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Ecuador

Corte Nacional de Justicia ratificó ocho años de cárcel para Rafael Correa

El Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia desestimó la acción presentada por la defensa del ex-presidente de Ecuador, Rafael Correa y ha ratificado su culpabilidad el pasado lunes. La sentencia podría inhabilitarlo para las elecciones del próximo año.

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La justicia de Ecuador ratificó este lunes la sentencia de ocho años de cárcel para el ex-presidente Rafael Correa por corrupción, y la sentencia incluye la inhabilitación política de Correa en su país durante los próximos 25 años. Correa, se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana, y radica en Bélgica, país de orígen de su esposa, desde el año 2017.

El ex-presidente Correa, fue acusado de cohecho y por haber sido partícipe de la trama de corrupción llamada “Sobornos 2012-2016”. También tiene una orden de prisión preventiva por el caso “(Fernando) Balda”, relacionada al secuestro de ese activista político en Bogotá – Colombia, en el año 2012.

El caso “Sobornos” juzga una supuesta red de corrupción entre 2012 y 2016 mediante la cual se recibieron “aportes indebidos” para la financiación irregular del Partido Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a distinas empresas, entre ellas, la constructora brasileña Odebrecht.

Junto a Correa, fueron procesados ex-ministros, una asambleísta, empresarios y el exvicepresidente Jorge Glas, que cumple desde 2017 una pena de seis años de cárcel por recibir coimas de Odebrecht, en el año 20

Tras dos semanas de deliberación, la Corte Nacional de Justicia respaldó la sentencia emitida en primer momento contra Rafael Correa y la mayoría de implicados en el proceso. 

Sin embargo, los jueces nacionales Iván León, David Jacho y Dilza Muñoz sí aceptaron, aunque de forma parcial, las apelaciones de los exaltos funcionarios Alexis Mera y Walter Solís, de forma que la suspensión de derechos civiles que se les había impuesto, no será por 25 años sino por el tiempo que dure su condena original. 

Para la ex-secretaria presidencial Laura Terán la condena ha sido reducida a tres meses y seis días, y en el caso del empresario Alberto Hidalgo su cargo penal pasó de “autor” a “cómplice” y tuvo una reducción en su condena a 32 meses de prisión.

También se establecen “parámetros proporcionales” de compensación al Estado por los daños causados, de forma que los autores estén obligados a abonar una suma de 778.224 dólares cada uno y los cómplices 368.632 dólares.

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La sentencia ha sido un duro golpe para Rafael Correa. Su intención era postularse como candidato a la vicepresidencia de Ecuador para las elecciones que se efectuarán el 7 de febrero de 2021. La Constitución de Ecuador indica que no podrán ser candidatos quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión, por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado. 

Hugo Chávez y Rafael Correa, en la cumbre de UNASUR (2008).

Hace 2 días, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió suspender la inscripción de cuatro organizaciones políticasPodemos, Libertad es Pueblo, y Justicia Social, además del partido “Fuerza Compromiso Social” que apoya la candidatura del expresidente de Ecuador, debido a que la entidad de control electoral decidió acoger un pedido de la Contraloría General del Estado, la cual hizo varias observaciones sobre irregularidades en los registros de inscripción de estas organizaciones políticas.El documento señala que la recomendación de la Contraloría General del Estado constituye una petición razonada, por parte del órgano de control y al ser de obligatorio cumplimiento, en aplicación y en observancia del derecho público, es necesario iniciar un procedimiento administrativo”.
Según el Diario “El Comercio” el informe aprobado agrega lo siguiente: 

“De conformidad con el artículo 189 del Código Orgánico Administrativo, en virtud de que existen elementos de juicio, y para asegurar la eficacia de la resolución, es pertinente la aplicación de la medida cautelar de suspensión de la actividad de las organizaciones políticas”.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó a los partidos políticos sancionados, un plazo de diez días para que presenten sus pruebas, alegatos, elementos de descargo y observaciones.

Rafael Correa también afronta una orden de prisión por su supuesta participación en el secuestro de un opositor en 2012. El juicio por este caso está suspendido pues el ex-gobernante no puede ser juzgado en ausencia por ese delito.

El ex-presidente ecuatoriano no podrá emular a su aliada Cristina Fernández, como vicepresidente de la República. Las investigaciones continúan, y aunque Correa ha calificado el proceso como una “persecución política” y desde el exilio ha invitado a desestabilizar al país. La censura, y el abuso de poder fueron dos de sus principales características durante todos estos años.

