El sexenio de López Obrador se encamina a ser el de más bajo crecimiento en los últimos 100 años. Aunque la actividad escaló un 1,1% en el primer trimestre de 2023, no logró crecer prácticamente nada desde 2018 y los ingresos registran una caída de casi el 3% en términos reales.

La economía mexicana abandonó su tendencia de crecimiento de largo plazo y enfrenta una tensa situación de estancamiento. El PBI trimestral registró un modesto crecimiento de hasta el 1,1% durante los primeros tres meses de 2023, pero aún con este rebote la actividad sigue en los mismos niveles que tenía en 2018. No se logró ningún avance significativo desde aquel entonces.

Se observó un rebote interanual del 3,7%, ligeramente superior al 3,6% del trimestre anterior pero muy por debajo del 4,4% observado al término de septiembre del año pasado. La recuperación mexicana en la pos-pandemia es una de las peores del mundo, comparable al desempeño de la economía española.

Aún así, para el mes de marzo la actividad observó una caída del 0,3% y el crecimiento interanual se moderó al 2,7% con respecto al mismo mes del año pasado. Las actividades primarias se desplomaron un 1,6% mensual, las secundarias cayeron un 0,9% y el sector de los servicios mostró una disminución del 0,1% en términos reales.

La economía solamente creció un 1% desde diciembre de 2018, la cifra más baja para cualquier sexenio registrado en los últimos 100 años. Ningún presidente mexicano independientemente de su signo político terminó su mandato con un crecimiento tan pobre como el que registrara Manuel López Obrador al final de su mandato.

Pero como la población sigue creciendo y el PBI se encuentra estancado, el ingreso real por habitante es cada vez menor y con ello el nivel de vida promedio de los mexicanos. Desde la llegada del socialismo al poder el PBI per cápita real retrocedió un 2,36%, y quebró la tendencia alcista de los últimos 30 años.

Al difícil contexto internacional por la revisión del acuerdo NAFTA y el alza de las tasas de interés se sumaron factores internos que torpedearon constantemente la inversión privada en el país. Las medidas de López Obrador espantan a los inversores y desplazan la iniciativa privada por un rol cada vez más aplastante del Estado.

El presidente socialista dispuso la expropiación de todas las explotaciones de litio, estableció un virtual monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre los contratos energéticos del país, y anuló todas las Zonas Económicas Especiales de México (zonas francas con un régimen impositivo preferencial).

Por otra parte, la gestión sobre el frente fiscal fue aún peor. El déficit primario del Gobierno federal (sin contabilizar las partidas de los Estados locales) partió de una situación de equilibrio en diciembre de 2018 a un rojo de 1,13% del PBI para principios de 2023. El resultado financiero incluyendo la factura por intereses marcó un déficit superior al 3,5% del PBI en el acumulado anual de enero, el más grande desde 1989.

Los desequilibrios del Gobierno federal superaron el 3,5% del PBI al término del primer mes del año, el resultado deficitario más importante desde abril de 1989. El presidente López Obrador desarticuló completamente el equilibrio fiscal primario heredado de la administración anterior.

Las finanzas públicas de México fueron abiertamente asaltadas con la llegada de la izquierda al poder. Bajo la administración del presidente López Obrador, no solamente se incrementó el peso regulatorio e interventor del Estado, sino también su propio tamaño en relación al conjunto de la economía.

De acuerdo a las estadísticas del Banco Central de México (BANXICO) el déficit primario del Gobierno federal llegó a representar el 1,13% del PBI en enero de 2023, siendo este el dieciochoavo mes en que el acumulado anual termina con un resultado deficitario. El presidente Obrador recibió el Gobierno con un déficit primario que no superaba el 0,2% del PBI en diciembre de 2018, y a pesar de haberse superado el shock por la pandemia continuó creciendo ininterrumpidamente desde el tercer trimestre de 2021.

El déficit financiero del Gobierno federal (excluyendo intereses de deuda pública y jurisdicciones locales) aumentó al 3,53% del PBI en el primer mes de 2023. De esta manera, el desequilibrio del Estado federal alcanzó el nivel más alto de los últimos 34 años, algo que no se veía desde abril de 1989.

Las erogaciones totales del sector público federal ascendieron al 17,8% del PBI en el mes de enero, sin contabilizar la carga por intereses de deuda. Los gastos primarios aumentaron en un punto del PBI desde la llegada de la izquierda al poder. Asimismo, los gastos federales totales representaron el 20,2% del producto de referencia en el mismo período.

