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El #Vacunagate en Perú da un fuerte golpe al escenario electoral y profundiza la crisis de representación peruana

Como en Argentina, casi 500 funcionarios y allegados del gobierno fueron inoculados en secreto, incluido el ex presidente Vizcarra. A menos de dos meses de los comicios, ningún contendiente supera el 12% de apoyo en las encuestas.

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Los países cuyos gobiernos han optado por ser intermediarios entre los laboratorios de vacunas y los puntos de vacunación, a diferencia de los que han dejado que cada clínica y hospital compre las vacunas en el sector privado, han experimentado enormes casos de corrupción en esquemas de “Vacunación VIP”.

Actualmente los casos más importantes han sido el de Argentina, donde desembocó en el despido del Ministro de Salud; España, donde el Ministro de Salud dimitió para enfocarse en la política catalana dejando un vacío en un Ministerio que se llenó de corrupción; y Perú, donde el masivo escándalo de las vacunaciones extraoficiales fue resumido con el término de “#Vacunagate”.

En Perú, la corrupción y las vacunaciones VIP comenzaron incluso antes de que el gobierno trajera las vacunas al país. En septiembre pasado, el entonces presidente Martín Vizcarra, sus familiares, ministros, empresarios y hasta líderes religiosos, 487 personas en total, se inmunizaron en secreto, a espaldas de la población, con la vacuna china Sinopharm.

El actual presidente interino, el progresista Francisco Sagasti, tuvo que confirmar cada uno de los nombres de las personas que habían recibido la vacuna clandestina, entre ellos ministros de su propio gobierno e importantes dirigentes políticos.

Esta bomba llega también en un año electoral a Perú, y ha hecho tambalear a los pocos partidos que parecían tomar carrera a menos de 2 meses de las elecciones.

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Las encuestas muestran la desafección de la gente; ningún candidato logra superar el 20% de intención de voto y el país se sumerge en una crisis de representación. Los peruanos, decididos por votar partidos que no estén vinculados a la profunda corrupción que impera en el país, experimentarán una de las elecciones más fragmentadas de la historia.

Sagasti iba a ser candidato a la vicepresidencia por el Partido Morado pero ya retiró su postulación. Además, luego de que los nombres de dos ministras moradas también aparecieran en las listas de los vacunados VIP, la candidatura del líder del partido, Julio Guzmán, se ha desplomado.

También pierde posibilidades el candidato Daniel Salaverry de Somos Perú, ya que su lista al Congreso es encabezada por el ex mandatario Martín Vizcarra, quien se anota un caso de corrupción más con el #Vacunagate y ahora sin dudas contamina toda la boleta de corrupción.

Por su parte, Keiko Fujimori, la candidata centro-derechista de Fuerza Popular, está plagada de causas de corrupción en su haber, y, aunque ella asegura que son causas armadas y que es una perseguida política, todo el #Vacunagate le recuerda a los peruanos la peor cara de la corrupción y es posible que esto le empeore su imagen.

Por su parte, en medio de este escándalo, hay candidatos que salen beneficiados, en particular los candidatos outsiders que han hecho de su principal propuesta terminar con la corrupción en el país. Entre ellos están el General retirado Daniel Urresti del derechista Podemos Perú, el empresario conservador Rafael López Aliaga de Renovación Popular, o el ex diputado Yonhy Lescano, del centrista liberal Acción Popular.

George Forsyth (11%), Yonhy Lescano, Keiko Fujimori, Verónika Mendoza y Daniel Urresti (7%) se llevan una escasa diferencia en los primeros puestos

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Otro candidato con un fuerte discurso anti-corrupción es el centrista George Forsyth, ex arquero de la Selección y representante del partido Victoria Nacional, quien recientemente quedó inhabilitado por el Jurado Electoral Especial (JEE).

Forsyth lideraba las encuestas con alrededor del 20% de los votos, y una situación como el #Vacunagate podría resultarle esencial para terminar imponiéndose en la elección. Sin embargo, el JEE lo suspendió por omitir datos de sus empresas en sus documentos de candidatura y la apelación en última instancia está en manos del Jurado Nacional Electoral.

Según el último sondeo de IPSOS del 14 de febrero, Forsyth lidera la intención de voto con 11% (quien cayó desde los 20% luego de que fuera inhabilitado), Yonhy Lescano lo sigue muy de cerca con 10%, lo que en la práctica representa un empate técnico.

