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Bolsonaro aseguró que la vacunación en Brasil no será obligatoria y cancela un gran pedido de vacunas chinas

El presidente Bolsonaro afirmó que la vacunación contra el COVID-19 no será obligatoria y canceló un pedido de 46 millones de vacunas chinas que había ordenado el Ministerio de Salud. La izquierda quiere demandarlo y forzarlo a implementar la vacunación obligatoria.

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El presidente de Brasil Jair Bolsonaro anunció este miércoles que su gobierno no comprará la vacuna contra el COVID-19 que desarrolla la empresa china Sinovac, en medio de presiones de sus antiguos aliados y otros gobernadores de extrema izquierda para aplicar dicha vacuna de forma obligatoria a nivel nacional. 

El mandatario había declarado el lunes que la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 no sería obligatoria para los brasileños una vez que sea aprobada. Además, recordó que la vacuna debe ser validada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), será ofrecida a Brasil de forma gratuita, pero no será obligatoria. 

Además, reiteró que antes de permitir el uso de la vacuna del coronavirus es necesario que se realicen varias pruebas que certifiquen su efectividad y que ratifiquen que no hay efectos secundarios, que puedan poner en peligro la vida de millones de brasileños. 

Ante la desconfianza generada por las vacunas china y rusa, afirmó que el país que elabore la vacuna contra el COVID-19 primero deberá vacunar a sus residentes y después proceder a la exportación, despejando dudas sobre dicho tratamiento. 

“No hay justificación para una contribución financiera multimillonaria a un medicamento que ni siquiera ha pasado su fase de prueba”, afirmó Bolsonaro en su cuenta de Twitter.

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Las reacciones ocurren luego de las declaraciones del gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, respecto a la inmunización obligatoria contra el virus chino para los habitantes de dicho estado. 

El gobernador había anunciado el pasado mes de septiembre la firma de un contrato por 90 millones de dólares con Sinovac Biotech, un laboratorio privado chino, para la adquisición de 46 millones de dosis de la vacuna CoronaVac contra el nuevo coronavirus, y pretendía adquirir otras 14 millones de vacunas, sumando un total de 60 millones de vacunas, con una fecha límite hasta el 28 de febrero del próximo año. 

Además, afirmó que el inicio de la vacunación sería el 15 de diciembre en Sao Paulo con los profesionales del área de salud, tanto del ámbito estatal como el privado.

Pese a que las pruebas todavía no han sido finalizadas, Dimas Covas, director del Instituto brasileño Butantan (ente que está desarrollando la vacuna, en conjunto con Sinovac) ha asegurado que dicha vacuna es la “más segura” de las que se están analizando en Brasil. 

“Las manifestaciones clínicas adversas son muy leves, no hubo ninguna manifestación clínica que exigiese una atención médica mayor. Por lo tanto, el perfil de seguridad es muy apropiado Hay que esperar a que los voluntarios tengan contacto con el virus (…) Mi impresión es que tendremos datos datos concluyentes para finales de año, entre noviembre y diciembre”, dijo Covas en conferencia de prensa 

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Tanto Doria, antiguo aliado de Bolsonaro, como otros gobernadores de extrema izquierda han presionado a Jair Bolsonaro para aplicar de manera obligatoria dicha vacuna, continuando con una campaña de presión y manipulación sin precedentes, con la ayuda de varios medios de comunicación, quienes han acusado a lo largo de esta pandemia al mandatario, con calificativos como “genocida” o “negligente”, pese a que sus declaraciones han sido responsables, ante la falta de estudios contundentes sobre la eficacia de la vacuna china. 

Además, este sector ha sido un acérrimo opositor a la flexibilización de la cuarentena en el país. Al igual que en los estados gobernados por el Partido Demócrata en Estados Unidos, los estados gobernados por la extrema izquierda han registrado el cierre de miles de empresas, y con ello un aumento significativo en las cifras de desempleo en dichas zonas. 

Sin embargo, estos grupos han olvidado un detalle significativo: la Organización Mundial de la Salud (OMS) le dio la razón una vez más a Jair Bolsonaro. En el mes de agosto, el epidemiólogo Bruce Aylward, aseguró que “es decisión de los países hacer la vacuna contra el COVID-19 obligatoria o no para sus ciudadanos”. 

“En la organización lo que queremos es fomentar la aceptación voluntaria de la vacuna, así como el comportamiento de las personas para que busquen obtenerla. Queremos que las personas entiendan los beneficios de las vacunas y su calidad, más allá de que sea algo requerido o mandatorio”, afirmó Aylward

Una vez más, queda demostrado que la responsabilidad del Gobierno Federal supera a la manipulación y negligencia de diversos sectores del país, que continúan generando incertidumbre entre la población gracias a la difusión de la falsa dicotomía entre salud y economía. 

