La aprobación del aborto legal hace 12 años ya empezó a impactar severamente en la cantidad de nacimientos, y una generación después, las escuelas empiezan a vaciarse de niños.

En el año 2012 se aprobo la ley de aborto legal en Uruguay, lo que ha llevado, en tiempo récord, a un declive poblacional en el país oriental, que atraviesa desde 2016 la mayor caída de nacimientos de su historia.

Esta merma empieza a hacerse notar en los grados escolares, con la mayoría de los nacidos aquel 2016, ahora entrando a segundo grado de escuela, y revelando un preocupante colapso de la natalidad.

En total, unos 300.000 niños comenzaron las clases este mes en Uruguay, distribuidos en 2.300 escuelas de todo el país. Sin embargo, yendo a la comparativa, en las escuelas públicas las clases empiezan con 6.502 alumnos menos que el año anterior, unos 20.000 menos que hace un lustro y casi una generación entera menos que hace 15 años.

El caso más evidente —y curioso— es la generación de primer grado de escuela que inicia las clases este lunes: es 17% más chica que la generación de primero del año pasado, y se convierte en la generación más pequeña de ese grado desde que hay registros.

La última proyección que realizó la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) del Ministerio de Educación, estima que, antes de que acabe la década en curso, la población en edad escolar se reducirá una la cuarta parte respecto a la observada a comienzos de la misma década.

Si bien es el factor principal, el aborto no es la única razón por la caída de natalidad. Hoy, Uruguay es uno de los países mas caros de América Latina y del mundo para tener hijos, culpa de las trabas gigantes a la importación que impone el Estado uruguayo y de los impuestos excesivos que tienen que pagar los comercios y la clase media, llevando a precios locales más altos que los internacionales, pero con sueldos peores. Todo esto afecta gravemente la situación demográfica.

Este impacto también afecta a la oferta. Al haber menos niños en Uruguay y menos ingresos a las escuelas, cada vez las maestras y profesores son menos requeridos. El problema de natalidad ahora se está convirtiendo en una crisis de desempleo para los trabajadores de la educación.

En rueda de prensa la semana pasada, la Directora de Primaria del Ministerio de Educación, Olga de las Heras, dijo que «hay maestros recién recibidos que todavía no han podido elegir cargo» y que en el caso de la carrera de Maestro de Primera Infancia (MPI) hay «mucha demanda, pero no hay tanta oferta para ubicarlos» y por eso hay docentes que aún no pueden trabajar.

El gobierno de Lacalle Pou contra las cuerdas por haber damnificado injustamente al hospital de la Comunidad Gallega, la Casa de Galicia, en dicho país, para beneficiar a otros hospitales privados.

Casa de Galicia fue una mutualista de asistencia médica uruguaya fundada en el año 1917 por un grupo de inmigrantes gallegos. El 23 de diciembre de 2021, después de 104 años de operaciones, la justicia decretó su cierre luego de que el exministro de Salud, Daniel Salinas, dejara sin recursos al hospital.

La decisión causó un enorme descontento entre los gallegos, tanto en España como en el resto del mundo, ya que se trataba de la mutualista gallega mas importante del mundo fuera de la Galicia Continental, con más de 40 mil socios y un siglo de operaciones. Atendía a 10.000 gallegos nacidos en Galicia y a hijos, nietos y familiares de los mismos.

En noviembre de 2022, el último presidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, un hombre muy reconocido y respetado en la comunidad gallega, anunció que denunciaría al entonces ministro Salinas, por entender que el cierre de la mutualista fue una acción premeditada y organizada con la intención de beneficiar a otras instituciones de salud, particularmente al Círculo Católico y al Hospital Evangélico.

Desde La Derecha Diario, nos comunicamos con Alberto Iglesias, quien denuncia graves presiones de parte de varios actores de Torre Ejecutiva, especialmente de Daniel Salinas, de su subsecretario José Luis Satdjian y el entonces Secretario de Presidencia, mano derecha de Lacalle Pou y actual precandidato a presidente, Álvaro Delgado.

Iglesias, asumió la presidencia de Casa de Galicia en el mes de octubre del año 2018, a pedido del Presidente de la Comunidad Gallega en ese entonces, y actual Presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijoo.

