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Perú

"Vacunagate": se reveló que Martín Vizcarra y su esposa se vacunaron en secreto antes que llegue la vacuna al país cuando todavía era Presidente

Un periodista de investigación reveló que el ex presidente Martín Vizcarra, y su esposa, Maribel Díaz Cabello, recibieron las primeras dosis de la vacuna china de Sinopharm durante septiembre del año pasado, cuando aún se mantenía al frente de la Presidencia de Perú.

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El periodista de investigación peruano, Carlos Paredes denunció el pasado miércoles durante una entrevista con el medio local Willax Televisión, que el ex presidente Martín Vizcarra, y su esposa Maribel Díaz Cabello, habrían recibido las primeras dosis de la vacuna china de Sinopharm en septiembre del año pasado, cuando esta se encontraba en la tercera fase de ensayos clínicos y no estaba habilitada para el resto de la población.

Hasta ese momento, Vizcarra se mantenía como Presidente de la República en un escenario político encendido, ante los escándalos de corrupción que vinculaban al mandatario con la aprobación de contratos irregulares en favor de uno de sus allegados, razón principal por la que sería destituido durante el mes de noviembre, generando una nueva crisis política en el país, con la complicidad de sectores de izquierda y empresariales. 

Paredes, quien recientemente ha presentado un libro que relata la carrera política de Vizcarra, expresó en la entrevista que recibió información de fuentes diplomáticas chinas, quienes le aseguraron que existía un ofrecimiento formal al Gobierno peruano, como forma de "cortesía" o "agradecimiento" por haber permitido la realización de ensayos clínicos en Perú, con 12.000 personas. 

Aunque el entonces mandatario rechazó dicha oferta para todo su gabinete, Vizcarra solicitó vacunarse junto a su esposa. Todo esto, en forma confidencial. 

El periodista habría consultado esta información con Germán Málaga, jefe del equipo de investigación de la Universidad Cayetano Heredia, encargado del ensayo clínico de la vacuna Sinopharm. Málaga, un activo vizcarrista y defensor del oficialismo, no pudo negar la información sobre la vacunación de Vizcarra. 

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La noticia generó polémica a nivel nacional, pues no solo revelaba el egoísmo psicopático del ex presidente, sino que también dejaba notar la corrupción en la compra de la vacuna china, que es actualmente la peor de todo el mercado en términos de efectividad, confiabilidad y precio. 

La noticia también permitiría la revelación de una red clandestina de vacunación para altos funcionarios, sus familiares y personajes públicos poderosos afines a la izquierda vizcarrista. 

Ante la avalancha de críticas en contra de Martín Vizcarra, el ex mandatario expresó un día después de la entrevista que "tomando una decisión valiente había decidido formar parte de los 12 mil peruanos voluntarios de la vacuna china", aunque él lo hizo antes y en secreto. Vizcarra también expresó que intentó convencer a los miembros de su gabinete para que formaran parte de este proceso, sin embargo, aseguró que ante los riegos que conllevaban las pruebas, lo rechazaron. 

No contento con esto, el ex presidente montó un espectáculo televisivo en el que se realizó una prueba serológica para afirmar incluso que como voluntario había recibido un placebo y no tenía anticuerpos, y presentó una cartilla de voluntario para los ensayos de la vacuna. 

En esa cartilla no estaban presentes ni el código de voluntario ni el de los ensayos clínicos consistente en códigos de barra que probarían si se le dio placebo o vacuna. 

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Como era de esperarse, todo lo dicho por Vizcarra era parte de sus inacabables mentiras. Los médicos especialistas negaron que con una prueba serológica se pudiera tener conocimiento sobre si se vacunó o no; que se necesitaba una prueba de anticuerpos especializada. 

Sumado a esto, la Universidad Cayetano Heredia emitió un comunicado en el que confirmaba que Martin Vizcarra no era voluntario de la vacuna china. El ex mandatario se mostraría "sorprendido" ante esta aclaración. 

Ante estos hechos, el Congreso citó a la Ministra de Salud, Pilar Mazzetti, y a la Primer Ministro, Violeta Bermúdez, para que informarán sobre la vacunación de Vizcarra. 

Durante la sesión los congresistas revelaron que no solo Martín Vizcarra y su familia se habrían vacunado, sino que además se había vacunado a otros altos cargos, y a periodistas y sus familiares, todo en secreto de la sociedad.

A pesar de que sectores de izquierda defendieron abiertamente a la funcionaria, Mazzetti se negó a declarar en contra de Vizcarra y terminó renunciando el pasado 12 de febrero. Tres días después de su renuncia, se dio a conocer que formó parte de la lista de personajes que se vacunaron con anticipación.

