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Perú

Mientras el Congreso empieza a debatir un sistema de reparto, las encuestas en Perú muestran un masivo rechazo popular a la estatización de las jubilaciones

Una encuesta asegura que el 82% de los peruanos afiliados a las AFP están en contra de una nacionalización completa del sistema de capitalización, y priorizan la gestión privada.

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 A raíz de las nuevas discusiones en el Congreso peruano para una posible reforma del sistema de pensiones, se les consultó a los afiliados de las AFP (los fondos de capitalización de la jubilación privada ) su postura al respecto. 

Según la encuesta realizada por Ipsos Perú, el 82% de los afiliados están rotundamente en contra de una estatización total del sistema de pensiones, tal y como estaba organizado antes de la llegada de Alberto Fujimori al poder.

El sistema de pensiones en Perú fue reformado bajo la administración Fujimori y tomó la forma que tiene hoy, con la gran mayoría de las jubilaciones en manos privadas. De esta forma, se pasó de un modelo quebrado a uno nuevo en el cual se pudieron acumular fondos.

En el caso del rango etario que va desde los 26 a 42 años (el grupo que más aporta dado su nivel de actividad laboral), el rechazo fue el más contundente: el 87% expresó que no quiere un sistema público

En lugar de considerar al sistema actual como “una estafa” como acusa la izquierda, el grupo etario que más esfuerzo realiza para su propia jubilación futura demostró una fuerte confianza en el sistema privado. 

Por su parte, el 66% de los afiliados al sistema privado creen que el proyecto del Congreso (ya sea una nacionalización parcial o total del sistema) provocará una reducción en los haberes jubilatorios a largo plazo.

Cerca del 80% de los encuestados aseguraron que, de seguir teniendo la oportunidad, optarán por las prestaciones privadas para asegurar su jubilación futura.

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En el Congreso peruano se discute, además, la posibilidad de aplicar un Fondo de Riesgo Compartido que se nutriría de una cuota para todos los afiliados, para después ser derivado a aquellos que perciban las menores pensiones. 

El sistema de pensiones peruano es actualmente de capitalización, lo que implica que los afiliados son dueños y gestores de su propia jubilación futura, y realizan aportes hacia empresas para que estas generen retornos, brindes préstamos, inviertan en bolsa y tengan suficiente rentabilidad para devolver el capital invertido más la suma de intereses correspondientes. 

Un sistema de reparto estatal se basa en la transferencia de un rango etario a otro en la sociedad. Esto es, la población activa tributa al Estado para sostener a la población pasiva, y se le saca la posibilidad de ahorrar sus propios fondos para asegurarse una jubilación privada en el futuro. 

Con una población en camino al envejecimiento en todas partes del mundo y con grandes tasas de informalidad, principalmente en América Latina, un sistema de reparto supondría un colapso a largo plazo

Incluso en Europa, el modelo predilecto de “Estados de bienestar” se enfrenta a duros problemas financieros para sostener el poder adquisitivo de los pensionistas a largo plazo. 

El 78% de los encuestados por Ipsos Perú plantearon que, de reformarse el sistema, les gustaría que permanezca la alternativa para elegir las prestaciones privadas, y solamente un 18% aseguró que preferiría una nacionalización total y compulsiva (como la que se hizo en Argentina en 2008).

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Como toda encuesta, se recurre a una generalización para determinar la postura de un grupo determinado de personas, pero a partir de la muestra tomada (específicamente sobre los principales afectados por el sistema de pensiones) supone una evidencia concreta sobre la voluntad popular de Perú: está masivamente en contra de la nacionalización. 

Desde las AFP aseguran que no mostrarán resistencia a una eventual reforma, pero piden respeto por los derechos de propiedad y por los intereses de los afiliados. 

Se buscaría evitar un fracaso para Perú como el que sufrió Argentina en 2008, u otros países que decidieron abandonar la capitalización.

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Perú

Castillo fue interrogado por varias horas por la Fiscalía sobre los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas

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El pasado 28 de diciembre, el comunista Pedro Castillo debió contenstar preguntas del Procurador General por las denuncias de tráfico de influencias en los ascensos de militares de su círculo cercano.

El presidente de Perú, el comunista Pedro Castillo, fue interrogado el martes pasado por la Fiscalía como presunto traficador de influencias para otorgar ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y promocionar a militares de su círculo cercano.

