Conecte con nosotros

Perú

El Presidente del Congreso pidió disculpas por llamar a la Fuerzas Armadas pero las tensiones siguen al rojo vivo

Manuel Merino finalmente salió a pedir disculpas por haberse puesto en contacto con las Fuerzas Armadas durante el proceso de vacancia del presidente Vizcarra, que finalmente no prosperó y ni el partido de Merino votó a favor.

Publicado

en

Luego de que el Congreso decidiera no remover al presidente Vizcarra por su participación en el caso de corrupción de “Richard Swing”, justificándose con que se quería mantener la gobernabilidad, muchas heridas aún quedaron abiertas.

El jueves 10 de septiembre, cuando se revelaron los audios vergonzosos del Presidente, el Presidente del Congreso de Perú, Manuel Merino, había decidido llamar a las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas para que intervengan en el proceso. 

De acuerdo a las revelaciones de la organización sorosiana, IDL-Reporteros, Merino había llamado primero al General EP Cesar Astudillo, Comandante General de las Fuerzas Armadas peruanas, quién no decidió no contestarle; solo se limitó a dar aviso al Ministro de Defensa. 

Luego, Merino llamó al Almirante AP Fernando Cerdán Ruiz, Comandante General de la Marina, con quien sí llegó a establecer comunicación. El Presidente del Congreso le dijo que, en el marco constitucional, posiblemente se lleve a cabo la vacancia del Presidente y que esperaba que el proceso se lleve a cabo “con normalidad”. La única respuesta del Almirante fue que había comprendido. 

Manuel Merino, Presidente del Congreso, junto a Martín Vizcarra, Presidente de la Nación.

Ad

Sin embargo, como hicieron los medios hegemónicos durante todo el proceso de vacancia, se tergiversaron los hechos para que una solicitud de no intromisión se convirtiera a los ojos del público en una “intentona” de golpe de Estado.

La respuesta de Gobierno fue una demostración de fuerza: el 12 de septiembre, el primer ministro, General EP(r) Walter Martos Ruiz, realizó un fuerte pronunciamiento informando que el Gobierno iba a presentar una demanda constitucional en contra de la vacancia en el Tribunal Constitucional, además de señalar su indignación por las llamadas de Merino. 

Lo llamativo del pronunciamiento fue que estuvo acompañado de: 

  • General EP Jorge Celiz Kuong, Comandante General del Ejército del Perú.
  • Almirante AP Fernando Cerdán Ruiz, Comandante General de la Marina de Guerra del Perú.
  • General EP César Astudillo Salcedo, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
  • General FAP Rodolfo García Esquerre, Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú.
  • General PNP Orlando Velasco Mujica, Comandante General de la Policía nacional del Perú.
  • General PNP(r) César Gentile, Ministro del Interior.
  • General EP(r) Jorge Chávez, Ministro de Defensa.
  • Ana Neyra, Ministra de Justicia.
Es decir, en el pronunciamiento se mostraba que las Fuerzas Armadas, representadas por sus máximas autoridades, eran obedientes al presidente Vizcarra a pesar de lo escuchado en los audios presentados al Congreso. Es simbólico que el pronunciamiento del gobierno en contra del procedimiento de vacancia presidencial se realizara por 7 generales, 1 almirante y solo una civil. 

Walter Martos Ruiz, junto a miembros del gabinete presidencial y del Ejército, pretendieron vender la ilusión de un intento de golpe de Estado parlamentario.

Ad

Finalmente, atosigado por la prensa, Manuel Merino terminó pidiendo disculpas por sus llamadas, “expreso mis disculpas a las Fuerzas Armadas; sin embargo, quiero dejar en claro que no hubo en ningún momento alguna intención que se aleje del respeto al Estado de derecho”.

A pesar de los avisos de Merino y de su certeza en cuanto a la vacancia, la misma no prosperó y Vizcarra quedó exonerado, a pesar de que casi todos los votos que se emitieron en su favor fueron para “mantener la gobernabilidad” y no porque crean de su inocencia.

