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Uruguay

El Frente Amplio y el sindicalismo juntan firmas para llamar a un referéndum y derogar las reformas de Lacalle Pou

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El sindicato Pit-Cnt anunció que activará su estructura para juntar las 127.449 firmas que faltan para conseguir una convocatoria a referéndum y poner a elección popular la Ley de Urgente Consideración del gobierno.

La Comisión Nacional Pro Referéndum contra la Ley de Urgente Consideración informó en la mañana de este martes 22 de junio que ya se consiguieron 572.551 firmas de las 700.000 necesarias para habilitar una consulta popular para derogar los 135 artículos de la mega-ley que aprobó el presidente Luis Lacalle Pou en los primeros meses de su gobierno.

Sin embargo, estas firmas están pendientes de aprobación, y hay quienes aseguran que el número de firmas es mucho menor y que a la militancia frenteamplista le costará un enorme capital político llegar al número necesario para ir a referéndum

El presidente del sindicato Pit-Cnt, Fernando Pereira, remarcó la necesidad de que la militancia frenteamplista y gremialista salga a las calles a juntar las firmas que faltan, en un intento desesperado por alcanzarlas, y que el Frente Amplio consiga una victoria frente al gobierno de Lacalle, que ante los ojos de la ciudadanía, tiene una buena gestión.

Así, para conseguir las supuestas 127.449 firmas necesarias, la izquierda uruguaya está movilizando todo el aparato sindical, mediático y político para sustraer un apoyo artificial de la población.

La Ley de Urgente Consideración (LUC) que aprobó Lacalle, flexibiliza y desregula varios aspectos de la economía y ayuda a combatir el crimen, y tiene como pilares mayor libertad de acción para las fuerzas de seguridad a la hora de combatir el crimen, regula el gasto público imponiendo una regla fiscal que limite el gasto excesivo y flexibiliza las adopción a menores, haciendo más fácil que los huérfanos tengan una familia.

Si la “Comisión Anti LUC” llega a las 700.000 firmas (25% del padrón), el Colegio Electoral deberá evaluar su veracidad, una por una. Si se determina que dichas firmas son legítimas, se procederá a fijar una fecha para el referéndum dentro de los 120 días, que será de carácter obligatorio.

Si en dicho plebiscito, el “” alcanza la mayoría de votos, los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración quedarían derogados.

Antecedentes

Cabe resaltar que los referéndums son una práctica común en la democracia uruguaya, y el último gobierno del Partido Nacional antes del de Lacalle Pou también sufrió uno.

Corría el año 1992, y el país crecía rápidamente gracias a las privatizaciones llevadas a cabo por el gobierno del padre de Lacalle Pou, Luis Alberto Lacalle Herrera.

Sin embargo, la oposición del Partido Colorado, liderado por Julio María Sanguinetti, junto con el Frente Amplio y el apoyo de los principales sindicatos del país, se organizaron para llevar a cabo un referéndum para romper con dichas reformas y dar marcha atrás con muchas privatizaciones.

Lacalle con esto se enfrenta a un desafío electoral muy importante y una gran prueba de fuego para su gobierno. Si este referéndum logra aprobarse, significaría una gran victoria para el Frente Amplio y un gobierno casi terminado para Lacalle Pou, quien tendrá poco margen de maniobra y poco capital político para enfrentar a un envalentonado Frente Amplio en los 2 años de gobierno que le restarían.

De ocurrir lo contrario y si el “No” se impone en el referéndum, Lacalle atestiguará el golpe de gracia contra la izquierda frenteamplista y verá a su coalición de gobierno bien respaldada de cara a los 2 años de gobierno que le quedarán.

Muchos ven esta posible elección de referendo como una antesala de cara a las próximas elecciones generales, en las que Lacalle no puede ser candidato a la reelección (ya que esta no existe en Uruguay) y el Partido Nacional deberá poner a prueba su agenda política con otras figuras.

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Uruguay

Uruguay: Un juez ordena suspender la vacunación contra el COVID-19 en niños menores a 13 años

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También prohibió el pase sanitario para entrar o salir del país. La decisión del magistrado marca una gran victoria para la transparencia y la libertad.

Una gran victoria para la transparencia y la libertad en Uruguay se dio este jueves, luego de que el juez Alejandro Recarey ordenara al gobierno uruguayo “la suspensión inmediata de las vacunaciones contra el SarsCov-2 (Covid-19), a menores de 13 años de edad, bajo apercibimiento de desacato”.

El magristrado también falló contra el Ministerio de Salud Pública a que se “abstenga de todo acto, hecho u omisión que exponga la situación sanitaria” o se “imponga un trato diferencial” a personas para salir o entrar a Uruguay por su condición de “no vacunadas”.