Las cifras demuestran que los planes de apertura y flexibilización de Bolsonaro han salvado a Brasil de una importante recesión económica, hechos que en un gobierno socialista serían catastróficos, ya que a lo largo de estos años demostraron que la corrupción, la impunidad y el terrorismo fiscal son las principales banderas de la extrema izquierda que continúa debilitándose de manera significativa, y busca de manera desesperada la aprobación de la mayoría de los brasileños.


Por Miguel Barahona, para La Derecha Diario

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Brasil

Los inversores internacionales huyen de Brasil y ya sacaron casi 5.000 millones de dólares del país por las medidas de Lula

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Mientras se escapan los inversores de Brasil, el tipo de cambio del real con respecto al dólar ascendió a las 5,27 unidades y marcó una suba del 1,6% al cierre del día martes. Se trata del valor nominal más elevado de la gestión de Lula.

El dólar acumuló un alza del 8,7% de acuerdo a su paridad con el Real de Brasil desde el comienzo del año. Pero solamente al término de la rueda del día martes, el tipo de cambio se anotó una suba diaria superior al 1,6% y volvió a romper récords nominales.

La paridad del dólar llegó a los 5,27 reales al cierre del martes, el mayor valor registrado desde marzo del año 2023. La fuerte depreciación de la moneda brasileña destacó de entre otras divisas latinoamericanas que se vieron duramente afectadas por el accionar monetario conservador que recientemente adoptó la Reserva Federal de Jerome Powell.

La tasa de inflación de Estados Unidos para el mes de marzo superó las expectativas (subió ligeramente al 3,5%), con lo cual es más probable que la FED evite reducir su tasa de referencia en el corto plazo, o en su defecto que lo haga más lentamente. Esto repercutió en todas las divisas de la región, pero Brasil se vio afectado además por factores estrictamente internos.

La política fiscal del Gobierno socialista está fuera de control. El resultado primario del Gobierno federal (sin Estados locales ni municipalidades) marcó un rojo equivalente al 2,55% del PBI en febrero, el más alto desde el estallido de la pandemia. El Presidente Lula da Silva asumió su cargo habiendo heredado un superávit primario de 0,56 puntos del PBI en enero del año pasado.

Contabilizando la pesada carga de intereses que enfrenta el país vecino, el resultado financiero marcó un déficit récord de hasta el 7,7% del PBI en febrero, y no se veía algo semejante desde julio de 2021. Cabe señalar que cuando Lula asumió la presidencia del país, el déficit financiero representaba el 4,32% del producto bruto, casi se duplicó en 13 meses.

El Gobierno socialista cuestionó con dureza la independencia del Banco Central de Brasil, heredada de la administración de Jair Bolsonaro, pero al no poder revertir su autonomía se valió del endeudamiento como vía principal para solventar la brecha fiscal. La carga de intereses por la deuda pública se incrementó del 4,88% al 5,15% del PBI desde enero de 2023.

El descarrilamiento de la política fiscal hace mecha sobre la efectividad de la política monetaria, ya que pese a la autonomía legal, existen serias dudas sobre el sostenimiento del actual margen de déficit con persistente endeudamiento. En consecuencia, se reduce el efecto disciplinario de la tasa de referencia SELIC que aplica la autoridad monetaria, y con ello se proyecta un mayor impacto negativo sobre el nivel de actividad real.

Este contexto adverso provocó que Brasil pierda cada vez más atractivo para la inversión internacional. La firma Goldman Sachs recomendó abiertamente deshacer las posiciones en empresas públicas brasileñas debido a una mayor injerencia política del Gobierno, y como resultado de la falta de credibilidad en el desempeño futuro de Brasil, se registró una salida de por lo menos US$ 4.227 millones (21.000 millones de reales) por parte de inversores extranjeros en el país.

La repercusión de la depreciación del real será mayormente negativa sobre el saldo exportador de las empresas argentinas, más aún en un contexto de fuerte apreciación del peso frente al dólar.

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Reforma agraria en Brasil: Lula lanza un grotesco programa socialista para colectivizar la producción del campo

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El Gobierno expropiará y repartirá discrecionalmente un total de 295.000 hectáreas de tierras públicas y privadas a indígenas y desempleados. El Estado se adueñará de una parte de todo lo que se produzca en las nuevas tierras reasignadas.

Con la asunción del socialismo en Brasil en enero del año pasado, se produjo un cambio radical en la política agraria del país. Se le puso fin a la concesión flexible de derechos de propiedad que emprendía la gestión Bolsonaro, y en su lugar, la administración de Lula da Silva lanzó una nueva reforma agraria a-la-China por decreto y sin pasar por el Congreso.

