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Uruguay

Lacalle Pou busca reformar notoriamente a Uruguay antes de los primeros 6 meses de gobierno

En el medio de la crisis por el coronavirus y de un boicot de la oposición, el Presidente, Luis Lacalle Pou, pone en marcha un mega-proyecto de ley de Urgente Consideración, que deberá ser evaluado en los próximos 90 días y que, de aprobarse, reformará el Estado de forma notoria.

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A las 17:00 horas del pasado jueves 23 de abril, el prosecretario de la presidencia del Uruguay, Rodrigo Ferres, entregó a la vicepresidente de la República y Presidente de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón, el proyecto de ley de “Urgente Consideración”, elaborado por el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Ese momento marcó el inicio de un ambicioso proyecto del recientemente electo Presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, que logró unir bajo una misma bandera a toda la oposición, materializando la famosa frase “del centro a la derecha, todo”.
Este proyecto de ley que contiene grandes reformas económicas, sociales y de seguridad apunta a equilibrar las cuentas públicas, endurecer las penas y mejorar la seguridad y la educación. Lo notorio de este proyecto es que no existe en países como Argentina, y que al ser una ley de “Urgente Consideración”, el Legislativo vota para rechazarlo, no para aprobarlo. Si no es rechazado en un plazo de 90 días, automáticamente se convertirá en ley.
En la mañana del martes de esta semana se dio comienzo a la sesión extraordinaria para el análisis del proyecto en el Senado, que tiene el condimento especial de llevarse a cabo en plena pandemia. Los legisladores mantuvieron una distancia considerable entre sí y muchos atendieron el recinto con barbijo, a pesar de que el virus chino está casi completamente contenido en Uruguay.
Las sesiones se pueden ver en vivo a través de este canal.

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¿De qué trata el proyecto?

El ambicioso, pero revolucionario, proyecto consiste en una serie de 502 artículos, que se enfocan en materia de seguridad, educación y economía.

Seguridad

Las reformas más importantes:

  • Se le dará un refuerzo a las potestades de las fuerzas del orden, es decir, se le dará más libertad de acción a la policía para combatir al crimen.
  • Se penalizará con 6 meses a 4 años de prisión a quien se defiende de un arresto por parte de la policía y quien rompa la tobillera estando en prisión domiciliaria.
  • Se aumentará la pena máxima en menores de edad.
  • Delitos menores de narcotráfico pasarán a ser excarcelables.
  • Se introducirá una Ley de Derribos de Aeronaves que vuelen sin autorización del gobierno, principalmente para enfrentar al narcotráfico organizado.
  • Se le reconocerá el derecho de portar armas a policías y militares retirados.
  • Se reforma el derecho a huelga, dándole permiso al Estado a intervenir cuando se cercena el derecho de los “no-huelguistas” en la vía pública.
  • Habrá más garantías para el policía, para que no tengan miedo de intervenir en casos delictivos, estableciendo la presunción simple en legítima defensa.
  • Duplicación del tiempo de servicio de emergencia de la policía.
  • Se creará una Dirección Nacional de Policías para la seguridad rural.

Educación

Las reformas más importantes:
  • Se buscará reformar la UdelaR (Universidad de la República – universidad pública de todo el territorio nacional), sacándole poderes y transfiriéndoselos al Ministerio de Educación y Cultura.
  • Se eliminará una frase de la Ley General de Educación del 2008 que prohibía al Estado “alentar la mercantilización” de la educación. De esta manera, se terminará el estigma de la educación privada y de alta calidad.
  • El plan nacional de educación será elaborado tanto por el Consejo Directivo Central de la Educación como por el Ministerio de Educación.
  • Se eliminará el requerimiento de experiencia en la educación pública para formar parte de la ANEP, organismo nacional que gestiona la educación pública en Uruguay.
  • La ANEP tendrá fuertes cambios en su gobernanza.
  • Se modificará la estructura del INEEd, que evalúa la gestión pública en Educación. De esta manera, se buscará reforzar su independencia.

Economía

Las reformas más importantes:

  • Se establecerá una nueva regla fiscal que reducirá el gasto público y pondrá metas claras para llegar al equilibrio fiscal.
  • Se disminuirá el número de funcionarios en el Estado.
  • Cambiará el funcionamiento de las empresas públicas que actualmente controlan a los sectores más importantes de la economía (la electricidad, el agua, los combustibles y las telecomunicaciones).
  • Se derogará la ley de inclusión financiera, que obligaba a todos los trabajadores a cobrar a través del sistema financiero. La Cámara Regional de Empresarios había iniciado una colecta de firma quejándose de esta ley que explicaba hasta un 20% del encarecimiento de los gastos de las empresas en los últimos años. Si se aprueba la derogación, los empleados podrán cobrar en efectivo, en una cuenta bancaria o de la manera que deseen.
  • Se habilitará la libre importación de combustibles, en lo que puede ser la parte más importante de la ley. Se busca de esta forma terminar con el monopolio de la petrolera uruguaya, Ancap, creando un mercado energético más libre y más competitivo.

