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Un informe reveló que la Corte Interamericana recibe fondos de organizaciones progres que influyen en sus decisiones

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Global Center for Human Rights (GCHR) le respondió a la jueza Nancy Hernández con ejemplos de transferencias que condicionan su trabajo. La organización pide transparencia y advierte que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está en riesgo.

En la Inauguración del Año Judicial Interamericano, la presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la jueza costarricense Nancy Hernández López, buscó desmentir con su discurso de apertura que la Corte IDH esté “financiada por intereses particulares para favorecer determinada agenda”, al asegurar que circulan afirmaciones “sin sustento” y que el tribunal “no recibe contribuciones que vayan dirigidas a favorecer temas o países determinados”.

De esta manera, la magistrada se hizo eco del «Balance del financiamiento de la CIDH y la Corte Interamericana 2009-2021. Opacidades e influencias en una financiación condicionada», publicado por el Global Center for Human Rights, una ONG de derechos humanos con sede en Washington DC. Sebastián Schuff, presidente de GCHR, explica que “allí está documentado que, al menos por dos años, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) financió proyectos de la Corte en cuyos títulos se definían temáticas determinadas, impulsando una agenda política concreta”.

Casos de financiamiento condicionado

De acuerdo a la investigación de GCHR, la Corte IDH elabora en promedio once sentencias y menos de una opinión consultiva al año. En este contexto, la atención a las temáticas indicadas en proyectos financiados por AECID es llamativamente desproporcionada.

En 2016, la agencia española aportó fondos para el proyecto de “Protección de víctimas y personas pertenecientes a grupos vulnerables a través de medidas provisionales y resolución de casos contenciosos sobre alegada discriminación por orientación sexual y garantías del debido proceso”, y ese mismo año la Corte IDH se abocó en dos ocasiones a la resolución de casos contenciosos sobre “discriminación por orientación sexual”, alineándose de este modo a la temática del proyecto financiado. En dicho año, la Corte IDH “alegó el incumplimiento de obligaciones inexistentes en los tratados acerca de la llamada «orientación sexual e identidad de género", cuando condenó a Colombia en el marco del Caso Duque”, y a Ecuador en el Caso Flor Freire.

Otro caso de financiamiento condicionado de la Corte por parte de AECID, nuevamente, aparece en el informe financiero 2018, en un acuerdo por USD 313.350 para el “Mantenimiento de las capacidades de la Corte IDH para resolver casos y opiniones consultivas que contribuyan a la protección de grupos vulnerables, a través de la emisión de estándares sobre medio ambiente, derechos de los pueblos indígenas, deberes de especial protección de las niñas y los niños, asilo, violencia sexual y no discriminación por orientación sexual y por identidad de género, y para difundir audiencias de casos y opiniones consultivas”. Consecuentemente, durante ese periodo se elaboraron tres opiniones consultivas sobre medio ambiente, no discriminación por orientación sexual e identidad de género y asilo.

“Si bien llama la atención que la Corte haya emitido tres opiniones consultivas en seis meses, lo que realmente preocupa es que esas opiniones respondan explícitamente, otra vez, a los requerimientos determinados en el proyecto financiado por AECID”, explicó Sebastián Schuff. “Esto pone de manifiesto, al contrario de lo que afirma la presidenta del tribunal regional, que hay probado sustento para decir que la Corte IDH recibe contribuciones dirigidas a favorecer temas determinados”, sentenció el abogado.

A partir de las declaraciones realizadas por la jueza costarricense se habilitaron en la página web de la Corte IDH datos referidos al financiamiento, tal como anunciaron, pero los mismos no detallan montos, títulos, ni donantes de cada proyecto específico.

“Más preocupante es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano esencial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) por ser el encargado de seleccionar los casos a tratar y cuya transparencia es aún más opaca que la de la Corte, esté siendo financiada parcialmente por países extracontinentales, empresas privadas y ONG transnacionales, como la Fundación Ford o la Open Society Foundation.”

Conflictos de interés e inseguridad regional

La investigación realizada por la ONG de derechos humanos alerta sobre la gravedad que conllevarían los potenciales conflictos de interés, ya que algunas organizaciones internacionales que apoyan a la Corte IDH o a la CIDH también financian a las partes peticionarias de casos de litigio estratégico en el sistema.

