En un intento por garantizar elecciones libres en Venezuela, Biden había quitado todas las sanciones que había impuesto Trump contra el régimen chavista. Sin embargo, Maduro inhabilitó a toda la oposición y se cayó el Acuerdo de Barbados.

La gran apuesta de Joe Biden en Venezuela se convirtió en otro gran fracaso de su administración en materia de política internacional. Estados Unidos confirmó que no renovará las licencias que expirarán el jueves y volverán a entrar en vigencias las sanciones petroleras a Venezuela.

Luego de criticar la postura que había adoptado Estados Unidos durante la presidencia de Trump, cuando el republicano sancionó masivamente al régimen chavista, Biden ingresó a la Casa Blanca e implementó una estrategia de disuasión, levantando sanciones a cambio de garantías institucionales por parte de Maduro.

De esta manera, Biden llegó a levantar todas las sanciones contra el petróleo y gas, y alcanzó en 2023 el Acuerdo de Barbados, donde Maduro se comprometió a tener elecciones libres y democráticas a cambio de que le levantaran las prohibiciones.

Pero en vez de hacer un levante gradual y condicionado al proceso electoral, Biden levantó todas las sanciones y le dio un año de regalías petroleras a Maduro. Recién a unos meses del proceso electoral, el dictador chavista reveló su plan maestro, inhabilitó a toda la oposición y ahora irá a unas elecciones que legitimarán su régimen.

En este año sin sanciones, donde Chevron pudo operar abiertamente en Venezuela dejando enormes caudales de dinero que terminaron en las arcas del régimen, Maduro potenció su control del país, y no está ni cerca de ser removido del Palacio de Miraflores.

Washington había amenazado repetidamente en los últimos meses con restablecer las sanciones energéticas a menos que Maduro cumpliera sus promesas electorales que llevaron a un alivio parcial de las medidas desde octubre, pero el astuto dictador aprovechó todo el tiempo que pudo conseguir para llenar el Tesoro de petrodólares.

Biden también aprovechó el petróleo venezolano en los últimos años como una alternativa al petróleo y el gas ruso, que sí está fuertemente sancionado por Estados Unidos y que cada vez cuesta más que llegue a Occidente.

En Estados Unidos temen que las sanciones a Venezuela lleven a un nuevo recorte en la oferta mundial de barriles y que esto presione a la suba el precio del petróleo justo en un año electoral. Es por eso que Anthony Blinken, Secretario de Estado de Biden, ha dejado en claro que reinstaurar las sanciones no quiere decir que vuelvan al escenario de máxima presión contra el régimen chavista, y que seguirán permitiendo que el sector privado pida licencias específicas para operar en Venezuela.

Cualquier actividad bajo la licencia vencida deberá completarse antes del 31 de mayo, pero las empresas aún pueden volver a solicitar individualmente licencias específicas, aseguraron desde Washington. Obtener la aprobación dependerá de qué tan permisivo decida ser Estados Unidos.

El ex terrorista devenido en presidente de Colombia viajó a Caracas para reunirse en persona con su jefe político, el dictador chavista de Venezuela, Nicolás Maduro.

El Palacio de Miraflores fue escenario este martes de un encuentro que no pasó desapercibido. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, protagonizaron una reunión en Caracas, capital del régimen castrochavista.

Se trata de la quinta reunión que mantienen en dos años, pero esta quizás fue la de mayor envergadura. El exterrorista de M-19 viajó a Venezuela en un momento clave, donde Maduro se está disputando la continuidad de su régimen en unas elecciones que está fraudulentando para legítima su poder.

El pacto entre Maduro y Petro se centró en el supuesto apoyo mutuo a la “paz y estabilidad política, social y económica” en ambos países. Sin embargo, detrás de este gesto de cordialidad se esconden una serie de críticas y especulaciones sobre la postura de la figura presidencial colombiana frente al régimen chavista.

Durante el encuentro, Petro no dudó en criticar el bloqueo que ha sufrido la oposición venezolana para inscribir sus candidaturas en las próximas elecciones presidenciales, calificándolo como un “golpe antidemocrático“.

