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Perú

El primer mes del nuevo presidente izquierdista Francisco Sagasti estuvo repleto de crisis y conflictos con la policía y el sector agrario

El nuevo Presidente del Perú, Francisco Sagasti, no lleva ni un mes en el cargo y ya generó las peores crisis del año, cuando trató de intervenir la Policía Nacional y cuando ordenó la represión de protestas del sector agrario.

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En tan solo unas semanas al frente de la Presidencia, luego de ser designado interinamente por el Congreso, el nuevo mandatario de Perú, Francisco Sagasti, ya atravesó una serie de crisis que demostraron el nivel de incompetencia del nuevo gobierno de izquierda que llegó al poder luego de que removiera al Manuel Merino de la casa de gobierno.

En menos de un mes, Sagasti manipuló la institucionalidad de la Policía Nacional y trató de intervenirla, forzando la salida de un miembro clave de su gobierno, mientras tuvo un levantamiento agrario que terminó reprimiendo con ferocidad, al silencio de la prensa de izquierda.

Crisis Policial

El 24 de noviembre, Sagasti colocó como Comandante General de la Policía a César Cervantes Cárdenas; quien venía siendo ascendido a general de forma irregular en la época del ministro Carlos Basombrío, de corte progresista. El problema surge porque la ley indica que el Presidente nombra como Comandante General a uno de los 3 primeros generales en el escalafón; y al elegir a uno de ellos, los que estén antes en el escalafón tienen que pasar a situación de retiro. Cervantes era el número 18, vale decir, y al elegirlo hizo retirar a 18 generales de la Policía Nacional. 

Comandante General César Augusto Cervantes Cárdenas.

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Por esta acción no solo se dejó sin comando a muchas regiones policiales de un día para el otro, sino que otros generales también presentaron sus renuncias por semejante atropello a sus colegas, muchos de los cuales habían tenido treinta o más años de carrera en la Policía Nacional. 

Sagasti se defendió diciendo que debía hacer una renovación extraordinaria en las Fuerzas por la supuesta represión policial durante la semana de protestas contra el entonces presidente Merino a principios de noviembre, en la que dos jóvenes murieron en circunstancias poco claras, donde todo indica que fue por fuego de sus propios compañeros protestantes en medio del caos.

Por esta medida, todos los ojos se pusieron en el Ministro del Interior, Rubén Vargas, quien había sido Viceministro de Basombrío y cercano a Cárdenas, y se cree que vino de su parte la recomendación.

Ante el silencio mediático que apoya a Sagasti, varios policías tomaron cartas en el asunto e investigaron por su propia cuenta al Ministro. Éstos presentaron en una cadena de radio partidas de nacimiento de Vargas que demuestran que Zenón "El Zorro" Vargas es su medio hermano. Este medio hermano es alto cabecilla de la organización terrorista comunista Sendero Luminoso y había sido mano derecha del sanguinario Abimael Guzmán. 

Apenas conocida esta noticia el ministro Vargas renunció a su cargo y se convirtió en la primera baja del nuevo gabinete progresista que había armado Sagasti. Como se esperaba, los medios de comunicación masivos solo comunicaron la salida del Ministro, pero ocultaron todo lo que pudieron la información de su hermano. 

Zenón "El Zorro" Vargas, hermano del ahora ex ministro Rubén Vargas.

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Crisis Agraria

El pasado 30 de noviembre, sorpresivamente, grupos de trabajadores agrarios de la Región Ica, al sur de Lima, bloquearon la carretera Panamericana Sur luego de haber destruido instalaciones de las empresas agrarias. 

La respuesta del gobierno fue prohibir la acción policial que quería reestablecer el orden. Los trabajadores solicitaban la eliminación de la Ley de Promoción Agraria, que fue promovida en la época fujimorista y favorece la producción agraria dde las empresas privadas. 

