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Perú anuncia una auditoría para determinar si facciones rebeldes de sus FFAA están entregando armas a los pandilleros en Ecuador

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La auditoría permitirá determinar si las Fuerzas Armadas del Perú le entregaron entre los años 2011 y 2016, cuando gobernaba el izquierdista Ollanta Humala, armamento peruano a los grupos criminales de Ecuador.

El ministro de Defensa de Perú, Jorge Chávez, ha anunciado este miércoles que el Gobierno de la presidente Dina Boluarte inició una rigurosa auditoría para determinar si las municiones y artefactos explosivos de algunos grupos delictivos de Ecuador procedían de arsenales de las Fuerzas Armadas peruanas, como reportó la policía ecuatoriana esta semana.

"Se ha determinado que existe una presunta posibilidad de que algunas de esas municiones, explosivos o granadas hayan salido en épocas pasadas de los almacenes de las Fuerzas Armadas", ha reconocido el ministro Chávez.

Según ha relatado el encargado de Defensa a la emisora RPP, las armas, municiones y artefactos explosivos que se les vieron a los encapuchados armados que asaltaron el martes las instalaciones de la cadena ecuatoriana TC Televisión en Guayaquil podrían proceder de Perú.

Chávez ha confirmado que por lo menos el número de serie de una granada incautada a los delincuentes, coincidía con un arsenal obtenido por Perú en 2016, razón por la que decidieron lanzar una auditoría general de todos los inventarios.

"Lo que tenemos que hacer es garantizar que esos hechos sucedidos en años anteriores no se vuelvan a producir, por lo tanto, se están llevando a cabo todas las acciones para evitar justamente eso. El arsenal de guerra debe ser custodiado adecuadamente", ha dicho.

Entre los años 2011 y 2016, gobernó en Perú el presidente de extrema izquierda Ollanta Humala, hermano de Antauro Humala, líder terrorista fundador del movimiento etnocacerista, y se creó una facción dentro de las Fuerzas Armadas vinculadas al castrochavismo en la región.

Se cree que durante esos años, el arsenal de las fuerzas militares peruanas fue puesto en función de grupos narcoterroristas de la región, y muchas de sus armas, municiones y granadas terminaron en manos de guerrilleros en Colombia, Ecuador y Venezuela.

Si bien no había evidencia fuerte que sostenga esta suposición en los últimos años, la denuncia de la Polícia ecuatoriana fue tomada con extrema seriedad por el actual Gobierno peruano, que lanzó esta auditoría para que, por primera vez en casi una década, se sepa la verdad.

Ecuador atraviesa la peor crisis de seguridad de su historia reciente, luego de que los grupos narcos que eran parte del Gobierno de Rafael Correa le declarasen la guerra al nuevo mandatario Daniel Noboa. Luego de una serie de arrestos de alto perfil, los narcos salieron a las calles a cometer olas de crímenes y estallaron motines en varias prisiones del país, donde los líderes de estas pandillas se dieron a la fuga.

En medio de este caos, Noboa declaró el Estado de Excepción y el Conflicto Armado Interno, y le ordenó a las Fuerzas Armadas de Ecuador que neutralice a 22 grupos guerrilleros, que ahora se investiga si recibieron armamento peruano entre los años 2011 y 2016.

En este contexto, un grupo de encapuchados armados asaltó el martes las instalaciones de la cadena TC Televisión, que rápidamente fue rodeada por agentes de Policía que finalmente lograron evacuar a los empleados y detener a los delincuentes, entre los cuales se descubrieron armas de orígen peruano.

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Se recrudece el conflicto en Ecuador, mientras Noboa militariza el país: "Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder"

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El mandatario que asumió hace apenas unos meses en el cargo destacó que la ola de violencia se da justo cuando empezaron a aplicar su plan de seguridad.

Ecuador enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes. El presidente Daniel Noboa ha implementado medidas drásticas, incluyendo un estado de excepción y la declaración de un "conflicto armado interno", para combatir la creciente ola de violencia y caos.

Estas acciones siguen a la fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito‘, líder de la banda criminal Los Choneros y el criminal más peligroso del país, de la cárcel Regional de Guayaquil. "La lucha contra el crimen organizado y la corrupción es implacable; no negociaremos con grupos terroristas", afirmó el mandatario.

El Presidente resaltó que jueces y fiscales que colaboren con estos grupos serán considerados cómplices. La situación se agravó tras una serie de incidentes, incluyendo un ataque armado al estudio de la TC Televisión y el secuestro de oficiales de policía en distintas cárceles. En respuesta, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ahora tienen autorización para operar militarmente contra grupos identificados como terroristas.

En los centros penitenciarios del país, se han producido disturbios y secuestros de guías penitenciarios por parte de los reos. Estos incidentes, donde presos tomaron control de las instalaciones y secuestraron a casi un centenar de agentes, han llevado al gobierno a declarar zona de seguridad a los centros carcelarios y permitir la presencia militar en los alrededores.