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Si bien la coalición multipartidaria encabezada por el Presidente cuenta con mayoría en ambas cámaras del Congreso, la aprobación de esta ley no es segura, ya que no existe un consenso entre los líderes de la coalición respecto a muchos artículos de esta ley. Por ejemplo: el senador del Partido Colorado, Adrián Peña, manifestó que no votará a favor del artículo que desmonopoliza la importación de combustibles.

Lacalle Pou no ganó las últimas elecciones sólo. Su partido, el Partido Nacional (centro-derecha liberal), contó con el apoyo del Partido Colorado (centro-izquierda liberal), Cabildo Abierto (derecha conservadora), el Partido Independiente (socialdemócratas) y el Partido de la Gente (derecha liberal).

Composición de la Cámara de Diputados

Composición del Senado

La gran mayoría de los representantes no se han pronunciado todavía ni a favor ni en contra de la ley, y es muy difícil dirimir qué harán. Tampoco se sabe si los partidos de la coalición multicolor darán su apoyo exigiendo que los diputados de sus filas voten de una manera u otra.

Además, el Frente Amplio, que perdió el control de Uruguay después de casi 15 años, generó polémica cuando denunció que una ley de Urgente Consideración debe de ser firmada por la totalidad del gabinete para ser enviada al Congreso, lo cual no fue así, ya que el canciller y actual líder del Partido Colorado, Ernesto Talvi, y la ministra de Vivienda del partido Cabildo Abierto, Irene Moreira, decidieron no poner su firma.

Esto llevó a ciertas asperezas internas del nuevo gobierno, ya que Talvi es uno de los representantes más importantes de esta coalición gobernante y su apoyo puede ser decisivo a la hora de la aprobación de la ley. Desde el Partido Colorado afirman que el canciller no firmó el proyecto por cuestiones administrativas pero lo apoya.

En la sesión parlamentaria del día martes, el senador frentista, Charles Carrera, volvió a reavivar este conflicto cuando, en su discurso, argumentó que la única forma de que se debata un proyecto así es con las firmas del Consejo de Ministros.

Sin embargo el senador, Sergio Abreu, le contestó que no importa si hay 11, 10 u 8 ministros, se olvidaron del artículo 162 que dice que el Poder Ejecutivo actuará con mayoría del Consejo de Ministros y no necesariamente con la totalidad de este“.

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El argumento del Frente Amplio es político y no jurídico. Lo cierto es que estamos frente a un Frente Amplio fragmentado y roto, con falta de liderazgo y una renovación en sus figuras visibles que apenas se nota, frente a un gobierno de coalición liderado por un Lacalle fortalecido y caracterizado por manejar de manera responsable la presente crisis.

La ahora oposición frenteamplista también busca deslegitimar la ley; denunció muchos de los más de 500 artículos de la ley tildándolos de inconstitucionales, y denuncian que son ilegales las sesiones en el Congreso por el virus chino.

El gobierno respondió ante estas acusaciones que los temas a tratar en la ley son impostergables a pesar de la actual crisis. La oposición quiere postergar la votación de este proyecto lo más posible para que no se discuta durante la pandemia. Lo cierto es que el Frente Amplio contaba con que, cuando se discuta esta ley, iban a poder convocar grandes movilizaciones sociales, protestas violentas y posiblemente paros. Gracias a que la cuarentena en Uruguay es voluntaria (prohíbe que se amontone la gente en la vía pública) quedaron atados de manos.

Lacalle cuenta con mayoría en ambas cámaras, y si los congresistas no toman decisiones inesperadas, Uruguay podría entrar en una nueva etapa de su historia, que deje atrás décadas de socialismo y, finalmente, adopte medidas liberales y modernas de la economía política contemporánea.

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Uruguay

Uruguay: Un juez ordena suspender la vacunación contra el COVID-19 en niños menores a 13 años

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También prohibió el pase sanitario para entrar o salir del país. La decisión del magistrado marca una gran victoria para la transparencia y la libertad.

Una gran victoria para la transparencia y la libertad en Uruguay se dio este jueves, luego de que el juez Alejandro Recarey ordenara al gobierno uruguayo “la suspensión inmediata de las vacunaciones contra el SarsCov-2 (Covid-19), a menores de 13 años de edad, bajo apercibimiento de desacato”.