Le siguen Keiko Fujimori y la ultra-izquierdista Verónika Mendoza de Juntos por el Perú con no más del 8% de los votos. 

Continúan en la lista Daniel Urresti con 7%, Hernando de Soto de Avanza País y Julio Guzmán con 4%, y por último César Acuña de Alianza Para el Progreso, Rafael López Aliaga y Daniel Salaverry con no más de 3% cada uno.

Indudablemente habrá una segunda vuelta, y en los modelos de IPSOS todos terminan con un triunfo de Forsyth, aunque con Lescano estaría muy peleado. Por su parte, Fujimori y Mendoza no ganarían ningún escenario de ballotage, ni siquiera contra los candidatos más bajos. Si finalmente Forsyth no puede competir, el resultado de esta elección podría desembocar en que ningún candidato tenga más del 10% de los votos.

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En abril también será la primera votación presidencial desde que la llamada “Generación del Bicentenario” saliera masivamente a las calles en octubre para exigir la salida del ex presidente interino Manuel Merino, luego de la destitución de Vizcarra. 

Este grupo de jóvenes tiene una intención de voto muy volátil, y si bien rechazan principalmente la corrupción, son muy susceptibles al discurso de la izquierda y terminan apoyando delincuentes corruptos como Vizcarra.

Además, los reclamos de estos grupos activistas se han ido apagando. Parecería que toda esa ímpetu de cambio social que impulsaban aquellas movilizaciones comandadas por la izquierda se frenó en seco, y lo que viene ocurriendo es que la opinión pública cada vez se harta más de los manejos del Estado, formándose un importante masa crítica de personas que ahora prefieren dejar las cosas en manos privadas.

Por ejemplo, luego del #Vacunagate, se empezó a hablar en Perú de la privatización de la distribución de la vacuna, más como la única opción viable para escapar de la corrupción que un deseo real de los peruanos de entrar en un esquema de libre mercado.

La realidad es que el periodo presidencial 2016-2021 ha visto 4 presidencias y todas plagadas de terribles casos de corrupción. Repasando, la vacancia de Kuczynski desembocó en la presidencia de Vizcarra, quien luego cerró el Congreso y generó la primer fragmentación parlamentaria, que resultó en su destitución por parte del Congreso, para ser sucedido por Merino, quien duró sólo cinco días en el poder y fue destituido nuevamente por el Parlamento, acatando las protestas lideradas por la izquierda que no querían a un conservador reemplazando a Vizcarra. Finalmente, esta trama desembocó en el interinato de Sagasti, quien solo ha logrado sobrevivir estos meses al haber asegurado la fecha electoral del 11 de abril.

Cuatro mandatarios en un solo período presidencial (2016-2021): Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti.

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Perú: El empresario Zamir Villaverde testificó que Pedro Castillo llegó al poder mediante el fraude electoral

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El lobista del presidente fue arrestado por un delito de corrupción, y en la primera testificación traicionó a Pedro Castillo y afirmó que llegó al poder robándole la elección a Keiko Fujimori.

En declaraciones a la Comisión de Fiscalización, el empresario que se desempeñó como lobista de Perú Libre, Zamir Villaverde, declaró que Pedro Castillo hizo fraude para llegar a la presidencia, en confabulación con el Jurado Nacional de Elecciones.

Villaverde fue arrestado este lunes por la adjudicación irregular de la obra Puente Tarata III, uno de los tantos delitos que componen el caso coimas, una supuesta mafia que estableció Pedro Castillo en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para entregar obras a cambio de millonarias coimas.

El empresario, que supo ser el nexo entre el partido comunista Perú Libre y las empresas durante la campaña del 2021, sería el cabecilla de esta mafia, y la justicia le dictaminó 24 meses de prisión preventiva.

Karelim López, otra de las empresarias arrestadas por esta causa, lo identificó a Villaverde como el responsable de conseguir el apoyo de varias compañías importantes, prometiéndoles que harían este esquema de corrupción y que si lo apoyaban a Castillo en vez de a Keiko Fujimori, serían los primeros en recibir este trato preferencial.

Villaverde fue llevado lo antes posible al estrado, para que testifique sobre su rol en este esquema. Pero el lobista sorprendió a todos revelando una información mucho más sensible: aseguró que tiene pruebas de cómo Pedro Castillo se robó la elección del 11 de abril del año pasado.

