El Estado concentrará el monopolio de la exploración y explotación del mineral, anulando completamente el apetito inversor en el sector. La inversión real del país perdió el 20% de su potencial desde que el socialismo llegó al poder. 

El presidente socialista de México, Andrés López Obrador, decretó oficialmente la estatización de todas las explotaciones de litio en el país, el pasado 18 de febrero. El Congreso ratificó la decisión del Presidente, y se complementa con la reforma ya aprobada en abril del año pasado que declaraba al litio como “propiedad de la Nación”.

A partir de las nuevas normativas, ninguna empresa privada ni extranjera ni nacional podrá explorar y explotar litio, esta potestad queda a limitada al celoso monopolio del Estado mexicano, de la empresa estatal Litiomx.

Esta medida es un paso más en la socialización de la economía, y su consecuente descapitalización, lo cual los socialistas mexicanos tienen como un objetivo.

Gracias a esta medida, fueron anuladas todas las inversiones que estaban previstas por la empresa británica Bacanora Lithum, que recibió una concesión durante el gobierno de Peña Nieto para el desarrollo de las exportaciones de litio. Se trata de un mineral estratégico para el desarrollo de celulares y baterías de automóviles eléctricos, y esta medida sin lugar a duda llevará a una suba del precio.

Decreto sobre nacionalización del litio, desde Sonora https://t.co/XCtsgp54QG

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 18, 2023

El Estado mexicano pondrá en marcha el denominado “Plan Sonora”, un proyecto que pretende iniciar la explotación del mineral sobre los mayores yacimientos dentro del país. Las empresas privadas podrán participar en el uso y la transformación del litio, pero no así en su extracción y explotación.

La estatización del litio supone la segunda gran expropiación llevada a cabo por López Obrador. El primer avance importante en este sentido se produjo con la reforma energética de 2021, que centralizó todos los proyectos de energía bajo la supervisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Si bien el Gobierno anterior del PRI aprobó una reforma constitucional que abrió el mercado energético a la inversión privada nacional y extranjera, la contrarreforma de 2021 exige que todas las inversiones deberán celebrar contratos en asociación con la CFE y la petrolera estatal PEMEX.

También se decretó el fin de las Zonas Económicas Especiales (análogas a las zonas francas en Argentina), diseñadas para atraer grandes flujos de inversión en áreas con dificultades socioeconómicamente y con más necesidad de desarrollo. La decisión supuso el fin de una inversión potencial por 42.287 millones de dólares y la creación de 367.000 puestos de trabajo formales.

El resultado de las medidas fue demoledor para la inversión privada y el crecimiento. El gasto en inversión dejó de ser el motor del crecimiento de la demanda interna de México, y perdió el 19,8% de su valor potencial desde el año 2019.

La tendencia de crecimiento del país fue completamente abandonada. En lo que va de la administración socialista, el ingreso real por habitante solamente creció un 0,68% en 5 años. El sexenio de López Obrador acabará, casi con certeza, ostentando la menor tasa de crecimiento per cápita de los últimos 100 años.

El Gobierno socialista profundizó el intervencionismo estatal en la economía y generalizó las distorsiones. México abandonó su tendencia de crecimiento de largo plazo, y aún no logra recuperar el nivel de actividad previo a la pandemia. 

El Banco Central de México informó que la actividad económica sufrió una nueva caída del 0,45% en noviembre del año pasado, y de esta manera se profundiza el escenario de estancamiento que se observa el país desde mediados de 2018.

La economía mexicana se perfila como una de las contadas excepciones en el mundo que aún no logra recuperarse del shock provocado por la pandemia en 2020, la actividad acumula una caída del 0,68% entre enero de 2020 y noviembre del año pasado, y un ligero repunte del 0,7% si se compara contra febrero de 2020.

En lo que va de la administración del presidente Andrés López Obrador la actividad económica solamente creció un magro 0,68% en 5 años, una situación de evidente estancamiento. Con esta tendencia tan negativa, se estima que el sexenio de López Obrador tendrá el menor crecimiento per cápita de los últimos 100 años.

México perdió su tendencia de crecimiento de largo plazo. Se estima una brecha superior al 11% entre el crecimiento efectivamente observado y el que habría ocurrido de continuar con la tendencia de la década anterior. El diferencial es aún mayor en el nivel de la inversión privada, un 19,8% hasta el tercer trimestre del año pasado.

El PBI ajustado por habitante acumuló una caída del 3,2% desde la llegada del socialismo al poder, en un claro contraste en comparación con el crecimiento sostenido de las dos administraciones precedentes. 

La tasa de inflación permanece en niveles elevados en comparación al promedio de los últimos 15 años, y escaló al 7,82% interanual al término de diciembre del año pasado. La economía de México sufre un escenario de estanflación, mientras que la tasa de política monetaria aumentó al 10,5% anual a partir de diciembre de 2022.

La política económica de López Obrador

El estancamiento responde a las políticas económicas poco convencionales llevadas a cabo por el Gobierno socialista, todas ellas apuntando contra la oferta agregada y su potencial para el crecimiento de largo plazo.

La reforma energética del socialismo centralizó todos los proyectos de energía bajo la supervisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Establece que todas las inversiones privadas en el país deben celebrar contratos en asociación con la CFE y la petrolera estatal PEMEX.

Asimismo, a partir de 2018 el Congreso mexicano aprobó una reforma laboral que endureció las regulaciones para la subcontratación y tercerización de tareas, incrementando dramáticamente el costo laboral para el empleo. Más tarde, el Presidente Obrador decretó una nueva reforma con vigencia a partir de este año, que amplió los plazos mínimos para vacaciones pagas y sin criterios de productividad. 