El magristrado también falló contra el Ministerio de Salud Pública a que se “abstenga de todo acto, hecho u omisión que exponga la situación sanitaria” o se “imponga un trato diferencial” a personas para salir o entrar a Uruguay por su condición de “no vacunadas”.

La sentencia indica que no se puede seguir vacunando niños hasta que Pfizer, el único laboratorio que recibió el permiso para vacunar menores de 13 años por parte del gobierno, responda una serie de preguntas respecto a la composición de la fórmula de las vacunas y brinde detalles acerca del contrato firmado con el gobierno uruguayo, que hasta el momento se ha mantenido confidencial por pedido de la empresa estadounidense.

Recarey entiende que se debe “suministrar a los responsables de los menores que se vacunen” un texto “que informe completamente y con claridad” del contenido de las inyecciones, sus beneficios, los riesgos que conlleve su suministro “con detalle de naturaleza, probabilidad y magnitud“, y los “efectos adversos ya detectados, en su totalidad”.

El valiente juez asumió como suplente en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo durante la feria judicial y aceptó una medida cautelar presentada por el abogado Maximiliano Dentone, que estaba cajoneada.

En ella se pedía aportar documentación sobre la composición de las vacunas y pidió que se suspenda la vacunación “en edades pediátricas” hasta que se esclarezca la situación.

El Ministerio de Salud de Lacalle Pou estalló de la furia, en un comunicado divulgado por Daniel Salinas, el ministro de Salud que diseñó el contrato confidencial con Pfizer. En una clara intromisión del Poder Ejecutivo en una decisión judicial, Salinas opinó sobre el fallo.

El gobierno sostuvo que el recurso de Dentone “no cumple con ninguno de los presupuestos y requisitos que esta acción excepcional, residual y sumarísima requiere” para cursar su presentación, “lo que evidencia que debió ser rechazada de plano” por el juez.

En la misma línea, alegó que “la vacuna no solo es eficaz, sino también segura, aprobada por el Ministerio de Salud Pública y por las principales agencias sanitarias del mundo“, una afirmación que requiere de confianza en el funcionario, ya que la aprobación se hizo a puertas cerradas y ni la fórmula ni el contrato han sido publicados.

Y en el peor comentario jamás registrado en un comunicado del Ministerio de Salud Pública, Salinas se arroga la suma del poder público en cuestiones sanitarias, argumentando que “la actuación del juez constituyó una clara violación a la separación de poderes, invadiendo potestades sanitarias, a cargo del Poder Ejecutivo“.

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Uruguay

Mega plan social de Lacalle Pou: Gastará 240 millones de dólares para construir viviendas para usurpadores de tierras

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Citando a Lula y con un fuerte discurso en favor del “Estado presente”, el gobierno uruguayo lanza un masivo plan de obra pública cuando la inflación roza el 10%.

En el marco del Programa Avanzar, un nombre que parece sacado directo del manual kirchnerista, el presidente Luis Lacalle Pou informó a la ciudadanía que gastará un total de 240 millones de dólares para construir y/o reparar unas 15.845 viviendas a lo largo de 120 asentamientos en todo el país.

Es importante aclarar que se considera un asentamiento cuando hay al menos 10 casas “precarias” construidas en terrenos privados ocupados o de propiedad del Estado.

Es una obra necesaria y justa“, se excusó el presidente por el masivo gasto en un momento delicado para la economía uruguaya, que atraviesa una inflación de casi 10 puntos interanual, una de las más altas de la historia.

La ministra de Vivienda, Irene Moreira, del conservador Cabildo Abierto, sostuvo en la presentación del proyecto que esta es “la mayor obra social volcada en asentamientos irregulares en la historia del Uruguay“, algo que por alguna razón mencionó con orgullo.

La Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (DNISU) estará a cargo de este plan. Su directora es Florencia Arbeleche, la hermana de la Ministra de Economía, Azucena Arbeleche. La funcionaria destacó durante la presentación que se va a estar “actuando en los 19 departamentos simultáneamente“, atendiendo “cada realidad“. 

Hoy contamos con US$ 240 millones para invertir en este plan. Esto significa que estaremos duplicando la inversión que se viene haciendo en asentamientos en los últimos períodos“, indicó Arbeleche.

Discurso kirchnerista de Lacalle Pou

Es una realidad humana, compleja por heterogénea“, resaltó el presidente Lacalle Pou al comenzar su discurso, señalando las diferentes realidades y orígenes de los asentamientos.

Estaba faltando un envión, al fin y al cabo destinar recursos porque creo que la vocación humana y social siempre estuvo vigente, sin perjuicio de quien gobernara en nuestro país“, enfatizó.

El mandatario, que parece estar sacando a relucir su amistad con Alberto Fernández, indicó que la obtención del monto millonario “es un punto de inflexión” y celebró como un logro de su administración haber podido adjudicar ese dinero.