La sentencia indica que no se puede seguir vacunando niños hasta que Pfizer, el único laboratorio que recibió el permiso para vacunar menores de 13 años por parte del gobierno, responda una serie de preguntas respecto a la composición de la fórmula de las vacunas y brinde detalles acerca del contrato firmado con el gobierno uruguayo, que hasta el momento se ha mantenido confidencial por pedido de la empresa estadounidense.

Recarey entiende que se debe “suministrar a los responsables de los menores que se vacunen” un texto “que informe completamente y con claridad” del contenido de las inyecciones, sus beneficios, los riesgos que conlleve su suministro “con detalle de naturaleza, probabilidad y magnitud“, y los “efectos adversos ya detectados, en su totalidad”.

El valiente juez asumió como suplente en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo durante la feria judicial y aceptó una medida cautelar presentada por el abogado Maximiliano Dentone, que estaba cajoneada.

En ella se pedía aportar documentación sobre la composición de las vacunas y pidió que se suspenda la vacunación “en edades pediátricas” hasta que se esclarezca la situación.

El Ministerio de Salud de Lacalle Pou estalló de la furia, en un comunicado divulgado por Daniel Salinas, el ministro de Salud que diseñó el contrato confidencial con Pfizer. En una clara intromisión del Poder Ejecutivo en una decisión judicial, Salinas opinó sobre el fallo.

El gobierno sostuvo que el recurso de Dentone “no cumple con ninguno de los presupuestos y requisitos que esta acción excepcional, residual y sumarísima requiere” para cursar su presentación, “lo que evidencia que debió ser rechazada de plano” por el juez.

En la misma línea, alegó que “la vacuna no solo es eficaz, sino también segura, aprobada por el Ministerio de Salud Pública y por las principales agencias sanitarias del mundo“, una afirmación que requiere de confianza en el funcionario, ya que la aprobación se hizo a puertas cerradas y ni la fórmula ni el contrato han sido publicados.

Y en el peor comentario jamás registrado en un comunicado del Ministerio de Salud Pública, Salinas se arroga la suma del poder público en cuestiones sanitarias, argumentando que “la actuación del juez constituyó una clara violación a la separación de poderes, invadiendo potestades sanitarias, a cargo del Poder Ejecutivo“.

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Uruguay

Mega plan social de Lacalle Pou: Gastará 240 millones de dólares para construir viviendas para usurpadores de tierras

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Citando a Lula y con un fuerte discurso en favor del “Estado presente”, el gobierno uruguayo lanza un masivo plan de obra pública cuando la inflación roza el 10%.

En el marco del Programa Avanzar, un nombre que parece sacado directo del manual kirchnerista, el presidente Luis Lacalle Pou informó a la ciudadanía que gastará un total de 240 millones de dólares para construir y/o reparar unas 15.845 viviendas a lo largo de 120 asentamientos en todo el país.

Es importante aclarar que se considera un asentamiento cuando hay al menos 10 casas “precarias” construidas en terrenos privados ocupados o de propiedad del Estado.

Es una obra necesaria y justa“, se excusó el presidente por el masivo gasto en un momento delicado para la economía uruguaya, que atraviesa una inflación de casi 10 puntos interanual, una de las más altas de la historia.

La ministra de Vivienda, Irene Moreira, del conservador Cabildo Abierto, sostuvo en la presentación del proyecto que esta es “la mayor obra social volcada en asentamientos irregulares en la historia del Uruguay“, algo que por alguna razón mencionó con orgullo.

La Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (DNISU) estará a cargo de este plan. Su directora es Florencia Arbeleche, la hermana de la Ministra de Economía, Azucena Arbeleche. La funcionaria destacó durante la presentación que se va a estar “actuando en los 19 departamentos simultáneamente“, atendiendo “cada realidad“. 

Hoy contamos con US$ 240 millones para invertir en este plan. Esto significa que estaremos duplicando la inversión que se viene haciendo en asentamientos en los últimos períodos“, indicó Arbeleche.

Discurso kirchnerista de Lacalle Pou

Es una realidad humana, compleja por heterogénea“, resaltó el presidente Lacalle Pou al comenzar su discurso, señalando las diferentes realidades y orígenes de los asentamientos.

Estaba faltando un envión, al fin y al cabo destinar recursos porque creo que la vocación humana y social siempre estuvo vigente, sin perjuicio de quien gobernara en nuestro país“, enfatizó.

El mandatario, que parece estar sacando a relucir su amistad con Alberto Fernández, indicó que la obtención del monto millonario “es un punto de inflexión” y celebró como un logro de su administración haber podido adjudicar ese dinero.

