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Perú

Con un “amparo express”, la izquierda trató de frenar la elección del nuevo Tribunal Constitucional

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Una jueza de extrema izquierda publicó un amparo en tan solo 4 horas para intentar frenar que el Congreso vote por nuevos miembros del Tribunal Constitucional, quienes en su mayoría pueden ser derechistas.

Hoy el Perú se remeció con una extrañísima resolución judicial. La jueza Soledad Amparo Blácido Báez ordenó suspender la elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) en el Congreso de la República, prevista para este miércoles 7 y jueves 8 de julio.

A pesar de la opereta judicial, el Congreso reunió los votos suficientes para avanzar con la elección de la dirigencia del Tribunal, aunque después de duros debates, sólo se llegó a votar por 3 de los 15 postulantes, y ninguno logró ser elegido. Se retomará este jueves la votación.

La historia comienza con una demanda de amparo presentada en contra del Congreso. El amparo es un proceso de garantía constitucional residual, encargado de la defensa de los derechos fundamentales. En este caso la demanda fue realizada por el derecho a “tener una justicia justa y transparente en el sistema constitucional del país”. 

Más allá del supuesto derecho constitucional que se estaría violando, lo más sospechoso fue la celeridad de las resoluciones. Sólo se demoró dos días para la admisión de la demanda; pero no solo ello. Inmediatamente la admisión, se generó una medida cautelar “express” en cuestión de 4 horas, con el objetivo de frenar la elección de los seis nuevos miembros del TC, que en su mayoría serán derechistas.

Tan extraña demanda fue realizada por el ex policía y ex director de ética del Colegio de Abogados de Lima, Walter Ayala, que fue dada lugar por el tercer juzgado Constitucional de la Corte de Lima, el mismo que paralizó la elección del quinto miembro del Jurado Nacional Electoral (JNE) y sentenció a un apoyo unánime del fraude electoral. 

Las medidas cautelares funcionan para asegurar el derecho que se demanda y para fundarse necesitan de verosimilitud, peligro de la demora y de adecuación. En este caso, la jueza dispone en su resolución que “SE ORDENA al Congreso de la Republica que disponga la suspensión provisional de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional la cual fue programada para el 7 y 8 de julio del 2021 a horas 9:00 am., hasta que el presente proceso pueda ser resuelto mediante un pronunciamiento sobre el fondo del asunto”. 

Los argumentos de la jueza, simplemente no tienen sentido. Con respecto a la verosimilitud, la magistrada considera que el Congreso está con un “alto nivel de desaprobación”; en la selección de candidatos “no se aprecia la existencia de algún parámetro especifico respecto del tipo de preguntas que pueden ser realizadas a los postulantes”; y que de la revisión de la página web del Congreso no se pudo “desprender de ninguno de estos documentos que se haya cumplido con el principio de publicidad, imparcialidad y meritocracia al momento de la respectiva asignación de los puntajes”.

Y con respecto al peligro de la demora, la juez considera que no sabe si la posible futura nulidad de la elección de los miembros del Tribunal va funcionar: “lo cual generaría incertidumbre respecto de los efectos de la nulidad del procedimiento”.

Comentario de la congresista fujimorista Martha Chávez en Willax TV: “La jueza está falseando la realidad”.

Los típicos abogados oficialistas de extrema izquierda ya están amenazando a los congresistas. En primer lugar, aseguran que son posibles las amenazas de la jueza con respecto a los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional, vale decir, destitución y procesos administrativos.

Sin embargo, ello no es posible debido a que esos artículos se refieren claramente a la sentencia y no a un auto resolutorio. Por otro lado, los abogados constitucionalistas más taimados solo amenazan a los congresistas con denuncias por el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autoridad, a pesar de que se sabe que, constitucionalmente, los congresistas no pueden tener responsabilidad por sus votaciones. 

Hoy en la mañana, el Congreso tuvo una peleada votación con respecto a continuar con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Se necesitaban 87 congresistas a favor para poder continuar con la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Pero a pesar de las demoras que realizó la izquierda para frustrar la votación, se consiguió la votación con los justos 87 congresistas.

Una sorpresa en esa votación fue el cambio de los congresistas del FREPAP porque aparentemente hay una nueva alianza entre ellos y el candidato comunista a la presidencia, Pedro Castillo. Los argumentos de los votantes a favor fue la independencia del Poder Legislativo, la evidente prevaricación de la jueza y la falta de notificación de la resolución.

Por su parte, los de izquierda insistían en mantener que ya antes el Poder Judicial había detenido procedimientos en el Congreso. Sin embargo, no se informa que anteriormente el Poder Judicial frenó al Legislativo por cuestiones de forma, nunca de fondo, y menos con argumentos tan evidentemente ilegales.

Castillo, el dictador-electo que quiere convertir a Perú en Venezuela

La jueza de esta resolución es reconocida por haber sido quién rechazó un amparo similar planteado por un parlamentario del congreso disuelto por Vizcarra. Sin embargo, en aquella época tuvo un criterio totalmente opuesto. En aquella época refirió que es prerrogativa del presidente de la República la disolución del Congreso de la República, si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”.

