Las medidas incluyen la liberación de la mayor parte de los impuestos sobre las zonas especiales conformadas. Se trata del segundo decreto emitido luego de la “Muerte Cruzada”, lo cual le permite gobernar por decreto por tres meses hasta haberse consumado el proceso electoral.

El presidente Guillermo Lasso presentó formalmente un decreto que liberaliza la carga impositiva en el país para establecer zonas francas. Apunta directamente a motorizar la inversión y garantizar reglas de juego estables, especialmente tras el shock de expectativas provocado por la oposición al intentar sustituirlo del cargo.

Lasso se vale del decreto de “Muerte Cruzada”, una normativa avalada por la Constitución que le permite gobernar por decreto y sin pasar por el Congreso por un período de 3 meses hasta que se llamen a nuevas elecciones legislativas y presidenciales para elegir nuevas autoridades.

Formalmente se estableció la “Ley de Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo”, que incorpora un régimen de zonas francas convencional similar al que existe en muchos otros países de la región. Se conformarán auténticas zonas de libre comercio para fomentar la libre iniciativa privada.

Incentivos tributarios

La ley fija la exoneración del Impuesto a las Ganancias por un período de 10 años a partir del ejercicio fiscal en el que se inicien las actividades. Por otra parte, se fija un plazo más amplio de hasta 15 años para sectores fronterizos.

Una vez pasado este período de tiempo, las zonas francas aplicarán una tasa reducida y simplificada del Impuesto a las Ganancias con una alícuota de solo el 10%, cuando la tasa marginal máxima de este tributo alcanza el 37% en condiciones normales.

Las zonas francas quedan completamente exentas del pago de todos los impuestos al comercio exterior, incluyendo los aranceles de importación, el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) y la tasa especial FODINFA para importaciones. Los productos de importación podrán entrar sin ningún tipo de restricción y competir libremente con la producción local bajo la jurisdicción de la zona franca.

También se establece la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuya tasa general alcanza el 12% en el resto del país. Esto se aplicará para insumos, materias primas y bienes de capital. Si bien se alienta la competencia, al mismo tiempo se alienta la competitividad impositiva frente a la producción extranjera.

Quedará suprimido el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) por rendimientos financieros, ganancias de capital, y capital para inversiones extranjeras. De esta forma, los capitales internacionales no tendrán mayores trabas para asentarse en estas zonas especiales que establece Ecuador y desde allí generar empleo y dinamizar la transferencia de tecnología.

El Gobierno se compromete a seguir reduciendo las tasas del ISD para el resto del país, hasta su virtual eliminación en los próximos años. Esta promesa fue pautada formalmente como parte de la reforma impositiva aprobada por el Congreso en 2021, pero una eventual destitución de Lasso podría poner en peligro el programa.

El paquete de medidas alcanzará a la gran mayoría de los contribuyentes, un total de 340.000 familias se verán beneficiadas por los recortes tributarios. El Gobierno mantiene al mismo tiempo una estricta disciplina fiscal, y logró eliminar completamente el déficit del presupuesto.

Después de presentar en la Asamblea Nacional el pasado 11 de mayo el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Economía Familia, la segunda reforma tributaria de su administración, el presidente Guillermo Lasso decidió aprobar por decreto la histórica baja de impuestos valiéndose de los nuevos poderes extraordinarios que tiene tras sancionar la “Muerte Cruzada“.

Este miércoles, tras un intento ilegal de la oposición en Ecuador por destituirlo, el presidente de derecha decidió usar la “Muerte Cruzada”, como se conoce popularmente al artículo 148 de la Constitución, que permite al jefe del Ejecutivo disolver el Congreso y gobernar por decreto durante 6 meses hasta que se celebren elecciones generales nuevamente.

Lasso firmó esta tarde el Decreto °741 que establece la disolución del Congreso por “grave crisis política y conmoción interna” y dispuso que se convoquen elecciones generales anticipadas.

Como su primera medida tras recibir estas nuevas funciones, sancionó esta importante legislación que baja impuestos, a diferencia de la primera reforma que había logrado pasar por el Congreso luego de aceptar combinar aumentos y rebajas impositivas como parte de una primera reorganización del sistema.

El punto fuerte de esta reforma es la rebaja de la carga sobre el Impuesto a la Renta (IR), que fue previamente aumentado en 2022 del 35% al 37% sobre el tramo marginal superior. Esta vez el Gobierno opera principalmente sobre las deducciones, con lo cual el nuevo esquema tendrá impacto inmediato y no habrá que esperar hasta el próximo año fiscal. 

Con la reforma, los gastos deducibles pasarán a definirse de acuerdo a las canastas familiares y habrá un tope de hasta 20 canastas (antes el tope máximo estaba fijado en solo 7 canastas como regla general). En otras palabras, habrá un tope de deducción fiscal equivalente a los US$ 15.294 anuales, cuando antes representaba no más de US$ 5.000 anuales.