Si bien la Ley logró todos sus objetivos de incrementar la producción y las exportaciones, y redujo la informalidad y la evasión fiscal; los trabajadores aseguran que sus sueldos decayeron mucho desde la introducción de estas normas y ahora exigen que se aumente el jornal base de 39,5 nuevos soles a 50 nuevos soles (que sería de 11 dólares a 14). 

Panamericana Sur.

El 2 de diciembre, se sumaron a los bloqueos agrarios manifestantes en el norte del país, que terminaron bloqueando la carretera Panamericana Norte. 

Las protestas se intensificaron cuando entre el caos hubo un agricultor fallecido, de nombre Jorge Muñoz Jiménez que tenía sólo 19 años

El 4 de diciembre se sumaron mineros a bloquear la carretera central y, mientras había unas manifestaciones en la capital, falleció otro joven en las protestas de Virú, Denis Fernández González, de 23 años. Este último joven fue atropellado.

Carretera central.

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Ante esta situación, en vez de controlar el caos con las fuerzas del orden o sentarse a negociar una mejora de la Ley, la respuesta de Sagasti fue la derogación total de la Ley Agraria en el Congreso.

Finalmente, cuando Sagasti se dio cuenta que las manifestaciones no se calmaban y al ver que Lima quedaba bloqueada por el norte, centro y sur, se vio en la necesidad de ordenar la respuesta policial. A las pocas horas se pudo reabrir las carreteras, pero lo más interesante de todo esto fue la respuesta de la prensa corporativa. 

La Ley de Promoción Agraria había sido prorrogada por 10 años por el ex presidente Martín Vizcarra, e incluso había sido favorecida por el actual partido oficialista, el Partido Morado, un partido ultra-progresista que cada vez se sitúa más cerca de la extrema izquierda. 

Mientras los protestantes culpaban al Congreso de haber aprobado esta Ley, la prensa nuevamente mostraba su faceta de activismo política. En la semana de gobierno de Merino, la prensa en general clamaba por la salida de Merino a quien acusaban de asesino debido al fallecimiento de los manifestantes Bryan Pintado e Inti Sotelo. A la policía, durante el gobierno Merino, se le acusó de desapariciones forzadas y de atacar con armas de fuego a los civiles. También, la izquierda catalogó de héroes de la democracia a estos dos jóvenes.

Ahora, en medio de este conflicto, la prensa tocó tangencialmente el asesinato de estos dos jóvenes agricultores en pleno gobierno de Sagasti.

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Varios usuarios de Twitter mostraron las opuestas reacciones de los izquierdistas por las muertes del gobierno de Merino y las del gobierno de Sagasti. Muchos en las redes también han reclamado que a estos jóvenes no fueron declarados como héroes por la prensa izquierdista porque eran trabajadores; mientras que los fallecidos en la capital, uno había sido detenido por tráfico ilícito de drogas y el otro había sido sentenciado por hurto.

El 3 de diciembre, ya con el nuevo Ministro del Interior, Fernando Aliaga (quien también fue despedido esta semana), y con la muerte de uno de los dos jóvenes trabajadores (el otro falleció el 4), el Congreso le dio la confianza al gabinete de ministros dirigido por la feminista Violeta Bermúdez Valdivia. 

Este gabinete es de extrema izquierda en lo social y cultural, casi todos con ideologías revolucionarias, feministas, abortistas, indigenistas y de género, y marcan el nuevo rumbo que toma Perú, un país con profundas raíces conservadoras.

En abril del 2021 habrán elecciones presidenciales, y si bien todavía no hay candidatos que sobresalgan del resto, el gobierno de Sagasti está acumulando poder y el izquierdista Partido Morado cada vez crece más.

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Ecuador

Perú anuncia una auditoría para determinar si facciones rebeldes de sus FFAA están entregando armas a los pandilleros en Ecuador

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La auditoría permitirá determinar si las Fuerzas Armadas del Perú le entregaron entre los años 2011 y 2016, cuando gobernaba el izquierdista Ollanta Humala, armamento peruano a los grupos criminales de Ecuador.