El Gobierno incrementó el peso de los subsidios y las transferencias para las empresas estatales, pero evitó tomar cualquier tipo de medida compensatoria en ajustes presupuestarios sobre otras áreas o aumentos impositivos. En consecuencia, la nueva distribución de gastos se trasladó íntegramente en un mayor déficit sobre las cuentas públicas.

En segundo lugar, la negativa para avanzar hacia una reforma previsional integral también provoca una presión creciente sobre el déficit fiscal presente y de largo plazo. La edad mínima jubilatoria se mantuvo inalterada en los 65 años, y las fórmulas para el cálculo de los haberes mensuales tampoco fueron modificadas a pesar del envejecimiento poblacional.

El mayor desequilibrio de las finanzas públicas condiciona la reputación de la deuda pública mexicana en los mercados internacionales, y al mismo tiempo limita la efectividad de la política monetaria del Banco Central ya que se deterioran las expectativas sobre la evolución del déficit a mediano y largo plazo. Si bien la tasa de inflación interanual se moderó al 6,85% en marzo, todavía permanece en niveles muy alejados a las metas de la autoridad monetaria.

El sexenio de López Obrador ya no tiene casi ningún activo para mostrar políticamente. Las reformas de la izquierda penalizaron gravemente la inversión, y la economía mexicana abandonó su tendencia de crecimiento de largo plazo. La actividad económica solamente creció un 1% desde diciembre de 2018, y acumuló una caída de casi el 3% considerando el aumento de la población. La tasa de crecimiento por habitante es la más baja para cualquier sexenio registrado en los últimos 100 años.

El Estado mexicano controlará hasta el 55% de la generación eléctrica del país en una primera instancia, y se prevé llegar al 65% para el final del mandato del Presidente socialista. Las medidas traen aparejado un costo sideral en materia de inversión y capitalización del sector.

El presidente socialista Andrés López Obrador anunció oficialmente la estatización de 13 plantas eléctricas pertenecientes a la firma española Iberdrola. La operación involucra un costo de hasta 5.943 millones de dólares (109.920 millones de pesos) para el Estado mexicano solamente por la adquisición de los nuevos activos, y los recursos fueron obtenidos a través de un fideicomiso con participación estatal mayoritaria.

Se consuma el segundo gran episodio de nacionalización después de haberse anunciado la expropiación del 100% del litio en México el pasado 18 de febrero, prohibiendo expresamente la inversión privada y dando al Estado un celoso monopolio legal sobre la actividad. 

“Hoy el gobierno de México firmó un convenio para comprar a Iberdrola 13 plantas de generación de energía eléctrica que formarán parte del patrimonio público y serán operadas por la CFE (Comisión Federal de Electricidad); es una nueva nacionalización”, anunció el Presidente socialista. 

Con la nueva compra, la Comisión Federal de Electricidad incrementó su participación en el mercado de generación de energía eléctrica del 39,6% al 55,5%. Se trata de una reversión más importante registrada sobre el proceso de desregulación, descentralización y privatización llevado a cabo desde la década de 1990. 

La participación del Estado en la generación eléctrica llegaría incluso al 65% para el final del sexenio del socialismo en el poder, la cuantía más significativa de los últimos 30 años. Asimismo, el peso del sector público se amplió drásticamente en la generación eléctrica sobre la región del noroeste del país, habiendo aumentado del 6,7% al 44,8%.

López Obrador anunció públicamente que la estatización “garantiza que no aumenten los precios de la energía”. La aplicación de precios políticos en reemplazo de precios de mercado solo desalienta activamente la producción, e incrementa la carga financiera a ser cubierta por transferencias del propio Estado. 

El retroceso histórico marca un pésimo precedente para la llegada de la inversión extranjera directa al país, el dinamismo de la inversión local y la capitalización de uno de los sectores más importantes de la economía mexicana.

El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C (Imco) negó que se haya producido una estatización completa del sector eléctrico en el país, y si bien quedó sentado que el Estado ya controla la mayor parte del sistema, lo cierto es que su incidencia sobre el sector privado es mucho más pesada y trascendente que en otras economías latinoamericanas. 

La reforma energética del presidente López Obrador determinó una posición especial y privilegiada para la Comisión Federal de Electricidad: todos los proyectos privados vinculados a la energía de cualquier tipo deben asociarse con este ente estatal para poder operar, o en su lugar a través de la petrolera estatal PEMEX. La participación directa del Estado en la energía se incrementó notoriamente, pero también lo hizo la intensidad de la regulación al sector privado.