La moción de vacancia, presentada por el partido Unión Por Perú, contó en su admisión en el recinto con amplio apoyo del partido Acción Popular, de Manuel Merino, con 16 votos a favor, 4 en contra y solo 3 abstenciones.

Sin embargo, luego de casi una semana de debates en el Congreso, del escándalo con las Fuerzas Armadas y una enorme presión mediática, Acción Popular votó masivamente en contra de la vacancia, con solo 2 votos a favor y 21 en contra.

Ad

El gobierno de Vizcarra mantiene un fuerte vínculo con las Fuerzas Armadas e incluso tiene como ministros a varios miembros retirados de éstas, y esto es lo que le ha permitido al Presidente quedarse al frente del Poder Ejecutivo por tanto tiempo, a pesar de tener una montaña de casos de corrupción en su contra, un complot de destitución del ex presidente Kuczynski, y un Parlamento fragmentado.

Sin ir más allá, en 2019, Martín Vizcarra cerró el anterior Congreso, de mayoría fujimorista, cuando éste lo declaró como “incapaz”. En ese momento, Vizcarra zanjó cualquier posible debate parlamentario cuando se mostró en una fotografía acompañado de las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas. 

Rápidamente, Vizcarra cerró el Congreso y convocó a nuevas elecciones, para evitar su desequilibrio político y evitar que éste cambie a los magistrados del Tribunal Constitucional, que ya llevan varios años con sus periodos vencidos. 

Son precisamente estos tribunos constitucionales los que analizaron la demanda de Vizcarra en contra del Congreso anterior y le dieron la razón. Muchos congresistas votaron en contra de la vacancia también porque sabían que el Presidente está blindado por estos jueces que, ante cualquier intento de remoción, podrían aceptar una nueva demanda y evitar su salida.

Cabe aclarar que las Fuerzas Armadas peruanas durante el gobierno del Teniente Coronel(r) Ollanta Humala Tasso, de extrema izquierda alineado a Chávez y Lula, sufrieron una serie de modificaciones en su composición y sus reglas de acceso a la promoción militar.

Desde entonces, a pesar de los gobiernos conservadores que lo sucedieron, hubo enormes purgas de militares de centro o de derecha, quedando solamente los más adeptos a la ideologización de las Fuerzas. 

Hoy el Alto Mando de los militares peruanos apoyan ideas posmodernas feministas y se muestran siempre deliberantes a favor de Presidentes de línea progresista, como sucede con Vizcarra. 

Seguir Leyendo
Haga clic para comentar

Usted debe estar conectado para publicar un comentario Inicio de sesión

Deja una Respuesta

Perú

El gobierno comunista de Perú busca nacionalizar el yacimiento de gas de Camisea

Publicado

en

Castillo y Bellido tienen los ojos puestos en el yacimiento de gas más importante del país, responsable de producir el 40% de la energía eléctrica del país y dejar una producción equivalente al 0,5% del PBI.

El primer ministro de Perú, el comunista Guido Bellido, amenazó este domingo con nacionalizar el yacimiento de gas de Camisea si el consorcio formado por la argentina Pluspetrol, la española Repsol y la estadounidense Hunt Oil, entre otras empresas, se niega a “renegociar” el reparto de beneficios dándole más regalías al Estado.

En un mensaje publicado en Twitter, Bellido aseguró que el Gobierno está convocando al consorcio para que acepte entregar una cuota mayor al Estado de las ganancias obtenidas por la venta del gas de uno de los mayores yacimientos de Latinoamérica.

“Caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento”, publicó Bellido, cumpliendo con sus promesas de campaña.

Esta es una total violación de los derechos de propiedad de las empresas, ya que hay un contrato vigente que determina las repartijas de utilidades con el Estado. También hay un momento para renegociar este reparto, y es cuando vence el actual contrato y se debe firmar uno nuevo. El plazo de concesión de 15 años venció en 2019, y ese año fue extendido 5 años más, por lo que hasta 2024 el contrato no puede ser renegociado.