El interrogatorio se realizó en el Palacio de Gobierno de Lima, en una diligencia que tomó alrededor de cinco horas y que transcurrió de forma privada, aunque se sabe que el presidente estuvo acompañado por su equipo legal.

A la conclusión del interrogatorio, el abogado de Castillo, Eduardo Pachas, explicó a los periodistas que el gobernante respondió a más de 40 preguntas, entre ellas dos del procurador general del Estado, Daniel Soria, quien también estuvo presente.

Soria recientemente denunció a Castillo ante la Fiscalía por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias por otro caso distinto, relativo a la licitación para la construcción de un puente, tras unas reuniones clandestinas en su ex domicilio privado y no en el Palacio de Gobierno.

Los representantes del Ministerio Público no brindaron declaraciones, y la institución solo informó que la declaración fue tomada por el fiscal adjunto supremo Ramiro González en lugar de la Fiscal General, Zoraida Ávalos, quien no pudo acudir tras haber sido internada en una clínica de Lima por una urgencia médica.

Esta es la primera vez que Castillo declara como presidente ante un fiscal, luego de meses de escándalos de corrupción. La Fiscalía lo interrogó con el objetivo de averiguar el grado de participación que tuvo en las presuntas presiones sobre los ascensos militares que ejercieron el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y el exministro de Defensa Walter Ayala.

Tanto Pacheco como Ayala ya no están más en el Gobierno, y aunque Castillo no explicó su salida del Gabinete, es claro que fueron apartados por su participación en este caso de corrupción.

Según los medios locales, el presidente comunista les ordenó a los dos ex funcionarios que hagan un profundo recambio en las autoridades militares del país, ya que mantenían una fuerte influencia fujimorista y rechazaban sus vínculos con Sendero Luminoso.

Los ascensos irregulares fueron denunciados por los ex comandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro, quienes fueron destituidos sin explicaciones por Castillo apenas tres meses después de haber sido nombrados.

Para sustentar su versión, Vizcarra difundió un WhatsApp en el que Castillo le pedía tratar “temas urgentes” con Pacheco. Cuando habló con Pacheco, el entonces secretario de la presidencia le dio el nombre de Víctor Torres para que ascendiera de comandante a coronel, a pesar de no tener la jerarquía necesaria para dar ese paso.

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Perú

Perú: la oposición busca destituir a Castillo en “tres o cuatro semanas”

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El líder del partido Renovación Popular, Rafael López Aliuaga, pidió la renuncia de Castillo y adelantó que buscarán una nueva instancia para destituirlo.

El 2022 no será un año sencillo para Pedro Castillo. Con 6 meses en el Gobierno, el maestro rural tuvo que cambiar 12 ministros, enfrenta una rebelión interna de parte de su ala dura que lo acusa de haber pactado con “la izquierda caviar” y tuvo que sortear su primer intento de destitución. 

El argumento para sacar a Castillo es que no deja a entrar a la Fiscalía para investigar un presunto caso de corrupción en PetroPerú.  “A nivel de gobierno, todos los días hay un destape, un escándalo. Qué inversión quieren para el 2022 en un país que todos los días tiene escándalos al nivel del presidente de la República y un presidente de la República que no deja entrar a la fiscalía, por favor. Él no puede obstruir a la justicia”, manifestó el excandidato presidencial en un reportaje televisivo.

“Lo que veo es que la desconfianza en el Perú, en las inversiones es cada vez peor. Estamos llevando al Perú a un descalabro y lo veremos el año que viene”, agregó.

Renovación Popular rechaza medidas restrictivas impuestas por gobierno de  Sagasti - Ancash Noticias Ancash Noticias

Aliaga fue uno de los impulsores de la frustrada vacancia de principios de diciembre y adelantó que “La bancada quiere hacerlo muy bien sustentado para llegar (a la vacancia). Elementos hay, pero hay que ordenarlos jurídicamente. Bien hecho, no algo que sale en un día”.

Pero el asambleísta fue más allá y disparó: “Yo le estoy pidiendo la renuncia del señor (Pedro Castillo), de una vez que renuncie. Ha hablado con la bancada, ellos quieren seguir un proceso más riguroso para que no pase lo del primer intento de vacancia”. 

Fuentes del entorno del gobierno peruano consultadas reconocen que los números de la destitución podrían estar para dentro de las semanas proyectadas por Aliaga pero contemplan un factor que hace un tiempo no era tan tenido en cuenta como la aparición de más aliados en la región que podrían salir en su respaldo. 

