Conecte con nosotros

Ecuador

Los Armeros de Chimbo: cómo el capitalismo popular responde a una narrativa marxista

Publicado

en

El cantón de Chimbo, en la provincia ecuatoriana de Bolívar, fue durante muchos años conocido por sus artesanos que combinaban sus conocimientos mecánicos con la habilidad para forjar, y materializar esta unión en la fabricación de armas y municiones de muy bajo precio, creando una de las herramientas más importante para la Libertad: la tenencia de armas

San Jose De Chimbo Fotografías e imágenes de stock - Getty Images

San José de Chimbó es una ciudad de origen colonial, fundada por Sebastián de Benalcazar en 1535. Pero no tomó mayor relevancia hasta trescientos años después, cuando los talleres de armas de esta localidad, especialmente en el barrio Tambán, se convirtieron en los principales fabricantes de armas nacionales no provenientes del Estado, especialmente para los residentes de Guaranda en Bolívar, provincia ubicada en el centro del país. 

Napoleón Guillén (quien aparece en algunas de las fotos de este artículo), un ex armero de Chimbo, comenta que los orígenes de esta actividad responden a sucesos de hace siglos atrás, cuando en la Batalla de Camino Real (1820), los antepasados de estos artesanos reparaban los mosquetes y demás armas para los patriotas que luchaban por la independencia del país.

En un reportaje para el programa televiso llamado La Televisión, realizado por Gustavo Yánez, Ángel Sánchez, un habitante del mencionado barrio, y armero desde hace muchos años, cuenta una historia más reciente.

La reparación de armas en estos talleres comenzó en la década de 1920, y poco a poco el trabajo se fue diversificando hasta que tiempo después empezó la fabricación propia de imitaciones de armamento extranjero.

Para 1930 aproximadamente, se fabricaría la primera escopeta por encargo en Chimbo, libre de cualquier regulación del Estado.

Para la fabricación de armas, estos ingeniosos artesanos empezaban por conseguir una pieza de hierro, que sería fundida, y luego se cortaban las piezas conforme a los moldes. Finalmente, las partes resultantes se unían con suelda y se realizaban los acabados finales para su uso y venta. En la composición de armas como la escopeta de cartucho interviene también la carpintería para la culata y el mango. 

Se estima que la producción de estos talleres artesanales era de unas 10 a 24 armas por taller al mes, los precios podrían ir desde los más bajos que eran inferiores a 30 dólares, hasta algunos ejemplares de 300 dólares.

Principalmente se elaboraban escopetas y revólveres, con toda la variedad de calibres, así como de acabados y cantidad producida, variaría mucho de acuerdo a las capacidades de los distintos talleres. 

Guillermo Rodríguez, otro ex armero de Chimbo entrevistado por este medio, cuenta que entre las primeras imitaciones del barrio Tambán, estaría la escopeta de chimenea; conforme esta actividad tomó mayor importancia para los artesanos de la zona, se abrieron nuevos talleres y las técnicas de producción siguieron evolucionando, para llegar a la producción de escopetas de perdigón. 

Los principales compradores de las fabricaciones artesanales eran las empresas de seguridad, que, por su muy bajo costo, preferían mandarlas a hacer en Chimbo antes que importarlas, pues el precio, llegaría a ser tres veces menor de esta forma, especialmente porque no se debía pagar por toda la burocracia estatal.

En un determinado momento, en el Ecuador empezaron a proliferar este tipo de empresas ante la creciente inseguridad, por ello, la demanda de armas incrementó significativamente, y así muchos artesanos vieron en su fabricación la posibilidad de generar buenos ingresos.

En el año 2002, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador abrió en Chimbo la “Sección Militar de Control de Armas” con el objetivo de tener dar un sustento legal a esta fabricación de armas, donde el fabricante debería justificar el por qué y a quién de su producción, y así tener un control sobre ello. Esta entidad llegaría a registrar un total 35 talleres asociados y no asociados en Chimbo.

En otro reportaje del programa La Televisión, grabado entre los años 2009 y 2010, el capitán Enrique Gómez, jefe de control de armas en Chimbo, afirmó que la ley facultaba a los fabricantes a disponer de un stock de 25 armas de cada calibre.

