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Latinoamérica

Piden pena máxima para Rafael Correa en Ecuador

La fiscalía general de Ecuador solicitó este jueves el encarcelamiento y aplicación de la sentencia de pena máxima del delito de cohecho contra el ex-presidente Rafael Correa por haber recibido fondos de compañías privadas con fines políticos.

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La fiscalía general de Ecuador solicitó este jueves 5 de Marzo, el encarcelamiento y aplicación de la sentencia de pena máxima del delito de cohecho contra el ex-presidente Rafael Correa, por haber recibido fondos de compañías privadas con fines políticos.
Correa esta siendo investigado junto a 21 funcionarios de su gobierno por delitos de soborno y corrupción para obtener financiamiento de la empresa brasileña Odebrecht y demás empresas privadas a cambio de futuros contratos del estado ecuatoriano durante su gobierno.
El monto de la operación sobrepasa los US$ 7.5 millones y el delito está archivado junto al caso “Sobornos 2012-2016” que la fiscalía actualmente está llevando investigando.
La investigación del caso está siendo liderada por la actual Fiscal General, la abogada Diana Salazar. Salazar acusa al ex-presidente de encabezar una estructura criminal que durante su período como presidente habría dado la orden de cometer sobornos y hasta llegó a compararlo con el capo colombiano del narcotráfico, Pablo Escobar.
Según el Código Penal de Ecuador, se establece el encarcelamiento a funcionarios que acepten beneficios económicos clandestinos para sí mismos o para terceros, con el fin de omitir, alterar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones. El tiempo de condena del delito va desde 1 a 7 años de prisión. La fiscalía solicitó sentencia condenatoria contra 20 de los 21 procesados. Además del pago de una reparación economía al estado de 1.13 millones de dólares. 
También solicitó la prisión preventiva contra dos ex-ministros de Correa que están fuera del país y prófugos de la justicia ecuatoriana, en concreto, el ex-ministro de Turismo, Vinicio Alvarado, y al ex-secretario del Agua, Walter Solís.
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Cuba

La dictadura castrista anunció la flexibilización del auto-bloqueo y levanta restricciones a la inversión extranjera

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En respuesta al progresivo colapso de la economía socialista, la dictadura de Miguel Díaz-Canel impulsó la apertura a la inversión extranjera en el comercio mayorista y minorista, sectores que hasta ahora se encontraban auto-bloqueados por la isla desde 1959.

La crisis económica en Cuba genera una fuerte presión para llevar adelante una agenda reformista. La dictadura socialista de Miguel Díaz-Canel anunció que Cuba permitirá la inversión extranjera directa sobre el comercio minorista y el mayorista.

Hasta ahora, el Estado cubano guardaba un celoso control de estos sectores y monopolizaba la oferta de bienes y servicios a nivel minorista y mayorista. La reforma levanta el auto-bloqueo que imponía la dictadura sobre su propio país, permitiendo que puedan ingresar firmas extranjeras para así ampliar la disponibilidad de oferta de bienes.

Es la primera vez desde 1959 en que empresas privadas internacionales podrán realizar inversiones en la isla, siendo que el propio Fidel Castro se ocupó de boicotear el flujo de capitales y aisló el país con respecto al mundo.

“La inversión extranjera en el comercio mayorista y minorista, con regulación estatal, permitirá la ampliación y diversificación de la oferta a la población y contribuirá a la recuperación de la industria nacional”, explicó el ministro de Economía cubano, Alejandro Gil.

La nueva flexibilización regulatoria sigue la misma línea adoptada en la década de 1990, cuando la dictadura atravesaba una situación de colapso en lo que se denominó “período especial”, y en el cual se aplicaron ciertas reformas parciales.

Las empresas extranjeras adquirieron la posibilidad de invertir en el sector manufacturero de Cuba a partir de 1995, y más tarde se levantaron las prohibiciones para la inversión en la oferta de servicios.

La emergencia económica nuevamente se vuelve a convertir en un foco de presión para las reformas. El régimen maximizó los desequilibrios fiscales y monetarios a partir del año 2020, una situación que desencadenó la peor crisis en 27 años.

El déficit fiscal aumentó al 17,7% del PBI, una cifra financiable con recursos genuinos o deuda pública, por lo que la única herramienta fue la emisión monetaria. El Gobierno se vio obligado a abandonar la convertibilidad entre la moneda local y el dólar, y unificó el mercado cambiario.