Dentro del consorcio de Camisea, Pluspetrol es el socio mayoritario con 27,3% de participación, seguido de la estadounidense Hunt Oil (25,1%), la coreana SK Innovatión (17,6%), la española Repsol (10%), la argentina Tecpetrol (10%), y la argelina Sonatrach (10%).

Sin embargo, desde 2019 está bloqueada la compra de la participación de SK Innovatión por parte de Pluspetrol al exigir el Estado peruano la firma de una cláusula anticorrupción que obligaba al comprador a desprenderse de sus derechos sobre el yacimiento en caso de que en adelante se hallara algún caso de corrupción en Camisea.

Pluspetrol se encarga desde 2004 de realizar las actividades de exploración y explotación de las reservas de gas natural en los bloques 56 y 88 de Camisea y su posterior procesamiento en la planta de fraccionamiento de Malvinas, ubicada a orillas del río Urubamba, donde se separan los líquidos y el gas seco.

De esta forma, Camisea procesa 92% de la producción fiscalizada de gas natural de Perú y su gas permite generar más del 40% de la energía eléctrica consumida a nivel nacional. Durante sus primeros 15 años de operaciones, Camisea facturó 30.000 millones de dólares tras una inversión de 5.000 millones de dólares y generó regalías para el Estado peruano por valor de 8.000 millones de dólares, lo que equivale al 0,5 % del Producto Interior Bruto (PIB) del país.

Una caja así en manos de Pedro Castillo podría ser la mina de oro que el gobierno comunista peruano estaba buscando para financiar sus políticas públicas. De todos modos, una nacionalización de Camisea tendría resultados desastrosos para Perú, y el país podría entrar en el largo plazo en una severa crisis energética como Cuba o Venezuela.

Seguir Leyendo

Perú

Pedro Castillo busca declarar a los medios “necesidad pública” y avanza sobre la libertad de prensa

Publicado

en

Desde el Congreso la bancada de Perú Libre promueve un proyecto de ley para controlar los medios de comunicación nacionales y promover los medios

En la última semana se dio a conocer la propuesta legislativa de Augusto Reyes Cam, diputado de la bancada del partido comunista Perú Libre por el departamento de Huánuco para nacionalizar la radiodifusión, la difusión por aire y cable, además de los medios digitales.

El proyecto de Ley 269/2021-CR buscar “declarar de necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación, u la transmisión en el territorio nacional“. 

La declaración de necesidad pública le permitiría al Poder Ejecutivo echar mano en estos sectores y operarlos como si estuvieran prácticamente nacionalizados. La ley además le otorgaría al Estado obligaciones tales como garantizar proyectos descentralizados de medios de comunicación, fomentar la mayor cantidad de emisoras de radio y televisión posibles a través de creación de nuevos medios estatales, generar condiciones necesarias para garantizar que todas las comunidades puedan desarrollar sus propias iniciativas de comunicación, incentivar la inversión en la producción nacional, entre otras. 

El enfoque del proyecto se centra en un favorecimiento de televisoras y radios alejadas de la capital, una consecuencia directa al apoyo que tiene el gobierno en las provincias. Perú Libre ha centrado sus esfuerzos en políticas separatistas que buscan la confrontación entre capital e interior.

Por ejemplo, el primer ministro Guido Bellido solo ha querido responder las preguntas de los periodistas en el idioma quechua. Esta política generará problemas a largo plazo; y promueve tensiones innecesarias entre compatriotas.

Lo más preocupante es el artículo 4 de la ley, que contempla que en caso de que el Ejecutivo declare en emergencia el sector, con carácter excepcional y transitorio, podrá asumir de manera temporal la prestación directa de determinados servicios o la explotación de ciertas redes de telecomunicaciones. Este dispositivo puede entrañar una seria amenaza a la libertad de expresión.

Guido Bellido, mientras se dirige hoy ante el Congreso, en Lima (Perú). EFE/Agencia Andina

La prensa en Perú lleva unos días mucho más agitados de los que creería. La prensa peruana siempre ha apoyado, de manera desvergonzada, a la izquierda progresista en Perú. A cambio, diversos gobiernos les devolvían miles de millones de soles a través de publicidad estatal.