Así, con la Ley de Armas de 1979 vigente, y la supervisión de una entidad de las Fuerzas Armadas, los artesanos de Chimbo produjeron armas para el país por muchos años, brindando armamento a las empresas de seguridad que requerían de ellas para brindar un servicio, y para aquellas personas, sobre todo en el área rural del país, que necesiten de una para su propia protección y cuidado de la propiedad privada.

Exarmeros viven del 'bono' y de iniciativas propias | Economía | Noticias |  El Universo

Esto cambiaría cuando el 29 de junio del 2009 el gobierno de izquierda de Rafael Correa, a través del Acuerdo Interministerial 101 a escala nacional impedía a los civiles el porte de armas con o sin permiso, y también regulaba su venta.

Poco tiempo después empezarían los allanamientos y decomisos en los talleres de Chimbo, generando un ambiente de caos para la hasta entonces tranquila ciudad, y un descontento en los artesanos que no comprendían las acusaciones por parte del gobierno correísta de ser fabricantes a gran escala y tratar de competir contra el Estado

Para este momento, el lector recordará que el Comando Conjunto registró 35 talleres con una media de 3 personas por taller que se dedicaba a la fabricación de armas, con un procedimiento rudimentario de fundición de piezas de hierro, con acabados y carpintería manual, por lo que es poco creíble aquello de lo que se les acusaba a los armeros.

El capitán Enrique Gómez, en el reportaje mencionado, denunció que los talleres tenían el debido permiso, y que los allanamientos no correspondían, además de que se estaban irrespetando las facultades y competencias del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Señaló también las incongruencias existentes al no haber detenidos en los decomisos, dado que la entidad de control había desarrollado una codificación para poder identificar las armas legales, y en teoría, se allanó lugares que las producían fuera de la ley, por lo que debería haber habido arrestos.

El ministro de Gobierno de Correa de ese entonces, Gustavo Jalkh, defendió los allanamientos y dijo que si había un fabricante que contara con los permisos requeridos, los objetos decomisados le serían devueltos, pero esto nunca ocurrió.

Poco a poco, el gobierno de Correa fue dificultando la compra y venta de armas, al punto de que los armeros de Chimbo se vieron en la obligación de dejar de producirlas.

Correa prometió incorporar a los ex armeros a otras actividades como la producción de sillas y mesas (pupitres) para las escuelas del país, y aunque si hubo intentos por hacerlo, los artesanos denunciaron el incumplimiento de la palabra de Correa, y que esas actividades no daban sustento a las familias de Chimbo de forma permanente.

En los últimos años de gobierno correísta, los ex armeros decían vivir de los bonos de gobierno y actividades adicionales que cada uno de ellos hacía por su parte. El lector notará, que Correa quiso y logró prohibir las armas de forma legal, y dejó a los artesanos de Chimbo a la merced de su gobierno, para que inevitablemente vivan de la limosna estatal.

Independientemente del fin de su actividad, los armeros de Chimbo, por mucho tiempo, respondieron con su trabajo a esa narrativa marxista de que la venta legal de armas busca equipar sólo a las personas ricas, para así dejar a los pobres indefensos ante los abusos de los poderosos. Esta idea es usualmente aceptada por las alas más radicalizadas de la izquierda, como una forma de dividir a la sociedad. 

Sin embargo, lejos de eso los artesanos de Chimbo mostraron que el capitalismo popular genera respuestas para brindar un medio de defensa económico para los ecuatorianos, fabricando armas que a pesar de ser de imitación de forma rudimentaria y a un bajo costo, funcionaban perfectamente, facilitando su acceso para aquellos que necesitan defenderse.


Por Edgar Israel Vega Lema, para La Derecha Diario.

Seguir Leyendo

Ecuador

Primeros 100 días: Lasso elimina los privilegios de la casta política y reduce el empleo público

Publicado

en

Los altos funcionarios perderán la seguridad personal tras del el Estado, se reducirán los gastos del ejecutivo y se prohíbe explícitamente el nepotismo en las designaciones gubernamentales.

Esta semana pasaron los primeros 100 días del gobierno del liberal Guillermo Lasso en Ecuador y si algo que le ha hecho marcar distancia con sus predecesores, es su posición frente a los privilegios que mantiene la clase política ecuatoriana, incluyéndose a él y su familia.

