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Con un “amparo express”, la izquierda trató de frenar la elección del nuevo Tribunal Constitucional

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Una jueza de extrema izquierda publicó un amparo en tan solo 4 horas para intentar frenar que el Congreso vote por nuevos miembros del Tribunal Constitucional, quienes en su mayoría pueden ser derechistas.

Hoy el Perú se remeció con una extrañísima resolución judicial. La jueza Soledad Amparo Blácido Báez ordenó suspender la elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) en el Congreso de la República, prevista para este miércoles 7 y jueves 8 de julio.

A pesar de la opereta judicial, el Congreso reunió los votos suficientes para avanzar con la elección de la dirigencia del Tribunal, aunque después de duros debates, sólo se llegó a votar por 3 de los 15 postulantes, y ninguno logró ser elegido. Se retomará este jueves la votación.

La historia comienza con una demanda de amparo presentada en contra del Congreso. El amparo es un proceso de garantía constitucional residual, encargado de la defensa de los derechos fundamentales. En este caso la demanda fue realizada por el derecho a “tener una justicia justa y transparente en el sistema constitucional del país”. 

Más allá del supuesto derecho constitucional que se estaría violando, lo más sospechoso fue la celeridad de las resoluciones. Sólo se demoró dos días para la admisión de la demanda; pero no solo ello. Inmediatamente la admisión, se generó una medida cautelar “express” en cuestión de 4 horas, con el objetivo de frenar la elección de los seis nuevos miembros del TC, que en su mayoría serán derechistas.

Tan extraña demanda fue realizada por el ex policía y ex director de ética del Colegio de Abogados de Lima, Walter Ayala, que fue dada lugar por el tercer juzgado Constitucional de la Corte de Lima, el mismo que paralizó la elección del quinto miembro del Jurado Nacional Electoral (JNE) y sentenció a un apoyo unánime del fraude electoral. 

Las medidas cautelares funcionan para asegurar el derecho que se demanda y para fundarse necesitan de verosimilitud, peligro de la demora y de adecuación. En este caso, la jueza dispone en su resolución que “SE ORDENA al Congreso de la Republica que disponga la suspensión provisional de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional la cual fue programada para el 7 y 8 de julio del 2021 a horas 9:00 am., hasta que el presente proceso pueda ser resuelto mediante un pronunciamiento sobre el fondo del asunto”. 

Los argumentos de la jueza, simplemente no tienen sentido. Con respecto a la verosimilitud, la magistrada considera que el Congreso está con un “alto nivel de desaprobación”; en la selección de candidatos “no se aprecia la existencia de algún parámetro especifico respecto del tipo de preguntas que pueden ser realizadas a los postulantes”; y que de la revisión de la página web del Congreso no se pudo “desprender de ninguno de estos documentos que se haya cumplido con el principio de publicidad, imparcialidad y meritocracia al momento de la respectiva asignación de los puntajes”.

Y con respecto al peligro de la demora, la juez considera que no sabe si la posible futura nulidad de la elección de los miembros del Tribunal va funcionar: “lo cual generaría incertidumbre respecto de los efectos de la nulidad del procedimiento”.

Comentario de la congresista fujimorista Martha Chávez en Willax TV: “La jueza está falseando la realidad”.

Los típicos abogados oficialistas de extrema izquierda ya están amenazando a los congresistas. En primer lugar, aseguran que son posibles las amenazas de la jueza con respecto a los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional, vale decir, destitución y procesos administrativos.

Sin embargo, ello no es posible debido a que esos artículos se refieren claramente a la sentencia y no a un auto resolutorio. Por otro lado, los abogados constitucionalistas más taimados solo amenazan a los congresistas con denuncias por el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autoridad, a pesar de que se sabe que, constitucionalmente, los congresistas no pueden tener responsabilidad por sus votaciones. 

Hoy en la mañana, el Congreso tuvo una peleada votación con respecto a continuar con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Se necesitaban 87 congresistas a favor para poder continuar con la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Pero a pesar de las demoras que realizó la izquierda para frustrar la votación, se consiguió la votación con los justos 87 congresistas.

