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Uruguay

Gobierno de Lacalle Pou promueve “cláusulas de género” en los acuerdos comerciales del Mercosur 

El Gobierno de Luis Lacalle Pou solicitó el pasado miércoles la implementación de “clausulas de género” en los acuerdos comerciales del Mercosur. La iniciativa fue impulsada por la vicepresidente Beatriz Argimón, quien ha controlado la agenda social del Presidente.

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El pasado miércoles, miembros del gobierno de Lacalle Pou sostuvieron un encuentro con autoridades del Mercosur, en el marco de la Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del Mercosur (RMAAM), que se realizó de forma virtual por las preocupaciones que todavía tienen las autoridades uruguayas por la pandemia del coronavirus. 

En dicha reunión participó la izquierdista y progresista Vicepresidente, Beatriz Argimón, junto con la Vicecanciller, Carolina Ache, la Directora del Instituto Uruguayo de Mujeres, Mónica Bottero, y una serie de diferentes personalidades de la Coalición Multicolor que gobierna Uruguay.

Las autoridades uruguayas propusieron al Mercosur que todos los acuerdos comerciales que se firmen a partir de ahora en el bloque contengan “cláusulas de género”, iniciativa que fue aprobada en la misma reunión, y que pasará a manos del del Consejo del Mercado Común (CMC) para su respectiva ratificación. 

Además, la Vicepresidente de Uruguay confirmó que se trataron temas como el desafío del comercio internacional para la autonomía económica de las mujeres.”

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Según el Diario El País, una vez que se ratifique, habrá un compromiso de incluir cláusulas de género que se definirán en cada acuerdo, pero que podrían abarcar desde un diagnóstico de situación, capacitaciones, acciones afirmativas o hasta cuotas específicas que den participación a mujeres. Según qué tipo de acuerdo sea y qué sector productivo comprenda, será el tipo de cláusula que se genere.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), adscrito al Ministerio de Desarrollo Social de Lacalle Pou, publicó en horas de la tarde un comunicado en el que defendió dicha propuesta. 

El organismo argumentó que “desde hace varias décadas se reconoce que la desigualdad de género es un factor que restringe el desarrollo humano y que se manifiesta, sobre todo, en la brecha de género en materia de participación y oportunidades económicas”, además de afirmar que “esta brecha constituye el núcleo duro de la desigualdad de género”. 

Según Inmujeres, una política comercial inclusiva “contribuiría enormemente a cerrar la brecha económica de género“, y mencionó que Uruguay y Chile fueron de los primeros países del mundo en incluir “un capítulo de género en un tratado de libre comercio”.

De cara a las actuales negociaciones que el Mercosur está llevando adelante con Canadá, se espera la incorporación de un capítulo sobre comercio y género. Asimismo, el acuerdo de libre comercio que se negocia entre el Mercosur y la Unión Europea también incluye disposiciones vinculadas a la promoción de la igualdad de género, las únicas que recibieron la aprobación del presidente izquierdista Alberto Fernández.

“El comercio internacional reproduce las estructuras desiguales de las economías y las relaciones de género en los países inciden en el acceso de mujeres y hombres a los recursos productivos y a los beneficios del comercio”, indica el comunicado de la institución

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Esta propuesta ha causado polémica entre diversos sectores del Gobierno, en especial los sectores conservadores que apoyaron al presidente Luis Lacalle Pou para que haga un quiebre con décadas de gobiernos progresistas.

Lacalle ha preferido dar continuidad de la agenda progresista que impuso el izquierdista Frente Amplio durante su gestión y no confrontar a estos sectores, a diferencia de otros líderes regionales como Jair Bolsonaro en Brasil o Abdo Benítez en Paraguay. 

Recientemente, en el mes de septiembre, el sector progresista del Partido Nacional colocó dos banderas representativas del lobby LGTB en la fachada de la Casa Central del partido, como parte de las celebraciones de la polémica “Marcha por la Diversidad” que se llevó a cabo a finales de ese mes. 

La vicepresidente Beatriz Argimón se convirtió en una de las máximas referentes de la causa progresista, usando todo el poder del Estado para avanzar con la agenda de género, incluso más que el mismo Frente Amplio.

Una vez más, el “consenso progre” continúa generando divisiones en otro partido de derecha en la región. La promoción de la agenda cultural de la izquierda como estrategia para captar votos desde un partido de derecha son medidas que terminan de alejar a los electores fieles de estos partidos, quienes esperan resultados concretos ante el ascenso de sectores radicales que han recibido un notable impulso gracias a las medidas tibias implementadas por sectores de “centro- derecha”.

También, como se experimentó en Argentina, estas políticas feministas solo apelan a un minúsculo porcentaje de la población, que tiene cero interés en sumarse a un partido tradicionalmente conservador. Mientras tanto, se gasta capital político y recursos que podrían ser destinados a captar el voto de independientes y moderados que no participaron del proceso electoral de 2019, que comprende más de un 10% del padrón electoral.

