Reportaje por Karina Mariani en exclusiva para La Derecha Diario.

Los precipitados eventos que rodean la epidemia mundial de COVID-19 han logrado opacar uno de los escándalos del año, que posiblemente sea la pista del salvoconducto que tenga la dictadura de Maduro para cuando el gobierno caiga: el tráfico de oro.

Episodio 1: Los viajes de Delcy

Aviones, valijas con dinero, oro en aeropuertos, tienen una erótica irrefrenable para el chavismo internacional. Difícil seguir y más difícil entender qué es lo que la narcodictadura está planeando, pero los eventos del madurismo etéreo no dejan de ser fascinantes. 

A los hechos:

La vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó al aeropuerto de Barajas el pasado 20 de enero con 40 valijas en la bodega del avión fletado por Sky Valet. El equipaje se cargó a pie de pista en un vehículo de la embajada venezolana en España, con su correspondiente patente diplomática, y salió del aeropuerto sin pasar ningún control de seguridad.

Este vuelo de Delcy Rodríguez formaría parte de la llamada “ruta del oro venezolano”, mecanismo por el cual el oro de Venezuela se estaría fundiendo en Turquía. Esta “ruta del oro venezolano” hace referencia al trayecto que presuntamente realizan altos funcionarios del gobierno de Maduro para sacar este metal precioso del devastado país sudamericano. Dichas rutas han sido detalladas en la lista de The Office of Foreign Assets Control (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para el lavado de activos y el tráfico irregular de oro. 

Los funcionarios venezolanos volarían desde Venezuela hasta Turquía para después distribuir el oro y los activos resultantes entre Rusia, Jordania, Islas Seychelles, entre otros. 

Si el vuelo de Delcy Rodríguez contenía en su interior lingotes de oro cuyo destino final era Turquía. ¿Cuál era el propósito? Podría ser marcarlos allí para poder venderlos en el extranjero con mayor facilidad, saltándose las sanciones internacionales y borrando su origen ilegal, ya que está siendo extraído como canal de financiación alternativo junto al narcotráfico. La versión coincide con la denuncia realizada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y por la organización Transparencia Internacional Venezuela que sostienen que la mayor parte del oro venezolano sale en forma de contrabando para el lucro de altos cargos chavistas; el pago de salarios en negro a los servicios en el exterior, avales y propaganda en la Unión Europea, particularmente a altos funcionarios españoles, el hacerse con liquidez de la que carece la dictadura o el armado de un búnker en Asia por si las moscas.

Como sea, ante la presión de Estados Unidos, la principal salida del oro es la ruta Caracas-Estambul, donde el Gobierno turco refina el metal. Justamente es el mismo camino que cubría el avión privado que llevó a Madrid aquella fatídica madrugada del lunes 20 de enero a la vicepresidente de Venezuela, para verse con el ministro de Transportes español, José Luis Ábalos. Cuando se denunció el encuentro de un ministro español con la vicepresidente ejecutiva de Venezuela, se armó un enorme escándalo porque la señora tiene vetada su entrada en territorio español ya que es una de las 25 personas del régimen de Nicolás Maduro que la Unión Europea ha sancionado con la congelación de sus activos en suelo europeo y una prohibición de viajar al espacio Schengen.

El ministro español Ábalos a la izquierda, y la vicepresidente chavista, Delcy Rodríguez a la derecha.

La dirigente chavista fue incluida en junio de 2018 en la tanda de los sancionados porque según la Unión Europea: “Las personas incluidas en la lista son responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela”.

A partir de la filtración del encuentro y del revoleo de valijas, el ministro español pasó del “yo no estuve ahí”, al “estuve y no la vi”, luego al “la vi pero no la saludé”, más tarde “la saludé un toque”, posteriormente “charlamos veinticinco minutos”, y “me reuní dentro del avión”, pero “también fuera del avión en la sala vip”. La versión más o menos, si no se modifica de nuevo, es que se vieron, estuvieron juntos una hora y a través de un teléfono solidario Delcy logró hablar y ponerle los puntos al jefe de Ábalos … 

La llamada fue confirmada por fuentes cercanas a la propia Delcy Rodríguez y por la oposición venezolana. Ábalos, le habría pasado su propio celular a la venezolana para que pudiese hablar con el presidente español, Pedro Sánchez, sin intermediarios. La conversación habría tocado tres asuntos:

–  La exigencia de Delcy Rodríguez de que Sánchez no recibiese a Juan Guaidó, con sutilezas del tipo “Si recibes a Juan Guaidó no vamos a poder avanzar”, o “teníamos un acuerdo”.