Una sorpresa en esa votación fue el cambio de los congresistas del FREPAP porque aparentemente hay una nueva alianza entre ellos y el candidato comunista a la presidencia, Pedro Castillo. Los argumentos de los votantes a favor fue la independencia del Poder Legislativo, la evidente prevaricación de la jueza y la falta de notificación de la resolución.

Por su parte, los de izquierda insistían en mantener que ya antes el Poder Judicial había detenido procedimientos en el Congreso. Sin embargo, no se informa que anteriormente el Poder Judicial frenó al Legislativo por cuestiones de forma, nunca de fondo, y menos con argumentos tan evidentemente ilegales.

Castillo, el dictador-electo que quiere convertir a Perú en Venezuela

La jueza de esta resolución es reconocida por haber sido quién rechazó un amparo similar planteado por un parlamentario del congreso disuelto por Vizcarra. Sin embargo, en aquella época tuvo un criterio totalmente opuesto. En aquella época refirió que es prerrogativa del presidente de la República la disolución del Congreso de la República, si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”.

En las redes sociales se denuncia que esta resolución es solo otro intento de mantener al Tribunal Constitucional que ya lleva vencido su mandato hace varios años. Precisamente el anterior congreso fue disuelto inconstitucionalmente en el vizcarrato cuando se intentaba hacer valer la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional.

Los tribunos constitucionales avalaron el comportamiento de Martin Vizcarra de disolver el Congreso con el argumento de que ya se habían consumado los hechos. Otra sospecha es que se busca mantener a este Tribunal Constitucional para que Pedro Castillo lo use de excusa para la disolución de este organismo y, a la vez, del siguiente congreso con la misma técnica de Martín Vizcarra.

Perú

Perú: El empresario Zamir Villaverde testificó que Pedro Castillo llegó al poder mediante el fraude electoral

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El lobista del presidente fue arrestado por un delito de corrupción, y en la primera testificación traicionó a Pedro Castillo y afirmó que llegó al poder robándole la elección a Keiko Fujimori.

En declaraciones a la Comisión de Fiscalización, el empresario que se desempeñó como lobista de Perú Libre, Zamir Villaverde, declaró que Pedro Castillo hizo fraude para llegar a la presidencia, en confabulación con el Jurado Nacional de Elecciones.

Villaverde fue arrestado este lunes por la adjudicación irregular de la obra Puente Tarata III, uno de los tantos delitos que componen el caso coimas, una supuesta mafia que estableció Pedro Castillo en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para entregar obras a cambio de millonarias coimas.

El empresario, que supo ser el nexo entre el partido comunista Perú Libre y las empresas durante la campaña del 2021, sería el cabecilla de esta mafia, y la justicia le dictaminó 24 meses de prisión preventiva.

Karelim López, otra de las empresarias arrestadas por esta causa, lo identificó a Villaverde como el responsable de conseguir el apoyo de varias compañías importantes, prometiéndoles que harían este esquema de corrupción y que si lo apoyaban a Castillo en vez de a Keiko Fujimori, serían los primeros en recibir este trato preferencial.

Villaverde fue llevado lo antes posible al estrado, para que testifique sobre su rol en este esquema. Pero el lobista sorprendió a todos revelando una información mucho más sensible: aseguró que tiene pruebas de cómo Pedro Castillo se robó la elección del 11 de abril del año pasado.

“Les comunico que tengo toda la predisposición de decir la verdad en el esclarecimiento de su investigación, además de declarar ante el Ministerio Público, a través de la fiscal Karla Zecenarro sobre cómo el señor Pedro Castillo logró ganar las elecciones presidenciales, quien lideró, coordinó y planificó ese trabajo al mas alto nivel con el Jurado Nacional de Elecciones, mellando la democracia, perjudicando a Rafael López Aliaga y a Keiko Sofía Fujimori, manipulando la voluntad popular“, disparó.

Durante mucho tiempo he venido siendo amenazado por el servicio de inteligencia y por altos funcionarios del Gobierno“, reconoció. “Hay personas allegadas al presidente de la república que quieren silenciarme”.