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Uruguay

Uruguay: Un juez ordena suspender la vacunación contra el COVID-19 en niños menores a 13 años

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También prohibió el pase sanitario para entrar o salir del país. La decisión del magistrado marca una gran victoria para la transparencia y la libertad.

Una gran victoria para la transparencia y la libertad en Uruguay se dio este jueves, luego de que el juez Alejandro Recarey ordenara al gobierno uruguayo “la suspensión inmediata de las vacunaciones contra el SarsCov-2 (Covid-19), a menores de 13 años de edad, bajo apercibimiento de desacato”.

El magristrado también falló contra el Ministerio de Salud Pública a que se “abstenga de todo acto, hecho u omisión que exponga la situación sanitaria” o se “imponga un trato diferencial” a personas para salir o entrar a Uruguay por su condición de “no vacunadas”.

La sentencia indica que no se puede seguir vacunando niños hasta que Pfizer, el único laboratorio que recibió el permiso para vacunar menores de 13 años por parte del gobierno, responda una serie de preguntas respecto a la composición de la fórmula de las vacunas y brinde detalles acerca del contrato firmado con el gobierno uruguayo, que hasta el momento se ha mantenido confidencial por pedido de la empresa estadounidense.

Recarey entiende que se debe “suministrar a los responsables de los menores que se vacunen” un texto “que informe completamente y con claridad” del contenido de las inyecciones, sus beneficios, los riesgos que conlleve su suministro “con detalle de naturaleza, probabilidad y magnitud“, y los “efectos adversos ya detectados, en su totalidad”.

El valiente juez asumió como suplente en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo durante la feria judicial y aceptó una medida cautelar presentada por el abogado Maximiliano Dentone, que estaba cajoneada.

En ella se pedía aportar documentación sobre la composición de las vacunas y pidió que se suspenda la vacunación “en edades pediátricas” hasta que se esclarezca la situación.

El Ministerio de Salud de Lacalle Pou estalló de la furia, en un comunicado divulgado por Daniel Salinas, el ministro de Salud que diseñó el contrato confidencial con Pfizer. En una clara intromisión del Poder Ejecutivo en una decisión judicial, Salinas opinó sobre el fallo.

El gobierno sostuvo que el recurso de Dentone “no cumple con ninguno de los presupuestos y requisitos que esta acción excepcional, residual y sumarísima requiere” para cursar su presentación, “lo que evidencia que debió ser rechazada de plano” por el juez.

En la misma línea, alegó que “la vacuna no solo es eficaz, sino también segura, aprobada por el Ministerio de Salud Pública y por las principales agencias sanitarias del mundo“, una afirmación que requiere de confianza en el funcionario, ya que la aprobación se hizo a puertas cerradas y ni la fórmula ni el contrato han sido publicados.

Y en el peor comentario jamás registrado en un comunicado del Ministerio de Salud Pública, Salinas se arroga la suma del poder público en cuestiones sanitarias, argumentando que “la actuación del juez constituyó una clara violación a la separación de poderes, invadiendo potestades sanitarias, a cargo del Poder Ejecutivo“.

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Uruguay

Mega plan social de Lacalle Pou: Gastará 240 millones de dólares para construir viviendas para usurpadores de tierras

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Citando a Lula y con un fuerte discurso en favor del “Estado presente”, el gobierno uruguayo lanza un masivo plan de obra pública cuando la inflación roza el 10%.

En el marco del Programa Avanzar, un nombre que parece sacado directo del manual kirchnerista, el presidente Luis Lacalle Pou informó a la ciudadanía que gastará un total de 240 millones de dólares para construir y/o reparar unas 15.845 viviendas a lo largo de 120 asentamientos en todo el país.

Es importante aclarar que se considera un asentamiento cuando hay al menos 10 casas “precarias” construidas en terrenos privados ocupados o de propiedad del Estado.

Es una obra necesaria y justa“, se excusó el presidente por el masivo gasto en un momento delicado para la economía uruguaya, que atraviesa una inflación de casi 10 puntos interanual, una de las más altas de la historia.

La ministra de Vivienda, Irene Moreira, del conservador Cabildo Abierto, sostuvo en la presentación del proyecto que esta es “la mayor obra social volcada en asentamientos irregulares en la historia del Uruguay“, algo que por alguna razón mencionó con orgullo.

La Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (DNISU) estará a cargo de este plan. Su directora es Florencia Arbeleche, la hermana de la Ministra de Economía, Azucena Arbeleche. La funcionaria destacó durante la presentación que se va a estar “actuando en los 19 departamentos simultáneamente“, atendiendo “cada realidad“. 

Hoy contamos con US$ 240 millones para invertir en este plan. Esto significa que estaremos duplicando la inversión que se viene haciendo en asentamientos en los últimos períodos“, indicó Arbeleche.

Discurso kirchnerista de Lacalle Pou

Es una realidad humana, compleja por heterogénea“, resaltó el presidente Lacalle Pou al comenzar su discurso, señalando las diferentes realidades y orígenes de los asentamientos.

