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El ministro de Educación de Bolsonaro abandona el gobierno para presidir una división del Banco Mundial

El popular ministro de Educación de Bolsonaro, Abraham Weintraub, anunció que abandonará el cargo para asumir como Director Ejecutivo de un grupo que representa a 9 países en el Banco Mundial. El ministro, además, estaba sufriendo una persecución ilegal de la Corte Suprema.

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El ministro de Educación de Bolsonaro, Abraham Weintraub, anunció ayer su renuncia junto al presidente en vistas de la casi certera nominación al cargo de Director Ejecutivo de un grupo de accionistas de 9 países para el Banco Mundial.

Este cargo ejecutivo para Weintraub es sin lugar a dudas una enorme oportunidad de desarrollo personal, e implicará una fuerte pisada del bolsonarismo en un organismo internacional generalmente colmado de progresismo e izquierdismo.
El Banco Mundial es dirigido por un Consejo de Directores, pero en vez de tener un director por cada país (accionistas), los países se agrupan en distintos segmentos según sus intereses financieros. El grupo que pasaría a presidir Weintraub aboga por los intereses de Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Haití, República Dominicana, Filipinas, Suriname y Trinidad y Tobago.
Weintraub terminaría hasta el 31 de octubre el actual mandato del economista Fábio Kankcuz, que dejó el cargo en el Banco Mundial porque fue convocado por el gobierno de Bolsonaro el año pasado para que se encargue del Directorio de Política Económica del Banco Central. En su reemplazo, quedó interinamente un economista filipino. Se espera que luego de octubre, Weintraub asuma nuevamente un mandato completo hasta 2022.

Así anunciaba su partida el ministro Abraham Weintraub, de manera amistosa y con un fuerte abrazo al presidente Bolsonaro. “Palabras desde el corazón”.

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Están quienes aseguran que Weintraub abandona Brasil no por un interés particular en el Banco Mundial, aunque él esté formado en ciencias económicas y ya haya trabajado en el pasado en el organismo, si no que el ministro busca alejarse de los conflictos con la Corte Suprema brasileña.

Desde principios de año, el foco de la Corte Suprema estuvo en investigaciones por “noticias falsas”, “amenazas a jueces” y “avasallamiento del Poder Ejecutivo”. Sin embargo, todas estas causas recayeron sobre jueces de izquierda que solamente investigan noticias reales, críticas de libertad de expresión al desempeño de los magistrados y a mentiras formuladas en contra de Bolsonaro.

La Corte Suprema en Brasil se convirtió en un arma de la izquierda para ser juez, jurado y verdugo de los principales aliados de Bolsonaro. En lo que va del año la Corte liberó a Lula, le quitó poderes al Poder Ejecutivo, frenó la designación del Director de la Policía Federal, teniendo Bolsonaro que recurrir a un suplente; allanó ilegalmente a periodistas y legisladores oficialistas sin fundamentos e inclusive han enviado a arrestar a algunos activistas bolsonaristas por el simple hecho de organizar marchas en su contra.

Weintraub estaba siendo víctima de una de estas operaciones de la Corte, tras haber declarado en una reunión de gabinete que “estos jueces no pueden gobernar Brasil, yo los arrestaría a todos”. Solamente por expresar libremente su opinión, la Corte Suprema encontró que Weintraub estaba siendo parte de un “atentado contra la institución”, y luego de enviarlo a testificar a la Policía Federal estaban iniciando acciones para tratar de aplicarle una prisión preventiva.

Ante esta delirante y peligrosa situación, Weintraub habría elegido avanzar su carrera personal afuera de Brasil, aprovechando también para extender el alcance del gobierno de Bolsonaro en el exterior.

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La actual composición de la Corte Suprema es realmente preocupante; de los 11 miembros ninguno puede decirse que hayan sido nominados por un presidente de derecha o que tengan una filosofía afín al liberalismo o conservadurismo.

Tres miembros fueron nominados por Lula; Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, y el presidente de la Corte, José Dias Toffoli. Otros cuatro fueron nominados por Dilma Roussef; Luiz Fux, Rosa Weber, Luis Roberto Barroso y Luiz Edson Fachín. Michel Temer nominó al polémico juez Alexandre De Moraes, uno de los principales hostigadores de Bolsonaro. Todos los mencionados tienen ideología de izquierda.

Por último, los jueces más antiguos son José Celso de Mello, uno de los otros cómplices de esta “dictadura del Poder Judicial”, designado por el ex-presidente José Sarney, Marco Aurélio, designado por el ex-presidente Fernando Color de Mello, que a pesar de ser el único en criticar las acciones de la Corte hoy en día, hace poco votó a favor de liberar a Lula, y por último Gilmar Mendes, nominado por el ex-presidente socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso.