El Gobierno también dispuso la cancelación de todas las Zonas Económicas Especiales (análogas a las zonas francas en Argentina), diseñadas para atraer grandes flujos de inversión en áreas con dificultades o socioeconómicamente menos desarrolladas. La decisión supuso el fin de una inversión potencial por 42.287 millones de dólares y la creación de 367.000 puestos de trabajo formales. 

Se impulsó la renovación de las autoridades del Banco Central, y una frontal negativa para reformar el sistema previsional o cuanto menos ajustar la edad mínima jubilatoria (actualmente fijada en los 65 años). Estas decisiones limitaron la credibilidad de la política monetaria, y provocaron pesimismo en la sostenibilidad de las finanzas públicas para los próximos años.

El arresto de El Ratón Guzmán el jueves provocó fuertes enfrentamientos entre sicarios del cártel en la ciudad de Culiacán y las Fuerzas Armadas de México.

Las autoridades mexicanas capturaron a Ovidio Guzmán, apodado “El Ratón“, hijo del narcotraficante encarcelado Joaquín “El Chapo” Guzmán. La reacción del Cartel de Sinaloa, dirigido por otro de los hijos del infame jefe narco fue ordenar una ola de ataques contra la población civil en la ciudad norteña de Culiacán.

Después de una noche de violencia, donde se vio a punteros narcos saqueando supermercados, incendiando casas y atacando autos en las carreteras, finalmente las Fuerzas de Seguridad de México ingresaron a la ciudad e intercambiaron disparos con los sicarios.

Las calles de la ciudad se convirtieron en un campo de batalla. Los narcos bloquearon los principales accesos a la ciudad y luego dispararon con lanzacohetes contra helicópteros del ejército y aviones de la policía que intentaban llevar refuerzos a la ciudad.

Según los informes, los miembros del cártel se apoderaron de una ambulancia de la Cruz Roja, se llevaron al personal médico de los hospitales para atender a sus compañeros heridos, amenazaron a los periodistas y se apoderaron de los vehículos de la prensa.

Todas las vías principales de acceso a la ciudad quedaron bloqueadas con vehículos en llamas y sicarios armados atacaron una base aérea militar y el aeropuerto internacional de Culiacán, donde incluso un avión con pasajeros civiles fue alcanzado por una ráfaga de balas cuando se preparaba para despegar, de la aerolínea Aeroméxico.

Por el momento, el gobierno del estado de Sinaloa dijo que 3 miembros de las fuerzas de seguridad habían muerto en los enfrentamientos, pero la ciudad sigue en estado de guerra civil y estos números sin duda aumentarán con el pasar de los días.

El Ministro de Defensa Nacional, Luís Cresencio Sandoval, dijo a periodistas que “El Ratón” Guzmán había sido trasladado a la capital mexicana tras su captura por miembros del Ejército y la Guardia Nacional. Describió el arresto como un “golpe decisivo contra el cártel del Pacífico”, el nombre oficial de la poderosa facción criminal.

No se han dado mayores detalles de cómo se ejecutó el arresto de más alto perfil desde la prisión de El Chapo: Sandoval dijo que hubo seis meses de vigilancia, pero también pareció sugerir que hubo un elemento de casualidad involucrado. “Cuando las fuerzas armadas montaron un retén para detener varios vehículos con blindaje improvisado, sicarios del cártel abrieron fuego. Las fuerzas de seguridad reconocieron a Ovidio Guzmán, a quien lograron detener”, dijo.

Ovidio Guzmán, de 32 años, había sido detenido brevemente en Culiacán en 2019, pero fue liberado pocas horas después por orden directa del presidente Andrés Manuel López Obrador para frenar la respuesta violenta de la red narco, muy similar a la que se está viviendo hoy en día nuevamente.

Pero la situación hoy parece ser muy distinta. AMLO no tiene una elección en el horizonte, y esta detención ocurre a días de una cumbre de líderes norteamericanos en la Ciudad de México la próxima semana, a la que asistirá el presidente norteamericano Joe Biden y en la que el mexicano quiere mostrarse como un líder duro que combate el narcotráfico.

Estados Unidos había ofrecido una recompensa de US$ 5 millones de dólares por información que condujera al arresto o condena de Ovidio Guzmán, un pedido que había sido extendido al gobierno de México tras el estallido de la crisis del fentanilo en el país.

El gobierno local instó a la gente a quedarse en casa y dijo que las escuelas y las oficinas administrativas estaban cerradas debido a la violencia. Videos en las redes sociales parecían mostrar fuertes enfrentamientos armados, incluso desde helicópteros durante la noche, atacando supuestamente las residencias de los líderes narcos en la ciudad.

“Pedimos a los ciudadanos de Culiacán que no salgan de casa por la violencia que se ha registradoen diferentes puntos de la ciudad”, escribió en Twitter el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.

Algo similar había ocurrido cuando en 2014 se detuvo por tercera (y esperemos que sea la última) vez a El Chapo Guzmán, de 65 años, quien fue condenado en Nueva York en 2019 por tráfico de miles de millones de dólares en drogas a Estados Unidos y conspiración para cientos de asesinatos. Cumple cadena perpetua en Supermax de Colorado, la prisión federal más segura de los Estados Unidos.

War has broken out between Mexican Defense Forces and the Sinaloa Cartel in Culiacan in response to the arrest of El Chapo’s son.

More footage will be added in the thread below as it emerges. pic.twitter.com/d18O2Tbevu

— Libertarian Party Mises Caucus (@LPMisesCaucus) January 5, 2023