“Por eso, estoy preocupado por mi vida, esperando que la fiscal Zecenarro me tome la declaración, mediante este poder del Estado vengo a hacer una denuncia pública, en mi calidad de empresario, contra el presidente Pedro Castillo Terrones, a quien en su momento apoyé, pero hoy le digo que no le tengo miedo y que lo hago responsable a él de cualquier atentado contra mi vida”, agregó.

Inmediatamente después de estas declaraciones, los diputados miembros de la Comisión de Fiscalización decidieron trasladarse al penal de Ancón, en el que está recluido Villaverde, para tomarle la declaración de manera presencial y sin cámaras.

Villaverde es dueño de la empresa de seguridad Vigarza, pero no se conoce mucho de su pasado. Se desconoce cómo llegó a convertirse en un hombre de confianza del actual presidente.

El empresario fue miembro de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), pero fue expulsado de la institución cuando se descubrió que había cometido actos delictivos junto a otros suboficiales durante sus días de franco. Incluso, fue degradado en una ceremonia oficial en 1999.

A pesar de esto y de haber sido encarcelado ya varias veces por delitos graves, Villaverde se ha presentado en actos protocolares de altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acompañando al presidente Pedro Castillo.

Además, desde la llegada al poder de Castillo, su empresa ha logrado ganar la licitación para dirigir la seguridad de la Videna y de la Selección Nacional por un contrato con la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Villaverde sería el organizador de la presunta mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), según las declaraciones de su colaboradora, Karelim López.

Acerca de las obras del MTC, la lobista dijo que se ofrecía un porcentaje del presupuesto. “Era el 5% cuando eran mayores a 30 millones de soles. Y en la que eran menos de 30 millones se daba el 10%”

Además, Villaverde era quien se encargaba de repartir el dinero a dirigentes del partido centrista Acción Popular para que apoyen a Pedro Castillo en el Congreso.

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Perú

El comunista Castillo enviará una ley al Congreso para poder convocar un referéndum sobre nueva Constitución

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Copiándose de la la izquierda chilena, el presidente peruano aseguró que le pedirá al Congreso permiso para poder cambiar el texto fundacional del país, que actualmente tiene una fuerte impronta liberal.

Siguiendo los pasos de los comunistas en Chile, el presidente de PerúPedro Castillo, anunció que presentará un proyecto de ley para que en las elecciones regionales y municipales de este 2022 se realice un referéndum para determinar si se avanza en la redacción de una nueva Constitución.

Según reportó El Comercio, el líder comunista señaló que “vamos a hacer llegar un proyecto de ley al Congreso de la República, siguiendo el curso constitucional, para que en estas próximas elecciones municipales y regionales (…) se consulte al pueblo peruano si se está de acuerdo o no con una nueva Constitución“:

“Es cierto que el Congreso de la República tiene en sus manos esta potestad. Nosotros haremos llegar ese proyecto de ley, que lo vamos a trabajar inmediatamente“, añadió Pedro Castillo.

En realidad, en un principio Castillo quería convocar un referéndum constituyente directamente, pero el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) precisó que las convocatorias destinadas a reformar la Carta Magna no podían realizarse de forma directa, sino que debían ser visadas por el Congreso, con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o sea, dos tercios.

Este alto requisito fue pensando como un candado que puso el ex presidente Alberto Fujimori cuando redactó la Constitución liberal de 1993, para que sea muy difícil cambiarla.

Por lo pronto, se espera que el Gobierno de Perú avance en el trabajo pre-legislativo para poder enviar el proyecto de ley, que debería ser revisado por el ente parlamentario, antes de la realización de las elecciones de octubre de 2022.

Así como promovió Boric en Chile, Castillo quiere destruir la Constitución de Fujimori y crear un nuevo documento que identifique a Perú como un “estado plurinacional“, que reconozca la expropiación de empresas, y que se garantice la gratuidad de los sistemas de salud y educación.

Este es un clásico mecanismo de la extrema izquierda para no solo llegar al poder, si no cambiar el Estado del país como se lo conoce. Hugo Chávez lo hizo en su primer año en el gobierno, y encaminó a Venezuela a una espiral de decadencia, tiranía y horror.

