 15% del total. La agenda del presidente Petro desalienta abiertamente al 65% del saldo exportador de la economía.