Un ejemplo de esta irregularidad es la contribución regular que la Fundación Ford a realizado en favor de la Comisión, mientras financia a la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, la cual fue una de las organizaciones peticionarias en el caso «Manuela vs. El Salvador» (según reconocieron las dos de las organizaciones que representan a la parte peticionaria). El conflicto de interés se evidencia nuevamente en el caso «Beatriz vs. El Salvador», que tiene por parte peticionaria a la misma agrupación.

Algo similar parece suceder con la Fundación Heinrich Böll, del partido político alemán Los Verdes, que impulsa una agenda socialista, ecologista y de género, y que desde 2017 financia proyectos de la Corte y apoya a aquella misma agrupación peticionaria.

“El problema es mayúsculo, porque el hecho de que una misma entidad financie al juez y al peticionario afecta gravemente la independencia e imparcialidad necesaria de estos órganos”, advirtió Schuff “Lo que es inaceptable en cualquier país, es un hecho habitual en la Corte IDH y sus órganos asociados”, añadió.

En relación al Caso Beatriz, Schuff sostiene que “allí se juega la credibilidad de todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. GCHR y otras entidades advierten que el Pacto de San José de Costa Rica es el fundamento de la existencia de la Corte IDH, y este mismo tratado consagra en su artículo 4° el derecho a la vida “a partir del momento de la concepción”. En este caso, la Corte IDH debe decidir si las autoridades de El Salvador obraron bien al procurar el cuidado de las dos vidas, la de la madre y la de su beba, y evitar así que se sometiera a un aborto a una madre con la excusa de terminar con la vida de su beba, que padecía una malformación.

El Salvador está obligado a respetar tanto el Pacto, que reconoce como personas con iguales derechos a Beatriz y a su hija Leilani, como a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que impediría discriminar a la pequeña Leilani por su grave discapacidad.

“El caso debería haberse declarado inadmisible por contradecir estos tratados”, sostuvo Schuff, en línea con el informe de fondo del comisionado Edgar Orellana, advirtiendo que “una sentencia que contradiga explícitamente la Convención Americana sobre los Derechos Humanos provocaría, sin dudas, una implosión de todo el Sistema Interamericano de Derechos. Y pondría a todos los Estados miembros en una situación de inseguridad jurídica insostenible.”

Por todo esto el abogado sostiene que “es necesario que se reformulen las normas del SIDH para que no haya más financiamiento condicionado. Pero que además se aclare cómo funciona la Corte, porque si se convierte en un tribunal supranacional sin ningún límite ni control, va a ser una amenaza para la democracia y la soberanía de todo el Continente”.

Brasil

Masiva protesta en Brasil en contra de la censura de Lula: Bolsonaro habló ante millones y pidió un aplauso para Elon Musk

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En la protesta se vieron manifestantes vestidos de Bolsonaro, de Elon Musk y hasta del presidente argentino Javier Milei, en favor de la libertad de expresión y el fin del régimen autoritario de Lula.

El ex presidente Jair Bolsonaro convocó a millones de manifestantes en las playas de Copacabana, este domingo en Río de Janeiro, para protestar contra la persecución política del régimen de Lula da Silva y pedir por el fin de la censura en redes sociales contra la oposición.

Millones de manifestantes comenzaron a llegar poco después de las 8 de la mañana. Bolsonaro salió del hotel cercano alrededor de las 10:00 horas, se subió a uno de los camiones y pronunció un discurso que duró unos 35 minutos, con un micrófono y parlantes para que escuche toda la ciudad.

En su discurso, Bolsonaro criticó con dureza a Lula y al juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, por sus medidas contrarias a la libertad de expresión. El juez Moraes ha metido presos a empresarios, políticos, periodistas y activistas bolsonaristas en los últimos 2 años.

El líder de la oposición pidió una amnistía para los presos del 8 de enero, día en el cual manifestantes de derecha ingresaron al edificio del Congreso y de la Corte Suprema en protesta contra el fraude electoral impulsado por el Tribunal Supremo Electoral, que preside el propio Moraes.

