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Estados Unidos

A dos años de las protestas del 6 de Enero, Joe Biden todavía mantiene 400 presos políticos sin condena

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Bajo un artilugio legal dudoso, el gobierno de los Estados Unidos mantiene a más de 400 personas bajo prisión preventiva hace 2 años, mientras esperan un juicio por haber ingresado ilegalmente al Capitolio.

Este 6 de enero se cumplen dos años de aquél fatídico miércoles cuando cientos de miles de simpatizantes de Trump se reunieron en La Elipse, frente al Parque Presidencial en Washington D.C., para escuchar al entonces presidente denunciar el fraude electoral mientras en el Congreso, diputados y senadores contaban los votos electorales y legitimaban la supuesta victoria de Joe Biden.

Sin embargo, todo se fue de control. Minutos después de Trump terminara de hablar y pidiera específicamente a sus seguidores “que se vayan en paz” a sus casas ya que “todo saldría bien“, los manifestantes empezaron a ver en sus teléfonos celulares que el presidente había sido traicionado.

Trump apostaba ese día a que el entonces vicepresidente Mike Pence hiciera uso de una interpretación de la 12ava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, argumentada ya por algunos juristas constitucionalistas de gran renombre, para rechazar los votos del Colegio Electoral y pedir que estos sean emitidos nuevamente.

Según esta estrategia, a la que personas del círculo íntimo de Trump aseguraron que Pence había accedido, los votos electorales no serían contados el 6 de enero por las acusaciones de fraude, y en su lugar, las Legislaturas de cada estado deberían enviar los “votos correctos” antes del 20 de enero.

Por cómo había quedado el mapa tras la elección, los republicanos controlaban todas las legislaturas donde había ganado Trump, pero además tenían mayoría en Pensilvania, Arizona, Michigan y Georgia, poniéndolo fácilmente sobre la meta.

Trump dio el discurso frente al Capitolio pensando que tenía la victoria asegurada, y quería presionar a algunos congresistas republicanos rebeldes con una enorme masa de gente para que no se den vuelta. Pero en ese momento, la traición vino de su círculo más íntimo.

Pence abrió las cajas con los votos de los 50 estados, y no rechazó ningún voto. Simplemente los contó, declaró a Joe Biden ganador y le pasó la posta a los diputados y senadores republicanos, en una formalidad donde se permite a los congresistas presentar quejas sobre la elección.

Diputados como Matt Gaetz y senadores como Ted Cruz interpusieron quejas formales, pero con la traición de Mike Pence, los congresistas republicanos quedaron desarticulados y no todos se unieron para apoyar la votación, la cual no prosperó.

En ese momento, ya con Trump regresando a la Casa Blanca, los cientos de miles de manifestantes en Washington D.C. se dirigieron al Congreso a protestar. Según han contado quienes estaban en la primera línea de las protestas, como el activista Brandon Straka, cuando llegaron los policías abrieron las puertas y levantaron las vallas, señalizando para que ingresaran.

Se desconoce por qué los policías hicieron esto. Algunos especulan que fue porque la gran mayoría de las fuerzas de seguridad de Capitolio simpatizan con Trump. Esto quedó evidenciado en que algunos de los agentes se sacaron fotos con los manifestantes y levantaron las banderas de Trump que llevaban.

Pero otros aseguran que fue una orden de las autoridades del Congreso. No se sabe si del sector demócrata, que en ese entonces gestionaba el Capitolio, o de algún sector republicano. Pero el desenlace fue el mismo: miles de militantes trumpistas ingresaron al edificio del Poder Legislativo y se tuvo que suspender la sesión.

Como ocurriría en cualquier espacio cerrado con una turba de gente enojada, se produjeron destrozos de ventanas, paredes y algunas esculturas que hay en los pasillos del Capitolio. Sin embargo, como se evidencia en las miles de horas de video que hay del ingreso al edificio, no hubo prácticamente violencia de parte de los manifestantes.

El único momento de violencia ocurrió cuando un policía del Capitolio disparó desde adentro del recinto de la Cámara de Diputados a un pasillo donde estaban protestando los manifestantes trumpistas, y una mujer, de nombre Ashli Babbitt, veterana de la Fuerza Aérea y militante del Partido Republicano, fue asesinada de un disparo en el cuello.