La inflación “oficial” alcanzó el 77,3% interanual en diciembre de 2021, pero esta cifra no resulta representativa porque la dictadura cubana establece un férreo control de precios que agotó la oferta de productos en las góndolas. En respuesta al desabastecimiento generalizado, los precios de los bienes en los mercados informales registraron una inflación que superó el 6.900% en 2021.

El espiral inflacionario generó un profundo malestar social que obligó a la dictadura a ofrecer algún tipo de respuesta desesperada para ampliar la oferta de bienes en la isla, y aminorar el desabastecimiento.

La emisión monetaria descontrolada y la represión financiera ejercida por la dictadura socialista generaron escasez sobre alimentos básicos de primera necesidad e incluso sobre los productos para uso medicinal, dejando en tela de juicio el supuesto prestigio de la medicina en Cuba. 

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Nicaragua

El estruendoso silencio de Francisco sobre Nicaragua: Ni una palabra sobre los curas desaparecidos

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El Papa tuitea sobre el día de los abuelos, sobre la juventud, sobre Canadá y sobre los aborígenes, pero ni una palabra de la mayor persecución de católicos del continente. ¿Cómo pueden justificar este silencio ensordecedor?

Durante los últimos días, medios de comunicación y redes sociales se han hecho eco de la cruenta situación que viven los creyentes en Nicaragua por la dictadura comunista. Solo desde el lunes pasado, Daniel Ortega cerró siete estaciones de radio de la Iglesia Católica, ordenó el arresto domiciliario de un obispo y de varios sacerdotes y laicos por alzar su voz contra su régimen, y desapareció a un sacerdote

El obispo de Matagalpa, el Monseñor Rolando Álvarez, es un ferviente crítico de Ortega y su vice, su esposa Rosario Murillo. Álvarez ha hecho públicas declaraciones y ha denunciado los abusos de la dictadura nicaragüense. Críticas que le valieron el arresto domiciliario acusado por “organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población, provocando un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía en la comunidad, con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”.

Ese hecho es uno más dentro del plan represivo que Ortega está llevando a cabo contra sus opositores. Lo notorio no es la persecución política y religiosa que sufren cientos de católicos en un país que está profundizando el sistema de gobierno comunista, lo que más hace ruido es el silencio de aquellos que deberían defenderlos

El modus operandi de Ortega es simple: señalar a todos los sacerdotes y laicos consagrados que se manifiesten en su contra luego, en extraños episodios, reciben denuncias por abuso, maltrato o acoso por partidarios de Ortega y son inmediatamente detenidos y luego desaparecen

Ahora, Ortega ya no disimula su ataque a los cristianos de Nicaragua, que representan el 58% de la población, sino que envía a la policía a mantener presos a los obispos y sacerdotes en sus propias parroquias y no permite que los fieles puedan ir a Misa o escuchar los sermones de los curas “opositores”.

Mientras los sacerdotes caen presos como moscas, la Conferencia Episcopal de Nicaragua expresó su apoyo a Mons. Álvarez y a los sacerdotes detenidos. Del mismo modo, católicos de todo el mundo se han pronunciado públicamente para dar visibilidad al problema y pedir la libertad de los detenidos y el respeto por la libertad de credo. 

Casualmente, los únicos que guardan silencio en la región sobre el horror de Nicaragua son los gobiernos socialistas y dictatoriales de Cuba y Venezuela. Ahora también se suma una carta firmada por 26 expresidentes de América Latina reclamando por los ataques a la libertad religiosa “bajo la dictadura de los Ortega-Murillo”.

Pero hay un silencio injustificado, un silencio que duele y que no se puede justificar y es el del mismísimo Papa Francisco, un Papa latinoamericano, y argentino. Bergoglio no es un Sumo Pontífice que le escape a la polémica. Durante el mandato de Trump criticó en reiteradas ocasiones sus políticas económicas y la construcción del muro. Si sabemos que es un Papa que le gusta hablar de temas políticos, ¿qué pasa que no habla de la situación de Nicaragua?

En la carta del Grupo Idea señalan “esperamos de una firme postura de defensa del pueblo nicaragüense y su libertad religiosa por S.S. Francisco, cabeza de la Iglesia Católica universal”. Pero Francisco calla.

El Papa tuitea sobre el día de los abuelos, sobre la juventud, sobre Canadá y sobre los aborígenes. Pide oraciones sobre Ucrania y se lanzó a un viaje apostólico a Canadá para pedir perdón por supuestos hechos de hace más de 200 años, pero ni una palabra sobre Nicaragua.