Como ocurrió con el Asalto al Capitolo en Estados Unidos dos años antes, no solo el puñado de violentos fue arrestado, sino que el gobierno de Lula mantiene apresados a miles de brasileros que se estaban manifestando pacíficamente y no ingresaron a los edificios públicos ese día.

En otra parte del discurso, Bolsonaro pidió un aplauso para Elon Musk, a quien apodó como una "leyenda" y aseguró que es un "hombre que quiere preservar la libertad". Tras comprar Twitter, Musk desafió a Moraes y levantó todos los bloqueos que había impuesto la Suprema Corte.

El expresidente volvió a hablar de las elecciones de 2022, que fueron robadas por el Tribunal Electoral, y recordó que hubo fraude en las urnas: "Lo que más queremos es que Brasil vuelva a la normalidad, que podamos participar en las elecciones sin sospecha alguna".

"Al fin y al cabo, el alma de la democracia son unas elecciones limpias en las que nadie puede siquiera pensar en dudar de ello", aseguró.

La protesta fue convocada por Bolsonaro en medio de un intento del juez Moraes por apresarlo al expresidente, por una presunta participación en un intento de golpe de Estado para permanecer en el poder, del cual no hay pruebas.

Sin embargo, Moraes ya apresó a varios ex ministros, a múltiples empresarios que le donaban dinero y a todos los periodistas que apoyaron su gobierno. El próximo objetivo de la dictadura, y el gran trofeo que busca Lula, es arrestarlo a Bolsonaro.

A pesar de que Bolsonaro era un simple diputado y que estaba a un año de anunciar su campaña presidencial cuando la Justicia arrestó a Lula en julio de 2017, por lo que no estuvo relacionado en lo más mínimo con su detención, el dictador de izquierda nunca le va a perdonar que puso de Ministro de Justicia a Sergio Moro, el juez que le dictó prisión efectiva.

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Venezuela

Tras la inhabilitación de Corina Machado, la oposición en Venezuela se une detrás de Edmundo Urrutia, quien enfrentará a Maduro

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De carrera diplomática, sirvió como embajador de Venezuela en Argentina entre 1998 y 2002, y fue una especie de vicecanciller durante la presidencia de Rafael Caldera.

El régimen chavista se acerca a unas elecciones claves para continuar y legitimar su sanguinaria dictadura en Venezuela. Nicolás Maduro, desesperado por la posibilidad de perder los comicios, luego de encuestas que lo ubican siendo derrotado por cualquier opositor por más de 40 puntos de diferencia, decidió tirar abajo el Acuerdo de Barbados y lanzó una campaña de inhabilitación de opositores.

En la volteada cayó la líder de la oposición, Maria Corina Machado, e incluso no se le permitió a su sucesora, Corina Yoris, a anotarse como candidata, por lo que todo indicaba que Maduro iba a presentarse sin oposición en las elecciones del 28 de julio.

Sin embargo, a último minuto antes que cierra la inscripción, Edmundo González Urrutia, un miembro desconocido del partido opositor Mesa de la Unidad Democrática (MUD) logró anotarse en el sistema, y mientras el régimen estaba intentando boicotear la candidatura de Yoris, Urrutia pasó completamente desapercibido.

Inmediatamente la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la coalición de partidos opositores a Maduro, empezó a negociar con Urrutia. Si bien no es una figura fuerte dentro de la alianza anti-chavista, es la única persona que podrá competir contra el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Inscrito inicialmente como candidato provisional del Consejo Nacional Electoral (CNE) el 26 de marzo, su nominación buscaba preservar la tarjeta electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Esta maniobra permitió sortear el bloqueo contra la candidatura de Corina Yoris, quien había sido previamente seleccionada para representar a la oposición tras la inhabilitación política de Machado.

Es por eso que tras una cumbre partidaria este viernes 19 de abril, Corina Machado y el resto de los dirigentes que no pudieron anotarse votaron a favor de que Urrutia se convierta en el candidato de la oposición unificada contra el chavismo.

De esta manera, Edmundo González Urrutia, de 74 años y con una carrera política enfocada puramente en la diplomacia, quien asegura que se anotó simplemente como candidato provisional para preservar la tarjeta electoral de la MUD en caso de que pasara algo con la candidatura de Corina Yoris, será el máximo líder de la oposición a Maduro.

