El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo anunció este martes una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Maikel Moreno.
El comunicado afirma que Moreno se ha beneficiado de su posición como presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para recibir millonarios sobornos, y también emitir órdenes de captura ilegales contra dirigentes de la oposición venezolana.
Maikel Moreno ya figuraba en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde el año 2017, y ahora también formará parte de las designaciones del Departamento del Tesoro, bajo acusaciones de “corrupción”.
En el pasado mes de marzo, Moreno fue acusado en la Corte del Distrito Sur de Florida por conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero en relación con el presunto recibo de decenas de millones de dólares en sobornos para arreglar ilegalmente docenas de casos civiles y penales en Venezuela.
La acusación señala que Moreno autorizó la confiscación y venta de una planta automotriz de General Motors en el país, con un valor estimado de US$ 100 millones, a cambio de una comisión.
A su vez, la demanda alega que Moreno recibió sobornos para autorizar la desestimación de cargos o la liberación de venezolanos, incluido uno acusado en una conspiración de fraude multimillonario contra la compañía petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
“Maikel José Moreno Pérez, un compinche de Maduro, usó su posición de autoridad para interés personal, aceptando sobornos para influir en los resultados de los casos penales en Venezuela. Al designarlo públicamente hoy, estamos enviando un claro mensaje: Estados Unidos está firmemente en contra de la corrupción”
Luego del anuncio del secretario Pompeo, Moreno dijo que las acusaciones en su contra son “cobardes e infundadas” e insistió en su “compromiso y lealtad con el pueblo venezolano“.
Maikel José Moreno Pérez es presidente del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Egresado de la Universidad de Santa María, Moreno ha ostentado diversos cargos en la administración pública. Formó parte de la extinta Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), organismo conocido actualmente como SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional).
En 1987 fue acusado y sentenciado por ser responsable de un homicidio en Ciudad Bolívar, al sur de Venezuela. Dos años después, Moreno retomaría su libertad, y nuevamente estaría implicado en otro asesinato, en la ciudad de Caracas.
En 1994 fue nombrado alguacil en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. En 2007 fue destituido como juez al descubrirse que había recibido sobornos para liberar a los acusados de asesinato de una abogada venezolana, y entre 2008 y 2010 ostentó cargos diplomáticos como el de Encargado de Negocios de la embajada venezolana en Trinidad y Tobago.
En 2014 fue juramentado como magistrado de la Sala de Casación Penal y menos de dos meses después fue nombrado primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia y presidente de la sala de casación penal por la Sala Plena de este Alto Tribunal.
Bajo la presidencia de Maikel Moreno se han allanado inmunidades parlamentarias de varios diputados de la Asamblea Nacional, entre ellos el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó, el diputado suplente de la Asamblea Nacional Renzo Prieto y el diputado Juan Requesens, ambos aún presos en los calabozos de los cuerpos de represión del estado, todo esto avalado por Moreno. En su decisión de abril 2019, Moreno leyó la sentencia del TSJ en la que argumentaba que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, desacató una orden de enero de 2019, con la que se le prohibía salir del país sin permiso previo.
Moreno estuvo en el foco del mundo a mediados de ese mismo año, cuando Elliott Abrams, señaló que el presidente del TSJ estaba conspirando para derrocar al régimen de Maduro junto al ministro de Defensa Vladimir Padrino López y otros altos cargos en el régimen chavista, pero la conspiración se derrumbó cuando los altos mandos de la conspiración “apagaron sus celulares”.
Por otra parte, el canciller de la dictadura, Jorge Arreaza cuestionó los señalamientos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La dictadura venezolana calificó las sanciones de “miserables, vulgares e infundadas” y que “intentan minimizar el alto reconocimiento que posee Venezuela en la lucha contra el narcotráfico”.
El gobierno de Donald Trump ha impulsado un bloque de sanciones para impulsar la salida del poder de Nicolás Maduro en Venezuela.
En el mes de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreció recompensas por la captura de altos cargos del chavismo: Entre ellos, el dictador Nicolás Maduro (US$ 15 millones), el vicepresidente de Asuntos Económicos, Tareck El Aissami, el presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente y número dos del Chavismo, Diosdado Cabello, el general retirado y exdirector de inteligencia militar de Venezuela Hugo Carvajal, todos ellos por US$ 10 millones.
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