– La presencia de Leopoldo López en la residencia del embajador español en Caracas.

– Cómo mantener a Repsol en Venezuela, ya que la empresa petrolera española está reduciendo su exposición patrimonial en el país: pasó de 456 millones en diciembre de 2018 a 351 a finales del 2019.

La conclusión es que no sólo el chavismo hace girar oro y dinero, también se ocupa personalmente de sus relaciones con los funcionarios, diplomáticos y políticos amigos. Aparentemente gustan de recordar en vivo y en directo quién manda y a quien conviene no traicionar ni hacerse el vivo. Para lograr ese sutil objetivo no han dudado en viajar personalmente aún cuando su presencia pusiera en jaque a los gobiernos amigos. Es importante que los simpatizantes del chavismo entiendan a cara de perro que con ellos no se jode, hablando mal y pronto.

Pedro Sánchez recientemente nominó a Guaidó como “líder de la oposición” luego de las advertencias de Delcy, a pesar de que el 4 de febrero, a través de su cuenta de twitter había dicho: “Reconozco como presidente encargado de Venezuela a Juan Guaidó”. 

¿Fue Ábalos a Barajas a calmar la ira venezolana y de paso el chavismo le puso los puntos al presidente?

Episodio 2: Valijas voladoras

En el mismo tono Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, ex-alcalde de Caracas y actual ministro de Comunicación venezolano, se apersonó en la ceremonia de asunción de Alberto Fernández a la presidencia argentina, a pesar de que figura en la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro norteamericano, acusado de pertenecer al “círculo íntimo” de Maduro y de ayudarle a conservar su poder y consolidar su “gestión autoritaria”. También el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) lo incluyó en su lista negra de 29 dirigentes chavistas con sanciones que incluyen “medidas de restricción de ingreso y tránsito de las personas incluidas, en los territorios de los estados parte del TIAR”, entre ellos, la Argentina.

Estas restricciones internacionales no amedrentaron al funcionario chavista, que voló en un avión que debió ir desde Estambul a Caracas para recoger allí a cinco altos cargos del gobierno de Maduro y trasladarlos a Buenos Aires. El régimen bolivariano optó por hacer el viaje en el Falcon 900LX matrícula TC-AKE, a pesar de que se encontraba a 9.000 kilómetros de distancia. Su presencia en Buenos Aires no pasó desapercibida para el enviado de Estados Unidos y asesor especial de Donald Trump para América Latina, Mauricio Claver-Carone, que desistió de ir a la jura del presidente argentino a raíz de este hecho.

Y hablando de similitudes deshonrosas que padecen España y Argentina en manos del chavismo y sus viajes aéreos, recordemos aquel hilarante episodio ocurrido el 4 de agosto de 2007 en Argentina. El empresario venezolano Guido Antonini Wilson, fue detenido con un maletín lleno de 790.550 dólares, en lo que habría sido una donación oculta de Hugo Chávez para promover la reelección de Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidente de Argentina con nexos muy cercanos a Podemos como Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón o el mismo Baltasar Garzón.

En aquel entonces, el ‘Valijagate’ emparejó en escándalo al “Delcygate”, y puso contra las cuerdas a los Kirchner así como acorrala ahora a Sánchez. El caso de Antonini Wilson y su valija estremeció a la prensa latinoamericana en 2007. Los 790.550 dólares que no habían declarado a su llegada al país, fueron decomisados pero formaban parte de un cargamento mayor que eran los equipajes que llegaron en un avión contratado por la empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA). Antonini Wilson no estaba solo, ocho pasajeros lo acompañaban, entre ellos estaba Claudio Uberti (entonces director Ejecutivo del Órgano de Control de Concesiones Viales ­OCCOVI­) y Exequiel Omar Espinosa (presidente en ese entonces de ENARSA, funcionario argentino que contrató el vuelo). 

Antonini Wilson, hombre designado para conectar financieramente al gobierno de Chávez con el de los Kirchner, allá por el 2007.