"El capitán es el último en abandonar el barco. Una vez que todas las personas que trabajan en el sistema estén vacunados recién será nuestro momento (…) los que estamos a la cabeza de las instituciones tenemos que dar el ejemplo de esperar nuestro momento correspondiente”, expresó con gran hipocresía Mazzetti el 10 de febrero.

Pilar Mazzetti, ex ministra de Salud. 

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Este lunes, la Embajada de China en Perú emitió un comunicado en el que aseguraba que no existieron vacunas de cortesía, sino que tendrían como finalidad la realización del ensayo clínico. Estas ingresarían a Perú, el 31 de agosto del 2020.

De las 3.200 dosis de la vacuna china que ingresaron al país, 1.200 serían aplicadas a sus miembros diplomáticos en Perú, mientras que las 2.000 restantes serían para los peruanos encargados del ensayo, quien las aplicarían "a discreción". 

El problema radica en que dar dosis de regalo a investigadores va en contra del Código de Ética nacional e internacional, porque implicaría algún sesgo a favor de la vacuna que estarían usando los encargados del ensayo, y peor aún, podrían utilizarse estas dosis en personajes cercanos al mandatario, tal y como se cree que ha sucedido en este caso. 

La gestión de Martín Vizcarra durante la crisis sanitaria ha sido calificada como una de las peores de la región. El país ha perdido millones de dólares producto de intereses personales corruptos, y se ha provocado la muerte de más de 43.000 personas por negligencia del Estado en manejar la pandemia.

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Ecuador

Perú anuncia una auditoría para determinar si facciones rebeldes de sus FFAA están entregando armas a los pandilleros en Ecuador

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La auditoría permitirá determinar si las Fuerzas Armadas del Perú le entregaron entre los años 2011 y 2016, cuando gobernaba el izquierdista Ollanta Humala, armamento peruano a los grupos criminales de Ecuador.

El ministro de Defensa de Perú, Jorge Chávez, ha anunciado este miércoles que el Gobierno de la presidente Dina Boluarte inició una rigurosa auditoría para determinar si las municiones y artefactos explosivos de algunos grupos delictivos de Ecuador procedían de arsenales de las Fuerzas Armadas peruanas, como reportó la policía ecuatoriana esta semana.

"Se ha determinado que existe una presunta posibilidad de que algunas de esas municiones, explosivos o granadas hayan salido en épocas pasadas de los almacenes de las Fuerzas Armadas", ha reconocido el ministro Chávez.

Según ha relatado el encargado de Defensa a la emisora RPP, las armas, municiones y artefactos explosivos que se les vieron a los encapuchados armados que asaltaron el martes las instalaciones de la cadena ecuatoriana TC Televisión en Guayaquil podrían proceder de Perú.

Chávez ha confirmado que por lo menos el número de serie de una granada incautada a los delincuentes, coincidía con un arsenal obtenido por Perú en 2016, razón por la que decidieron lanzar una auditoría general de todos los inventarios.

"Lo que tenemos que hacer es garantizar que esos hechos sucedidos en años anteriores no se vuelvan a producir, por lo tanto, se están llevando a cabo todas las acciones para evitar justamente eso. El arsenal de guerra debe ser custodiado adecuadamente", ha dicho.

Entre los años 2011 y 2016, gobernó en Perú el presidente de extrema izquierda Ollanta Humala, hermano de Antauro Humala, líder terrorista fundador del movimiento etnocacerista, y se creó una facción dentro de las Fuerzas Armadas vinculadas al castrochavismo en la región.

Se cree que durante esos años, el arsenal de las fuerzas militares peruanas fue puesto en función de grupos narcoterroristas de la región, y muchas de sus armas, municiones y granadas terminaron en manos de guerrilleros en Colombia, Ecuador y Venezuela.

Si bien no había evidencia fuerte que sostenga esta suposición en los últimos años, la denuncia de la Polícia ecuatoriana fue tomada con extrema seriedad por el actual Gobierno peruano, que lanzó esta auditoría para que, por primera vez en casi una década, se sepa la verdad.

Ecuador atraviesa la peor crisis de seguridad de su historia reciente, luego de que los grupos narcos que eran parte del Gobierno de Rafael Correa le declarasen la guerra al nuevo mandatario Daniel Noboa. Luego de una serie de arrestos de alto perfil, los narcos salieron a las calles a cometer olas de crímenes y estallaron motines en varias prisiones del país, donde los líderes de estas pandillas se dieron a la fuga.