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Perú

Castillo envuelto en nuevo escándalo: Empresario palestino obtuvo contratación directa tras reunión en secreto

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Se está empezando a tener una idea de lo que se discutió en las reuniones clandestinas de Castillo con importantes empresarios peruanos que no quedaron en los registros oficiales.

El comunista Pedro Castillo sigue enfrentando las repercusiones de las reuniones clandestinas que llevó a cabo en su domicilio privado con importantes empresarios. La locación de estos mitines fue elegida para que no queden registros en las actas oficiales de la Casa de Gobierno.

Este escándalo ya puso contra las cuerdas al presidente hace unos días, cuando la oposición intentó iniciar un juicio político en su contra en el Congreso, pero quedó a 6 votos de poder hacerlo. Sin embargo, ahora salió a la luz que muchos de estos empresarios que se reunieron con Castillo ganaron importantes licitaciones y contrataciones directas con el Estado luego de juntarse en secreto con él.

Uno de los casos más paradigmáticos es el de Samir Abudayeh, directivo de Petro-Perú y empresario investigado por este caso. Abudayeh consiguió un contrato de adquisición de Biodiésel B100 con la empresa Heaven Petroleum Operators, a la cual representa en Perú, poco después de reunirse con Castillo.

El último domingo, un informe del programa Punto Final mostró que el presidente Pedro Castillo recibió el pasado 18 de octubre a la lobbyista Karelim López, a Samir Abudayeh y al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo.

Dos semanas después,la empresa de Samir Abudayeh Giha ganó la licitación para venderle el biodiesel a Petroperúpor más de 70 millones de dólares. Tras ello, la sospecha sobre un presunto favorecimiento directo a Heaven Petroleum Operators despertó las alarmas.

El lunes pasado, dos fiscales llegaron al Palacio de Gobierno para investigar al presidente. Los agentes del Poder Judicial solicitaron hablar con Julio Salas, asesor legal de la presidencia de la República. La diligencia duró más de cinco horas.

A pesar de que la agenda de Castillo marcaba que iba a estar en la sede del gobierno, según los fiscales no se apersonó en las instalaciones gubernamentales en todo el tiempo que estuvieron allí dentro.

Este jueves, después del escándalo que los medios ya están titulando como “caso Petroperu”, la empresa estatal declaró la nulidad de la licitación y aseguró que investigará el proceso para determinar si hubo coimas involucradas.

El escándalo es más grande todavía: Samir Abudayeh ganó varios contratos tras reunirse con Castillo

El empresario de familia palestina, también es dueño de Herco Combustibles S.A., una compañía que obtuvo la buena pro de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) por más de 1 millón de soles para la adquisición de 67.000 galones de combustible aéreo turbo A-1 en Pucallpa, en la región Ucayali.

De acuerdo a información de El Comercio, la contratación directa (es decir, sin un proceso de licitación) que hizo la FAP con la empresa de Abudayeh se sustentó con un informe del Departamento de Hidrocarburos del Servicio de Abastecimiento Técnico (Sebat), del 30 de septiembre.

La FAP realiza operaciones aéreas en Pucallpa de acuerdo a la política del señor presidente de la República para lo que se requiere contar con un abastecimiento oportuno de combustible de aviación turbo A-1 en el aeropuerto internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo”, se menciona en el documento, que parece tirarle la pelota a Castillo.

Herco Combustibles S.A. fue constituida en enero del 2001 por Samir Abudayeh y otros miembros de su familia con un capital de 2 mil soles para la “comercialización y distribución al por mayor de combustible y demás derivados del petróleo”. En el 2017, el capital social de la firma se incrementó a 27,8 millones de soles.

Fechas del proceso

El presidente Pedro Castillo se reunió con Abudayeh el viernes 15 y el lunes 18 de octubre en el despacho presidencial. Luego, el 22 de octubre, la Dirección General de Logística de la FAP aprobó la contratación con Herco Combustibles S.A. como proveedor único.

La invitación a la compañía de Abudayeh para que participara en esta licitación se efectuó el lunes 15 de noviembre. El miércoles 17, la empresa presentó la propuesta y al día siguiente, el jueves 18, se le adjudicó la buena pro.

El contrato de adjudicación fue suscrito el martes 30 de noviembre entre el mayor general FAP Antonio Cossio, a nombre del Servicio de Abastecimiento Técnico de la FAP, y Luis Valderrama, representante legal de Herco Combustibles S.A., dos nombres que serán investigados por la justicia por todo este caso.

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