Quién es Edmundo Urrutia

Nacido en La Victoria, estado Aragua, y graduado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Relaciones Internacionales, tiene además un Máster en Relaciones Internacionales de la American University de Washington, Estados Unidos, donde estudió en 1981.

Urrutia comenzó su carrera como Embajador de Venezuela en Argelia entre 1991 y 1993, designado por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. En 1994, el presidente Rafael Caldera lo designó como Director General de Política Internacional de la Cancillería, un cargo de alta jerarquía.

Estuvo allí hasta 1998, cuando Caldera decidió enviarlo como embajador de Venezuela a la Argentina, una relación que en ese momento estaba floreciendo entre dos gobiernos liberales. Pero tan solo un año después, Venezuela caería en desgracia.

En 1999, gana Hugo Chávez las elecciones en Venezuela. Si bien Urrutia se quedó un tiempo como embajador en Argentina, cumpliendo más que nada un rol diplomático, en 2002 finalmente el dictador lo removería de su cargo.

En los años posteriores escribió libros y condujo fundaciones, hasta que en 2013 decidió entrar de lleno a la política, alineándose con la oposición a Maduro. Tras su afiliación a la MUD, se convirtió en una suerte de enlace internacional del partido con gobiernos extranjeros que apoyaban los reclamos de la oposición.

En 2020, asumió temporalmente la presidencia de la MUD, para luego darle lugar a otros como José Luis Cartaya, Omar Barboza y la propia Maria Corina Machado. Para 2024, Urrutia estaba prácticamente cercano a su retiro de la política, pero la situación anómala de las elecciones en Venezuela lo llevaron a que deba cumplir el rol más importante de toda su vida.

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Brasil

La Corte Suprema de Brasil analiza bloquear Telegram, WhatsApp y Twitter en todo el país para censurar a la oposición

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Alexandre de Moraes, principal juez responsable de censurar a la oposición en Brasil, dijo que el bloqueo masivo no es una medida que adoptaría "en estos momentos", pero el resto del STF tiene tiempo de votar hasta el 26 de abril.

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, controlado por el presidente Lula da Silva, inició este viernes un proceso para analizar la posibilidad de bloquear aplicaciones de mensajería, como WhatsApp y Telegram, en Brasil.

El análisis se desarrollará mediante videoconferencias hasta el 26 de abril, fecha en la que los jueces tomarán la determinación sobre si el máximo tribunal puede suspender temporalmente el funcionamiento de las aplicaciones de mensajería que se nieguen a entregar información de los usuarios investigados por delitos sin sentencia firme.

Esta votación se da en medio de fuertes denuncias de persecución política contra el gobierno de Lula, que está utilizando a los jueces de la Suprema Corte para censurar a la oposición en redes sociales, solicitando eliminar cuentas y borrar publicaciones. Incluso La Derecha Diario ha sido víctima de esto.

El principal juez señalado por ser el brazo armado del Gobierno socialista es Alexandre de Moraes, responsable de ordenar el bloqueo de miles de usuarios opositores a Lula en Twitter. Sin embargo, Moraes anticipó su voto en contra de la medida, probablemente para evitar un mayor escándalo en medio de un conflicto judicial abierto contra Elon Musk y la oposición.

Moraes, se unió al juez Edson Fachín diciendo que la medida no parecería necesaria en estos momentos, pero sorprendió su voto negativo ya que él mismo ha sido responsable en el pasado de bloquear temporalmente a Telegram, luego de que la empresa se negara a entregar información personal de sus usuarios. Hasta el momento, los otros nueve jueces aún no han votado.

La presentación de esta acción en los tribunales se inició en 2016, a través del partido Ciudadanía. El proyecto se basó en una decisión del Tribunal de Sergipe, que ordenó la suspensión de WhatsApp en todo el territorio nacional por un período de 72 horas.

WhatsApp se había negado a romper la confidencialidad de los mensajes de la aplicación cuando el tribunal pidió mensajes privados de las personas en un caso vinculado a la libertad de expresión.

En aquel entonces Facebook (ahora Meta) afirmó que los mensajes están cifrados de un extremo a otro, lo que significa que ellos no almacenan en los sistemas de la aplicación los mensajes ni pueden entregarlos, y que solo el usuario puede hacerlo.

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