“Les comunico que tengo toda la predisposición de decir la verdad en el esclarecimiento de su investigación, además de declarar ante el Ministerio Público, a través de la fiscal Karla Zecenarro sobre cómo el señor Pedro Castillo logró ganar las elecciones presidenciales, quien lideró, coordinó y planificó ese trabajo al mas alto nivel con el Jurado Nacional de Elecciones, mellando la democracia, perjudicando a Rafael López Aliaga y a Keiko Sofía Fujimori, manipulando la voluntad popular“, disparó.

Durante mucho tiempo he venido siendo amenazado por el servicio de inteligencia y por altos funcionarios del Gobierno“, reconoció. “Hay personas allegadas al presidente de la república que quieren silenciarme”.

“Por eso, estoy preocupado por mi vida, esperando que la fiscal Zecenarro me tome la declaración, mediante este poder del Estado vengo a hacer una denuncia pública, en mi calidad de empresario, contra el presidente Pedro Castillo Terrones, a quien en su momento apoyé, pero hoy le digo que no le tengo miedo y que lo hago responsable a él de cualquier atentado contra mi vida”, agregó.

Inmediatamente después de estas declaraciones, los diputados miembros de la Comisión de Fiscalización decidieron trasladarse al penal de Ancón, en el que está recluido Villaverde, para tomarle la declaración de manera presencial y sin cámaras.

Villaverde es dueño de la empresa de seguridad Vigarza, pero no se conoce mucho de su pasado. Se desconoce cómo llegó a convertirse en un hombre de confianza del actual presidente.

El empresario fue miembro de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), pero fue expulsado de la institución cuando se descubrió que había cometido actos delictivos junto a otros suboficiales durante sus días de franco. Incluso, fue degradado en una ceremonia oficial en 1999.

A pesar de esto y de haber sido encarcelado ya varias veces por delitos graves, Villaverde se ha presentado en actos protocolares de altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acompañando al presidente Pedro Castillo.

Además, desde la llegada al poder de Castillo, su empresa ha logrado ganar la licitación para dirigir la seguridad de la Videna y de la Selección Nacional por un contrato con la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Villaverde sería el organizador de la presunta mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), según las declaraciones de su colaboradora, Karelim López.

Acerca de las obras del MTC, la lobista dijo que se ofrecía un porcentaje del presupuesto. “Era el 5% cuando eran mayores a 30 millones de soles. Y en la que eran menos de 30 millones se daba el 10%”

Además, Villaverde era quien se encargaba de repartir el dinero a dirigentes del partido centrista Acción Popular para que apoyen a Pedro Castillo en el Congreso.

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El comunista Castillo enviará una ley al Congreso para poder convocar un referéndum sobre nueva Constitución

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Copiándose de la la izquierda chilena, el presidente peruano aseguró que le pedirá al Congreso permiso para poder cambiar el texto fundacional del país, que actualmente tiene una fuerte impronta liberal.

Siguiendo los pasos de los comunistas en Chile, el presidente de PerúPedro Castillo, anunció que presentará un proyecto de ley para que en las elecciones regionales y municipales de este 2022 se realice un referéndum para determinar si se avanza en la redacción de una nueva Constitución.

Según reportó El Comercio, el líder comunista señaló que “vamos a hacer llegar un proyecto de ley al Congreso de la República, siguiendo el curso constitucional, para que en estas próximas elecciones municipales y regionales (…) se consulte al pueblo peruano si se está de acuerdo o no con una nueva Constitución“:

“Es cierto que el Congreso de la República tiene en sus manos esta potestad. Nosotros haremos llegar ese proyecto de ley, que lo vamos a trabajar inmediatamente“, añadió Pedro Castillo.

En realidad, en un principio Castillo quería convocar un referéndum constituyente directamente, pero el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) precisó que las convocatorias destinadas a reformar la Carta Magna no podían realizarse de forma directa, sino que debían ser visadas por el Congreso, con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o sea, dos tercios.

Este alto requisito fue pensando como un candado que puso el ex presidente Alberto Fujimori cuando redactó la Constitución liberal de 1993, para que sea muy difícil cambiarla.

Por lo pronto, se espera que el Gobierno de Perú avance en el trabajo pre-legislativo para poder enviar el proyecto de ley, que debería ser revisado por el ente parlamentario, antes de la realización de las elecciones de octubre de 2022.

Así como promovió Boric en Chile, Castillo quiere destruir la Constitución de Fujimori y crear un nuevo documento que identifique a Perú como un “estado plurinacional“, que reconozca la expropiación de empresas, y que se garantice la gratuidad de los sistemas de salud y educación.