La Fiscalía de Ecuador ha formulado cargos por la presunta evasión contra dos funcionarios penitenciarios, en medio de críticas por la demora en reconocer oficialmente la fuga de ‘Fito’.

El estado de excepción, con una duración inicial de 60 días desde el 8 de enero, incluye un toque de queda de 23:00 a 05:00 horas. Esta medida, una respuesta directa a los ataques en Esmeraldas y otros lugares, que resultaron en 11 fallecimientos, busca garantizar la seguridad pública. Hasta ahora, han habido más de 70 detenciones.

Para mantener la calma, el gobierno ha intensificado la seguridad, destacándose la presencia de agentes de la Policía Nacional en lugares clave como la estación de metro de San Francisco en Quito. Además, 22 organizaciones del crimen organizado transnacional han sido clasificadas como terroristas, intensificando las operaciones de seguridad en todo el país.

Muchas empresas han optado por el teletrabajo mientras dure el estado de excepción, y las clases se han trasladado a un formato virtual hasta el 12 de enero. Supermercados, bancos y centros comerciales operan en horarios regulares, aunque con menos afluencia de personas.

Los exentos del toque de queda incluyen personal esencial como trabajadores de la salud, seguridad, gestión de riesgos, atención de emergencias, servidores públicos de entidades clave, trabajadores de medios de comunicación, y aquellos en cadenas logísticas esenciales y sectores estratégicos.

La situación en Ecuador refleja un desafío global creciente, similar al enfrentado por otros países en su lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Con el país en alerta máxima, las autoridades y la comunidad internacional buscan restablecer el orden y garantizar la seguridad de sus ciudadanos, observando atentamente cómo se maneja esta crisis.

El decreto emitido por Noboa no sólo reconoce oficialmente un "conflicto armado interno" en Ecuador, sino que también ordena a las Fuerzas Armadas llevar a cabo operaciones militares para "neutralizar" a los grupos armados identificados como terroristas. El almirante Jaime Vela Erazo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, afirmó que cada grupo terrorista señalado en el decreto se ha convertido en un "objetivo militar".

"A partir de este momento, cada grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar", enfatizó Vela Erazo, destacando la determinación del Gobierno en enfrentar la amenaza sin dar marcha atrás ni negociar.

Opinión de la población

Los ecuatorianos, además de miedo, están atravesando una feroz indignación con la política, que por años no falló en que haya colaboración entre el Gobierno Nacional, la Asamblea Nacional y el Poder Judicial para enfrentar el crimen organizado.

Ahora tampoco estos organismos están trabajando para coordinar una urgente reforma legal que endurezca las penas de los criminales, ya que como naturaleza “extraña” tiende siempre a favor de la delincuencia y no de los trabajadores honestos.

La escalada de violencia en Ecuador ha sumido al país en el caos, con explosiones, secuestros policiales y disturbios carcelarios. Desde la fuga del líder pandillero Adolfo "Fito" Macías, el país ha sido testigo de ocho asesinatos en Guayaquil, dos agentes de Policía muertos en Nobol y múltiples secuestros de agentes en diversas ciudades.

El servicio penitenciario de Ecuador, SNAI, informó de al menos seis motines dentro de las cárceles, indicando que la situación está lejos de estar bajo control. Otro presunto líder pandillero, Fabricio Colón Pico, también logró escapar de una prisión en Riobamba, sumando más complejidad a la crisis carcelaria.

Respuesta internacional y medidas extremas

En medio de la crisis, el expresidente Rafael Correa describió la situación como "una verdadera pesadilla", atribuyendo la violencia a la "destrucción sistemática del Estado de derecho" y los "errores de odio acumulados" en los últimos años.

Mientras Ecuador lucha contra la espiral de violencia, el vecino Perú anunció planes para declarar una emergencia en su región fronteriza norte y reforzar la seguridad en la frontera con Ecuador, dado que miles de ecuatorianos están analizando la posibilidad de emigrar a territorio peruano hasta que termine la ola de crímenes.

El presidente Noboa, enfrentando su mayor prueba hasta el momento, ha implementado un estado de emergencia de 60 días, con patrullas militares, toques de queda y restricciones a reuniones para garantizar la seguridad. A través de un decreto, habilita a las Fuerzas Armadas a ejecutar operaciones militares para neutralizar a los grupos identificados, marcando un hito sin precedentes en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en Ecuador.

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Noboa le declara la guerra a grupos narcoterroristas e instala un Consejo de Seguridad en medio de la escalada de violencia

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Esta semana estalló la situación de seguridad interna en Ecuador y el país quedó al borde de una guerra civil. El recientemente asumido Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno y facultó al Ejército para aniquilar a Los Choneros.

