El candidato del kirchnerismo lanzó oficialmente “Precios Justos” en octubre del año pasado, y luego de 13 meses la inflación es cada vez más alta y no existen precios de referencia. El programa fracasó en todos sus objetivos propuestos, del mismo modo que en Venezuela.

Desesperado por la escalada de la inflación, entre octubre y noviembre del año pasado el ministro Sergio Massa desplegó el programa “Precios Justos”, que reemplazó al viejo Precios Cuidados del año 2014.

Este nuevo programa forzó acuerdos con las empresas a cambio de acceso al mercado cambiario, mayor habilitación para importar a través del sistema SIRA y ciertos beneficios en la negociación con proveedores mayoristas.

Desde su lanzamiento oficial, el objetivo manifiesto del programa fue el de “añadir una dosis de estabilidad de precios sobre una canasta representativa de bienes, a modo de anclar las expectativas de inflación futuras”, según el propio comunidad que publicó el Ministerio de Economía a finales del 2022. Nada de esto ocurrió ni por asomo: las expectativas están fuera de control y la inflación se abrió paso al nivel más drástico en 32 años.

El ministro Massa prometió una convergencia de la tasa de inflación mensual hasta el 4% para diciembre de 2022, 3% para los primeros 3 meses, y finalmente un 2% para el segundo trimestre (que finalizó en junio de este año). Desde ya estas metas no estuvieron ni cerca de poder ser cumplidas.

Diciembre de 2022 finalizó con una inflación mensual del 5,1%, el promedio de inflación para el primer trimestre 2023 fue del 6,77% (más del doble que la meta), y para el segundo trimestre el promedio mensual escaló al 7,4%. El tercer trimestre del año cerró con una inflación promedio superior al 10%, y tras la devaluación el mes de agosto supera el 12%, seis veces más alta de lo que había prometido. 

Queda en evidencia el rotundo fracaso del programa. Las expectativas de inflación relevadas en el informe REM del Banco Central no dejan de aumentar, y la tasa de inflación interanual superó el 138% al cierre de septiembre, con perspectivas de haber superado el 150% en octubre.

Massa importó el programa de la dictadura de Hugo Chávez, la cual lanzó su propia versión de Precios Justos a mediados del 2011. El programa tenía las mismas características, y pretendía limitar el “margen” empresarial al 30% (un valor completamente arbitrario que no respondía a ningún criterio serio), además de anclar las expectativas inflacionarias para contener el aumento de los precios. Nuevamente, el programa encontró el más contundente fracaso.

Más tarde, el régimen de Nicolás Maduro trató de remendar Precios Justos en el año 2014, pero los controles no funcionaron y Venezuela se enfrentó al desabastecimiento más extremo de su historia. El sistema de control de precios terminó por colapsar en 2017, y muchas restricciones debieron ser abandonadas debido a que perdieron cualquier relevancia con las góndolas completamente vacías.

La administración Biden estudia flexibilizar las restricciones para la importación de petróleo venezonalo y el levantamiento de la prohibición de la compra y venta de bonos. Esto implica desbaratar completamente la política de presión que fue instaurada desde el año 2019.

El Gobierno de Joe Biden está próximo a llegar a un acuerdo con la dictadura totalitaria de Nicolás Maduro para levantar la mayor parte de las sanciones económicas establecidas contra Venezuela, a cambio de la consolidación del proceso electoral en “circunstancias normales” para la reanudación de la democracia perdida en el país desde hace años.

La administración Biden ofrece levantar las restricciones para que las empresas estadounidenses puedan importar libremente petróleo desde Venezuela, luego de que ya flexibilizar los requisitos para la inversión directa en ese país. Además, se estudia la posibilidad de levantar la prohibición existente para la compra y venta de bonos/títulos venezolanos en la plaza bursátil estadounidense.

Estas fueron las sanciones más importantes que había establecido la llamada “política de presión” ejercida por el expresidente Donald Trump desde el año 2019, por medio de la cual se buscaba el ahogamiento económico del régimen socialista para forzar la llegada de la democracia. 

Todo esto no fue más que la respuesta que ofreció la administración Trump ante la demanda de millones de personas del electorado latino en Estados Unidos, una demanda que Joe Biden parece estar dispuesto a traicionar.

La administración Biden denuncia que la política de presión no generó los efectos esperados, y estudia nuevas alternativas. Pero nada la realidad señala lo contrario. Es precisamente gracias a la política de presión de Donald Trump que hoy el régimen de Maduro está dispuesto a negociar algún tipo de acuerdo, muy a diferencia de lo que ocurría durante los primeros años de su régimen o durante los años del mandato de Hugo Chávez.

De haber incursionado con las políticas permisivas que hoy propone la administración Biden, la llegada de un acuerdo o la celebración de negociaciones no habría tenido lugar, y el régimen chavista habría podido sobrevivir con las regalías de las exportaciones petroleras, aún pese al desastre económico manifiesto.