Algunos de los privilegios que eliminó son:

  • Seguridad personal pagada por todos los ecuatorianos para la familia del presidente y vice-presidente incluso después de finalizado su mandato;
  • Seguridad personal para ex presidentes y vicepresidentes;
  • Salario vitalicio para presidente y vice-presidente (aún no se ha eliminado pero se plantea su eliminación);
  • Más de 900 empleados para el Palacio Presidencial;
  • Aviones presidenciales: Embraer Legacy 600 y Falcon 7X valorados en 80 millones de dólares (El Falcon 7X fue pagado con una deuda de 50 millones para el Ecuador);
  • Funcionarios con autos sin placas;
  • Gastos de adecuación del palacio presidencial financiados por todos los ecuatorianos (Se han llegado a costear yacuzzies dentro del palacio, etc);
  • Nepotismo en entidades no relacionadas directamente con el ejecutivo.

Para combatir esto, decidió predicar con el ejemplo y marcar distancia desde el primer día de mandato y es así que su cambio de mando le costó al país 10 veces menos de lo usual. Mientras Correa y Moreno gastaron cada uno 1,5 millones de dólares en su posesión, Lasso gastó apenas 125.000 dólares.

Pero el cambio más radical, fue la firma de sus primeros decretos, entre los cuales se encontró el código de ética que busca limitar el accionar de los funcionarios públicos.

Entre las prohibiciones más relevantes del código de ética están:

  1. El nepotismo (“Aun cuando la ley no prohíba la designación de familiares en otras entidades” art.3);
  2. Que los familiares de funcionarios públicos estén en contratación directa o indirecta con el Estado;
  3. La contratación para fines ajenos a la descripción del cargo;
  4. La firma de contratos con cláusulas reservadas;
  5. Los retratos de autoridades u organizaciones dentro de entidades publicas;
  6. Cualquier evento privado dentro de las instituciones públicas: Ej. Fiestas para funcionarios y autoridades;
  7. La utilización de vehículos sin placa por parte de los funcionarios del Estado.

También dispuso donar el salario presidencial por completo a diferentes fundaciones, incluyendo el salario vitalicio en el caso que no se elimine. Aunque, ya ha mostrado interés por eliminarlo también.

Asimismo, será el primer presidente en no habitar el lujoso palacio presidencial, dado que decidió vivir en su propia casa apenas termine su construcción. Hasta tanto, decidió financiar él mismo las adecuaciones del palacio presidencial en lugar de pasarle la cuenta al gobierno nacional, como es la costumbre. 

Además, comenzó la reducción de los empleados del palacio presidencial para llegar a 450 hasta finalizar este año, dado que cuando entró el Palacio contaba con más de 900 personas.

También le quitó la seguridad pagada por el Estado a la familia presidencial y vice-presidencial, esto aplica también para los familiares de los ex-presidentes. Asimismo, se dispone que la seguridad para ex-presidentes solo dure un año, y en el caso de los vice-presidentes por el lapso de 6 meses, pero siempre y cuando no salgan del país.

Fuera del país se les quitará la seguridad, este decreto fue una respuesta a la salida de Lenín Moreno del país.

Adicional a todo lo anterior, en su último decreto se prohíbe a sí mismo utilizar el Avión presidencial Legacy EMB-135 BJ (al menos que sea estrictamente necesario) y lo pasa a manos del Ministerio de Defensa para que éste se encargue de efectuar su venta.

A pesar de todo esto, el reto más grande es el de reducir el número de asambleístas, proyecto que fue propuesto por el asambleísta Fernando Villavicencio, quien propone reducir el número de representantes a 70, esto antes que aumenten a 156 como manda la constitución ecuatoriana, debido al crecimiento de la población.

Esta reforma incluiría la eliminación de los salarios para asambleístas y reemplazarlo por dietas que vayan acorde a los proyectos trabajados, reduciendo considerablemente el gasto público.


Por Jeremy Uzca, para La Derecha Diario

Seguir Leyendo

Ecuador

¿Lasso privatiza la justicia? Ecuador vuelve al CIADI y permite el arbitraje privado para mediaciones

Publicado

en

El nuevo gobierno de centroderecha en Ecuador continúa con sus reformas liberales y publica un nuevo Reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación que le da más poder a los tribunales privados de resolución de conflictos.

En el marco de la reapertura comercial del Ecuador, el presidente liberal Guillermo Lasso logró reinsertar al Ecuador dentro del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) con la finalidad de crear un marco de seguridad jurídica para la atracción de inversionistas internacionales.