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Ecuador

Primeros 100 días: Lasso elimina los privilegios de la casta política y reduce el empleo público

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Los altos funcionarios perderán la seguridad personal tras del el Estado, se reducirán los gastos del ejecutivo y se prohíbe explícitamente el nepotismo en las designaciones gubernamentales.

Esta semana pasaron los primeros 100 días del gobierno del liberal Guillermo Lasso en Ecuador y si algo que le ha hecho marcar distancia con sus predecesores, es su posición frente a los privilegios que mantiene la clase política ecuatoriana, incluyéndose a él y su familia.

Algunos de los privilegios que eliminó son:

  • Seguridad personal pagada por todos los ecuatorianos para la familia del presidente y vice-presidente incluso después de finalizado su mandato;
  • Seguridad personal para ex presidentes y vicepresidentes;
  • Salario vitalicio para presidente y vice-presidente (aún no se ha eliminado pero se plantea su eliminación);
  • Más de 900 empleados para el Palacio Presidencial;
  • Aviones presidenciales: Embraer Legacy 600 y Falcon 7X valorados en 80 millones de dólares (El Falcon 7X fue pagado con una deuda de 50 millones para el Ecuador);
  • Funcionarios con autos sin placas;
  • Gastos de adecuación del palacio presidencial financiados por todos los ecuatorianos (Se han llegado a costear yacuzzies dentro del palacio, etc);
  • Nepotismo en entidades no relacionadas directamente con el ejecutivo.

Para combatir esto, decidió predicar con el ejemplo y marcar distancia desde el primer día de mandato y es así que su cambio de mando le costó al país 10 veces menos de lo usual. Mientras Correa y Moreno gastaron cada uno 1,5 millones de dólares en su posesión, Lasso gastó apenas 125.000 dólares.

Pero el cambio más radical, fue la firma de sus primeros decretos, entre los cuales se encontró el código de ética que busca limitar el accionar de los funcionarios públicos.

Entre las prohibiciones más relevantes del código de ética están:

  1. El nepotismo (“Aun cuando la ley no prohíba la designación de familiares en otras entidades” art.3);
  2. Que los familiares de funcionarios públicos estén en contratación directa o indirecta con el Estado;
  3. La contratación para fines ajenos a la descripción del cargo;
  4. La firma de contratos con cláusulas reservadas;
  5. Los retratos de autoridades u organizaciones dentro de entidades publicas;
  6. Cualquier evento privado dentro de las instituciones públicas: Ej. Fiestas para funcionarios y autoridades;
  7. La utilización de vehículos sin placa por parte de los funcionarios del Estado.

También dispuso donar el salario presidencial por completo a diferentes fundaciones, incluyendo el salario vitalicio en el caso que no se elimine. Aunque, ya ha mostrado interés por eliminarlo también.

Asimismo, será el primer presidente en no habitar el lujoso palacio presidencial, dado que decidió vivir en su propia casa apenas termine su construcción. Hasta tanto, decidió financiar él mismo las adecuaciones del palacio presidencial en lugar de pasarle la cuenta al gobierno nacional, como es la costumbre. 

Además, comenzó la reducción de los empleados del palacio presidencial para llegar a 450 hasta finalizar este año, dado que cuando entró el Palacio contaba con más de 900 personas.

También le quitó la seguridad pagada por el Estado a la familia presidencial y vice-presidencial, esto aplica también para los familiares de los ex-presidentes. Asimismo, se dispone que la seguridad para ex-presidentes solo dure un año, y en el caso de los vice-presidentes por el lapso de 6 meses, pero siempre y cuando no salgan del país.

Fuera del país se les quitará la seguridad, este decreto fue una respuesta a la salida de Lenín Moreno del país.

Adicional a todo lo anterior, en su último decreto se prohíbe a sí mismo utilizar el Avión presidencial Legacy EMB-135 BJ (al menos que sea estrictamente necesario) y lo pasa a manos del Ministerio de Defensa para que éste se encargue de efectuar su venta.

A pesar de todo esto, el reto más grande es el de reducir el número de asambleístas, proyecto que fue propuesto por el asambleísta Fernando Villavicencio, quien propone reducir el número de representantes a 70, esto antes que aumenten a 156 como manda la constitución ecuatoriana, debido al crecimiento de la población.

Esta reforma incluiría la eliminación de los salarios para asambleístas y reemplazarlo por dietas que vayan acorde a los proyectos trabajados, reduciendo considerablemente el gasto público.


Por Jeremy Uzca, para La Derecha Diario

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Ecuador

¿Lasso privatiza la justicia? Ecuador vuelve al CIADI y permite el arbitraje privado para mediaciones

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El nuevo gobierno de centroderecha en Ecuador continúa con sus reformas liberales y publica un nuevo Reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación que le da más poder a los tribunales privados de resolución de conflictos.