Los comunistas en Chile fueron los más rápidos en pedirlo, e incluso cuando todavía faltaban meses para las elecciones, convencieron a Sebastián Piñera y al Congreso de que llame un referéndum constituyente.

De todos modos, la situación peruana es diferente. No está contemplado en la Constitución de Fujimori que se elimine la Carta Magna y que se escriba una nueva, por lo que solo se permiten enmiendas al texto fundacional, algo que el ex presidente se copió de la Constitución estadounidense.

Por lo que Castillo debe obtener dos tercios en el Congreso, para poder llamar a un referéndum, el cual en caso de ganar le permitirá proponer una serie de cambios, que luego deberán ser ratificados uno por uno con dos tercios de los votos positivos en el pleno parlamentario.

Esta difícil tarea le da esperanza a los peruanos, de que no van a seguir los pasos de los venezolanos y los chilenos por un demente en la casa de gobierno, y que la sensatez prevalecerá.

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Perú

Pedro Castillo propone la castración química para violadores de niños menores de edad, tras el caso de Chiclayo

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El presidente comunista volvió a sus raíces conservadores, y ante el espanto de la socialdemocracia que lo respalda en el Gobierno, pidió la castración química para violadores.

En respuesta al horrible caso de secuestro y violación sexual de una niña de tres años ocurrido hace unos días en Chiclayo, el presidente Pedro Castillo sorprendió al proponer la castración química obligatoria para los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres.

Si bien Castillo había tenido un discurso muy duro contra la delincuencia en la campaña, desde la llegada al poder y sus alianzas con los partidos de centroizquierda, el dirigente comunista había atenuado completamente su discurso, y lejos habían quedado sus propuestas de servicio militar obligatorio y la reinstauración de la pena de muerte.

“Basta ya de tanta violencia, los crímenes de violencia sexual contra niños y niñas no serán tolerados por este gobierno, ni quedarán impunes. El dolor de esta familia también es el nuestro, me siento indignado ante tanta crueldad”, afirmó.

“Este hecho atroz e inhumano nos lleva a una enorme reflexión como país para adoptar políticas públicas de Estado más severas que salvaguarden los derechos humanos de los más indefensos, que son nuestros niños y niñas, y la castración química es una opción, no podemos esperar más”, manifestó correctamente.

El Jefe del Estado indicó que pedirá al Congreso que la castración química sea incluida en el Código Penal para poder ser reglamentada. “Exhortamos al Congreso de la República respaldar medidas concretas en favor de los más vulnerables, porque no podemos seguir tolerando estos hechos violentos que dañan nuestra integridad como sociedad y destruyen la vida de indefensos”, señaló. 

La castración química consiste en administrar medicamentos que reducen la libido e inhiben el deseo sexual, además de dejar inutilizable el miembro viril. Se aplica como un método de prevención contra las agresiones sexuales, y también como castigo para los que cometen crímenes de esta índole en países como Rusia, Estados Unidos, Polonia, Corea del Sur, Indonesia y Moldavia

Castillo ratificó este lunes que el Ejecutivo formalizará en los próximos días su propuesta de castración química para violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres, una iniciativa que consideró “un clamor popular”.

“Estamos planteando aplicar la castración química como una de las medidas drásticas contra los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres; propuesta que será formalizada en los próximos días y esperamos que el Congreso no le dé la espalda a un clamor popular”, remarcó Castillo.

“Nosotros como gobierno tenemos la enorme responsabilidad de defender la vida de los peruanos, que está por encima de cualquier interés o cálculo político”, añadió.

En un acto en Ate-Vitarte, el mandatario reiteró la necesidad de una tarea conjunta entre el Congreso y el Ejecutivo sobre todo en este tema, porque, afirmó, “no hay espacio para la confrontación en este tema”.

Desde la oposición, especialmente en la derecha, si bien apoyan la propuesta, señalan que viene enmarcada en un oportunismo político. Desde su llegada al poder, Castillo prácticamente no ha podido aprobar ninguna ley y esta sería la primera vez que puede conseguir un apoyo amplio para una legislación propia.

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