Al asumir con la responsabilidad de ejercer el mando de la mutualista, Iglesias solicitó a Feijoo que envíe auditores desde Galicia, para que dejen constancia del estado en el cual se encontraba la Casa de Galicia. Iglesias estaba seguro al momento de asumir que le habían dejado las cuentas destruidas, pero que iba a poder salir adelante.

Los auditores españoles llegaron a fines de enero de 2019, y después de su investigación, hicieron 200 recomendaciones, que la mutualista, con Iglesias al mando, cumplió casi en su totalidad para el mes de octubre de 2021. En ese momento, Iglesias volvió a solicitar una nueva auditoria, esta vez para que se constaten todos los elementos e indicadores en los cuales la mutualista mejoró bajo su gestión.

Un tiempo antes, el 24 de abril del año 2021, el Banco Santander aprobó un crédito de una gran importancia, de 12 millones de dólares con 2 años de gracia y 10 años para pagar, para sanear la mutualista.

En agosto, concretamente el 26 de ese mes, Delgado citó a Iglesias a una conversación privada en Torre Ejecutiva, donde le pidió que consiga inversiones relacionadas a la pesca en Galicia. Concretamente, Delgado le pidió que lo ayude a hablar con Feijoo, en ese momento gobernador de la comunidad gallega, para conseguir inversores de la pesca, y a cambio, le prometio que le firmaría el fideicomiso para salvar Casa de Galicia.

En Uruguay, un banco no da linea de crédito a ninguna institución medica si no existe un fideicomiso firmado por el estado como garante, y esto suele ser una herramienta de negociación que los gobiernos usan para conseguir favores a cambio de la entrega de fondos.

Justo antes que Iglesias llamara a una nueva auditoría, en septiembre de 2021, en una llamada entre Feijoo y Lacalle para confirmar la inversión de las empresas pesqueras, Lacalle le habría pedido a Feijoo que suspenda la misión de auditores para Casa de Galicia, ya que hubiera revelado que la mutual era viable y podría contradecir la versión del Gobierno de que Casa de Galicia necesitaba de la ayuda estatal.

En paralelo a eso, veedores de Uruguay del Ministerio de Salud Pública, al mando por aquél entonces de Daniel Salinas, lanzaron una auditoria propia, distinta a la de los auditores españoles. Esos veedores fueron contratados por la Junta Nacional de Salud (JUNASA), y fueron solamente aprobados con los votos de miembros del Partido Nacional, evidentemente por orden directa de la Presidencia.

Esos veedores habrían recibido presiones del Dr. Gonzalez Machado, jerarca de la JUNASA, quien “alentó” a los veedores a cambiar el informe por ser “muy benevolente”. Sin embargo, declinaron en modificar el informe y lo mantuvieron.

Finalmente, el informe del gobierno llevó a que la mutual perdiera su nivel crediticio y sucumbiera ante las deudas. La quiebra llevó además a dejar a 1.000 trabajadores en la calle. Si bien el Congreso votó que el Estado se haga cargo de sus indemnizaciones, Lacalle Pou vetó por decreto la asistencia.

El gobierno de Lacalle Pou a través de sus máximas jerarquías en Salud y Economía perjudicó adrede a la mutualista Casa de Galicia, por motivos económicos y corporativos, con el fin de que se funda, y que se pueda ir a remate y comprarse barato, en este caso para beneficiar a otras mutualistas, como Circulo Católico que compró todos los bienes materiales de la Casa de Galicia.

En el caso del Hospital Evangélico, que absorbió 10.000 socios de la mutual gallega. El Ministro de Salud al frente de esa operación, Daniel Salinas, fue curiosamente médico del Circulo Católico.

La Udelar censuró, persiguió, sumarió y ahora suspendió a un estudiante de la carrera de comunicación por expresar sus opiniones en contra de la ideología de género y por criticar a sus profesores en un sitio web.

Esta semana, el Consejo de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República (Udelar) de Uruguay, resolvió suspender por un año y medio a un alumno que en abril del año pasado había sido sumariado por publicar un articulo hablando sobre la facultad, criticando a sus docentes y expresándose en contra de la ideología de género y el feminismo.