En medio de este caos, Noboa declaró el Estado de Excepción y el Conflicto Armado Interno, y le ordenó a las Fuerzas Armadas de Ecuador que neutralice a 22 grupos guerrilleros, que ahora se investiga si recibieron armamento peruano entre los años 2011 y 2016.

En este contexto, un grupo de encapuchados armados asaltó el martes las instalaciones de la cadena TC Televisión, que rápidamente fue rodeada por agentes de Policía que finalmente lograron evacuar a los empleados y detener a los delincuentes, entre los cuales se descubrieron armas de orígen peruano.

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Perú

El ex presidente de Perú Alberto Fujimori quedó en libertad: El legado del “capitalismo popular” a tres décadas del milagro económico

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Las reformas del expresidente sentaron las bases para el crecimiento, la estabilidad y ahorro en la economía peruana después del desastre socialista. El país recuperó la moneda y desarrolló el llamado “capitalismo popular” que sigue dando resultados incluso al día de hoy.

Este miércoles, la Corte Constitucional de Perú ordenó la liberación inmediata del ex presidente Alberto Fujimori, una figura emblemática de la década de 1990 y la política peruana. Quedó sin efecto la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había revocado el indulto del ex presidente Kuczynski.

Su paso por la presidencia sentó las bases de una verdadera revolución económica que fue bautizada como el modelo de “capitalismo popular” de Perú. Pese a la importante inestabilidad política que sufre el país al día de hoy, la situación macroeconómica se muestra increíblemente independiente: la inflación está bajo control, el ahorro en moneda doméstica es más significativo que nunca y el nivel de actividad logró recuperarse de la pandemia, pese a la ligera tendencia recesiva de la segunda mitad del año.

Esta independencia entre el factor político y el factor económico no siempre estuvo presente en el Perú. Para la década de 1980, la economía del país era, y con diferencia, una de las más diezmadas y pobres de toda la región. No solo por sufrir episodios crónicos de inflación y crisis de balanza de pagos, sino además por mantener un nivel de ingreso por habitante muy inferior al promedio de América Latina.

El presidente Alan García llevó a cabo un experimento de corte socialista que terminó por desequilibrar completamente la economía hacia el final de su mandato. Su gestión finalizó con un nivel de aprobación oscilando entre el 18% y el 21%, cuando había llegado al poder con una imagen positiva superior de hasta el 80% de la opinión pública.

El llamado “aprismo” implementó un programa heterodoxo que expandió fuertemente el déficit fiscal del 3,7% del PBI en 1985 al 6,7% en 1986, y casi un 9% del PBI para 1987. Estos desequilibrios fueron financiados con emisión monetaria sin respaldo, ya que el Gobierno se resistía a modificar la estructura impositiva para financiar el despilfarro.

La tasa de inflación interanual creció del 65% al 114,5% entre enero y diciembre de 1987, mientras que el Gobierno respondió con la masiva extensión de los controles de precios e incluso intentó estatizar el sistema bancario del Perú como una supuesta receta para combatir el alza de precios.

El mes de julio de 1990 fue particularmente caótico para Perú: el proceso hiperinflacionario se tornó violento e inmanejable y los precios aumentaron un 396% solamente en ese mes, algo nunca antes visto en la historia económica peruana. La inflación interanual había superado el 3.000%.

Al mismo tiempo en que se producía la hiperinflación también se produjo la recesión más violenta en la historia del país: el nivel de actividad se desplomó un 24% entre el tercer trimestre de 1987 y el segundo trimestre de 1990, el último de Alan García en el poder.

En medio de un clima hiperinflacionario y una recesión profunda, Alberto Fujimori asumió la presidencia del Perú el 28 de julio de 1990, dando lugar a una serie de reformas económicas que fueron el pilar del modelo económico fujimorista que incluso hoy en día se mantiene casi inalterado.

La nueva administración respondió con la aplicación de un programa de shock denominado popularmente como “Fujishock” para terminar con la hiperinflación, de la mano del ministro de Economía Juan Carlos Miller. Fueron adoptadas las siguientes medidas:

  • Liberalización del mercado cambiario
  • Rebaja generalizada de aranceles a la importación y eliminación de recargos
  • Desregulación del comercio exterior
  • Desregulación del sistema financiero y las tasas de interés bancarias
  • Eliminación de los controles de precios y salarios
  • Endurecimiento de la política monetaria hasta las últimas consecuencias 

Desde 1992, se implementó un programa de esterilización para la emisión, y en 1993 Fujimori aprueba una reforma en la carta orgánica del BCRP atada a la nueva Constitución que aprobó ese mismo año, garantizando autonomía para la autoridad monetaria y prohibiendo por ley la financiación espuria al Estado

Al mismo tiempo, el Gobierno fujimorista decidió emprender un importante programa de austeridad fiscal, racionalizando la administración pública, actualizando el valor de las tarifas de los servicios públicos regulados y privatizando la mayoría de las empresas del Estado. La terapia de shock logró un nivel inédito de credibilidad que consiguió derribar la inflación mensual hasta un promedio del 6,4% durante todo 1991.