Algunos medios reportaron que dos oficiales de la policía fueron asesinados por los manifestantes, pero esto simplemente no es cierto. Es cierto que estos dos agentes estuvieron presentes en el Capitolio el día de las protestas, pero murieron varios días después, extrañamente, ambos se quitaron sus propias vidas, según tuvo que admitir el Washington Post, en una nota donde intenta vincular estos sucidios al “estrés pos-traumático” de haber vivido las protestas.

Desde esa fecha, unos 600 manifestantes han sido arrestados por el FBI, de las cuales 400 todavía hoy siguen tras las rejas, a pesar de que solo 3 han sido condenados por el momento. Trump mencionó en reiteradas ocasiones que considera que las personas que permanecen arrestadas sin condena son prisioneros políticos de Biden.

Es importante aclarar que, excepto las personas que fueron filmadas cometiendo actos de violencia dentro del Capitolio (una minúscula minoría), las personas que ingresaron al Congreso solo deberían recibir una multa por lo que se conoce como “trespassing” (ingreso ilegal a un edificio privado o público), que en Washington D.C. está reglamentado entre US$ 500 y 2.000 dólares como máximo.

Pero la fiscalía, por orden de la Casa Blanca ocupada por Biden, pidió que estas personas queden imputadas por haber “intentado frenar un proceso democrático y reglamentario del Poder Legislativo“, lo cual le da el poder al gobierno de mantenerlos arrestados indefinidamente.

Casi 200 personas fueron liberadas porque lograron demostrar que no habían ingresado al Capitolio, por lo que su protesta queda protegida por la Primera Enmienda. Tres personas que sí ingresaron fueron condenadas por haberlo hecho con “objetos contundentes” que pueden ser considerados una amenaza para la seguridad de los congresistas. Estos objetos contundentes fueron una bandera de los Estados Unidos, una bandera con el logo de Trump, y un cartel que decía “sin trasparencia no hay democracia“.

Sin embargo, una cuarta persona que iba a ser condenada por lo mismo, logró demostrar que un policía explícitamente lo señalizó para que ingrese al edificio. En los videos presentados, se ve a un policía abriendo las puertas del Capitolio y haciendo señas con sus brazos para que los manifestantes entren.

Esta persona quedó en libertad sin condena, y desde entonces la fiscalía de Biden ha frenado los procesos judiciales por temor de que más de los acusados puedan demostrar que no ingresaron ilegalmente, si no que lo hicieron con el aval de las autoridades del Capitolio. Pero las personas permanecen tras las rejas esperando su juicio.

Biden no pierde el tiempo criticando a los arrestos arbitrarios de Vladimir Putin en Rusia, pero lo que está haciendo con los casi 400 manifestantes opositores es igual o peor que las aprensiones rusas, ya que en Estados Unidos los protestantes están protegidos por la Primera Enmienda, mientras que en Rusia estas protecciones, legalmente, no existen.

Trump, quien actualmente es el principal candidato del Partido Republicano para las elecciones del año que viene, prometió que el día que vuelva a la Casa Blanca liberaría a los presos políticos de Biden, y emitiría un indulto para las personas que estén condenadas sin haber cometido violencia.

Estados Unidos

En plena crisis energética, los demócratas quieren cerrar la última central nuclear de California

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Si bien el gobernador Gavin Newsom pidió prorrogar el cierre hasta 2030, el gobierno de Biden reafirma su intención de que los dos reactores dejen de operar en 2024 y 2025, respectivamente.

La última central nuclear de California podría verse obligada a cerrar, a pesar de la prórroga de Newsom
Diablo Canyon, la última central nuclear operativa de California.

Mientras otros estados están apostando a aumentar la producción energética a partir de fuentes nucleares, California decidió iniciar el cierre de su última central nuclear, para 2025.

Diablo Canyon, la última central nuclear operativa de California, podría verse obligada a cerrar en 2025 a pesar de la prórroga de cinco años firmada por el gobernador demócrata Gavin Newsom, dejando al estado potencialmente corto de energía.

El martes, la Comisión Reguladora Nuclear (NRC) federal, que depende de Joe Biden, rechazó un intento de la Pacific Gas & Electric Company de restablecer las solicitudes de permiso que había retirado. Sus permisos actuales expiran en 2024 y 2025 para cada uno de los dos reactores de la central, y las nuevas solicitudes podrían tardar meses.