Maduro no lució sorprendido por los dichos de Petro, indicando que le había anticipado que debía repudiar las inhibiciones para no quedar mal frente al plano internacional. Sin embargo, estas críticas no se tradujeron en acciones concretas por parte del mandatario colombiano, quien expresó su compromiso con la “paz política” en Venezuela a pedido de Maduro.

A pesar de las “declaraciones conciliatorias y los gestos de colaboración”, la realidad sobre el terreno muestra una situación muy diferente. En Venezuela, la situación política y económica continúa deteriorándose bajo el régimen autoritario de Maduro, con una creciente represión contra la oposición y una profunda crisis humanitaria que afecta a millones de venezolanos. La falta de libertades civiles y la violación sistemática de los derechos humanos son problemas que persisten sin solución a la vista.

En cuanto a Colombia, el país enfrenta desafíos internos significativos, incluyendo la persistencia de grupos armados ilegales, el narcotráfico y la corrupción. Petro ha dedicado sus primeros dos años a hacer turismo internacional y no ha hecho nada para promover la paz como había prometido en campaña.

El encuentro entre estas dos figuras en Caracas marca un antes y un después en la región, ya que Maduro se anota una victora en el plano internacional poniendo a Colombia, con todo lo que eso significa, de su lado.

Mientras tanto, los observadores en la región continúan vigilando de cerca los desarrollos en ambos países pero están lejos de hacer una oposición real a la dictadura en Venezuela y de frenar que ocurra lo mismo en Colombia.

De Agustin Ulises Ferrin, para La Derecha Diario.

Maduro presentó una peligrosa “ley contra el fascismo” que le permitirá al chavismo proscribir a la oposición, censurar las redes sociales y arrestar arbitrariamente ciudadanos como en Cuba.

El régimen comunista de Venezuela presentó este martes ante la Asamblea Nacional, la escribanía del chavismo, el “Proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares” elaborado por orden del dictador Nicolás Maduro, para terminar de completar la cubanización del país.

Con esta ley, Maduro podrá meter presa a cualquier persona que se oponga a su régimen, bajo la premisa de “pensamiento neoliberal y conservador“. Si bien ha lanzado una brutal persecución de opositores en la última década, con esto podría arrestar personas arbitrariamente por su pensamiento asumido.

El documento, presentado por la vicedictadora Delcy Rodríguez, incluye cuatro capítulos y 30 artículos, y establece “medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, frente a agresiones de orden fascista”.

En Venezuela hasta el momento se perseguían a líderes opositores pero no a ciudadanos que se opongan al régimen, como sí ocurre en Cuba. Sin embargo, con esta legislación, entre las “medidas de protección contra el fascismo”, se encuentra la prohibición de “la difusión de mensajes que hagan apología o promuevan la violencia como método de acción política”, por lo que cualquier persona que difunda ideas de la oposición podría ir preso.

El proyecto de ley también establece la creación de una comisión contra el fascismo y de una red internacional de agrupaciones, movimientos e instituciones comprometidas en la lucha contra esta doctrina.

Como es de esperar en estos regímenes con tendencias soviéticas, se utiliza la etiqueta de “fascista” para categorizar todas las ideas de personas o movimientos distintos al socialismo marxista leninista. Por lo que el liberalismo, libertarianismo, nacionalismo y conservadurismo caen en la volteada.

En el artículo 4 del proyecto de ley se prohíbe el pensamiento “neoliberal” y “conservador” en todo el país. En el artículo 9 se propone la censura total de las redes sociales para quienes dañen la imagen del “gobierno”. En el artículo 12 se prohíben todo tipo de reuniones y manifestaciones pacíficas contra el gobierno.

Entre los artículos 14 y 17 se habla de la disolución de la sociedad civil, mediante la prohibición de fundaciones, think tanks y partidos politicos que el régimen considere como “fascistas”. En el artículo 18 se crea una alta comisión contra el “fascismo”, dirigida por militantes chavistas para juzgar a la oposición.

Toda persona que incumpla alguno de los 30 artículos propuestos por la dictadura tendrá una pena de 6 a 12 años de prisión. Es probablemente una de las leyes más brutales presentadas en toda la historia de Sudamérica, y pone a la par al país con las leyes del comunismo castrista.