Se estipula una distinción entre el gravamen de cada persona de acuerdo a sus cargas familiares. Para los contribuyentes sin cargas familiares el tope de gastos deducibles será de 7 canastas, mientras que el número va aumentando conforme se declaren más cargas familiares hasta llegar al nuevo máximo de 20 fijado por la ley.

Se estima que el 99% de los contribuyentes del impuesto se verán directamente afectados por la rebaja, pero naturalmente el impacto será más que proporcional para los sectores de menores recursos porque la deducción implica un mayor porcentaje de su ingreso imponible.

También se anunciaron medidas para las empresas, los pequeños emprendimientos y los trabajadores independientes. Cerca de 500.000 trabajadores catalogados como artesanos volverán a incorporarse a un régimen tributario simplificado bajo la “Ley del Artesano”. 

Se anunció la reforma del Régimen para Emprendedores y Negocios Populares (RIMPE), por el cual hasta ahora las pymes debieron abonar hasta 60 dólares anuales por ventas de entre US$ 0 y US$ 20.000 anuales. 

Las modificaciones de Lasso disponen que los comercios con ventas de hasta US$ 2.500 anuales no pagarán ningún impuesto, y para los adherentes restantes al régimen las tasas fijadas oscilarán entre US$ 5 y US$ 60 progresivamente. Un total de 150.000 negocios populares se verán alcanzados con estas medidas, o bien porque dejan de pagar impuesto o porque pagan menos. 

El frente fiscal fue sin lugar a dudas la prioridad número uno del Gobierno de Lasso, y en sus primeros 10 meses de gestión logró eliminar completamente el desequilibrio primario de las finanzas públicas. El sector público ecuatoriano disfruta de una situación de superávit primario desde marzo del año pasado, y el último informe del Banco Central (BCE) postula que se llegó a un resultado positivo equivalente al 1,4% del PBI en febrero. 

Considerando el pago por los intereses de deuda pública el resultado financiero arrojó un déficit de solamente el 0,34% del PBI en el acumulado anual de febrero. La estricta disciplina fiscal permitió contener al índice de Riesgo País a pesar de las profundas turbulencias políticas que atraviesa el país.

La crisis política desató una brusca reacción en los mercados ante la incertidumbre sobre la continuidad del proceso reformista. La irrupción de la extrema izquierda en el poder amenaza con socavar la disciplina fiscal y la reactivación económica que atravesaba el país.

El presidente Guillermo Lasso firmó el decreto de “Muerte Cruzada” por el cual se convoca a elecciones anticipadas en respuesta a la crisis política. La eventual irrupción de grupos extremistas de izquierda en el poder provocaron una reacción de pánico en los mercados y la huida de los inversores.

El diferencial entre los títulos soberanos de Ecuador y los bonos del Tesoro estadounidense alcanzó los 1.877 puntos básicos, el índice de Riesgo País que elabora JP Morgan. La crisis política que atraviesa el país y la incertidumbre por la continuidad del proceso de reformas estructurales pro-mercado en Ecuador provocaron que el Riesgo País acumule un salto de más de 800 puntos en comparación a los niveles de la tercera semana de enero.

Cabe señalar que Ecuador atraviesa esta nueva crisis de confianza después de haber soportado dos rebajas consecutivas sobre la calificación de su deuda soberana, de acuerdo a las mediciones de Moody’s. La calificación de estos títulos cayó de “B3 a Caa3” entre febrero y abril de 2020, una de las peores posiciones según la nomenclatura de la agencia e indicando un “riesgo sustancial”.

Esto se debe a que uno de los puntos fundamentales en el programa económico de Lasso fue la férrea defensa de la disciplina fiscal, y esto podría ser revertido por una eventual administración correísta. En solo sus primeros 10 meses de gestión Lasso había logrado eliminar completamente el déficit primario, y para febrero de este año se alcanzó un superávit del 1,4% del PBI.

Esto perfila al Ecuador como un caso paradigmático en el mundo, pues aún teniendo estricta disciplina fiscal y sin tener ningún riesgo por devaluación (ya que adopta al dólar como moneda), aún así la crisis de confianza se abre camino.

La conducción oficialista se perfila como la única garantía política para la solvencia fiscal y la capacidad de pago sobre la deuda pública, mientras que los distintos espacios opositores de izquierda mantienen ideas completamente irrisorias en este aspecto.

Los Gobiernos de la izquierda correísta dictaron un dramático default en el año 2008, y las posteriores negociaciones del expresidente Lenin Moreno no lograron volver a asentar la confianza en el país. Los inversores temen por una eventual cesación de pagos sobre la deuda externa.

Los precios de los bonos soberanos de Ecuador se desplomaron entre 3 y 5 puntos porcentuales tras los anuncios de Lasso. De hecho, el bono ecuatoriano en dólares con vencimiento en 2030 se anotó un retroceso de hasta el 6% en las primeras horas de la jornada del miércoles, estabilizándose en torno a los US$ 48,2.