Se trata de Sebastián Marset, máximo jefe del Primer Cartel Uruguayo, quien está siendo buscado por la DEA e Interpol. Su escape y actual escondida en Paraguay parece sacado directamente de una película.

En una trama digna de una película de acción, que ya se cargó con el puesto de dos ministros uruguayos, costó la presunta muerte de un fiscal paraguayo e involucra al Primer Cartel Uruguayo, a importantes dirigentes futbolísticos latinoamericanos, al Clan Insfran de Paraguay, al Primeiro Comando da Capital (PCC) en Brasil y la ‘Ndrangheta de Italia, como también a los presidentes de Uruguay, Colombia, Bolivia, y Paraguay, estalló en los últimos días el Caso Marset.

El comienzo de esta trama se remonta al año 2012, cuando Sebastián Marset, máximo jefe del Primer Cartel Uruguayo traficó un cargamento de Juan Domingo “Papacho” Viveros Cartes, tío de Horacio Cartes, ex presidente de Paraguay y actual presidente del Partido Colorado paraguayo.

Marset estuvo escondido en Asunción, Paraguay, donde jugó como profesional en el equipo de fútbol Capiatá, usando su carrera futbolística como fachada, antes de viajar a Emiratos Árabes Unidos en 2021, donde estuvo un buen tiempo escondido. Sin embargo, no tuvo éxito el escondite y fue allí donde Marset fue detenido en el aereopuerto de ese pais, cuando trataba de escapar a Turquía con un pasaporte paraguayo falso.

Para evitar ser deportado de los Emiratos, Marset contactó al abogado Alejandro Balbi, actual Presidente del Club Nacional de Football de Uruguay, para hacer las tramitaciones necesarias y la solicitud de un pasaporte a la Cancillería uruguaya.

El embajador de Uruguay en Emiratos Árabes Unidos, Álvaro Ceriani solicitó instrucciones dos veces a la Cancillería, informando la particularidad del caso y solicitando instrucciones, sugiriendo a las autoridades que tomaran más tiempo para analizar el caso antes de emitir el pasaporte.

Desde el Ministerio del Interior de Uruguay, dijeron al abogado de Marset que como no tenía causas criminales pendientes desde noviembre de 2020 ni requisitorias, estaba legalmente habilitado para recibir el pasaporte.

Alberto Lacoste, subdirector de Identificación Civil del gobierno de Lacalle Pou intentó acelerar la emisión del pasaporte a petición del abogado Balbi. La Cancillería aprobó la solicitud y Marset obtuvo su pasaporte el 30 de noviembre de 2021, ignorando que la Brigada Antidrogas de Uruguay estaba cooperando con una investigación internacional en la que Marset era uno de los investigados.

Marset usó una carta del gobierno para obtener su libertad en Emiratos Árabes Unidos y se fugó usando el pasaporte, antes de que llegara una requisitoria internacional de Interpol. Tras la revelación de estos hechos, estalló un escándalo político en Uruguay, que forzó las renuncias primero de la vicecanciller Carolina Ache Batlle, del Partido Colorado, y del canciller Francisco Bustillo, del Partido Nacional, además del ministro de Seguridad Luis Alberto Heber, del Partido Nacional.

Desde ese momento, el capo narco se encuentra prófugo con pedido de búsqueda y captura y alerta roja de Interpol, además de ser buscado por la DEA. Hay especulaciones y rumores con que Marset puede estar escondido en Paraguay, Uruguay, Bolivia, Argentina, o Brasil.

Se sabe que estuvo un buen tiempo en Bolivia, donde se escondió luego de escapar de los Emiratos Arabes Unidos, y donde participó como jugador de fútbol profesional con el equipo “Los Leones El Torno”, inscrito con un documento brasileño, allí estuvo hasta julio de 2022, cuando logró escaparse de la policía boliviana tras ser descubierto.

En los allanamientos, fueron incautados 17 fusiles, una pistola, 1.915 municiones, 28 cargadores de distintas armas, cuatro chalecos antibalas y un parque automotor compuesto por 31 vehículos, una motocicleta, cuatro cuatriciclos y un vehículo deportivo Terix.