Esto llegó a un punto de quiebre cuando la prensa engañó a miles de jóvenes para que ataquen violentamente a la policía y con ello se provoque la caída del presidente constitucional Manuel Merino, en 2020. La prensa solicitaba que se declare presidente a cualquier representante del Partido Morado y llegó hasta a difundir que la policía estaba realizando desapariciones forzadas de jóvenes, falsedad que desesperó a muchas familias. 

Luego de ello, con la creciente desconfianza en la prensa y con el cambio de directorio en el grupo más importante de medios de comunicación, Grupo El Comercio, la prensa comenzó a ser menos parcializada, en especial debido al ascenso del comunismo en Perú, lo cual ni siquiera los medios más de izquierda apoyaron.

Es a raíz de este ligero alejamiento de la prensa y la izquierda que Pedro Castillo y su partido comenzó con ataques a la prensa. Además de usar el quechua para humillar a periodistas diciendo insultos que no entienden; hubo múltiples actos de violencia contra periodistas de militantes comunistas. 

El programa Beto a Saber, mediante su reportaje “Ayayeros Tv”, ha revelado que se realizarían inversiones multimillonarias en medios regionales ajenos a la capital para que sean favorables al gobierno.

Según Beto a Saber, Nacional TV sería un gran medio de comunicación que solo se dedicaría a defender al partido Perú Libre. Además, se revelaron audios de Bellido en los que refiere que “(…) hay un profundo agradecimiento respecto a todos nuestros hermanos de la prensa regional. El tema de la prensa, los fondos que van a ser asignados para el trabajo de la prensa tienen que ser descentralizados (…)”. Con estos audios se puede entender mejor el contexto de la prensa en el nuevo Perú dominado por el comunismo y la intención del proyecto de ley mencionado.


Por Miguel Morocho Yucra, para La Derecha Diario.

Seguir Leyendo

Perú

Murió Abimael Guzmán: el cabecilla del comunista Sendero Luminoso y el peor terrorista de la historia peruana

Publicado

en

Su nombre completo era Manuel Rubén Abimael Guzmán Reinoso. Nacido en Islay, Arequipa, el 3 de diciembre de 1934, fue el más sanguinario terrorista peruano de la historia, y sin lugar entra en el podio de los líderes guerrilleros más brutales de la historia de América.

Esta mañana, a los 86 años, falleció mientras cumplía cadena perpetua en el centro de reclusión de máxima seguridad de la Base Naval del Callao. Su muerte además vino en un momento de pleno debate en el nuevo gobierno comunista, ya que una buena parte del gabinete estaba presionando al presidente Pedro Castillo para que lo liberaran.

Guzmán, capturado en 1992, recibió la máxima condena carcelaria por sus acciones terroristas y genocidas que empezaron en mayo de 1980. Primero lo condenó un tribunal militar el mismo año de su captura, y luego un tribunal civil en el 2006.

En 1962, Guzmán había empezado a dictar sus clases de Historia de la Filosofía en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, donde sería popular entre los jóvenes estudiantes más ideologizados y radicales. Venía de perder su puesto de profesor de filosofía en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, y por ello había decidido probar suerte en Ayacucho.

Desarrolló su plan estratégico de propaganda ideológica entre los estudiantes huamanguinos, con quienes lanzó el grupo terrorista Sendero Luminoso, dentro del Partido Comunista del Perú. Por varios años fue un reconocido profesor y conferencista caracterizado por su feroz retórica, radical y violenta; quien llamaba a los más jóvenes a levantarse en armas.

Guzmán adoctrinaba y reducía los graves y profundos problemas del país en cuatro o cinco lemas, inspirados en la ideología china de Mao Tse Tung que repetía hasta la saciedad. Así convencía a los jóvenes radicalizados, muchos de los cuales eran hijos de campesinos, que vivían indignados contra lo que veían como un sistema opresivo de maltrato.

