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Europa

La Unión Europea decidió sancionar de la misma manera a civiles judíos que se asientan en Cisjordania con asesinos y violadores de Hamás

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Por votación unánime, los cancilleres de los 27 países de la Unión Europea han decidido poner en el mismo nivel a los colonos israelíes con los terroristas guerrilleros del grupo genocida Hamás.

El pasado 18 de marzo, los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) llegaron a un acuerdo político para sancionar a los terroristas del grupo islamista Hamás por los atentados contra Israel del 7 de octubre, así como a israelíes que viven en asentamientos en Judea y Samaria.

En esta insólita decisión, la UE ha decidido poner en el mismo nivel a los guerrilleros que violaron, descuartizaron y asesinaron a más de 1.500 civiles en el sur de Israel, con civiles judíos que se mudaron a la región de Cisjordania dentro de su propio país.

Esta medida había sido intentada un mes atrás, pero Hungría la había vetado. Sin embargo, ahora el canciller húngaro decidió no imponer su poder de veto y las sanciones pasaron por el recinto del Consejo de Asuntos Exteriores en una nueva ronda de votación.

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, el español socialista Josep Borrell, celebró la medida en una rueda de prensa luego de la votación: “Acordamos sanciones para los colonos extremistas. No fue posible en el anterior Consejo de Asuntos Exteriores. Esta vez ha sido posible. Se ha acordado un sólido compromiso a nivel de trabajo y espero que esto continúe hasta su plena adopción pronto”.

Hemos aprobado, hoy sí, por unanimidad, las sanciones contra los colonos violentos que hostigan a los palestinos en Cisjordania”, indicó por su parte el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, quien impulsó la medida en un acuerdo entre Borrell y el presidente español Pedro Sánchez.

En la práctica, esta votación permitirá que de ahora en adelante, la Unión Europea podrá sancionar a judíos israelíes que se asienten en Judea y Samaria con la misma magnitud que las sanciones contra palestinos miembros del grupo terrorista genocida Hamás.

En concreto, fuentes diplomáticas europeas precisaron que esta misma semana se emitirán sanciones contra 6 colonos israelíes, acusados de mudarse a zonas predominantemente árabes en Cisjordania, y a 3 miembros de Hamás, acusados de violar y asesinar mujeres israelíes.

A pesar de la disparidad entre la gravedad de los crímenes, la comunidad europea ha decidido que estas personas reciban las mismas sanciones. Entre otras cosas, se prohíbe que estas personas viajen a países miembro de la Unión Europea, además de que se les impondrá multas económicas que se cobrarán a partir de activos que tengan en territorio europeo.

La región conocida como Cisjordania, que abarca las áreas de Judea y Samaria, está bajo control administrativo de Israel desde 1967, pero nunca fueron anexadas oficialmente al Estado de Israel, debido a que mantienen una alta concentración de árabes palestinos que se niegan a compartir gobierno con judíos.

Sin embargo, judíos se han estado mudando a la región en las últimas décadas debido a la masiva expansión poblacional de Israel y la enorme cantidad de territorio no aprovechado, especialmente en la denominada Zona C de la región.

Si bien es territorio israelí según los Acuerdos de Oslo, firmados por los propios palestinos en 1993, los árabes y la comunidad internacional, controlada cada vez más por el socialismo antisemita, han determinado que estas personas son "colonizadores" y que sus asentamientos son ilegales.

Países como España, Francia y Bélgica ya habían decidido avanzar unilateralmente en las sanciones contra los "colonos" israelíes ante la falta de consenso en la UE, aunque esas medidas nacionales se limitaban a la prohibición de entrar a sus respectivos países. El acuerdo también cuenta con el apoyo del secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, cuyo país ya ha acordado sanciones contra estos civiles israelíes.

Economía

Contundente fracaso de la Ley de Alquileres en Cataluña: La oferta de viviendas se derrumbó y los alquileres suben al doble que la inflación

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Nuevamente se observaron de primera mano los resultados desastrosos de la regulación de los alquileres, esta vez en la experiencia catalana. El valor real de los alquileres se incrementó casi un 5% desde la vigencia de las normativas regulatorias.

El gobierno socialista-independentista de Cataluña lanzó un masivo programa estatal para tratar de controlar arbitrariamente el precio de los alquileres en la región. Así como en Argentina, el gobierno comunitario lanzó una Ley de Alquileres que dispuso la regulación total de los contratos entre inquilinos y propietarios.

Nuevamente como en Argentina, las regulaciones no cumplieron su cometido y no ofrecieron ningún tipo de alivio a los ciudadanos para acceder a una vivienda más asequible, más bien ocurrió lo contrario.

El primer experimento regulatorio de Cataluña se lanzó en septiembre de 2020, en plena pandemia, con la llamada “Ley Autonómica de Alquileres”. Dicha legislación se mantuvo casi sin cambios hasta abril de 2022. Durante este período, la oferta de viviendas cayó un 35,5%, y el valor real de los alquileres más baratos y accesibles se disparó un 12,7%, el doble que la inflación para esa misma etapa. Los datos fueron computados por un estudio del Centro de Política Económica de España (ESEADE) en base a los dos años de evidencia empírica de la regulación.

El presidente de Cataluña, Quim Torra, salió expulsado del gobierno en 2021, y tomó el control Pere Aragonès, quien a pesar de ser más moderado en cuestiones económicas, demostró no haber aprendido absolutamente nada del fracaso regulando los alquileres, y volvió a lanzar una nueva ofensiva de controles a partir de marzo de este año.