La decisión marca la última batalla en una larga lucha sobre el funcionamiento y la seguridad de la planta de Diablo Canyon. Mientras los demócratas a nivel nacional quieren cerrarla, el gobernador Gavin Newsom dice que debe seguir funcionando más allá de su cierre programado para 2025 para evitar posibles apagones como la transición del estado a la energía solar y otras fuentes renovables.

En octubre, Pacific Gas & Electric pidió a la Comisión Reguladora Nuclear que reanudara el examen de una solicitud presentada inicialmente en 2009 para ampliar la vida útil de la central, que posteriormente fue retirada después de que PG&E anunciara en 2016 sus planes de cerrar los reactores.

Según las normas vigentes, las licencias de explotación de los reactores hermanos expiran en 2024 y 2025, momento en el que se verían obligados a cerrar. Cabe aclarar que el apagón no es inmediato, y en los años previos a las fechas de corte, el reactor irá bajando su producción de energía año tras año hasta llegar a cero.

Si bien el propio Newsom apoyó por años el cierre de Diablo Canyon, desde el año pasado dio marcha atrás a su antigua oposición a la energía nuclear e instó con éxito a la legislatura estatal a votar a favor de ampliar la vida operativa de la central hasta 2030, para evitar cortes de luz en los próximos años.

El gobernador de California Gavin Newsom observa durante una visita a la Planta de Tratamiento de Agua de Antioch el 11 de agosto de 2022 en Antioch, California.

Tras varios cortes de electricidad en el estado, Newsom y los demócratas californianos, que se han fijado el objetivo de cero emisiones netas de carbono para 2045, no quieren perder ese 6% del suministro eléctrico que provee la central de Diablo Canyon, dado que la energía solar y eólica todavía son incapaces de llenar esa demanda.

Muy por el contrario, grupos ecologistas se mostraron eufóricos por la decisión de la NRC. Caroline Leary, abogada del Environmental Working Group (EWG), declaró en un comunicado que apoyan la decisión del gobierno federal y llamó a “recapacitar” a los legisladores del estado.

“No es demasiado tarde para que la Legislatura de California reoriente los mil millones de dólares destinados a la reactivación de estos reactores inseguros y antieconómicos al apoyo de fuentes de energía alternativas, seguras y renovables, como la energía solar y eólica, la eficiencia energética y la gestión de la carga”, sentenció, sin entender que estas fuentes de energía, aunque reciban miles de millones de dólares en inversiones, no son capaces de otorgar la misma producción de un reactor nuclear.

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Economía

“Ley de Impuestos Justos”: El Partido Republicano lanza un proyecto de ley para eliminar todos los impuestos federales

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Se trata de una reforma histórica y muy ambiciosa que pretende eliminar la mayor parte de los impuestos federales, reemplazándolos por un único impuesto generalizado al consumo. El proyecto tiene el apoyo de Trump y McCarthy.

El Partido Republicano de los Estados Unidos presentó un proyecto de ley sin precedentes para reformar el código fiscal del país, una iniciativa que surge desde el sector más conservador y defensor del liberalismo económico, y cuenta con el apoyo del ex presidente Donald Trump.

El recientemente nombrado Presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dio su visto bueno para el tratamiento de la ley y prometió respaldar el proyecto como parte de las negociaciones con el bloque trumpista para que aprueben su nominación.

La legislación propuesta busca eliminar miles de impuestos federales y unificaron en un impuesto único enfocado al sector del consumo. Entre otros, se eliminaría el Impuesto a las Ganancias, tanto individuales como corporativas, el Impuesto a la Herencia, el Impuesto a la Renta Financiera, el Impuesto a la Transferencia de Dividendos, el Impuesto a la Seguridad Social (cargas patronales y sociales), y casi la totalidad de los tributos que rigen a nivel nacional.

Todo indica que los republicanos tienen los votos para aprobar esta ley en la Cámara de Diputados, pero no en el Senado. Además, en el extraño caso que por lo menos 10 senadores demócratas voten a favor y la ley se apruebe, todo indica que Biden vetaría el proyecto.

La reforma tributaria del Partido Republicano

El proyecto propone la completa eliminación del Impuesto a las Ganancias de Estados Unidos, conocido allá como “Income Tax“, que se implementó por primera vez en el país en 1861 para costear la Guerra Civil y nunca fue eliminado después de que terminara el conflicto. Desde 1913 también se aplica para empresas.