A partir de 1993, la economía peruana experimentó un crecimiento vigoroso del PBI y de todos sus indicadores económicos, financieros y humanos, y todos esto con una envidiable estabilidad de precios, una situación que no se veía desde principios del siglo XX en ese país y tampoco se había logrado en otras partes del continente.

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Argentina

El presidente del Banco Central de Perú vino a Argentina para explicar el éxito de las reformas de Fujimori: "Si yo hiciera lo que hace el BCRA, iría preso"

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Las reformas del expresidente garantizaron la independencia del Banco Central por vía constitucional. Se prohibió la asistencia monetaria al Gobierno nacional, se prohibió el cepo cambiario, y la inflación se estabilizó en la década del 90 a partir de un cambio de régimen creíble.

El economista Julio Velarde Flores, que ocupa la dirección del Banco Central de Perú de forma ininterrumpida desde el año 2006, viajó al Coloquio de IDEA en Mar del Plata para explicar el éxito del modelo económico heredado de la presidencia de Alberto Fujimori. Bajo la administración de la derecha, Perú logró sentar las bases para un proceso de crecimiento sostenido y sin inflación por primera vez en su historia.

Flores explicó que el pilar de la estabilidad macroeconómica del Perú son las reformas emprendidas en el país en la década de 1990, y en particular la del Banco Central a partir de 1992. El presidente Fujimori reformuló la carga orgánica de la autoridad monetaria prohibiendo expresamente el financiamiento al Tesoro de forma directa, y se estableció un tope de sólo el 5% de la base monetaria para la compra de títulos públicos en el mercado secundario (lo que se conoce como flexibilización cuantitativa).

Por otra parte, el Banco Central de Perú perdió la capacidad de fijar un cepo cambiario para limitar las operaciones, algo que según el propio Flores constituye una causal de despido inmediato de su cargo.

También se prohíben expresamente los créditos para la banca de fomento, y se prohíbe fijar tasas de interés arbitrarias o subsidiarias para determinados sectores específicos (algo que en Argentina es muy habitual).

Flores explicó que Perú ensayó diversos intentos por “independizar” el Banco Central del poder político con simples reformas de su carga orgánica, una estrategia similar al que hoy propone el espacio de Patricia Bullrich y Carlos Melconian. Pero esto fracasó por la falta de credibilidad, hasta tal punto de sufrir un violento episodio hiperinflacionario entre 1990 y 1991.

Esas prohibiciones son efectivas. Pero la autonomía no es todo. La autonomía del Banco Central de Perú data de 1979, y luego tuvimos hiperinflación. Tiene que haber una real independencia política, y eso se logró recién en 1992”, explicó el presidente de la autoridad monetaria peruana.

El cambio de régimen creíble solamente se produjo en 1993, cuando el presidente Fujimori convalidó todas las reformas emprendidas en el Banco Central por medio de una nueva Constitución que rige hasta el día de hoy. Esta es la verdadera garantía de independencia del poder político, y no simplemente el mero rediseño de la carga orgánica. La Constitución fujimorista sentó las bases para la estabilidad y el crecimiento del país a 30 años de su sanción.

La propuesta de Juntos por el Cambio no se parece en nada al caso peruano, porque no se ofrece ninguna garantía del calibre constitucional que ofreció Fujimori para independizar al Banco Central.

En cambio, se propone modificar la carta orgánica y quizás con criterios similares a los que establece Perú, pero de ningún modo se articula una regla tan fuerte para que el cambio de régimen pueda ser creíble a largo plazo. Es por esto que, ante la imposibilidad de lograr los acuerdos políticos para reformar la Constitución en estos momentos, el candidato Javier Milei propone una salida más simple pero más efectiva: dolarizar.

La última experiencia exitosa de la Argentina fue la Convertibilidad entre 1991 y 2002, un régimen dentro del cual el BCRA se independizó con una nueva carta orgánica desde 1992. Pero tanto la caja de conversión como la propia carga orgánica del Central fueron avasalladas por el Gobierno de Duhalde, ya que no se incluyó en la reforma constitucional de 1994 este tipo de medidas.

La propuesta de Bullrich y Melconian podría ser fácilmente obliterada de la misma forma en que ocurrió con la Convertibilidad, después de que termine su hipotético mandato.

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