La policía boliviana destinó casi tres mil efectivos policiales a la búsqueda del narcotraficante, hasta hoy infructuosa. El ex presidente Evo Morales acusó en agosto al gobierno del actual presidente Luis Arce, su delfín político que lo traicionó una vez que llegó al poder, de proteger a Marset durante su estadía en Bolivia.

Asesinato del fiscal Pecci y señalamiento de Marset

El fiscal paraguayo contra el crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, Marcelo Pecci, dirigió la Operación A Ultranza PY, donde se avanzó fuertemente en el desarme de la red de narcotráfico de Marset en Paraguay.

Los avances de la causa llegaron a un punto que el Narco decidió eliminarlo. Así, el 10 de mayo de 2022, el fiscal Marcelo Pecci fue asesinado por varios disparos de arma de fuego mientras estaba en su luna de miel en una playa de Barú, Colombia, por sicarios que arribaron en motos de agua.

El 9 de agosto de ese mismo año, el periódico El Tiempo de Colombia señaló a Marset como autor intelectual del asesinato. Tres días después, el presidente colombiano Gustavo Petro lo señaló también como presunto autor del crimen.

La investigación sobre el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci cometido por el narcotraficante uruguayo Marset en territorio colombiano demuestra que hace mucho el narco dejo de ser un problema bilateral colombo estadounidense y es hoy un problema americano y mundial. https://t.co/YlJ3d4ysvs

— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 12, 2022

Lacalle Pou, citado a declarar

De todos los funcionarios implicados a lo largo de toda la región, el más preocupado es el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien podría quedar imputado en la causa por la presunta destrucción de documentos denunciada por Carolina Ache.

El fiscal Alejandro Machado tiene previsto citarlo al Presidente por este caso, centrado en la supuesta destrucción de evidencia que involucra a altos funcionarios del gobierno, incluido su asesor, Roberto Lafluf.

Ante la Justicia, la ex vicecanciller Carolina Ache afirmó que Lafluf le comunicó telefónicamente sobre la destrucción de un documento crucial que contenía chats protocolizados entre ella y el ex-subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, en el cual se confirmaria presuntamente que de hecho el gobierno Uruguayo sabria del estado judicial de Marset, pero habria decidido otorgarle el pasaporte de igual manera.

Además, la citación a Lacalle Pou es consecuencia directa de sus admisiones públicas sobre la reunión en la cual se pidió a Ache que “perdiera” su teléfono para evitar que trascendieran los chats. Lacalle admitió haber participado de dicha reunión, aunque luego aclaró que solamente pasó a saludar, y dijo no saber que se estaba tratando en la misma.

La entrevista en Canal 4

Toda esta trama estalló y se convirtió en el centro de atención de la población cuando el capo narco Marset dio una entrevista exclusiva al programa “Santo y Seña”, del Canal 4 de Uruguay, que suele ser considerado bastante afín al lacallismo.

En la entrevista, que se realizó sin revelar la identidad del jefe criminal, Marset aseguró que no gastó “un dólar” en el pasaporte uruguayo que le permitió salir de Emiratos Árabes Unidos a finales de 2021, luego de su detención por ingresar a ese país con un pasaporte paraguayo falso.

“Yo en el tema pasaporte no gasté un dólar. Si me hubieran dicho que tenía que pagar por el pasaporte exprés, habría pagado. Pero el pasaporte es un derecho, me lo tenían que dar“, dijo Marset a la periodista Patricia Martín, quien se trasladó hasta (supuestamente) Paraguay y desde allí hasta una mansión escondida para encontrarse con el narco uruguayo. Las autoridades bolivianas aseguran que el capo prófugo está escondido en territorio paraguayo.

Marset, apuntó al ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo, que días atrás había sugerido que se entregaría pronto. Lo cierto es que Marset logró escapar de Bolivia en julio pasado gracias a que fue avisado sobre el operativo que se le venía encima, probablemente por los “arcistas” en el Gobierno boliviano.

De los 400.000 dólares que le incautaron, “300 se los quedaron para ellos“, aseguró. “Ofrecieron cien para mi captura. Nadie me va a entregar por cien mil dólares“, subrayó de manera irónica.