Tan solo 24 horas después de la declaración del Estado de Excepción, las medidas de emergencia no fueron suficientes y el Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, debió firmar una declaratoria de conflicto armado interno, yendo a la guerra contra grupos narcoterroristas.

Pasadas las 16 horas de este martes, se instaló el Consejo de Seguridad Pública y de Estado (COSEPE), el cual tomará control de la situación y lanzará una serie de operaciones militares para neutralizar a 22 grupos que han tomado control de grandes pedazos de territorio ecuatoriano.

"He firmado el decreto ejecutivo declarando Conflicto Armado Interno e identifiqué a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes: Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones. He ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos", publicó en sus redes sociales el máximo mandatario.

El llamado del presidente se produjo mientras narcoterroristas armados tomaron de rehénes a un grupo de periodistas y camarógrafos de TC Televisión y Gamavisión, en Guayaquil, interumpiendo una transmisión del noticiero que estaba saliendo al aire.

Las imágenes quedarán inmortalizadas para el resto de la historia, mientras los pistoleros entraban al estudio de grabación y salían al aire ante cientos de miles de espectadores, que veían el terror de los periodistas en vivo.

Al respecto, el comandante de la Policía, César Zapata, confirmó una hora después de que se registrara la toma de rehenes que el canal de televisión fue liberado y que todos los delincuentes fueron arrestados, sin muertes de ninguno de los dos bandos.

Todo empezó este domingo 7 de enero cuando se fugó de la cárcel de máxima seguridad en Guayaquil Adolfo Macías Villamar (alias Fito), líder de Los Choneros, el grupo criminal más grande de Ecuador, que realiza secuestros, robos, narcotráfico y demás negocios ilícitos en todo el país.

Fito estaba cumpiendo una condena de 34 años de prisión, pero se fugó sin dejar rastro luego de un masivo motín, que repercutió en otras cuatros cárceles en todo el país, donde los pandilleros tomaron control de los pabellos y asesinaron a los policías penitenciarios.

Se cree que su fuga estuvo vinculada a la detención de Fabricio Colón Pico, uno de los cabecillas de Los Lobos, este 5 de enero. El jefe criminal grabó un mensaje desde la cárcel donde dijo que iba a asesinar a la Fiscal General Diana Salazar, y en medio de la conmoción, se fugó de su penal al sur de Quito este martes junto a otros 38 presos.

En medio de esta crisis, el lunes Noboa declaró el Estado de Excepción, lo que implicó la suspensión de los derechos a la libertad de asociación, la inviolabilidad de domicilio, la inviolabilidad de correspondencia en las cárceles y la libertad de tránsito, durante 60 días para que el Ejército pueda implementar un plan de control territorial, parecido al que Nayib Bukele lanzó en El Salvador.

Desde el 7 de enero, la Policía desconoce el paradero de ‘Fito’.

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Emulando el plan de Bukele, el Presidente de Ecuador Daniel Noboa declara el Estado de Excepción para combatir al narcoterrorismo

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"Nosotros no vamos a negociar con narcoterroristas, y no vamos a descansar hasta devolverles la paz a todos los ecuatorianos", dijo en un video donde anunció el plan de acción.

En el marco de una nueva crisis de violencia en Ecuador, donde han habido escapes masivos de las cárceles de Ecuador y los grupos narcos se están adueñando de ciudades enteras, el Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el Estado de Excepción y habilitó al Ejército a recuperar el control de las calles.

La situación viene escalando hace meses, incluso antes de la asunción de Noboa y durante la campaña electoral donde el candidato libertario Fernando Villavicencio fue asesinado por su retórica en contra de estos grupos criminales, pero la gota que rebalsó el vaso fue la fuga del líder del grupo criminal más grande de Ecuador, Adolfo Macías (alias ‘Fito’).

Con esta decisión, que rige por 60 días, Noboa suspendió los derechos a la libertad de asociación, inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia en las cárceles y la libertad de tránsito entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana.

Además, el Estado de excepción “permite movilizar a las Fuerzas Armadas para que apoyen, de forma complementaria, a las labores de seguridad interna de la Policía Nacional, sea en los centros de privación de libertad o en general en las calles”, informó el Poder Ejecutivo.

De esta manera, hasta por lo menos la primera semana de marzo, el Ejército podrá patrullar las calles, arrestar arbirtrariamente a cualquiera bajo sospecha de estar vinculada a grupos narcos, realizar allanamientos sin órden judicial, y reprimir los motines en las cárceles.

Se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y crimen organizado le dictaban al gobierno qué hacer”, dijo el primer mandatario, en un video donde anunció el plan de control territorial, similar al que impulsó Nayib Bukele en El Salvador.

Noboa agregó que “lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso desde el Gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas”.

“He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de Estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar”, detalló el mandatario.

En esa línea, Noboa dijo: “Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos”.

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