En Brasil, los cargos en la Corte no son vitalicios ya que están obligados a jubilarse a los 75 años. Esto quiere decir que Bolsonaro tendrá la oportunidad de reemplazar a Celso de Mello a fin de este año y a Marco Aurélio en 2021. Lamentablemente, poco servirá para cambiar el balance de poder en el Tribunal Supremo, que actualmente tiene 9 jueces de izquierda, 1 de centro-izquierda y uno de centro.

En el mejor de los casos, tras las designaciones de Bolsonaro, la Corte quedará con 8 jueces de izquierda, 1 de centro-izquierda y 2 de derecha. El Poder Judicial en Brasil necesita de una importante batalla interna que le permita reestructurarse. Dependerá quiénes serán los elegidos por el presidente para dar esta enorme hazaña.

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Brasil

Los inversores internacionales huyen de Brasil y ya sacaron casi 5.000 millones de dólares del país por las medidas de Lula

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Mientras se escapan los inversores de Brasil, el tipo de cambio del real con respecto al dólar ascendió a las 5,27 unidades y marcó una suba del 1,6% al cierre del día martes. Se trata del valor nominal más elevado de la gestión de Lula.

El dólar acumuló un alza del 8,7% de acuerdo a su paridad con el Real de Brasil desde el comienzo del año. Pero solamente al término de la rueda del día martes, el tipo de cambio se anotó una suba diaria superior al 1,6% y volvió a romper récords nominales.

La paridad del dólar llegó a los 5,27 reales al cierre del martes, el mayor valor registrado desde marzo del año 2023. La fuerte depreciación de la moneda brasileña destacó de entre otras divisas latinoamericanas que se vieron duramente afectadas por el accionar monetario conservador que recientemente adoptó la Reserva Federal de Jerome Powell.

La tasa de inflación de Estados Unidos para el mes de marzo superó las expectativas (subió ligeramente al 3,5%), con lo cual es más probable que la FED evite reducir su tasa de referencia en el corto plazo, o en su defecto que lo haga más lentamente. Esto repercutió en todas las divisas de la región, pero Brasil se vio afectado además por factores estrictamente internos.

La política fiscal del Gobierno socialista está fuera de control. El resultado primario del Gobierno federal (sin Estados locales ni municipalidades) marcó un rojo equivalente al 2,55% del PBI en febrero, el más alto desde el estallido de la pandemia. El Presidente Lula da Silva asumió su cargo habiendo heredado un superávit primario de 0,56 puntos del PBI en enero del año pasado.

Contabilizando la pesada carga de intereses que enfrenta el país vecino, el resultado financiero marcó un déficit récord de hasta el 7,7% del PBI en febrero, y no se veía algo semejante desde julio de 2021. Cabe señalar que cuando Lula asumió la presidencia del país, el déficit financiero representaba el 4,32% del producto bruto, casi se duplicó en 13 meses.

El Gobierno socialista cuestionó con dureza la independencia del Banco Central de Brasil, heredada de la administración de Jair Bolsonaro, pero al no poder revertir su autonomía se valió del endeudamiento como vía principal para solventar la brecha fiscal. La carga de intereses por la deuda pública se incrementó del 4,88% al 5,15% del PBI desde enero de 2023.

El descarrilamiento de la política fiscal hace mecha sobre la efectividad de la política monetaria, ya que pese a la autonomía legal, existen serias dudas sobre el sostenimiento del actual margen de déficit con persistente endeudamiento. En consecuencia, se reduce el efecto disciplinario de la tasa de referencia SELIC que aplica la autoridad monetaria, y con ello se proyecta un mayor impacto negativo sobre el nivel de actividad real.

Este contexto adverso provocó que Brasil pierda cada vez más atractivo para la inversión internacional. La firma Goldman Sachs recomendó abiertamente deshacer las posiciones en empresas públicas brasileñas debido a una mayor injerencia política del Gobierno, y como resultado de la falta de credibilidad en el desempeño futuro de Brasil, se registró una salida de por lo menos US$ 4.227 millones (21.000 millones de reales) por parte de inversores extranjeros en el país.

La repercusión de la depreciación del real será mayormente negativa sobre el saldo exportador de las empresas argentinas, más aún en un contexto de fuerte apreciación del peso frente al dólar.

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Reforma agraria en Brasil: Lula lanza un grotesco programa socialista para colectivizar la producción del campo

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El Gobierno expropiará y repartirá discrecionalmente un total de 295.000 hectáreas de tierras públicas y privadas a indígenas y desempleados. El Estado se adueñará de una parte de todo lo que se produzca en las nuevas tierras reasignadas.

Con la asunción del socialismo en Brasil en enero del año pasado, se produjo un cambio radical en la política agraria del país. Se le puso fin a la concesión flexible de derechos de propiedad que emprendía la gestión Bolsonaro, y en su lugar, la administración de Lula da Silva lanzó una nueva reforma agraria a-la-China por decreto y sin pasar por el Congreso.