Sin embargo, esta posición va en línea con la de todo su gobierno: gasto público para estimular la demanda y generar un crecimiento artificial de la economía. No por nada Arbeleche se considera una fiel discípula de Keynes.

“No alcanza si esos chiquilines no tienen una salud digna; una escuela cerca para poder superarse; no alcanza si no tienen al Mides cerca apalancándolos, por eso este abordaje empieza por el hogar, que es donde uno busca refugio desde que el ser humano camina por esta tierra, pero tiene que tener una complementación, un abordaje de distintas instituciones“, subrayó, con un fuerte discurso de Estado presente.

Lacalle Pou incluso citó al expresidente brasileño y actual candidato Lula Da Silva. “Hace muchos años, imitando aquella frase del presidente Lula ‘fome cero’, hambre cero, se nos ocurrió hablar de ‘asentamiento cero’. Obviamente que es aspiracional, como muchas cosas en la vida, y decíamos de acuerdo a los estudios que no era para un período de gobierno. Alcanza con ver los números y la cantidad que hay que invertir, que era una política nacional”, expresó el mandatario.

Cabe recordar que Lula no logró “hambre cero”, y se supo con los años que todos los programas de asistencia social y obra pública tenían un fuerte componente de corrupción como incentivo. ¿Será este el caso una vez más?

Vea la presentación completa

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Uruguay

Nepotismo explícito: Directora de INMUJERES de Uruguay contrató directamente a la empresa de publicidad de su hijastra

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En una compra directa sin licitación, Mónica Bottero, la ultra feminista que Lacalle Pou designó en INMUJERES para ganarse el voto de la izquierda progresista, se contrató a Ana Magnone.

Después de revelar cómo el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) de Uruguay canaliza dinero para financiar organizaciones feministas, en un intento absurdo del presidente Luis Lacalle Pou por ganar el voto de la izquierda, ahora La Derecha Diario se convierte en le primer medio argentino en informar de un posible caso de corrupción que recordará a muchos de las peores épocas del Frente Amplio.

Según datos oficiales, en diciembre de 2020, Mónica Bottero, la Directora de INMUJERES, realizó una contratación directa a una empresa de publicidad denominada Serendipia Estudios. Dicha contratación se realizó con motivo de una campaña publicitaria en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres.

Resulta que según datos del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), la empresa Serendipia Estudios figura con número de RUT 218166030010 a nombre de Ana Magnone Fabiani e Inés Iacopino Zimmer. Al día de hoy figura como ACTIVO en el RUPE.

Hasta acá, todo normal, ¿no? No. Ana Magnone Fabiani, una de las dos dueñas de la empresa es hijastra de Mónica Bottero. Es la hija de un anterior matrimonio de Alberto Magnone Ibarburu, el actual marido de Bottero.

Según una entrevista para el semanario hebreo JAI, Bottero considera a Ana como una hija más, junto a sus otros dos hijos con Alberto, Andrés y Juan. “Están pasando unas adolescencias muy buena, dentro de lo normal. Estamos todos disfrutando mucho con ellos. Son chicos inteligentes, interesados en lo que hacen sus padres“, contó en la entrevista.

Mónica Bottero con su esposo y sus hijos. Sus hijos Andrés y Juan, hoy de 17 y 14 años respectivamente. Y su “hija ganancial”, Ana, hoy de 30 años, de su esposo.

Debe ser que realmente los quiere mucho, ya que firmó una contratación directa con la empresa de su “hija” por un monto de $178.600. Dicha contratación fue para el diseño y realización de una campaña publicitaria, y figura en el portal de Compras Estatales de Uruguay.

Según pudimos averiguar, la empresa de Ana Magnone intentó en varias oportunidades ganar licitaciones del Estado, pero perdió sistemáticamente contra otras empresas. En esta oportunidad, no tuvo que competir, ya que fue una compra directa del Estado.

En el portal de compras estatales figuran dos resoluciones firmadas por el ex Director Gral. de Secretaría, el Dr. Nicolás Martinelli. Una donde no se menciona la razón social de la empresa, fechada el 7 de diciembre del 2020, y luego otra aclaratoria en donde si aparece el nombre de la hijastra de Mónica Bottero la cual fue contratada por INMUJERES, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.

Resulta muy llamativo que quien venía a limpiar la corrupción del MIDES, realizar auditorías, mejorar procesos y controles para evitar desmanes, firma una resolución de contratación donde claramente hay vínculos familiares entre el proveedor y quien contrata.

Únicamente un bufón que creó humo con auditorías que no fueron tales (no se realizaron auditorías externas), el cual hoy está muy cómodo sentado junto al presidente Lacalle Pou en Torre Ejecutiva.

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