Como en el caso de la comedia Delcy/Ábalos, Wilson fue visto en un acto en la Casa Rosada aunque las autoridades primero negaron, después dijeron que si pero poquito y luego admitieron a regañadientes. Tiempo después y ya en los Estados Unidos, Antonini Wilson prestó toda su colaboración con la justicia norteamericana, y dijo que el dinero fue enviado por Hugo Chávez con la finalidad de financiar la campaña de la entonces candidata a presidente Cristina Fernández de Kirchner.

Para mayor abundamiento, exactamente un mes después del evento que desencadenó el Delcygate, las autoridades de Aruba decomisaron una avioneta que despegó desde una carretera solitaria en las afuera de Ciudad Bolívar, en Venezuela. El decomiso se debió a que los investigadores aeronáuticos se percataron de que viajaba empleando las siglas estadounidenses N36754. Ese número corresponde a una aeronave monomotor, cuyo último vuelo fue hace más de 20 años en California, de acuerdo con registros del sitio web Flight Aware. En total, 932 kilos de oro venezolano de alta pureza, se encontraban empaquetados en valijas de lujo. En el procedimiento fueron detenidos los tres tripulantes venezolanos de la aeronave. El cargamento decomisado en Aruba tendría un valor en el mercado internacional de al menos 50 millones de dólares. Los tripulantes se encuentran en proceso de ser extraditados a Estados Unidos.

El precioso metal número atómico 79 de origen venezolano tuvo otro percance cuando un cargamento de 50 kilos, valorado en unos dos millones de euros, fue aprehendido en febrero de 2018 en el aeropuerto Reina Beatrix de Aruba después de llegar de Maracaibo. La mercancía había sido embarcada de manera clandestina por un escolta aduanero venezolano.

Episodio 3: El regreso de la Fiebre del Oro

Washington denuncia que el régimen bolivariano está sacando ilegalmente toneladas de oro del país para burlar las sanciones internacionales. Esa “ruta del oro venezolano” con Turquía se abrió en diciembre de 2018, cuando el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, visitó a Nicolás Maduro y ambos firmaron un acuerdo bilateral sobre la explotación directa del oro extraído de suelo venezolano para que Turquía lo refine. Desde el pasado octubre, la aeronave que usó Delcy Rodríguez ha realizado con frecuencia trayectos habituales del tráfico de oro venezolano. El jet privado frecuenta los aeropuertos de Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Rusia y Seychelles. Rodríguez es una de las políticas venezolanas que han viajado con más asiduidad a Turquía, también Tareck el Aissami, funcionario de Economía, como la persona que ha creado la estructura para vender oro a Turquía. 

El narcodictador Nicolás Maduro junto al presidente turco, Recep Erdogan.

Transparencia Internacional Venezuela publicó en diciembre pasado un informe sobre el contrabando de oro. Mercedes de Freitas, su fundadora y directora, afirmó que “entre el 70% y 90% del oro que se extrae sale del territorio del país de manera ilegal en operaciones en las que están implicados altos funcionarios del gobierno y familiares cercanos al entorno presidencial de Maduro”. De Freitas sostiene que el erario público venezolano perdió 2.700 millones de dólares hasta 2018 por el tráfico ilegal de oro. Las sanciones han proliferado en el último año y, en marzo de 2019, el Tesoro estadounidense sancionó a la estatal minera Minerven por colaborar con la explotación ilegal del oro venezolano y bloqueó todos sus bienes en Estados Unidos.

Hay que estar atentos a esto: en 2011, Chávez decretó la nacionalización de la explotación y comercialización de la industria del oro. Maduro profundizó en esa política estratégica y creó en 2016 el llamado Arco Minero del Orinoco, un descomunal territorio rico en oro y otros metales preciosos. El Banco Central de Venezuela cerró 2018 con unas 140 toneladas de oro monetario en sus reservas, el volumen más bajo en 75 años, según datos oficiales. Unas 20 toneladas dejaron de estar en manos del ente emisor en ese año, según el balance de la institución. Durante ese período, el gobierno de Maduro vendió 73 toneladas de oro a Emiratos Árabes y Turquía sin cumplir los procedimientos legales establecidos, como el permiso que debe otorgar el Parlamento, según denunció el diputado opositor Carlos Paparoni.