El ministro de Defensa de Perú, Jorge Chávez, ha anunciado este miércoles que el Gobierno de la presidente Dina Boluarte inició una rigurosa auditoría para determinar si las municiones y artefactos explosivos de algunos grupos delictivos de Ecuador procedían de arsenales de las Fuerzas Armadas peruanas, como reportó la policía ecuatoriana esta semana.

"Se ha determinado que existe una presunta posibilidad de que algunas de esas municiones, explosivos o granadas hayan salido en épocas pasadas de los almacenes de las Fuerzas Armadas", ha reconocido el ministro Chávez.

Según ha relatado el encargado de Defensa a la emisora RPP, las armas, municiones y artefactos explosivos que se les vieron a los encapuchados armados que asaltaron el martes las instalaciones de la cadena ecuatoriana TC Televisión en Guayaquil podrían proceder de Perú.

Chávez ha confirmado que por lo menos el número de serie de una granada incautada a los delincuentes, coincidía con un arsenal obtenido por Perú en 2016, razón por la que decidieron lanzar una auditoría general de todos los inventarios.

"Lo que tenemos que hacer es garantizar que esos hechos sucedidos en años anteriores no se vuelvan a producir, por lo tanto, se están llevando a cabo todas las acciones para evitar justamente eso. El arsenal de guerra debe ser custodiado adecuadamente", ha dicho.

Entre los años 2011 y 2016, gobernó en Perú el presidente de extrema izquierda Ollanta Humala, hermano de Antauro Humala, líder terrorista fundador del movimiento etnocacerista, y se creó una facción dentro de las Fuerzas Armadas vinculadas al castrochavismo en la región.

Se cree que durante esos años, el arsenal de las fuerzas militares peruanas fue puesto en función de grupos narcoterroristas de la región, y muchas de sus armas, municiones y granadas terminaron en manos de guerrilleros en Colombia, Ecuador y Venezuela.

Si bien no había evidencia fuerte que sostenga esta suposición en los últimos años, la denuncia de la Polícia ecuatoriana fue tomada con extrema seriedad por el actual Gobierno peruano, que lanzó esta auditoría para que, por primera vez en casi una década, se sepa la verdad.

Ecuador atraviesa la peor crisis de seguridad de su historia reciente, luego de que los grupos narcos que eran parte del Gobierno de Rafael Correa le declarasen la guerra al nuevo mandatario Daniel Noboa. Luego de una serie de arrestos de alto perfil, los narcos salieron a las calles a cometer olas de crímenes y estallaron motines en varias prisiones del país, donde los líderes de estas pandillas se dieron a la fuga.

En medio de este caos, Noboa declaró el Estado de Excepción y el Conflicto Armado Interno, y le ordenó a las Fuerzas Armadas de Ecuador que neutralice a 22 grupos guerrilleros, que ahora se investiga si recibieron armamento peruano entre los años 2011 y 2016.

En este contexto, un grupo de encapuchados armados asaltó el martes las instalaciones de la cadena TC Televisión, que rápidamente fue rodeada por agentes de Policía que finalmente lograron evacuar a los empleados y detener a los delincuentes, entre los cuales se descubrieron armas de orígen peruano.

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Perú

El ex presidente de Perú Alberto Fujimori quedó en libertad: El legado del “capitalismo popular” a tres décadas del milagro económico

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Las reformas del expresidente sentaron las bases para el crecimiento, la estabilidad y ahorro en la economía peruana después del desastre socialista. El país recuperó la moneda y desarrolló el llamado “capitalismo popular” que sigue dando resultados incluso al día de hoy.

Este miércoles, la Corte Constitucional de Perú ordenó la liberación inmediata del ex presidente Alberto Fujimori, una figura emblemática de la década de 1990 y la política peruana. Quedó sin efecto la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había revocado el indulto del ex presidente Kuczynski.