La reforma comprende el reparto de hasta 295.000 hectáreas de manera completamente discrecional, es decir, serán asignadas a dedo por Lula dependiendo de algún criterio arbitrario por parte de las autoridades competentes.

Las tierras se repartirán a indígenas y personas desempleadas. Con esta maniobra, el PT busca engrosar su influencia sobre los estratos más débiles de la población rural, que ahora podrían verse sometidos a una relación clientelista con el Gobierno.

El reparto afectará tanto a tierras de propiedad estatal como tierras privadas, que serán deliberadamente expropiadas en caso de que se determine el “abandono” por parte de sus propietarios, la misma excusa que utilizó el dictador chino Mao Tse Tung durante las reformas agrarias en China en la década del ’50.

A la par de estos movimientos, el Gobierno también lanzará un esquema de créditos subsidiados (y artificialmente baratos) para financiar la adquisición de maquinaria y semillas, con el fin de abastecer la eventual producción agrícola en las nuevas tierras reasignadas. 

La mayor parte de la agricultura prevista para estos campos será meramente familiar y de subsistencia, sin mayores dotes de productividad y sin la posibilidad de generar exportaciones o divisas al país.

Esto es evidencia de la pésima asignación de recursos implícita en la reforma agraria del socialismo. Se retienen recursos valiosos que podrían haberse utilizado en otras áreas de la economía para producir más eficientemente, creando puestos de trabajo mejor remunerados.

Pero pese a todo esto, la reforma agraria de Lula establece que el Estado podrá apropiarse de una parte de toda la producción realizada en esas tierras, dando forma a una incipiente colectivización de la producción agraria.

Reformas agrarias de esta índole fueron implementadas en diversas partes del mundo, como por ejemplo México (1917), Bolivia (1953), Guatemala (1951), Cuba (1959) y Chile (1962-1973), y todas ellas registraron pésimos resultados en materia de productividad y eficiencia asignativa.

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Lula se negó a condenar el ataque de Irán y posiciona a Brasil como el único país occidental en no solidarizarse con Israel

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La comunidad judía brasileña expresó su decepción con el Gobierno socialista, y lo acusaron de tomar una posición proiraní que es “lamentable” y “frustrante” para estos tiempos.

Mientras la mayoría de naciones occidentales se posicionaron del lado de Israel, o en todo caso, mantuvieron la neutralidad pero expresando su apoyo a la única democracia liberal de Medio Oriente ante los ataques de Irán, el gobierno socialista de Brasil mantuvo una postura completamente distinta.

En línea con Rusia, el presidente Lula da Silva responsabilizó a ambos países por el conflicto, y puso al mismo nivel las acciones de defensa de Israel con los ataques de la teocracia represiva y sanguinaria del dictador chiíta Ali Jamenei.

En el comunicado del gobierno del PT, Lula evitó condenar a Irán por el ataque y exhortó a todas las naciones del mundo a movilizar esfuerzos para evitar una escalada de la confrontación, sin decir que es el régimen del ayatolá el que atacó indiscriminadamente a Israel.

Estos comentarios, muy desalineados al G7 y a otras naciones latinoamericanas como Argentina o Uruguay, le ligaron un fuerte reproche de la comunidad judía brasileña, una de las más grandes del mundo.

La Confederación Israelí de Brasil tildó este domingo de “lamentable” y “frustrante” la posición de Lula en el conflicto al negarse a condenar de manera explícita el ataque de drones y misiles de Irán contra Israel.

El mundo democrático y varios países de Oriente Medio se han unido a Israel en la condena y la lucha contra el ataque de Irán, pero la actual política exterior de Brasil ha optado por ponerse del lado de la teocracia iraní”, afirmó el presidente de la entidad Claudio Lottenberg.

Las relaciones entre Israel y Lula vienen deteriorándose desde que el pasado 18 de febrero, cuando el mandatario socialista equiparó la ofensiva israelí en Gaza con el Holocausto, el exterminio de judíos promovido por Adolf Hitler.

“No es una guerra de Israel contra Palestina, es un genocidio como el Holocausto”, declaró Lula sobre el conflicto palestino israelí a la prensa en Adís Abeba, la capital de Etiopía, donde asistió en su momento a una cumbre de la Unión Africana (UE).

Y agregó: “Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no ha ocurrido en ningún otro momento de la historia. En realidad, si ocurrió una vez, ha ocurrido cuando Hitler decidió matar a los judíos“.

En consecuencia, Israel decidió romper relaciones diplomáticas con Brasil y declaró a Lula persona non grata, prohibiéndole el ingreso al país. En respuesta, Brasil retiró a su embajador de Tel Aviv. Este deterioro de relaciones fue fugaz, y ocurrió apenas un año después de que Israel y Brasil llegaran al punto más cercano de sus relaciones, de la mano del expresidente Jair Bolsonaro.

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