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Uruguay

Uruguay: Un juez ordena suspender la vacunación contra el COVID-19 en niños menores a 13 años

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También prohibió el pase sanitario para entrar o salir del país. La decisión del magistrado marca una gran victoria para la transparencia y la libertad.

Una gran victoria para la transparencia y la libertad en Uruguay se dio este jueves, luego de que el juez Alejandro Recarey ordenara al gobierno uruguayo “la suspensión inmediata de las vacunaciones contra el SarsCov-2 (Covid-19), a menores de 13 años de edad, bajo apercibimiento de desacato”.

El magristrado también falló contra el Ministerio de Salud Pública a que se “abstenga de todo acto, hecho u omisión que exponga la situación sanitaria” o se “imponga un trato diferencial” a personas para salir o entrar a Uruguay por su condición de “no vacunadas”.

La sentencia indica que no se puede seguir vacunando niños hasta que Pfizer, el único laboratorio que recibió el permiso para vacunar menores de 13 años por parte del gobierno, responda una serie de preguntas respecto a la composición de la fórmula de las vacunas y brinde detalles acerca del contrato firmado con el gobierno uruguayo, que hasta el momento se ha mantenido confidencial por pedido de la empresa estadounidense.

Recarey entiende que se debe “suministrar a los responsables de los menores que se vacunen” un texto “que informe completamente y con claridad” del contenido de las inyecciones, sus beneficios, los riesgos que conlleve su suministro “con detalle de naturaleza, probabilidad y magnitud“, y los “efectos adversos ya detectados, en su totalidad”.

El valiente juez asumió como suplente en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo durante la feria judicial y aceptó una medida cautelar presentada por el abogado Maximiliano Dentone, que estaba cajoneada.

En ella se pedía aportar documentación sobre la composición de las vacunas y pidió que se suspenda la vacunación “en edades pediátricas” hasta que se esclarezca la situación.

El Ministerio de Salud de Lacalle Pou estalló de la furia, en un comunicado divulgado por Daniel Salinas, el ministro de Salud que diseñó el contrato confidencial con Pfizer. En una clara intromisión del Poder Ejecutivo en una decisión judicial, Salinas opinó sobre el fallo.

El gobierno sostuvo que el recurso de Dentone “no cumple con ninguno de los presupuestos y requisitos que esta acción excepcional, residual y sumarísima requiere” para cursar su presentación, “lo que evidencia que debió ser rechazada de plano” por el juez.

En la misma línea, alegó que “la vacuna no solo es eficaz, sino también segura, aprobada por el Ministerio de Salud Pública y por las principales agencias sanitarias del mundo“, una afirmación que requiere de confianza en el funcionario, ya que la aprobación se hizo a puertas cerradas y ni la fórmula ni el contrato han sido publicados.

Y en el peor comentario jamás registrado en un comunicado del Ministerio de Salud Pública, Salinas se arroga la suma del poder público en cuestiones sanitarias, argumentando que “la actuación del juez constituyó una clara violación a la separación de poderes, invadiendo potestades sanitarias, a cargo del Poder Ejecutivo“.

Uruguay

Escándalo en Uruguay: Jefe de Custodios de Lacalle Pou arrestado por falsificar documentos desde la residencia presidencial

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La fiscal Gabriela Fossati investiga a Alejandro Astesiano, quien vendía el servicio de falsificar documentación para que ciudadanos rusos obtuvieran cédulas de identidad y pasaportes uruguayos.

Alejandro Astesiano, jefe de la custodia del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, fue arrestado a principio de mes en el marco de un escándalo que involucra la falsificación de documentos para ciudadanos rusos, un trabajo que realizaba desde la residencia presidencial.

Lacalle aseguró que no tenía conocimiento de los hechos, y no intentó defenderlo cuando las autoridades se lo llevaron preso. Sin embargo, rápidamente salió a la luz que su ex ministro del Interior, el fallecido Jorge Larrañaga, le había advertido sobre los actos criminales de su jefe de seguridad, pero el mandatario decidió ignorarlos.

La Fiscalía de Uruguay acusó a Astesiano, detenido el pasado domingo 25 de septiembre en la residencia presidencial, de los presuntos delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias y suposición de estado civil, y decretó su prisión preventiva por 30 días.

La fiscal a cargo de la detención, Gabriela Fossati, explicó previamente que se lo investigaba por la adulteración de partidas de nacimiento rusas para que personas de ese país pudieran simular que sus padres habían nacido en Uruguay, para luego tramitar documentos de identidad uruguayos y poder quedarse legalmente en el país.

Hablamos de decenas de personas, cientos“, explicó la fiscal. Estas personas rusas pagaban enormes sumas de dinero para que la persona más cercana a Lacalle Pou les garantizara documentos de identidad falsos a sus padres, pero con la garantía de un funcionario de la casa de gobierno de que funcionarían.