Es difícil pensar en la compleja tarea que tienen aquellos interpretadores y justificadores seriales de Francisco hoy, ¿cómo justifican esto? ¿Está tan ocupado el Papa para tuitear pidiendo oraciones por todos aquellos sacerdotes perseguidos? Hace unos días tenía tiempo para pedirle a los jóvenes que consuman menos carne… 

Un tema que se debate hoy en las tertulias cristianas es el dogma de la obediencia y el cisma del albedrío. ¿Se le puede perdonar todo a un Obispo sólo por ser Obispo? ¿Se puede justificar los actos de traición a la fe de un pastor de la Iglesia? 

Muchos son rápidos en juzgar la vida de un simple sacerdote, pero se rasgan las vestiduras para defender a un Obispo o al Papa incluso cuando saben que éste atenta contra todo lo que la misma Iglesia de Cristo predica. 

Francisco ya no disimula su progresismo y su amistad con líderes socialistas y dictadores y no porque quiera reformarlos (como Juan Pablo II) sino porque comulga sus ideas. Bergoglio ha demostrado con su silencio que no le importa lo que pasa en Nicaragua porque el perpetrador de los crímenes es un socialista como él. Parecería que si Ortega fuera de derecha… sería otro cantar… 

Hoy, es esa derecha que él critica la que está, en forma de expresidentes, escribiéndole una carta para pedirle que defienda a sus fieles y a su Iglesia. Esa “maldita derecha”.

Quizás aquellos con la libertad de albedrío que ven en el Papa un mal Papa no son apóstatas, sino que pueden sacarse la venda de los ojos de la obediencia y entienden el fundamento cristiano por encima del dogma.

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Brasil

Gracias a la baja de impuestos de Bolsonaro, Petrobras vuelve reducir el precio del combustible

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La petrolera estatal anunció una nueva rebaja del 4,9% sobre las tarifas percibidas por el consumidor en la estación de servicios, luego de una baja de impuestos y de la caída de precios a nivel internacional.

La empresa Petrobras anunció una nueva rebaja tarifaria del 4,9%. El precio final percibido por los consumidores cae a 3,53 reales por litro de gasoil, cuando antes de los anuncios los brasileños abonaban hasta 3,71 reales por litro.

El precio percibido por los consumidores es el más bajo registrado desde el mes de marzo, en medio del estallido energético por la guerra entre Rusia y Ucrania. A su vez, se trata de la tercera caída en menos de un mes, después de los recortes anunciados el 19 y el 28 de julio respectivamente.

Los nuevos precios de referencia responden a un reajuste de precios relativos que tiene por origen la caída de las commodities a nivel internacional. La petrolera estatal se limitó a trasladar la volatilidad externa (en este caso favorable) hacia los precios internos, del mismo modo en que lo haría una empresa privada.

Se debe tener en consideración que el precio del barril de petróleo a nivel internacional se desplomó desde los US$ 140 en marzo para luego llegar a los US$ 106 en la actualidad. De no trasladarse las rebajas correspondientes, la empresa enfrentaría una disminución contraproducente de la demanda energética.

Pese a los mecanismos de control impulsados por Jair Bolsonaro, la política de precios de la empresa continúa marcando una vinculación taxativa entre los precios domésticos y los precios internacionales.

Este sistema se encuentra en vigencia desde el año 2016 y fue mantenido por la gestión de Bolsonaro, en contraste con el sistema obsoleto y autárquico que se mantenía anteriormente bajo la gestión socialista de Dilma Rousseff.

Se estima que la medida anunciada tendrá un impacto en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de agosto. El mes de julio registró una histórica deflación de hasta el 0,68%, en gran medida impulsada por una rebaja en los precios del combustible.

El Gobierno de Bolsonaro colaboró con la rebaja de precios a partir de una fuerte quita de impuestos para reordenar la estructura de precios relativos, y abaratar así la energía en relación al precio de otros bienes y servicios.

Las ventajas a raíz de los términos de intercambio con los precios de la energía, y la mejor administración de Petrobras bajo la gestión Bolsonaro, permiten avanzar con los planes de privatización.

El nuevo ministro de Minas y Energía, Adolfo Sachsida, solicitó oficialmente la incursión de estudios tendientes a producir los cambios legales necesarios para transferir Petrobras a manos privadas, maximizando así la capitalización de la empresa.  

“Como mi primer acto de gestión solicito también el inicio de los estudios tendientes a la propuesta de cambios en la ley necesarios para la desestatización de Petrobras“, anunciaba Sachsida en mayo. 

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