Del total de las reservas de oro que tiene el Banco Central venezolano, hay otras 31 toneladas, equivalentes a 1.200 millones de dólares, que están en el Banco de Inglaterra. El gobierno ha hecho gestiones para retirarlas, pero la entidad británica bloqueó esos activos, a solicitud de la Asamblea Nacional que encabeza Juan Guaidó, en enero pasado. Las ventas de los lingotes son casi la única alternativa que tiene el gobierno de Nicolás Maduro para conseguir liquidez, ante la merma de sus ingresos petroleros y el cierre de casi todas las opciones de financiamiento internacional.

Episodio 4: El oro en manos de los Pranes

A comienzos de 2018, Nicolás Maduro decía que Venezuela tenía “la cuarta mina de oro del mundo” con 54.300 millones de euros en reservas. Su ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, afirmaba que tenía un acuerdo con la minera canadiense Gold Reserve para explotar una mina con unos 52 millones de onzas troy (cerca de un millón y medio de kilos).

El madurismo nunca se ahorra papelones y el anuncio de “la cuarta mina de oro del mundo” era ni más ni menos que campaña política, que incluía la foto del presidente con lingotes de oro más el informe técnico de la Gold Reserve. Pero el bendito informe lo sacaron de la página web de la empresa y en ningún momento habla de “la cuarta mina del mundo”, sólo eran cálculos preliminares y poco específicos

La propaganda del estado venezolano sobre las minas de oro que explotan para beneficiar a la dictadura.

Un repaso breve de esta tormentosa relación nos remonta a 1992, cuando el entonces presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, firmó un acuerdo para explotar las reservas de oro. El proyecto se llamó Brisas, estaba situado en el estado Bolívar y requirió que la empresa invirtiera 300 millones de dólares durante 17 años en exploración de tierras, desarrollo, equipos y costes de ingeniería. Pero en 2008, Chávez en uno de sus arranques comunistas, dio por terminado el contrato.

Los canadienses emprendieron una lucha en los tribunales internacionales que culminó en 2014 cuando la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial (Ciadi) estableció que el gobierno de Venezuela tenía que compensarlos con 740,3 millones de dólares. Maduro hizo lo que sabe hacer y se negó en redondo a pagar durante dos años mientras corrían los intereses. 

Ante la presión internacional, finalmente llegaron a un acuerdo por 1.032 millones de dólares y crearon una sociedad con 55% de las acciones en manos del Estado venezolano. La sociedad se llamó Siembra Minera, y debía construir dos plantas: una pequeña en dos años, y una gran planta de explotación de oro en cuatro años, es decir, todo estaría listo para este año de 2020. En el decreto No. 2.465 de la Gaceta Oficial No. 41.000 se publicó el nacimiento de Siembra Minera, S.A conformada por la Corporación Venezolana de Minería (CVM) en representación del Estado venezolano y GR Mining Inc., en representación de la canadiense Gold Reserve. Pero el gobierno venezolano solo pagó a los canadienses 254 millones de dólares, un cuarto de lo pactado.

Para la minera las cosas se pusieron más oscuras cuando el gobierno de EEUU aprobó una Orden Ejecutiva por la cual bloqueaba todos los activos de Venezuela. Chau, final: el gobierno de Maduro no puede producir oro en cantidades industriales porque no lo puede ni extraer industrialmente ni lo puede vender en blanco, en el exterior.

Ante esta situación, las minas de oro de Venezuela han caído en manos de los grupos delincuentes que acuden al Arco Minero para extraer el oro como se hacía siglos atrás. 

El control de la “producción” está en manos de PRANES, un término que se creó en las cárceles venezolanas para referirse a los líderes criminales que las gobiernan. También hay integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), provenientes de Colombia. En 2018, el grupo guerrillero asesinó a 20 personas para tomar seis minas del municipio Guasipati. O sea, la extracción del oro venezolano actualmente se encuentra en manos de pandillas que a su vez corrompen a la policía y al ejército de la zona y se enfrentan por el control de la misma. Estas luchas pueden desembocar en decenas de muertos. 