Su paso por la presidencia sentó las bases de una verdadera revolución económica que fue bautizada como el modelo de “capitalismo popular” de Perú. Pese a la importante inestabilidad política que sufre el país al día de hoy, la situación macroeconómica se muestra increíblemente independiente: la inflación está bajo control, el ahorro en moneda doméstica es más significativo que nunca y el nivel de actividad logró recuperarse de la pandemia, pese a la ligera tendencia recesiva de la segunda mitad del año.

Esta independencia entre el factor político y el factor económico no siempre estuvo presente en el Perú. Para la década de 1980, la economía del país era, y con diferencia, una de las más diezmadas y pobres de toda la región. No solo por sufrir episodios crónicos de inflación y crisis de balanza de pagos, sino además por mantener un nivel de ingreso por habitante muy inferior al promedio de América Latina.

El presidente Alan García llevó a cabo un experimento de corte socialista que terminó por desequilibrar completamente la economía hacia el final de su mandato. Su gestión finalizó con un nivel de aprobación oscilando entre el 18% y el 21%, cuando había llegado al poder con una imagen positiva superior de hasta el 80% de la opinión pública.

El llamado “aprismo” implementó un programa heterodoxo que expandió fuertemente el déficit fiscal del 3,7% del PBI en 1985 al 6,7% en 1986, y casi un 9% del PBI para 1987. Estos desequilibrios fueron financiados con emisión monetaria sin respaldo, ya que el Gobierno se resistía a modificar la estructura impositiva para financiar el despilfarro.

La tasa de inflación interanual creció del 65% al 114,5% entre enero y diciembre de 1987, mientras que el Gobierno respondió con la masiva extensión de los controles de precios e incluso intentó estatizar el sistema bancario del Perú como una supuesta receta para combatir el alza de precios.

El mes de julio de 1990 fue particularmente caótico para Perú: el proceso hiperinflacionario se tornó violento e inmanejable y los precios aumentaron un 396% solamente en ese mes, algo nunca antes visto en la historia económica peruana. La inflación interanual había superado el 3.000%.

Al mismo tiempo en que se producía la hiperinflación también se produjo la recesión más violenta en la historia del país: el nivel de actividad se desplomó un 24% entre el tercer trimestre de 1987 y el segundo trimestre de 1990, el último de Alan García en el poder.

En medio de un clima hiperinflacionario y una recesión profunda, Alberto Fujimori asumió la presidencia del Perú el 28 de julio de 1990, dando lugar a una serie de reformas económicas que fueron el pilar del modelo económico fujimorista que incluso hoy en día se mantiene casi inalterado.

La nueva administración respondió con la aplicación de un programa de shock denominado popularmente como “Fujishock” para terminar con la hiperinflación, de la mano del ministro de Economía Juan Carlos Miller. Fueron adoptadas las siguientes medidas:

  • Liberalización del mercado cambiario
  • Rebaja generalizada de aranceles a la importación y eliminación de recargos
  • Desregulación del comercio exterior
  • Desregulación del sistema financiero y las tasas de interés bancarias
  • Eliminación de los controles de precios y salarios
  • Endurecimiento de la política monetaria hasta las últimas consecuencias 

Desde 1992, se implementó un programa de esterilización para la emisión, y en 1993 Fujimori aprueba una reforma en la carta orgánica del BCRP atada a la nueva Constitución que aprobó ese mismo año, garantizando autonomía para la autoridad monetaria y prohibiendo por ley la financiación espuria al Estado

Al mismo tiempo, el Gobierno fujimorista decidió emprender un importante programa de austeridad fiscal, racionalizando la administración pública, actualizando el valor de las tarifas de los servicios públicos regulados y privatizando la mayoría de las empresas del Estado. La terapia de shock logró un nivel inédito de credibilidad que consiguió derribar la inflación mensual hasta un promedio del 6,4% durante todo 1991.

A partir de 1993, la economía peruana experimentó un crecimiento vigoroso del PBI y de todos sus indicadores económicos, financieros y humanos, y todos esto con una envidiable estabilidad de precios, una situación que no se veía desde principios del siglo XX en ese país y tampoco se había logrado en otras partes del continente.