Se dictó un estricto control sobre 140 municipios en toda Cataluña, y más tarde la cantidad de localidades alcanzadas se extendió a un total de 241, abarcando territorios que representan hasta el 90% de la población catalana.

Los primeros resultados de la nueva normativa regulatoria son tan deplorables como los que cosechó la primera ley de alquileres de 2020. La oferta de viviendas respondió rápidamente con una reducción del 13% según estimaciones de la compañía inmobiliaria Idealista.

“Es innegable que el origen del problema del alquiler en España está en la poquísima oferta disponible, por lo que se hace imprescindible un cambio de rumbo que reequilibre las relaciones entre inquilinos y propietarios, que asuma que los propietarios no son el problema sino la solución al aumento de la oferta y el ajuste de los precios”, confirmó la firma inmobiliaria.

En la Ciudad de Girona la caída de la cantidad de viviendas disponibles para un alquiler cayó un 21%, en Tarragona la reducción fue del 16%, y en Barcelona se desplomó no menos de un 14%.

Sin excepción, todas las localidades afectadas por las regulaciones experimentaron fuertes caídas en la oferta disponible de inmuebles, tal y como anticiparon la mayoría de los agentes del mercado inmobiliario, y del mismo modo en que ocurrió durante el periodo 2020-2022. El Gobierno cometió dos veces el mismo error estrafalario, por motivo de un cinismo ideológico.

Dada una demanda relativamente estable (como la que de hecho se observa), la fuerte caída de la oferta de inmuebles empujó los precios hacia arriba en términos reales. Los alquileres aumentaron un 4,6% por encima de la inflación en Barcelona desde el pasado mes de marzo, siendo esta una de las regiones más afectadas por la aplicación efectiva de los controles.

El aumento real promedio de los alquileres en toda Cataluña fue del 4% en solo un mes, y el panorama luce sombrío conforme el Gobierno se niegue a torcer el rumbo económico para permitir una mayor libertad de negociación entre las partes.

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Argentina

A pesar de no formar parte del grupo, Javier Milei asistirá al G7 por invitación personal de Giorgia Meloni

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La primera ministra de Italia extendió la invitación al Presidente de la República Argentina, Javier Milei, para participar en la próxima cumbre del Grupo de los Siete.

El Grupo de los Siete (G7) es el foro político y económico más poderoso del mundo, englobando a Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Este año, la cumbre está programada para celebrarse en junio en la región italiana de Apulia.

Si bien Argentina no es parte del grupo, este año los 7 líderes más importantes del mundo estarán acompañados por el presidente Javier Milei, gracias a una invitación personal que le extendió la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, encargada de organizar el evento en esta ocasión.

Este gesto, que ha sido recibido con interés y anticipación, refleja la creciente importancia de Milei en la arena política internacional y destaca la influencia que ha ganado como líder mundial. Y no solo Meloni quiere tenerlo presente en G7, ya que estas invitaciones suelen realizarse en consenso con los demás integrantes.

La invitación formal fue entregada a través de una nota diplomática, transmitida por el embajador italiano en Argentina, Fabrizio Lucentini, y recibida con gratitud por la cnciller Diana Mondino. La confirmación de la participación de Milei en la cumbre del G7 representa un reconocimiento significativo de su papel como figura destacada en la política global y subraya la creciente relevancia de Argentina en el escenario internacional.

Fue así la cuenta oficial de Cancillería la que emitió un comunicado anunciando la invitación de Meloni a Milei para participar en la cumbre más importante del año. El mensaje enfatizó la importancia de fortalecer los lazos bilaterales entre Argentina e Italia y destacó el papel crucial que desempeñará Milei en el diálogo sobre cuestiones de interés mutuo durante la reunión.


De esta manera, Milei le agregará un poco de liberalismo a una cumbre que prometía ser un epicentro de la izquierda mundial, ya que este año coinciden el presidente de EE.UU., Joe Biden; el líder socialista de Alemania, Olaf Scholz; el progresista premier canadiense, Justin Trudeau; el socialdemócrata presidente de Francia, Emmanuel Macron; y el centrista premier inglés, Rishi Sunak.

Por la derecha, solo iban a estar el premier de Japón, Fumio Kishida, y la propia Georgia Meloni. Ahora ambos discutirán con el resto de los integrantes con Milei dando respaldo y su singular visión del mundo.

La participación de Javier Milei en la cumbre del G7 brindará una oportunidad única para que Argentina exprese su visión y perspectivas sobre una serie de temas globales clave, incluyendo la economía mundial, la seguridad internacional y el cambio climático, todos puntos donde la visión del mandatario argentino difiere del establishment del Grupo.

Además, permitirá a Milei establecer contactos con líderes de otros países con quienes todavía no ha tenido la oportunidad de reunirse, y fortalecer los lazos diplomáticos de Argentina en el escenario internacional.

Es importante destacar que la invitación de Meloni a Milei no solo refleja la afinidad ideológica entre ambos líderes, sino también la creciente cooperación entre Italia y Argentina en una variedad de áreas, incluyendo el comercio, la seguridad y la política internacional. Esta colaboración estratégica entre dos naciones democráticas y comprometidas con los valores occidentales conservadores resulta fundamental en el escenario tanto latinoamericano como europeo.

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España

Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

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El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el "respeto" que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario "seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración".

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medida"Queremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común".

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado "regularización por arraigo" y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

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