Sin embargo, esta posición va en línea con la de todo su gobierno: gasto público para estimular la demanda y generar un crecimiento artificial de la economía. No por nada Arbeleche se considera una fiel discípula de Keynes.

“No alcanza si esos chiquilines no tienen una salud digna; una escuela cerca para poder superarse; no alcanza si no tienen al Mides cerca apalancándolos, por eso este abordaje empieza por el hogar, que es donde uno busca refugio desde que el ser humano camina por esta tierra, pero tiene que tener una complementación, un abordaje de distintas instituciones“, subrayó, con un fuerte discurso de Estado presente.

Lacalle Pou incluso citó al expresidente brasileño y actual candidato Lula Da Silva. “Hace muchos años, imitando aquella frase del presidente Lula ‘fome cero’, hambre cero, se nos ocurrió hablar de ‘asentamiento cero’. Obviamente que es aspiracional, como muchas cosas en la vida, y decíamos de acuerdo a los estudios que no era para un período de gobierno. Alcanza con ver los números y la cantidad que hay que invertir, que era una política nacional”, expresó el mandatario.

Cabe recordar que Lula no logró “hambre cero”, y se supo con los años que todos los programas de asistencia social y obra pública tenían un fuerte componente de corrupción como incentivo. ¿Será este el caso una vez más?

Vea la presentación completa

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Uruguay

Nepotismo explícito: Directora de INMUJERES de Uruguay contrató directamente a la empresa de publicidad de su hijastra

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En una compra directa sin licitación, Mónica Bottero, la ultra feminista que Lacalle Pou designó en INMUJERES para ganarse el voto de la izquierda progresista, se contrató a Ana Magnone.

Después de revelar cómo el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) de Uruguay canaliza dinero para financiar organizaciones feministas, en un intento absurdo del presidente Luis Lacalle Pou por ganar el voto de la izquierda, ahora La Derecha Diario se convierte en le primer medio argentino en informar de un posible caso de corrupción que recordará a muchos de las peores épocas del Frente Amplio.

Según datos oficiales, en diciembre de 2020, Mónica Bottero, la Directora de INMUJERES, realizó una contratación directa a una empresa de publicidad denominada Serendipia Estudios. Dicha contratación se realizó con motivo de una campaña publicitaria en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres.

Resulta que según datos del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), la empresa Serendipia Estudios figura con número de RUT 218166030010 a nombre de Ana Magnone Fabiani e Inés Iacopino Zimmer. Al día de hoy figura como ACTIVO en el RUPE.

Hasta acá, todo normal, ¿no? No. Ana Magnone Fabiani, una de las dos dueñas de la empresa es hijastra de Mónica Bottero. Es la hija de un anterior matrimonio de Alberto Magnone Ibarburu, el actual marido de Bottero.

Según una entrevista para el semanario hebreo JAI, Bottero considera a Ana como una hija más, junto a sus otros dos hijos con Alberto, Andrés y Juan. “Están pasando unas adolescencias muy buena, dentro de lo normal. Estamos todos disfrutando mucho con ellos. Son chicos inteligentes, interesados en lo que hacen sus padres“, contó en la entrevista.

Mónica Bottero con su esposo y sus hijos. Sus hijos Andrés y Juan, hoy de 17 y 14 años respectivamente. Y su “hija ganancial”, Ana, hoy de 30 años, de su esposo.

Debe ser que realmente los quiere mucho, ya que firmó una contratación directa con la empresa de su “hija” por un monto de $178.600. Dicha contratación fue para el diseño y realización de una campaña publicitaria, y figura en el portal de Compras Estatales de Uruguay.

Según pudimos averiguar, la empresa de Ana Magnone intentó en varias oportunidades ganar licitaciones del Estado, pero perdió sistemáticamente contra otras empresas. En esta oportunidad, no tuvo que competir, ya que fue una compra directa del Estado.

En el portal de compras estatales figuran dos resoluciones firmadas por el ex Director Gral. de Secretaría, el Dr. Nicolás Martinelli. Una donde no se menciona la razón social de la empresa, fechada el 7 de diciembre del 2020, y luego otra aclaratoria en donde si aparece el nombre de la hijastra de Mónica Bottero la cual fue contratada por INMUJERES, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.

Resulta muy llamativo que quien venía a limpiar la corrupción del MIDES, realizar auditorías, mejorar procesos y controles para evitar desmanes, firma una resolución de contratación donde claramente hay vínculos familiares entre el proveedor y quien contrata.

Únicamente un bufón que creó humo con auditorías que no fueron tales (no se realizaron auditorías externas), el cual hoy está muy cómodo sentado junto al presidente Lacalle Pou en Torre Ejecutiva.

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