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Argentina

El presidente del Banco Central de Perú vino a Argentina para explicar el éxito de las reformas de Fujimori: "Si yo hiciera lo que hace el BCRA, iría preso"

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Las reformas del expresidente garantizaron la independencia del Banco Central por vía constitucional. Se prohibió la asistencia monetaria al Gobierno nacional, se prohibió el cepo cambiario, y la inflación se estabilizó en la década del 90 a partir de un cambio de régimen creíble.

El economista Julio Velarde Flores, que ocupa la dirección del Banco Central de Perú de forma ininterrumpida desde el año 2006, viajó al Coloquio de IDEA en Mar del Plata para explicar el éxito del modelo económico heredado de la presidencia de Alberto Fujimori. Bajo la administración de la derecha, Perú logró sentar las bases para un proceso de crecimiento sostenido y sin inflación por primera vez en su historia.

Flores explicó que el pilar de la estabilidad macroeconómica del Perú son las reformas emprendidas en el país en la década de 1990, y en particular la del Banco Central a partir de 1992. El presidente Fujimori reformuló la carga orgánica de la autoridad monetaria prohibiendo expresamente el financiamiento al Tesoro de forma directa, y se estableció un tope de sólo el 5% de la base monetaria para la compra de títulos públicos en el mercado secundario (lo que se conoce como flexibilización cuantitativa).

Por otra parte, el Banco Central de Perú perdió la capacidad de fijar un cepo cambiario para limitar las operaciones, algo que según el propio Flores constituye una causal de despido inmediato de su cargo.

También se prohíben expresamente los créditos para la banca de fomento, y se prohíbe fijar tasas de interés arbitrarias o subsidiarias para determinados sectores específicos (algo que en Argentina es muy habitual).

Flores explicó que Perú ensayó diversos intentos por “independizar” el Banco Central del poder político con simples reformas de su carga orgánica, una estrategia similar al que hoy propone el espacio de Patricia Bullrich y Carlos Melconian. Pero esto fracasó por la falta de credibilidad, hasta tal punto de sufrir un violento episodio hiperinflacionario entre 1990 y 1991.

Esas prohibiciones son efectivas. Pero la autonomía no es todo. La autonomía del Banco Central de Perú data de 1979, y luego tuvimos hiperinflación. Tiene que haber una real independencia política, y eso se logró recién en 1992”, explicó el presidente de la autoridad monetaria peruana.

El cambio de régimen creíble solamente se produjo en 1993, cuando el presidente Fujimori convalidó todas las reformas emprendidas en el Banco Central por medio de una nueva Constitución que rige hasta el día de hoy. Esta es la verdadera garantía de independencia del poder político, y no simplemente el mero rediseño de la carga orgánica. La Constitución fujimorista sentó las bases para la estabilidad y el crecimiento del país a 30 años de su sanción.

La propuesta de Juntos por el Cambio no se parece en nada al caso peruano, porque no se ofrece ninguna garantía del calibre constitucional que ofreció Fujimori para independizar al Banco Central.

En cambio, se propone modificar la carta orgánica y quizás con criterios similares a los que establece Perú, pero de ningún modo se articula una regla tan fuerte para que el cambio de régimen pueda ser creíble a largo plazo. Es por esto que, ante la imposibilidad de lograr los acuerdos políticos para reformar la Constitución en estos momentos, el candidato Javier Milei propone una salida más simple pero más efectiva: dolarizar.

La última experiencia exitosa de la Argentina fue la Convertibilidad entre 1991 y 2002, un régimen dentro del cual el BCRA se independizó con una nueva carta orgánica desde 1992. Pero tanto la caja de conversión como la propia carga orgánica del Central fueron avasalladas por el Gobierno de Duhalde, ya que no se incluyó en la reforma constitucional de 1994 este tipo de medidas.

La propuesta de Bullrich y Melconian podría ser fácilmente obliterada de la misma forma en que ocurrió con la Convertibilidad, después de que termine su hipotético mandato.

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