De aprobarse este proyecto, ni los ciudadanos ni las sociedades pagarían ningún tipo de impuesto como una alícuota de sus ganancias imponibles anuales.

También se eliminaría el Impuesto a la Renta Financiera y a la Transferencia de Dividendos, conocido como “Capital Gains Tax“, que se cobra a partir de las ganancias obtenidas por activos que aumentan su valor o por el cobro de dividendos por la tenencia de estos activos.

Este impuesto fue introducido durante la gestión demócrata de Woodrow Wilson en 1913, y se estableció a valores absurdamente elevados. Con el pasar de los años se redujo considerablemente, y actualmente se ubica entre el 10 y el 40%. Es uno de los principales factores de distorsión en el mercado financiero.

Otro de los impuestos más importantes que se eliminaría es el de la Seguridad Social, conocido como “Social Security Tax“, implementado en 1935 por el también demócrata Franklin D. Roosevelt para financiar un masivo sistema de salud pública.

También, con el tiempo este sistema fue adaptado para los más necesitados y no de manera universal, y actualmente el tributo se ubica en el 6,2% de todas las personas que quieran acceder a él.

Impuesto Único a las Ventas

El programa dispone del reemplazo de todos estos tributos por un impuesto federal único y generalizado al consumo: las ventas de todo el país, sea cual fuere su naturaleza y casi sin excepción, estarían sujetas a una tasa del 30%.

Este esquema tributario se conoce como “Fair Tax”, y la generalización de la tributación al consumo promete complementar la mayor parte de los recursos que se perderían por la eliminación de impuestos federales.

Esta no es la primera vez que el Partido Republicano propone una reforma de las características descritas. En 1999, la mayoría republicana en el Congreso presentó una propuesta similar, y en la década de 1990 se presentaron múltiples proyectos para “achatar” la estructura de los impuestos federales. 

No solo se vería una reducción considerable de la tasa efectiva total, que es cuánto percibe en impuestos un contribuyente norteamericano promedio por todos los impuestos que paga a nivel distrital, estatal y federal, si no que además se simplificaría sustancialmente el sistema impositivo y se eliminarían muchas distorsiones en el mercado.

“Impuesto negativo” para sectores más vulnerables

La reforma de los republicanos eliminaría completamente las escalas “progresivas” sobre los impuestos federales. A modo de compensación, el programa tributario propone incluir una serie de reembolsos fiscales para los estratos más bajos de la sociedad.

A estos fines, todos los hogares recibirían un cheque mensual por parte del Gobierno federal, equivalente al 23% del umbral de pobreza ponderado por el tamaño efectivo de cada hogar en cuestión. Una idea similar al impuesto a la renta negativo que proponía el economista Milton Friedman en la década de 1960. 

Se pretende erradicar completamente la pobreza extrema garantizando un mecanismo redistributivo dentro de un sistema tributario muy simplificado, pero sin dejar de lado los incentivos para dinamizar la oferta laboral.

Las motivaciones del proyecto y las ganancias en eficiencia asignativa

La principal motivación teórica del proyecto es la virtual eliminación de la ineficiencia en el sistema tributario, la cual entra en juego cuando se aplican tasas progresivas y distorsivas, o cuando se penaliza sistemáticamente la acumulación de capital para favorecer mecanismos redistributivos por medio de tratamientos tributarios diferenciales y arbitrarios.

Todo esto se vería casi completamente eliminado, ya que los impuestos al consumo son los menos distorsivos entre la batería de opciones políticamente viables para la aplicación práctica (los impuestos de suma fija carecen de sentido político). La asignación de recursos en el sistema económico no se vería alterada por la distorsión del Estado, potenciando así el crecimiento económico de largo plazo y la riqueza por habitante.

La inversión, el consumo, el ahorro, y muchas otras variables agregadas, fluctuarían en sus valores naturales dadas las necesidades de la economía y los incentivos de los agentes, y su trayectoria no se vería alterada por distorsiones gubernamentales arbitrarias

Una vez asignados eficientemente los recursos en la economía de mercado, sólo entonces el Gobierno emprendería una acción redistributiva a través de los reembolsos fiscales, pero de manera que no se alteran los incentivos sobre el flujo eficiente de recursos y la generación de la riqueza inicial sobre la cual operaría la posterior redistribución.

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Estados Unidos

El Director de Investigación de Pfizer atrapado en una cámara oculta admitiendo que están “mutando el virus” para vender más vacunas

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Jordon Trishton Walker, quien se desempeña como director en la farmaceútica Pfizer tan solo a dos escalones del CEO, admitió prácticas ilegales para aumentar sus ventas.