En el marco de la reapertura comercial del Ecuador, el presidente liberal Guillermo Lasso logró reinsertar al Ecuador dentro del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) con la finalidad de crear un marco de seguridad jurídica para la atracción de inversionistas internacionales.

Para lograrlo, mandó el Decreto 122 que ratifica el convenio del CIADI, a pesar del ataque recibido por parte de la oposición que aseguraba que esta decisión atenta contra la soberanía nacional, alegando a los motivos por el cual el país abandonó el convenio en el año 2009, bajó el mando del ex presidente comunista Rafael Correa, quien actualmente está prófugo de la justicia ecuatoriana.

Para complementar está decisión el primer mandatario firmó también esta semana el Decreto 165, el cual ha recibido críticas por parte de toda la izquierda que afirma que con este decreto se está privatizando la justicia.

Pero, ¿Está realmente Lasso privatizando la justicia? ¿Qué dice el Decreto 165?

Este decreto es el Reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación y dota de independencia y autonomía a los tribunales arbitrales, a los que la izquierda hace referencia como tribunales privados ya que median entre privados antes de llegar a juicio.

Estos arbitrajes privados no estarán sometidos a orden, disposición o autoridad alguna que menoscabe sus atribuciones según lo estipulado en el artículo 1 del reglamento, donde indica que queda prohibido que cualquier autoridad estatal ejerza control o interfiera en sus funciones.

Por otra parte, en su Artículo 10, “Libertad de regulación de las actuaciones”: Se dota de toda libertad para que las partes pacten y determinen libremente las reglas procesales a las que se sujetaran en el tribunal de arbitraje.

Incluso, este decreto permite que estos arbitrajes privados puedan mediar en casos con el Estado y entes del sector público. Garantizando así la independencia de la justicia para ambas partes.

Lasso no está privatizando la justicia, pero está sacándole la corrupta intervención estatal al sector privado en la resolución de sus conflictos judiciales que pueden ser resueltos en mediación.


Por Jeremy Uzca, para La Derecha Diario.

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Ecuador

Guillermo Lasso lleva a cabo la mayor reducción de aranceles de la historia de Ecuador

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El flamante presidente ecuatoriano cumple su promesa de campaña y reduce los aranceles de 667 productos, la gran mayoría a 0%, generando un boom comercial en el país.

El pasado viernes 9 de Julio, el presidente Guillermo Lasso firmó el Decreto Ejecutivo Nº 68, en la sesión del Comité de Comercio Exterior (COMEX). Este decreto, que entró en efecto este 1ro de agosto, establece la nueva Política Pública de Facilitación al Comercio y Agenda de Competitividad, que establece la primera reforma arancelaria del nuevo gobierno liberal.

El objetivo de esta política se detalla dentro del Decreto y es el de “mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y fortalecer la competitividad del agro y la industria del país con la revisión de tarifas y aperturas arancelarias y simplificación de los trámites”.

Esto llevará también a que varios productos que los ecuatorianos compran todos los días atraviesen una fuerte rebaja en sus precios al consumidor, estimulando el consumo y beneficiando a la economía en su conjunto. Por lo menos el 10% de los bienes de consumo se verán afectados por este beneficio arancelario.

El ministro de Producción Julio J. Prado afirmó que la reforma reduce las tasas arancelarias a 667 productos de los cuales 590, es decir el 88%, pasaron directamente a tener 0% de arancel

Hasta el 2019, el Ecuador contó con una tasa arancelaria aplicada promedio de 8,11%, unas 2,77 veces más que su vecino Colombia, o lo que es peor, 11 veces más que su otro vecino Perú, donde la tasa es de apenas el 0,73%.

Esta medida vuelve más competitivo al país, mientras beneficia a 81 sectores productivos. Lo que Lasso estuvo dispuesto a hacer, aunque esto signifique un sacrificio fiscal para el Estado de US$ 180.3 millones, resulta positivo para 6.381 empresas que importan al país y generan 560.555 empleos en Ecuador, el equivalente a 1 de cada 5 empleos formales.

Esto según las palabras del ministro Prado la vuelve a esta reforma arancelaria, “la más importante y más grande de la última década”. Con esto Lasso estaría acercándose más al cumplimiento de uno de sus eslóganes de campaña que fue: Más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador.

El Gobierno planifica también una nueva etapa de reducción arancelaria para que a mediano plazo más productos e insumos industriales ingresen al país a menores costos.


Por Jeremy Uzca, para la Derecha Diario.

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