Este es un clásico mecanismo de la extrema izquierda para no solo llegar al poder, si no cambiar el Estado del país como se lo conoce. Hugo Chávez lo hizo en su primer año en el gobierno, y encaminó a Venezuela a una espiral de decadencia, tiranía y horror.

Los comunistas en Chile fueron los más rápidos en pedirlo, e incluso cuando todavía faltaban meses para las elecciones, convencieron a Sebastián Piñera y al Congreso de que llame un referéndum constituyente.

De todos modos, la situación peruana es diferente. No está contemplado en la Constitución de Fujimori que se elimine la Carta Magna y que se escriba una nueva, por lo que solo se permiten enmiendas al texto fundacional, algo que el ex presidente se copió de la Constitución estadounidense.

Por lo que Castillo debe obtener dos tercios en el Congreso, para poder llamar a un referéndum, el cual en caso de ganar le permitirá proponer una serie de cambios, que luego deberán ser ratificados uno por uno con dos tercios de los votos positivos en el pleno parlamentario.

Esta difícil tarea le da esperanza a los peruanos, de que no van a seguir los pasos de los venezolanos y los chilenos por un demente en la casa de gobierno, y que la sensatez prevalecerá.

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Perú

Pedro Castillo propone la castración química para violadores de niños menores de edad, tras el caso de Chiclayo

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El presidente comunista volvió a sus raíces conservadores, y ante el espanto de la socialdemocracia que lo respalda en el Gobierno, pidió la castración química para violadores.

En respuesta al horrible caso de secuestro y violación sexual de una niña de tres años ocurrido hace unos días en Chiclayo, el presidente Pedro Castillo sorprendió al proponer la castración química obligatoria para los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres.

Si bien Castillo había tenido un discurso muy duro contra la delincuencia en la campaña, desde la llegada al poder y sus alianzas con los partidos de centroizquierda, el dirigente comunista había atenuado completamente su discurso, y lejos habían quedado sus propuestas de servicio militar obligatorio y la reinstauración de la pena de muerte.

“Basta ya de tanta violencia, los crímenes de violencia sexual contra niños y niñas no serán tolerados por este gobierno, ni quedarán impunes. El dolor de esta familia también es el nuestro, me siento indignado ante tanta crueldad”, afirmó.

“Este hecho atroz e inhumano nos lleva a una enorme reflexión como país para adoptar políticas públicas de Estado más severas que salvaguarden los derechos humanos de los más indefensos, que son nuestros niños y niñas, y la castración química es una opción, no podemos esperar más”, manifestó correctamente.

El Jefe del Estado indicó que pedirá al Congreso que la castración química sea incluida en el Código Penal para poder ser reglamentada. “Exhortamos al Congreso de la República respaldar medidas concretas en favor de los más vulnerables, porque no podemos seguir tolerando estos hechos violentos que dañan nuestra integridad como sociedad y destruyen la vida de indefensos”, señaló. 

La castración química consiste en administrar medicamentos que reducen la libido e inhiben el deseo sexual, además de dejar inutilizable el miembro viril. Se aplica como un método de prevención contra las agresiones sexuales, y también como castigo para los que cometen crímenes de esta índole en países como Rusia, Estados Unidos, Polonia, Corea del Sur, Indonesia y Moldavia

Castillo ratificó este lunes que el Ejecutivo formalizará en los próximos días su propuesta de castración química para violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres, una iniciativa que consideró “un clamor popular”.

“Estamos planteando aplicar la castración química como una de las medidas drásticas contra los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres; propuesta que será formalizada en los próximos días y esperamos que el Congreso no le dé la espalda a un clamor popular”, remarcó Castillo.

“Nosotros como gobierno tenemos la enorme responsabilidad de defender la vida de los peruanos, que está por encima de cualquier interés o cálculo político”, añadió.

En un acto en Ate-Vitarte, el mandatario reiteró la necesidad de una tarea conjunta entre el Congreso y el Ejecutivo sobre todo en este tema, porque, afirmó, “no hay espacio para la confrontación en este tema”.

Desde la oposición, especialmente en la derecha, si bien apoyan la propuesta, señalan que viene enmarcada en un oportunismo político. Desde su llegada al poder, Castillo prácticamente no ha podido aprobar ninguna ley y esta sería la primera vez que puede conseguir un apoyo amplio para una legislación propia.

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