Las reglas del “pranato”, copiadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, rigen en las minas. Ante la primera infracción, la sanción es una paliza, la segunda vez se mutila alguna extremidad y a la tercera falta el castigo es la muerte por descuartizamiento. Pero la desesperación por obtener dinero en medio de la crisis económica ha impulsado a miles venezolanos al sur de Bolívar para practicar la minería ilegal, en estas terroríficas condiciones; también ha atraído a ex-trabajadores de las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana. Tras el apagón de las estatales como Sidor y Venalum, hombres y mujeres optaron por tomar picos, palas y bateas y adentrarse en las minas, en lo que ha sido catalogado como una vuelta al extractivismo del siglo XIX .

Episodio 5: El Mercadeo

Venezuela trata de vender el oro desesperadamente. The Wall Street Journal en 2019 concluyó que por lo menos 7,3 millones de toneladas de oro pasaron por el aeropuerto ugandés de Entebbe solamente, sabiendo la profusión de vuelos traficando valijas a distintos aeropuertos del mundo, se puede ver el carácter exponencial de esta situación. El ex-jefe de inteligencia, el general, Manuel Cristopher Figuera, dijo a la CNN que al final de la cadena del oro está el entorno de Maduro: “Hay compañías vinculadas al círculo familiar de Maduro que compran el oro o negocian la extracción del oro en el sur del país”. “Venden una parte al banco central y la otra parte la sacan del país, sin ningún tipo de control”.

El 15 de octubre de 2019, durante una reunión en el Palacio de Miraflores, el mandatario anunció que entregaría una mina de oro a cada gobernación bolivariana para financiar el presupuesto en lo que se llamó el Plan Minero Tricolor para “potenciar” no sólo la producción de oro, sino de coltán y diamantes en el Arco Minero del Orinoco. Con esto confirmó que el negocio del oro en Venezuela se convirtió en uno de los últimos bastiones que sostienen a su gobierno.

Lo que no se explicitó es cómo se haría la distribución de minas entre los gobernadores, o cuántas de las áreas contempladas en el Arco Minero del Orinoco están operativas y cuántos kilos de oro han reportado a las arcas del Banco Central de Venezuela, único responsable de tranzar con el metal. Lo que sí se sabe que el negocio aurífero al sur del país está viciado de las más ilícitas prácticas, como el contrabando del mineral aurífero y del combustible, la trata de personas y el tráfico de drogas, armas, entre otros.

Esto explica la ya descrita proliferación de los vuelos chavistas. Los eventos áuricos se suman en lo que parece ser ya, descaradamente, la última posibilidad del régimen de mantenerse en pie. Además de un mecanismo de soborno y apriete de un régimen al que no le importan más ni las formas y disimular sus operaciones, posiblemente se trate del salvoconducto que los líderes maduristas estén preparando ante la posibilidad de la caída de la dictadura venezolana.

Episodio 6: Los que están del otro lado

Para concluir, aunque este tema está lejos de llegar a su fin y será una noticia en desarrollo al menos hasta que Maduro deje el poder, el otro lado que se beneficia de la explotación del oro producido a costa del pueblo venezolano. Como ya mencionamos, la ruta del oro va hasta Turquía, donde en Estambul se vuelve a fundir el oro y se marca para la venta lícita en todo el mundo. Pero esto va más allá, y Erdogan trata de mantenerse lejos de estos negociados ya que tiene a EEUU y a la OTAN respirando en su cuello. No. El verdadero destino del oro es España, donde su venta permite generar un flujo de dinero para llenar los bolsillos de los políticos y militantes del chavismo en la península ibérica; léase Pedro Sánchez, Juan Carlos Monedero, José Luis Rodríguez Zapatero, Pablo Iglesias, Iñigo Errejón, y toda la cúpula del PSOE, Podemos y Más País.

En las manos de estos sujetos cae la sangre, el sudor, y las lágrimas de miles de venezolanos que trabajan en condiciones medievales para extraer el oro en lo que deberían ser recursos para la explotación legal que deje una mejor condición de vida y empleo honesto para Venezuela.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya identificó la conexión entre Maduro y el narcotráfico del Cartel de los Soles y las FARC, y está trazando las conexiones con los políticos españoles mencionados. ¿Cuánto tardarán en conectar el dinero de las campañas políticas de estos sociocomunistas españoles con el oro que sale del suelo venezolano?