La reforma comprende el reparto de hasta 295.000 hectáreas de manera completamente discrecional, es decir, serán asignadas a dedo por Lula dependiendo de algún criterio arbitrario por parte de las autoridades competentes.

Las tierras se repartirán a indígenas y personas desempleadas. Con esta maniobra, el PT busca engrosar su influencia sobre los estratos más débiles de la población rural, que ahora podrían verse sometidos a una relación clientelista con el Gobierno.

El reparto afectará tanto a tierras de propiedad estatal como tierras privadas, que serán deliberadamente expropiadas en caso de que se determine el “abandono” por parte de sus propietarios, la misma excusa que utilizó el dictador chino Mao Tse Tung durante las reformas agrarias en China en la década del ’50.

A la par de estos movimientos, el Gobierno también lanzará un esquema de créditos subsidiados (y artificialmente baratos) para financiar la adquisición de maquinaria y semillas, con el fin de abastecer la eventual producción agrícola en las nuevas tierras reasignadas. 

La mayor parte de la agricultura prevista para estos campos será meramente familiar y de subsistencia, sin mayores dotes de productividad y sin la posibilidad de generar exportaciones o divisas al país.

Esto es evidencia de la pésima asignación de recursos implícita en la reforma agraria del socialismo. Se retienen recursos valiosos que podrían haberse utilizado en otras áreas de la economía para producir más eficientemente, creando puestos de trabajo mejor remunerados.

Pero pese a todo esto, la reforma agraria de Lula establece que el Estado podrá apropiarse de una parte de toda la producción realizada en esas tierras, dando forma a una incipiente colectivización de la producción agraria.

Reformas agrarias de esta índole fueron implementadas en diversas partes del mundo, como por ejemplo México (1917), Bolivia (1953), Guatemala (1951), Cuba (1959) y Chile (1962-1973), y todas ellas registraron pésimos resultados en materia de productividad y eficiencia asignativa.

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Brasil

Lula se negó a condenar el ataque de Irán y posiciona a Brasil como el único país occidental en no solidarizarse con Israel

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La comunidad judía brasileña expresó su decepción con el Gobierno socialista, y lo acusaron de tomar una posición proiraní que es “lamentable” y “frustrante” para estos tiempos.

Mientras la mayoría de naciones occidentales se posicionaron del lado de Israel, o en todo caso, mantuvieron la neutralidad pero expresando su apoyo a la única democracia liberal de Medio Oriente ante los ataques de Irán, el gobierno socialista de Brasil mantuvo una postura completamente distinta.

En línea con Rusia, el presidente Lula da Silva responsabilizó a ambos países por el conflicto, y puso al mismo nivel las acciones de defensa de Israel con los ataques de la teocracia represiva y sanguinaria del dictador chiíta Ali Jamenei.

En el comunicado del gobierno del PT, Lula evitó condenar a Irán por el ataque y exhortó a todas las naciones del mundo a movilizar esfuerzos para evitar una escalada de la confrontación, sin decir que es el régimen del ayatolá el que atacó indiscriminadamente a Israel.

Estos comentarios, muy desalineados al G7 y a otras naciones latinoamericanas como Argentina o Uruguay, le ligaron un fuerte reproche de la comunidad judía brasileña, una de las más grandes del mundo.

La Confederación Israelí de Brasil tildó este domingo de “lamentable” y “frustrante” la posición de Lula en el conflicto al negarse a condenar de manera explícita el ataque de drones y misiles de Irán contra Israel.

El mundo democrático y varios países de Oriente Medio se han unido a Israel en la condena y la lucha contra el ataque de Irán, pero la actual política exterior de Brasil ha optado por ponerse del lado de la teocracia iraní”, afirmó el presidente de la entidad Claudio Lottenberg.

Las relaciones entre Israel y Lula vienen deteriorándose desde que el pasado 18 de febrero, cuando el mandatario socialista equiparó la ofensiva israelí en Gaza con el Holocausto, el exterminio de judíos promovido por Adolf Hitler.

“No es una guerra de Israel contra Palestina, es un genocidio como el Holocausto”, declaró Lula sobre el conflicto palestino israelí a la prensa en Adís Abeba, la capital de Etiopía, donde asistió en su momento a una cumbre de la Unión Africana (UE).

Y agregó: “Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no ha ocurrido en ningún otro momento de la historia. En realidad, si ocurrió una vez, ha ocurrido cuando Hitler decidió matar a los judíos“.

En consecuencia, Israel decidió romper relaciones diplomáticas con Brasil y declaró a Lula persona non grata, prohibiéndole el ingreso al país. En respuesta, Brasil retiró a su embajador de Tel Aviv. Este deterioro de relaciones fue fugaz, y ocurrió apenas un año después de que Israel y Brasil llegaran al punto más cercano de sus relaciones, de la mano del expresidente Jair Bolsonaro.

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