Cuando la periodista Martin le pidio su opinión sobre Bolivia y Paraguay, Marset afirmó que los dos países son corruptos, e involucró en la trama al Clan Insfran. “No confío en ellos. El caso lleva dos años y tienen personas inocentes procesadas. Al Tío Rico (Miguel Ángel Insfrán) lo tienen aislado porque puede decir muchas cosas de la política y la corrupción“, sostuvo.

La justicia paraguaya vincula a Marset con el Clan Insfrán en el esquema de tráfico de cocaína desde Sudamérica a distintos puertos de África y Europa, y juntos mantienen una de las redes narco más importante del continente.

Marset también usó la entrevista para despegarse del megaoperativo “A Ultranza”. “Para mí esa operación no tiene muchas raíces. Sí puedo estar involucrado, pero hay mucha cosa que no es como la cuentan. Metieron a mi familia como parte de la organización y no tienen nada que ver. Las mil páginas no hablan todas de Marset. La operación tiene poca cosa. La empresa de mi señora nunca se usó, no tiene cuenta bancaria. Hablan de millones de guaraníes“, señaló.

Antes de la entrevista de este domingo, Marset se defendía de las acusaciones en su contra a través de videos en los que respondía a las autoridades de los países que lo buscan. El último, de hace apenas unos días, tenía en la mira a Del Castillo, que hace dos semanas publicó imágenes del festejo de cumpleaños de 30 años del capo narco y supuestos chats que comprometen al ministro paraguayo de Justicia, Ángel Barchini.

¿Lavado de cara al gobierno Uruguayo?

Por otra parte, Marset dijo que “el narcotráfico no vive solo del que es catalogado de narco“, confirmando los estrechos vínculos del narcotráfico con la política de los países involucrados.

“Para terminar con el narcotráfico hay que terminar primero con políticos y policías corruptos. Y hay muchos. Me parece que en ese sentido Uruguay es el menos corrupto. No lo sé. Pero hay países donde el narcotráfico es el pan de cada día. Hay países que viven del narcotráfico“, concluyó.

La cobertura de Canal 4 a Marset está siendo repudiada por la sociedad uruguaya, que entendió la entrevista como un intento del canal lacallista de lavarle la cara al actual gobierno uruguayo, a medida que se acercan las elecciones.

Por su parte el boliviano Eduardo del Castillo, uno de los políticos más fuertes del “arcismo”, se refirió este domingo al caso luego de que saliera al aire la entrevista. “Ha sido la Policía boliviana la que ha revelado las múltiples identidades del señor Sebastián Marset (…) la actual administración -de Gobierno- es la que ha desbaratado a su organización criminal”, dijo en una rueda de prensa.

A su vez, Del Castillo cuestionó al gobierno uruguayo y al paraguayo por estar escondiendo y protegiendo a Marset. “¿Quién ha financiado esa entrevista? ¿Quiénes son los interesados? ¿A quiénes va a lavar la cara esa entrevista?”, disparó el Ministro de Gobierno socialista.

Los abogados del capo narco negaron que haya negociaciones con funcionarios uruguayos, pero cabe recordar que Marset hoy no se encuentra en prision porque el gobierno de Lacalle Pou le otorgó su pasaporte, presuntamente a sabiendas de su estatus judicial, y ahora manda uno de sus canales oficialistas a entrevistarlo.

Los cambios introducidos por el oficialismo amenazan con duplicar los gastos de Spotify por derechos de autores con discográficas y editoras, haciendo prácticamente inviable la operatividad en Uruguay. Solo 6 países en el mundo no cuentan con los servicios de la plataforma de streaming, por lo que el caso uruguayo parece insólito.

El Gobierno de Luis Lacalle Pou sorprendió con un ridículo proyecto para regular los derechos de autor, luego de ceder ante el lobby de las discográficas. El oficialismo logró aprobar en el Senado el proyecto denominado como “Rendición de Cuentas”, a través del cual se incluyen dos artículos que modifican el tratamiento de los derechos en Uruguay.

Es importante aclarar que ya cerca del 70% de los ingresos de Spotify se destinan al pago de derechos de autor por la música que se utiliza de las discográficas y editoras, una cifra ya muy elevada en comparación a otros países de la región. 

Pero la ley que aprobó Lacalle Pou podría llegar a duplicar los gastos en derechos de autor, haciendo prácticamente inviable la operatividad de la plataforma en Uruguay. En otras palabras, la ley obligaría a las empresas de streaming a pagar dos veces por la misma música, algo verdaderamente insólito.