En las redes sociales se denuncia que esta resolución es solo otro intento de mantener al Tribunal Constitucional que ya lleva vencido su mandato hace varios años. Precisamente el anterior congreso fue disuelto inconstitucionalmente en el vizcarrato cuando se intentaba hacer valer la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional.

Los tribunos constitucionales avalaron el comportamiento de Martin Vizcarra de disolver el Congreso con el argumento de que ya se habían consumado los hechos. Otra sospecha es que se busca mantener a este Tribunal Constitucional para que Pedro Castillo lo use de excusa para la disolución de este organismo y, a la vez, del siguiente congreso con la misma técnica de Martín Vizcarra.

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Castillo fue interrogado por varias horas por la Fiscalía sobre los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas

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El pasado 28 de diciembre, el comunista Pedro Castillo debió contenstar preguntas del Procurador General por las denuncias de tráfico de influencias en los ascensos de militares de su círculo cercano.

El presidente de Perú, el comunista Pedro Castillo, fue interrogado el martes pasado por la Fiscalía como presunto traficador de influencias para otorgar ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y promocionar a militares de su círculo cercano.

El interrogatorio se realizó en el Palacio de Gobierno de Lima, en una diligencia que tomó alrededor de cinco horas y que transcurrió de forma privada, aunque se sabe que el presidente estuvo acompañado por su equipo legal.

A la conclusión del interrogatorio, el abogado de Castillo, Eduardo Pachas, explicó a los periodistas que el gobernante respondió a más de 40 preguntas, entre ellas dos del procurador general del Estado, Daniel Soria, quien también estuvo presente.

Soria recientemente denunció a Castillo ante la Fiscalía por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias por otro caso distinto, relativo a la licitación para la construcción de un puente, tras unas reuniones clandestinas en su ex domicilio privado y no en el Palacio de Gobierno.

Los representantes del Ministerio Público no brindaron declaraciones, y la institución solo informó que la declaración fue tomada por el fiscal adjunto supremo Ramiro González en lugar de la Fiscal General, Zoraida Ávalos, quien no pudo acudir tras haber sido internada en una clínica de Lima por una urgencia médica.

Esta es la primera vez que Castillo declara como presidente ante un fiscal, luego de meses de escándalos de corrupción. La Fiscalía lo interrogó con el objetivo de averiguar el grado de participación que tuvo en las presuntas presiones sobre los ascensos militares que ejercieron el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y el exministro de Defensa Walter Ayala.

Tanto Pacheco como Ayala ya no están más en el Gobierno, y aunque Castillo no explicó su salida del Gabinete, es claro que fueron apartados por su participación en este caso de corrupción.

Según los medios locales, el presidente comunista les ordenó a los dos ex funcionarios que hagan un profundo recambio en las autoridades militares del país, ya que mantenían una fuerte influencia fujimorista y rechazaban sus vínculos con Sendero Luminoso.

Los ascensos irregulares fueron denunciados por los ex comandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro, quienes fueron destituidos sin explicaciones por Castillo apenas tres meses después de haber sido nombrados.

Para sustentar su versión, Vizcarra difundió un WhatsApp en el que Castillo le pedía tratar “temas urgentes” con Pacheco. Cuando habló con Pacheco, el entonces secretario de la presidencia le dio el nombre de Víctor Torres para que ascendiera de comandante a coronel, a pesar de no tener la jerarquía necesaria para dar ese paso.

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Perú: la oposición busca destituir a Castillo en “tres o cuatro semanas”

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El líder del partido Renovación Popular, Rafael López Aliuaga, pidió la renuncia de Castillo y adelantó que buscarán una nueva instancia para destituirlo.

El 2022 no será un año sencillo para Pedro Castillo. Con 6 meses en el Gobierno, el maestro rural tuvo que cambiar 12 ministros, enfrenta una rebelión interna de parte de su ala dura que lo acusa de haber pactado con “la izquierda caviar” y tuvo que sortear su primer intento de destitución. 

El argumento para sacar a Castillo es que no deja a entrar a la Fiscalía para investigar un presunto caso de corrupción en PetroPerú.  “A nivel de gobierno, todos los días hay un destape, un escándalo. Qué inversión quieren para el 2022 en un país que todos los días tiene escándalos al nivel del presidente de la República y un presidente de la República que no deja entrar a la fiscalía, por favor. Él no puede obstruir a la justicia”, manifestó el excandidato presidencial en un reportaje televisivo.

“Lo que veo es que la desconfianza en el Perú, en las inversiones es cada vez peor. Estamos llevando al Perú a un descalabro y lo veremos el año que viene”, agregó.

Renovación Popular rechaza medidas restrictivas impuestas por gobierno de  Sagasti - Ancash Noticias Ancash Noticias

Aliaga fue uno de los impulsores de la frustrada vacancia de principios de diciembre y adelantó que “La bancada quiere hacerlo muy bien sustentado para llegar (a la vacancia). Elementos hay, pero hay que ordenarlos jurídicamente. Bien hecho, no algo que sale en un día”.