Para lograrlo, mandó el Decreto 122 que ratifica el convenio del CIADI, a pesar del ataque recibido por parte de la oposición que aseguraba que esta decisión atenta contra la soberanía nacional, alegando a los motivos por el cual el país abandonó el convenio en el año 2009, bajó el mando del ex presidente comunista Rafael Correa, quien actualmente está prófugo de la justicia ecuatoriana.

Para complementar está decisión el primer mandatario firmó también esta semana el Decreto 165, el cual ha recibido críticas por parte de toda la izquierda que afirma que con este decreto se está privatizando la justicia.

Pero, ¿Está realmente Lasso privatizando la justicia? ¿Qué dice el Decreto 165?

Este decreto es el Reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación y dota de independencia y autonomía a los tribunales arbitrales, a los que la izquierda hace referencia como tribunales privados ya que median entre privados antes de llegar a juicio.

Estos arbitrajes privados no estarán sometidos a orden, disposición o autoridad alguna que menoscabe sus atribuciones según lo estipulado en el artículo 1 del reglamento, donde indica que queda prohibido que cualquier autoridad estatal ejerza control o interfiera en sus funciones.

Por otra parte, en su Artículo 10, “Libertad de regulación de las actuaciones”: Se dota de toda libertad para que las partes pacten y determinen libremente las reglas procesales a las que se sujetaran en el tribunal de arbitraje.

Incluso, este decreto permite que estos arbitrajes privados puedan mediar en casos con el Estado y entes del sector público. Garantizando así la independencia de la justicia para ambas partes.

Lasso no está privatizando la justicia, pero está sacándole la corrupta intervención estatal al sector privado en la resolución de sus conflictos judiciales que pueden ser resueltos en mediación.


Por Jeremy Uzca, para La Derecha Diario.

Seguir Leyendo

Ecuador

Guillermo Lasso lleva a cabo la mayor reducción de aranceles de la historia de Ecuador

Publicado

en

El flamante presidente ecuatoriano cumple su promesa de campaña y reduce los aranceles de 667 productos, la gran mayoría a 0%, generando un boom comercial en el país.

El pasado viernes 9 de Julio, el presidente Guillermo Lasso firmó el Decreto Ejecutivo Nº 68, en la sesión del Comité de Comercio Exterior (COMEX). Este decreto, que entró en efecto este 1ro de agosto, establece la nueva Política Pública de Facilitación al Comercio y Agenda de Competitividad, que establece la primera reforma arancelaria del nuevo gobierno liberal.

El objetivo de esta política se detalla dentro del Decreto y es el de “mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y fortalecer la competitividad del agro y la industria del país con la revisión de tarifas y aperturas arancelarias y simplificación de los trámites”.

Esto llevará también a que varios productos que los ecuatorianos compran todos los días atraviesen una fuerte rebaja en sus precios al consumidor, estimulando el consumo y beneficiando a la economía en su conjunto. Por lo menos el 10% de los bienes de consumo se verán afectados por este beneficio arancelario.

El ministro de Producción Julio J. Prado afirmó que la reforma reduce las tasas arancelarias a 667 productos de los cuales 590, es decir el 88%, pasaron directamente a tener 0% de arancel

Hasta el 2019, el Ecuador contó con una tasa arancelaria aplicada promedio de 8,11%, unas 2,77 veces más que su vecino Colombia, o lo que es peor, 11 veces más que su otro vecino Perú, donde la tasa es de apenas el 0,73%.

Esta medida vuelve más competitivo al país, mientras beneficia a 81 sectores productivos. Lo que Lasso estuvo dispuesto a hacer, aunque esto signifique un sacrificio fiscal para el Estado de US$ 180.3 millones, resulta positivo para 6.381 empresas que importan al país y generan 560.555 empleos en Ecuador, el equivalente a 1 de cada 5 empleos formales.

Esto según las palabras del ministro Prado la vuelve a esta reforma arancelaria, “la más importante y más grande de la última década”. Con esto Lasso estaría acercándose más al cumplimiento de uno de sus eslóganes de campaña que fue: Más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador.

El Gobierno planifica también una nueva etapa de reducción arancelaria para que a mediano plazo más productos e insumos industriales ingresen al país a menores costos.


Por Jeremy Uzca, para la Derecha Diario.

Seguir Leyendo

Trending