El articulo, publicado en la revista aContrapelo, se titula “6 cosas que tenés que saber antes de ir a la FIC”, y es un resumen, al estilo punk, de lo que es la facultad, sus contenidos académicos, sus profesores, y la calidad educativa en general, a modo de critica.

La nota se viralizó rápidamente entre los estudiantes y llegó hasta la rectoría de la Udelar, que decidió abrirle un sumario. Primero, fue puesto bajo suspensión preventiva mientras duraba la investigación, pero ahora la decisión fue final: perderá la calidad de estudiante por 18 meses.

Pero la persecución contra Felipe Villamayor, estudiante de la Licenciatura en Comunicación de la facultad, no se quedó allí. La prensa corporativa uruguaya, como El Observador o Montevideo Portal se la agarró con él, y empezó a divulgar noticias falsas sobre sus acciones y su persona.

Estos medios afirmaron el estudiante en cuestión había ingresado a un aula “llena” a detener las clases, entregar afiches y faltar el respeto e insultar a los profesores. Desde La Derecha Diario nos comunicamos con el alumno sumariado, y nos contó que estas afirmaciones de la prensa son mentira, y que él solamente había dejado algunos afiches en un aula que estaba vacía, y que nunca insultó ni se cruzó con ningún profesor y menos en medio de una clase.

Esto, según nos contó Villamayor, quedó claro en el sumario realizado, donde los profesores de esa materia se desdijeron de sus declaraciones en el portal El Observador y, en un documento legal, no se animaron a mentir. Sin embargo, hasta el momento de publicación de esta nota, El Observador no borró la nota ni le pidió disculpas a Felipe.

Según declara el alumno escrachado, esto se trata de una clara campaña de desprestigio contra su persona y sus ideas, y es, evidentemente, una movida corporativista contra quienes piensan distinto. Una profesora suya, Patricia Pujol, visiblemente feminista y quien también trabaja para TV Ciudad, el medio militante financiado por la intendencia de Montevideo, habría sido quien se comunicó con los medios para que hagan publico el sumario y publiquen noticias falsas sobre el asunto.

Los medios tradicionales, como era de esperarse, replicaron sus dichos sin verificar la información (era tan simple como pedir acceso al sumario y comparar con las declaraciones allí realizadas) y no le dieron derecho a replica al acusado.

Villamayor también declara haber sufrido aprietes para bajar artículos, habiendo recibido llamadas amenazantes para eliminarlos de la web, e incluso, denuncia que su sitio web fue censurado, algo que no debería ocurrir en una democracia liberal.

Por otra parte, el sistema público universitario uruguayo tiene un sistema para resolver estas cuestiones que es realmente absurdo, dado que el mismo organismo que inició el sumario contra Villamayor, era el encargado de fallar a favor o en contra del sumariado. En una clara omisión de los principios básicos de justicia que deberían primar en los servicios públicos de Uruguay.

Evidentemente los izquierdistas que controlan las facultades y los centros educativos tienen miedo del que piensa distinto y temen que ya nadie escuche sus ideas, por eso censuran y amedrentan a quienes los combaten.

La Derecha Diario, a diferencia de los grandes medios uruguayos, se comunicó fáiclmente con Felipe Villamayor y pudo constatar que la prensa mintió en reiteradas ocasiones sobre su situación. Su testimonio y recuento de los hechos puede leerse aquí.

Los integrantes del Consejo que sumariaron al estudiante por expresar su opinión en internet, son:

DECANA: María Gladys Ceretta.

ORDEN DOCENTE: Titulares: Paulina Szafran, Rosalía Winocur, Javier Canzani, Gabriel Kaplún, y Mario Barité (ADUR FIC).
ORDEN ESTUDIANTIL: Titulares: Sofía Camacho, Juan Bruschi (CEICo – ASCEEP – FEUU) y Lucía Velázquez (CGU – Corriente Gremial Universitaria).
ORDEN EGRESADOS: Titulares: Gerardo Iglesias, Julieta Núñez, y Néstor Gamarra.