Pero el asambleísta fue más allá y disparó: “Yo le estoy pidiendo la renuncia del señor (Pedro Castillo), de una vez que renuncie. Ha hablado con la bancada, ellos quieren seguir un proceso más riguroso para que no pase lo del primer intento de vacancia”. 

Fuentes del entorno del gobierno peruano consultadas reconocen que los números de la destitución podrían estar para dentro de las semanas proyectadas por Aliaga pero contemplan un factor que hace un tiempo no era tan tenido en cuenta como la aparición de más aliados en la región que podrían salir en su respaldo. 

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Castillo envuelto en nuevo escándalo: Empresario palestino obtuvo contratación directa tras reunión en secreto

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Se está empezando a tener una idea de lo que se discutió en las reuniones clandestinas de Castillo con importantes empresarios peruanos que no quedaron en los registros oficiales.

El comunista Pedro Castillo sigue enfrentando las repercusiones de las reuniones clandestinas que llevó a cabo en su domicilio privado con importantes empresarios. La locación de estos mitines fue elegida para que no queden registros en las actas oficiales de la Casa de Gobierno.

Este escándalo ya puso contra las cuerdas al presidente hace unos días, cuando la oposición intentó iniciar un juicio político en su contra en el Congreso, pero quedó a 6 votos de poder hacerlo. Sin embargo, ahora salió a la luz que muchos de estos empresarios que se reunieron con Castillo ganaron importantes licitaciones y contrataciones directas con el Estado luego de juntarse en secreto con él.

Uno de los casos más paradigmáticos es el de Samir Abudayeh, directivo de Petro-Perú y empresario investigado por este caso. Abudayeh consiguió un contrato de adquisición de Biodiésel B100 con la empresa Heaven Petroleum Operators, a la cual representa en Perú, poco después de reunirse con Castillo.

El último domingo, un informe del programa Punto Final mostró que el presidente Pedro Castillo recibió el pasado 18 de octubre a la lobbyista Karelim López, a Samir Abudayeh y al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo.

Dos semanas después,la empresa de Samir Abudayeh Giha ganó la licitación para venderle el biodiesel a Petroperúpor más de 70 millones de dólares. Tras ello, la sospecha sobre un presunto favorecimiento directo a Heaven Petroleum Operators despertó las alarmas.

El lunes pasado, dos fiscales llegaron al Palacio de Gobierno para investigar al presidente. Los agentes del Poder Judicial solicitaron hablar con Julio Salas, asesor legal de la presidencia de la República. La diligencia duró más de cinco horas.

A pesar de que la agenda de Castillo marcaba que iba a estar en la sede del gobierno, según los fiscales no se apersonó en las instalaciones gubernamentales en todo el tiempo que estuvieron allí dentro.

Este jueves, después del escándalo que los medios ya están titulando como “caso Petroperu”, la empresa estatal declaró la nulidad de la licitación y aseguró que investigará el proceso para determinar si hubo coimas involucradas.

El escándalo es más grande todavía: Samir Abudayeh ganó varios contratos tras reunirse con Castillo

El empresario de familia palestina, también es dueño de Herco Combustibles S.A., una compañía que obtuvo la buena pro de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) por más de 1 millón de soles para la adquisición de 67.000 galones de combustible aéreo turbo A-1 en Pucallpa, en la región Ucayali.

De acuerdo a información de El Comercio, la contratación directa (es decir, sin un proceso de licitación) que hizo la FAP con la empresa de Abudayeh se sustentó con un informe del Departamento de Hidrocarburos del Servicio de Abastecimiento Técnico (Sebat), del 30 de septiembre.

La FAP realiza operaciones aéreas en Pucallpa de acuerdo a la política del señor presidente de la República para lo que se requiere contar con un abastecimiento oportuno de combustible de aviación turbo A-1 en el aeropuerto internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo”, se menciona en el documento, que parece tirarle la pelota a Castillo.

Herco Combustibles S.A. fue constituida en enero del 2001 por Samir Abudayeh y otros miembros de su familia con un capital de 2 mil soles para la “comercialización y distribución al por mayor de combustible y demás derivados del petróleo”. En el 2017, el capital social de la firma se incrementó a 27,8 millones de soles.

Fechas del proceso

El presidente Pedro Castillo se reunió con Abudayeh el viernes 15 y el lunes 18 de octubre en el despacho presidencial. Luego, el 22 de octubre, la Dirección General de Logística de la FAP aprobó la contratación con Herco Combustibles S.A. como proveedor único.

La invitación a la compañía de Abudayeh para que participara en esta licitación se efectuó el lunes 15 de noviembre. El miércoles 17, la empresa presentó la propuesta y al día siguiente, el jueves 18, se le adjudicó la buena pro.

El contrato de adjudicación fue suscrito el martes 30 de noviembre entre el mayor general FAP Antonio Cossio, a nombre del Servicio de Abastecimiento Técnico de la FAP, y Luis Valderrama, representante legal de Herco Combustibles S.A., dos nombres que serán investigados por la justicia por todo este caso.

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