Por estas razones, Spotify analiza abandonar el país, y afirma que no podrá seguir operando en Uruguay si no se levanta la ley. Solo 6 países en el mundo no cuentan con el acceso a los servicios que ofrece esta plataforma: Corea del Norte, China, Siria, Irán, Rusia y Cuba. Uruguay podría unirse a esta infame lista de países en caso de ratificar la continuidad de la ley.

La empresa informó que podría abandonar definitivamente el país a partir del próximo 1 de enero de 2024. Los usuarios uruguayos perderían el acceso normal a la plataforma, y muchos apuestan por generar una cuenta en Argentina para recuperar el servicio.

“Cambios que pudieran obligar a Spotify a pagar dos veces por la misma música harían que nuestro negocio de conectar artistas y fans fuera insostenible, y lamentablemente no nos deja otra opción que dejar de estar disponible en Uruguay”, resolvió el comunicado de la plataforma.

Si bien el Gobierno asegura estar entablando negociaciones con Spotify para evitar que abandone el país, lo cierto es que no podrá haber una resolución satisfactoria en tanto no se derogue la fatídica ley que dispuso el oficialismo.

Con esta acción inentendible, el presidente Lacalle Pou solo se autogeneró un costo político en contra de su propia gestión con una medida ampliamente impopular, y sin nada que poder ganar a cambio. 

La ley solo se valió del poder de lobby de la Sociedad Uruguaya de Intérpretes, en contra de los intereses de los millones de uruguayos que podrían perder sus servicios de Spotify. 

La tasa de inflación de Uruguay volvió a caer dentro del rango de la meta establecida por la autoridad monetaria al término de octubre, mientras que la actividad económica reanudó el crecimiento a partir de ese mes.

A diferencia de Argentina, los principales indicadores macroeconómicos de Uruguay siguen mostrando signos de mejora, y están mostrando resiliencia frente a los shocks provenientes del frente externo.

Los precios minoristas registraron una leve variación del 0,6% en el mes de octubre, con lo cual la inflación interanual se estabilizó en el 4,3%, una cifra que se ubica en los umbrales más bajos de los últimos 18 años.

El presidente del Banco Central uruguayo, el economista ortodoxo Diego Labat, recortó la meta oficial de inflación del 7% al 6% en el último trimestre del año pasado, y las expectativas se encuentran cada vez más alineadas con el sendero que traza la autoridad monetaria.

Por iniciativa de Labat, Uruguay abandonó las políticas heterodoxas de intervención del tipo de cambio a partir de emisión monetaria (una estrategia inflacionaria que impedía converger a estándares de inflación internacional), y se determinó la libre flotación del dólar de acuerdo a interacción de la oferta y la demanda en el mercado cambiario.

Mientras que se consolida la estabilidad de precios, la actividad económica muestra nuevamente signos de repunte. El Índice Líder CERES, que marca la evolución del PBI mensual de Uruguay, registró un crecimiento del 0,1% en el mes de octubre y una expansión cercana al 1% desde el mes de enero.

La actividad económica creció un 8,9% en lo que va del Gobierno de Luis Lacalle Pou, compensando y superando el impacto negativo que tuvo la pandemia entre el segundo trimestre de 2020 y la primera mitad del 2021.

La economía uruguaya sufrió una fuerte ralentización a partir de la segunda mitad del 2022, un hecho que en gran medida se explicó por la caída de la demanda argentina (sufriendo una grave crisis que persiste hasta el día de hoy). Más del 5% de las exportaciones de Uruguay se colocan en la Argentina, mientras que el 10% de las importaciones de este país tienen origen argentino.

Por otra parte, las medidas adoptadas por el ministro kirchnerista Sergio Massa boicotearon el normal desarrollo del comercio exterior a partir del sistema SIRA, a través del cual se postergó el pago a proveedores por 90 y hasta 180 días, además de interrumpir múltiples operaciones para ingresar productos al mercado argentino.

Pese a todo esto, y si bien se espera una expansión modesta del 1% para la economía uruguaya en 2023, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que podría crecer hasta un 3,2% en el año 2024, una cifra de crecimiento que Uruguay no registra desde 2014.