Estaba faltando un envión, al fin y al cabo destinar recursos porque creo que la vocación humana y social siempre estuvo vigente, sin perjuicio de quien gobernara en nuestro país“, enfatizó.

El mandatario, que parece estar sacando a relucir su amistad con Alberto Fernández, indicó que la obtención del monto millonario “es un punto de inflexión” y celebró como un logro de su administración haber podido adjudicar ese dinero.

Sin embargo, esta posición va en línea con la de todo su gobierno: gasto público para estimular la demanda y generar un crecimiento artificial de la economía. No por nada Arbeleche se considera una fiel discípula de Keynes.

“No alcanza si esos chiquilines no tienen una salud digna; una escuela cerca para poder superarse; no alcanza si no tienen al Mides cerca apalancándolos, por eso este abordaje empieza por el hogar, que es donde uno busca refugio desde que el ser humano camina por esta tierra, pero tiene que tener una complementación, un abordaje de distintas instituciones“, subrayó, con un fuerte discurso de Estado presente.

Lacalle Pou incluso citó al expresidente brasileño y actual candidato Lula Da Silva. “Hace muchos años, imitando aquella frase del presidente Lula ‘fome cero’, hambre cero, se nos ocurrió hablar de ‘asentamiento cero’. Obviamente que es aspiracional, como muchas cosas en la vida, y decíamos de acuerdo a los estudios que no era para un período de gobierno. Alcanza con ver los números y la cantidad que hay que invertir, que era una política nacional”, expresó el mandatario.

Cabe recordar que Lula no logró “hambre cero”, y se supo con los años que todos los programas de asistencia social y obra pública tenían un fuerte componente de corrupción como incentivo. ¿Será este el caso una vez más?

Vea la presentación completa

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Uruguay

Nepotismo explícito: Directora de INMUJERES de Uruguay contrató directamente a la empresa de publicidad de su hijastra

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En una compra directa sin licitación, Mónica Bottero, la ultra feminista que Lacalle Pou designó en INMUJERES para ganarse el voto de la izquierda progresista, se contrató a Ana Magnone.

Después de revelar cómo el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) de Uruguay canaliza dinero para financiar organizaciones feministas, en un intento absurdo del presidente Luis Lacalle Pou por ganar el voto de la izquierda, ahora La Derecha Diario se convierte en le primer medio argentino en informar de un posible caso de corrupción que recordará a muchos de las peores épocas del Frente Amplio.

Según datos oficiales, en diciembre de 2020, Mónica Bottero, la Directora de INMUJERES, realizó una contratación directa a una empresa de publicidad denominada Serendipia Estudios. Dicha contratación se realizó con motivo de una campaña publicitaria en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres.

Resulta que según datos del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), la empresa Serendipia Estudios figura con número de RUT 218166030010 a nombre de Ana Magnone Fabiani e Inés Iacopino Zimmer. Al día de hoy figura como ACTIVO en el RUPE.

Hasta acá, todo normal, ¿no? No. Ana Magnone Fabiani, una de las dos dueñas de la empresa es hijastra de Mónica Bottero. Es la hija de un anterior matrimonio de Alberto Magnone Ibarburu, el actual marido de Bottero.

Según una entrevista para el semanario hebreo JAI, Bottero considera a Ana como una hija más, junto a sus otros dos hijos con Alberto, Andrés y Juan. “Están pasando unas adolescencias muy buena, dentro de lo normal. Estamos todos disfrutando mucho con ellos. Son chicos inteligentes, interesados en lo que hacen sus padres“, contó en la entrevista.

Mónica Bottero con su esposo y sus hijos. Sus hijos Andrés y Juan, hoy de 17 y 14 años respectivamente. Y su “hija ganancial”, Ana, hoy de 30 años, de su esposo.

Debe ser que realmente los quiere mucho, ya que firmó una contratación directa con la empresa de su “hija” por un monto de $178.600. Dicha contratación fue para el diseño y realización de una campaña publicitaria, y figura en el portal de Compras Estatales de Uruguay.

Según pudimos averiguar, la empresa de Ana Magnone intentó en varias oportunidades ganar licitaciones del Estado, pero perdió sistemáticamente contra otras empresas. En esta oportunidad, no tuvo que competir, ya que fue una compra directa del Estado.

En el portal de compras estatales figuran dos resoluciones firmadas por el ex Director Gral. de Secretaría, el Dr. Nicolás Martinelli. Una donde no se menciona la razón social de la empresa, fechada el 7 de diciembre del 2020, y luego otra aclaratoria en donde si aparece el nombre de la hijastra de Mónica Bottero la cual fue contratada por INMUJERES, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.

Resulta muy llamativo que quien venía a limpiar la corrupción del MIDES, realizar auditorías, mejorar procesos y controles para evitar desmanes, firma una resolución de contratación donde claramente hay vínculos familiares entre el proveedor y quien contrata.

Únicamente un bufón que creó humo con auditorías que no fueron tales (no se realizaron auditorías externas), el cual hoy está muy cómodo sentado junto al presidente Lacalle Pou en Torre Ejecutiva.

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