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03/08/2020

En un acto de valentía, un grupo de ciudadanos expulsa a terroristas de su comunidad en Chile

Enfrentamientos entre civiles y grupos insurreccionales han marcado la jornada en la región de La Araucanía, al sur del país. Los habitantes de la zona han expulsado a terroristas ligados a la izquierda radical chilena, que ocupaban de manera ilegal edificios municipales. 

Portada
Un grupo de civiles desalojó a grupos insurreccionales que ocupaban de manera ilegal edificios municipales en comunas de la región de la Araucanía, al sur de Chile. Los grupos se auto arrogan la representatividad del pueblo mapuche, y están ligados a facciones radicales de la izquierda chilena.

Los ciudadanos, agotados por la situación de violencia impune en la comuna, expulsaron durante la noche del 1ro de agosto a los insurrectos que habían tomado la municipalidad. Los hechos desencadenaron serios enfrentamientos entre los vecinos de varias comunas, siendo la principal la de Curacautín. 

Posteriormente, una vez desalojados, los municipios de Ercilla y Traiguén fueron incendiados por los insurrectos y las municipalidades de Curacautín y Victoria sufrieron serios destrozos.

Lo anterior es reflejo que en Chile hay problemáticas con el cumplimiento del Estado de Derecho, sobretodo ante los avances y radicalización de los grupos secesionistas asociados a la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), cuyo líder, Héctor Llaitul, posee vinculación con el régimen criminal de Nicolás Maduro.

Este domingo, en horas de la mañana, el Subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, indicó a la prensa que Carabineros se trasladaría a la zona del conflicto. 

El funcionario informó que 48 personas fueron detenidas por estos incidentes, de los cuales 36 pasarán a control de detención. Con respecto a las doce personas restantes, explicó, no pasarán por este procedimiento al ser menores de edad.

También, ha defendido la labor realizada por los Carabineros de Chile, afirmando que el cuerpo policial ha salvado vidas,  y ha protegido los derechos de las habitantes de la zona, incluso las de los detenidos. 

El subsecretario aseguró que el Ministerio del Interior presentará acciones legales contra quienes resulten responsables por estos hechos.

“Las personas resultan detenidas como consecuencia de alteraciones del orden público, enfrentamiento entre ciudadanos y ocupación de recintos municipales. Esas personas están detenidas, pasarán a control de detención y el Ministerio del Interior presentará acciones en contra de aquellas personas”. 

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No es casualidad que existan constantes actos de terrorismo y violencia en dicha región. Durante el transcurso del año, se han registrado más de 51 atentados, realizados con armas de fuego o artefactos incendiarios.

Según el investigador de Ciudadano Austral, Bastián Gajardo, los medios tradicionales califican como violencia rural o simplemente bajo el concepto de caso aislado, desvinculando su objetivo político que es la instalación del Wallmapu, proyecto de liberación y autonomía separatista mapuche en Chile.

Por otro lado, la Asociación de Paz y Reconciliación en la Araucanía (APRA), una organización que defiende a las víctimas de los hechos de terrorismo, ha estado informando a través de redes sociales los hechos que ocurren en esta parte del territorio chileno.

En las últimas horas, la organización ha denunciado amenazas por parte de grupos radicales al pueblo mapuche, demostrando que los terroristas que afirman "defender" los derechos de su comunidad persiguen intereses oscuros, menospreciando a los que desean la paz y el orden en la zona. 


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El desenlace de esta resistencia ante la violencia e insurrección aún dará que hablar, puesto que la izquierda ha señalado que existen "presos políticos" en la Araucanía. 

Sobre esto, el nuevo ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, ha afirmado que no existen presos políticos en Chile, lo cual es una completa tergiversación del término: 

"Con toda claridad, afirmo que en Chile no hay detenidos políticos. Presos políticos, entendemos, que por sus ideas están detenidos (...) aquí, las personas que están privadas de libertad, lo están por resoluciones de los tribunales de Justicia, no del gobierno".

El ministro señaló que la policía debe actuar con mayor eficiencia para desarmar organizaciones delictivas, y agregó que en la región existen "grupos con capacidad militar, grupos con financiamiento, con capacidad operativa y logística que están muy decididos a que no exista paz y tranquilidad".

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