Según dijo en una conferencia de prensa, Lacalle recibió en marzo del 2020 y nuevamente en septiembre del 2021 un legajo con todo el historial del imputado, en el cual no aparecían los antecedentes penales de procesamiento por estafa en 2002 y condena en 2014 por el mismo delito.

Si hubiera un más mínimo indicio, yo no le entregaría lo más preciado que tengo, que es mi familia”, señaló en su momento. Sin embargo, esta declaración se contradice con la realidad, ya que más allá de cualquier carpeta que pudo haber sido confeccionada sobre su custodia, Lacalle había sido advertido de los antecedentes de Artesiano por el intachable Larrañaga. Alguien que según Lacalle era de su “extrema confianza”.

Finalmente, el Ministerio del Interior, ahora conducido por Luis Alberto Heber, informó el pasado 28 de septiembre que la ficha personal de Astesiano fue alterada para tapar sus antecedentes penales, y se dispuso una investigación de urgencia de la Policía Científica para establecer qué ocurrió.

Este sábado, tras varias semanas repletas de polémicas en torno al tema, finalmente Lacalle Pou volvió a referirse al caso y admitió que hubo graves errores en el manejo del caso: “Fue un episodio lamentable a nivel político y personal”.

Más allá del claro caso de corrupción que acontecía en la misma casa donde dormía el presidente de la República, el enojo de la gente se centra en que un criminal así haya tenido a cargo toda la seguridad interna de la sede del Gobierno, de la residencia presidencial, de la Estancia Anchorena y de todo lugar en el que estuviera Luis Lacalle Pou.

Además, era quien se encargaba de cuidar la seguridad de los jefes de Estado de gobiernos extranjeros que visitaban Uruguay, así como también de sus familias y otras figuras que estuvieran en tierras uruguayas.

También se pone en tela de juicio si el propio Lacalle Pou tiene las manos limpias, ya que tras la advertencia de Larrañaga, no se decidió investigar al sujeto ni se tomaron cartas en el asunto. La red de falsificación de documentos salió a luz recién dos años más tarde tras la detección de una inusual cantidad de solicitudes de ciudadanía uruguaya por parte de rusos con partidas de nacimiento que acreditaban padres uruguayos.

La peculiar situación despertó el interés de diferentes policías y fiscales que decidieron investigar la trama, sin vinculos todavía con el Gobierno Nacional. Esto derivó en la detención de Roman Karpov, un ruso de 46 años que buscaba obtener la ciudadanía uruguaya. Esta persona admitió haber pagado para obtener documentos falsos, y señaló a Astesiano como el culpable.

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Economía

Lacalle Pou prepara Reforma Previsional: Garantiza capitalización, unifica cajas, baja impuestos y aumenta edad jubilatoria

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El presidente uruguayo lanzará este lunes el debate parlamentario para la nueva reforma jubilatoria en el país. Los cambios apuntan a mejorar la solvencia del Estado y profundizar el ahorro privado como fuente del crédito doméstico. 

La coalición gobernante en Uruguay, dirigida por el presidente Luis Lacalle Pou, se prepara para el debate y el lanzamiento de la reforma jubilatoria más importante de las últimas dos décadas

Los cambios abordados buscarán garantizar la solvencia intertemporal del sistema previsional uruguayo, considerando factores como el envejecimiento poblacional natural y la dinámica de la oferta laboral. El principal objetivo será preservar el equilibrio fiscal sobre las finanzas públicas para las próximas décadas. 

Todos los cambios presentados por el proyecto de Lacalle Pou afectarán pura y exclusivamente a aquellas personas nacidas a partir de 1967. Aquellas nacidas antes de esa fecha tendrán las mismas potestades y obligaciones que establece el régimen jubilatorio actual, y no se verán afectadas de ningún modo. 

Los pilares de la reforma de Lacalle Pou

Reorganización de la estructura del sistema

Hasta ahora, y desde la privatización parcial del año 1996, el sistema previsional uruguayo se basa en un régimen mixto en donde los cotizantes pueden decidir si aportar a instituciones administradoras privadas de fondos o bien aportar para el Estado. 

Con la reforma, la parte del sistema bajo reparto estatal que actualmente se divide en múltiples cajas especiales como la del Banco de Previsión Social (BPS), la Caja Policial o la bancaria, entre muchas otras, será simplificada y centralizada en un mismo sistema común. Se creará un nuevo sistema previsional común para todas las cajas, con las mismas reglas de juego. 

Devolución de impuestos y garantía de la capitalización

El sistema de capitalización individual no tendrá cambios estructurales y cada cotizante podrá seguir eligiendo dónde aportar (siempre y cuando habiéndose superado el ingreso mínimo dispuesto por ley), pero la reforma reconocerá incentivos tributarios. 