El ataque en Chuschi, Ayacucho, en 1980 dio inicio a los actos terroristas de Sendero Luminoso. (Foto: LUM)
El ataque en Chuschi, Ayacucho, en 1980 dio inicio a los actos terroristas de Sendero Luminoso. (Foto: LUM)

El inicio de la barbarie terrorista en el Perú

Poco antes del inicio de las acciones terroristas, en mayo de 1980, Abimael Guzmán había sido capturado por la Policía, pero con pocas pruebas en su contra fue liberado. De esta forma, el cabecilla terrorista ingresó a la clandestinidad en 1979 y desde entonces se hizo imposible hallarlo, convirtiéndose en un mito para sus huestes fanatizadas. Poco tiempo después, con Sendero Luminoso, iniciaría una historia de sangre, abusos y violencias sin precedentes en la historia del Perú.

Los primeros atentados terroristas ocurridos a partir de mayo de 1980 (Chuschi, Municipalidad de San Martín de Porres, tumba de Velasco, etc.) sorprendieron a la sociedad peruana. Fue la etapa en la que se barajaban varios autores de esos crímenes, desde abigeos politizados hasta montoneros de Argentina.

Las autoridades tardaron años en identificar a los primeros grupos de extremistas de la izquierda maoísta mientras estos hacían lo que querían por el Perú.

No fue hasta la llegada de Alberto Fujimori en 1990 que el gobierno peruano no armó un plan estratégico integral para identificar a los miembros de Sendero Luminoso y lanzar acciones anti subversivas.

Durante más de dos meses los miembros del GEIN espiaron la casa de Garrido Lecca y Carlos Incháustegui. (Foto: Archivo histórico de El Comercio)
Durante más de dos meses los miembros del GEIN espiaron la casa de Garrido Lecca y Carlos Incháustegui. (Foto: Archivo histórico de El Comercio)

La captura del siglo: Abimael Guzmán cae en Surquillo

Un 12 de septiembre de 1992, hace 29 años y un día, la Primera División de Inteligencia del Estado (conocida como GEIN), lo capturó ejecutando el exitoso Plan Victoria.

Fue hallado en la casa de la urbanización Los Sauces, en Surquillo, junto a estudiantes y pensando que nunca sería capturado. Sendero insistió con que si no era liberado seguiría con más atentados, pero Fujimori no dio el brazo a torcer y la cúpula de esta organización criminal fue cayendo poco a poco hasta ser desarticulada y desconectada de los mandos medios y militares. Fue el inicio de su fin.

Abimael Guzmán Reinoso, el llamado por sus fanáticos “presidente Gonzalo”, fue capturado vivo, sin recibir ningún daño. Se rindió y punto. Esto impidió que su figura política se convirtiera en una especie de héroe para sus huestes o un mártir para el comunismo de la época.

Genocidios como el de Lucanamarca, donde fueron asesinadas 69 personas, entre ancianos, mujeres y niños; y la masacre del pueblo Asháninka, en la selva peruana, donde se determinó que hubo 6.000 asháninkas asesinados, 5.000 desaparecidos y 10.000 desplazados porque no querían adoptar la doctrina comunista de Sendero, reflejaban apenas una parte del dolor criminal que Abimael Guzmán infringió al Perú.

A estos casos se deben sumar cientos de atentados con coches bomba en todo el país, como los del jirón Tarata, en Miraflores, y del local del Canal 2, en Jesús María, así como incontables explosiones en diversos lugares a lo largo de todo el territorio nacional. Asesinatos selectivos como el de alcaldes, gobernadores, prefectos, militares y policías, y también dirigentes populares como María Elena Moyano, en Villa El Salvador (1992).

Un 24 de setiembre de 1992, en un día considerado histórico, Abimael Guzmán Reinoso fue presentado en una jaula y con un traje a rayas para que la población sepa que el gobierno había apresado al mayor terrorista de la historia. Finalmente recibió condena militar y condena civil, ambas de por vida.


Con información del diario El Comercio, del Perú.

Seguir Leyendo

Trending