El prestigioso grupo periodístico Project Veritas grabó en una cámara oculta al Director de Investigación y Estrategia de Desarrollo de Pfizer, Jordon Walker, admitiendo que la compañía está “mutando el virus” (en referencia al coronavirus) para poder vender más vacunas.

“Una de las cosas que estamos explorando es, ¿por qué no lo mutamos nosotros mismos para poder crear, desarrollar preventivamente nuevas vacunas, verdad? Entonces, tenemos que hacer eso. Sin embargo, si vamos a hacer eso, existe el riesgo de que, como se puede imaginar, nadie quiera tener una compañía farmacéutica que mute los malditos virus”, dijo Walker.

Los científicos de Pfizer están optimizando el proceso de mutación del coronavirus, pero van lento porque todos son muy cautelosos; obviamente, no quieren acelerarlo demasiado. Creo que también están tratando de hacerlo como algo exploratorio porque obviamente no quieres anunciar que estás descubriendo futuras mutaciones”, aseguró en una comida con un periodista encubierto que se hizo amigo del director del laboratorio para sacarle información.

No le digas a nadie. Prométeme que no le dirás a nadie“, le rogó Walker al que grababa la cámara oculta. “La forma en que el experimento funcionaría es que ponemos el virus en monos, y sucesivamente hacemos que se sigan infectando entre sí, y recolectamos muestras en serie de ellos”, contó.

Además, Walker dijo no tener dudas de que el virus fue creado en el Laboratorio de Virología de Wuhan y aseguró que Pfizer está haciendo algo parecido. “Tenés que estar muy controlado para asegurarte de que este virus que mutas no crea algo que va a todas partes. Que, sospecho, es la forma en que el virus comenzó en Wuhan, para ser honesto. No tiene sentido que este virus haya aparecido de la nada. Es una mierda”, sentenció Walker.

Y en otra parte de la conversación, admitió que lo que están haciendo no es del todo legal: “No se supone que hagas investigación de ganancia de función con un virus. Al menos no regularmente”.

Podemos hacer estas mutaciones de estructuras seleccionadas para hacerlas más potentes. Hay investigaciones en curso al respecto. No sé cómo va a funcionar eso. Más vale que no haya más brotes por Jesucristo”, completó.

El alto ejecutivo de Pfizer también admitió que el COVID-19 ha sido una “enorme fuente de ingresos” para la empresa y seguirá siéndolo. “Algunas veces surgen mutaciones para las que no estamos preparados. Como con Delta y Omicron. Y cosas asi. ¿Quién sabe? De cualquier manera, va a ser una fuente de ingresos. COVID fue y será una fuente de ingresos para nosotros por un tiempo en el futuro. Obviamente”, admitió Walker.

El director de Pfizer también mencionó lo que él describe como una “puerta giratoria” para todos los funcionarios del gobierno que es “bastante bueno para la industria para ser honesto, es malo para todos los demás en Estados Unidos“.

Porque si los reguladores que revisan nuestros medicamentos saben que una vez que dejen de ser reguladores, querrán trabajar para la compañía”, dijo Walker, “no van a ser tan duros con la compañía de la que obtienen sus trabajo“.

El gigante farmacéutico tiene el récord de la multa más grande pagada por una demanda por fraude en la atención médica y todavía está envuelto en el escándalo de corrupción que involucra las negociaciones del presidente de la Comisión Europea sobre la adquisición de vacunas.

Poco después de la publicación del video, Project Veritas publicó documentos internos de Pfizer, una empresa que aseguran tienen infiltradas con “decenas de informantes“, que verifican que efectivamente Jordan Walker es director de Pfizer.

El senador Ron Johnson, una de las figuras más fuertes del Partido Republicano en el Rust Belt (Wisconsin, Michigan, Pensilvania), pidió este jueves en respuesta a la viralización del video que el Congreso investigue a los fabricantes de vacunas y el proceso de aprobación para sus medicamentos.

Las agencias federales de salud han sido capturadas por Big Pharma y han abandonado gravemente sus funciones durante la pandemia”, dijo Johnson. “Es hora de que el Congreso investigue a fondo a los fabricantes de vacunas y todo el proceso de aprobación de la vacuna COVID”, dijo.

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