El proyecto oficialista propone que el descuento de 2 puntos porcentuales sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se realiza por el uso de pagos a través de tarjetas de débito, será destinado a la cuenta de ahorro individual de cada persona en lugar de ir a manos del Estado a modo de recaudación. Se trata de una devolución de impuestos en beneficio de los cotizantes del sistema. 

Aumento de la edad jubilatoria

La principal reforma sobre la solvencia del sistema de reparto será el aumento de 60 a 65 años sobre la edad mínima requerida para poder jubilarse. La transición se aplicará de manera gradual, proyectada para finalizar en el año 2036. 

Se aplica así un esquema de transición entre el sistema actual y el nuevo sistema tras la reforma. Las personas nacidas hasta 1973 podrán jubilarse a los 63 años de edad, los nacidos en 1974 se jubilarán al cumplir los 64 años, y finalmente los nacidos en 1975 cumplirán con los 65 años dispuestos por el nuevo sistema. 

Estos cambios permiten compensar el efecto progresivo del envejecimiento poblacional acumulado hasta la fecha y proyectado para los próximos años, garantizando así la disciplina fiscal y la erradicación de mayores desequilibrios que puedan poner en peligro el pago de jubilaciones futuras. 

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Uruguay

Mega plan social de Lacalle Pou: Gastará 240 millones de dólares para construir viviendas para usurpadores de tierras

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Citando a Lula y con un fuerte discurso en favor del “Estado presente”, el gobierno uruguayo lanza un masivo plan de obra pública cuando la inflación roza el 10%.

En el marco del Programa Avanzar, un nombre que parece sacado directo del manual kirchnerista, el presidente Luis Lacalle Pou informó a la ciudadanía que gastará un total de 240 millones de dólares para construir y/o reparar unas 15.845 viviendas a lo largo de 120 asentamientos en todo el país.

Es importante aclarar que se considera un asentamiento cuando hay al menos 10 casas “precarias” construidas en terrenos privados ocupados o de propiedad del Estado.

Es una obra necesaria y justa“, se excusó el presidente por el masivo gasto en un momento delicado para la economía uruguaya, que atraviesa una inflación de casi 10 puntos interanual, una de las más altas de la historia.

La ministra de Vivienda, Irene Moreira, del conservador Cabildo Abierto, sostuvo en la presentación del proyecto que esta es “la mayor obra social volcada en asentamientos irregulares en la historia del Uruguay“, algo que por alguna razón mencionó con orgullo.

La Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (DNISU) estará a cargo de este plan. Su directora es Florencia Arbeleche, la hermana de la Ministra de Economía, Azucena Arbeleche. La funcionaria destacó durante la presentación que se va a estar “actuando en los 19 departamentos simultáneamente“, atendiendo “cada realidad“. 

Hoy contamos con US$ 240 millones para invertir en este plan. Esto significa que estaremos duplicando la inversión que se viene haciendo en asentamientos en los últimos períodos“, indicó Arbeleche.

Discurso kirchnerista de Lacalle Pou

Es una realidad humana, compleja por heterogénea“, resaltó el presidente Lacalle Pou al comenzar su discurso, señalando las diferentes realidades y orígenes de los asentamientos.

Estaba faltando un envión, al fin y al cabo destinar recursos porque creo que la vocación humana y social siempre estuvo vigente, sin perjuicio de quien gobernara en nuestro país“, enfatizó.

El mandatario, que parece estar sacando a relucir su amistad con Alberto Fernández, indicó que la obtención del monto millonario “es un punto de inflexión” y celebró como un logro de su administración haber podido adjudicar ese dinero.

Sin embargo, esta posición va en línea con la de todo su gobierno: gasto público para estimular la demanda y generar un crecimiento artificial de la economía. No por nada Arbeleche se considera una fiel discípula de Keynes.

“No alcanza si esos chiquilines no tienen una salud digna; una escuela cerca para poder superarse; no alcanza si no tienen al Mides cerca apalancándolos, por eso este abordaje empieza por el hogar, que es donde uno busca refugio desde que el ser humano camina por esta tierra, pero tiene que tener una complementación, un abordaje de distintas instituciones“, subrayó, con un fuerte discurso de Estado presente.

Lacalle Pou incluso citó al expresidente brasileño y actual candidato Lula Da Silva. “Hace muchos años, imitando aquella frase del presidente Lula ‘fome cero’, hambre cero, se nos ocurrió hablar de ‘asentamiento cero’. Obviamente que es aspiracional, como muchas cosas en la vida, y decíamos de acuerdo a los estudios que no era para un período de gobierno. Alcanza con ver los números y la cantidad que hay que invertir, que era una política nacional”, expresó el mandatario.

Cabe recordar que Lula no logró “hambre cero”, y se supo con los años que todos los programas de asistencia social y obra pública tenían un fuerte componente de corrupción como incentivo. ¿Será este el caso una vez más?

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