Se debe tener en cuenta que las sanciones contra Venezuela son mucho más efectivas que las que se establecen contra otros países como por ejemplo Cuba, ya que Estados Unidos y la Unión Europea son dos de los mercados más importantes para la recepción de petróleo crudo venezonalo en todo el planeta, mientras que el comercio exterior de Cuba no tiene un peso tan preponderante en la economía de su país y las exportaciones encuentran destinos más diversificados.

Por otra parte, el agónico régimen chavista no ofrece garantías certeras para la devolución de la democracia, y la posibilidad de considerarlo responde más a la situación de colapso económico y social generalizado por la que atraviesa el país, y no necesariamente a los ofrecimientos de Biden.

La “moneda digital argentina” es una propuesta de Massa que parece casi calcada a la estrategia del fallido “petro” y del “Bolivar Digital” venezolano, una moneda digital anunciada por el régimen de Nicolás Maduro en el año 2017 en medio del colapso hiperinflacionario.

El ministro Sergio Massa resaltó en el debate por demostrar una profunda ignorancia en lo que refiere a la inflación y la economía. En el período en el que ocupó la dirección de la cartera de Economía, la tasa de inflación interanual escaló del 71% al 124,4%, y la economía acumuló 12 meses de recesión.

Pese a su contundente fracaso como Ministro, prometió dos recetas para “bajar” la inflación: el lanzamiento de una “moneda digital argentina”, y una nueva ley de blanqueo de capitales que trataría de incentivar la repatriación de activos argentinos girados al exterior.

Sin más, con estas dos propuestas pretende reducir la tasa de inflación más violenta de los últimos 32 años, bajo la falsa creencia de que los precios suben porque faltan dólares, cuando la realidad es que sobran pesos.

Estas medidas no están ni cerca de poder contener la estampida inflacionaria, y más bien apuntan a profundizar la represión financiera con la misma lógica que usó el chavismo en el año 2017. Queda en evidencia que el ministro Massa no tiene previsto un plan de estabilización auténtico para fin de año, en su lugar se apostará con seguir “administrando” el mercado cambiario y el comercio exterior.

El paquete de medidas prometido por Massa en pleno debate parece calcado del que llevó a cabo el régimen de Nicolás Maduro en diciembre de 2017. El chavismo lanzó el “petro” digital a través de la Gaceta Oficial Nº 41.296 el 8 de diciembre de ese mismo año, paralelamente a la “Superintendencia de la Criptomoneda y Actividades Conexas” para administrar y monitorear su uso efectivo en la economía.

La primera emisión de esa moneda digital tomó lugar en enero de 2018 y alcanzó las 100 millones de unidades, con la promesa de respaldar la moneda en regalías obtenidas por el petróleo y el gas, y las escasas reservas de oro que aún disponía el Banco Central. Por supuesto, la promesa no fue creíble y tampoco se pudo llevar a cabo con efectividad. 

Durante el primer semestre de 2018 también se lanzó un decreto de blanqueo a través de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (SUDEBAN), principalmente enfocado en la recepción de remesas desde el exterior, excluyéndose del pago de impuestos para favorecer su llegada a la economía a través del mercado oficial de cambios

El resultado fue casi tan desastroso como el bolívar papel: en la práctica, sólo un número de transacciones se efectuaron mediante esta moneda digital, al mismo tiempo en que la población venezolana continuó desprendiéndose de bolívares para adoptar al dólar como medio de ahorro y medio de cambio transaccional.

Venezuela no logró estabilizar los precios con estas medidas. La tasa de inflación mensual de diciembre de 2017 llegó al 85%, y a pesar de la moneda digital y el blanqueo de remesas, para mayo de 2018 los precios se dispararon un 110% y la variación siguió escalando hasta el 233% en el mes de septiembre. Lejos de detenerse, el proceso hiperinflacionario se acentuó todavía más.

En 2021, la hiperinflación obligó a Maduro a lanzar un nuevo cono monetario, y el dictador chavista insistió con esta idea. De esta manera, nombró a la nueva moneda como “Bolívar digital” el 5 de agosto de aqué año, a través del Decreto N.º 4.553 publicado en la Gaceta Oficial N.º 42.185.

Dicho bolívar le quitó 6 ceros al anterior “Bolívar Soberano“, y a pesar de su nombre, la moneda fue emitida en papel, pero el Banco Central de Venezuela se reservó el derecho a intentar un nuevo proceso de digitalización en los próximos años.

Las medidas irrisorias de Massa no significan ningún tipo de garantía para las millones de personas que todos los días ven deteriorado el poder adquisitivo de sus salarios. El Ministro se queda sin plan económico, y sin ideas de cara a las próximas elecciones generales.