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Estados Unidos

A pesar de llegar a la presidencia, continúa la corrupción de la familia Biden: Hunter sigue vinculado a empresas extranjeras que manejan capital chino

Según documentos lanzados por el medio The Daily Caller, Hunter Biden, el hijo del Presidente, continúa manteniendo su posición financiera en un empresa de capital chino con extensos vinculo con el Partido Comunista chino. 

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Esta semana trascendió que el hijo menor del nuevo Presidente de los Estados Unidos, Hunter Biden, continúa conservando su porcentaje de acciones en Bohai Harvest RST (BHR), fondo de inversión internacional que atiende principalmente capital chino, vinculado al régimen comunista.


Esto fue revelado por una serie de documentos que filtraron los sitios especializados en la corrupción del Partido Comunista Chino, Baidu y Quixinbao, y luego difundidos por el medio estadounidense, The Daily Caller.
Esta posición empresarial de Hunter contradice lo que había prometido su padre en campaña, que aseguraba en sus discursos que si llegaba al Gobierno, su mandato iba a estar marcado por la integridad, la honestidad y la transparencia. 

"Nadie en mi familia tendrá algún tipo de relación comercial con alguna corporación extranjera o algún país extranjero", había dicho Biden en una entrevista televisiva mientras se encontraba en campaña. 

Por su parte, Hunter había anunciado en octubre del 2019 que, para no comprometer la campaña de su padre, se retiraría inmediatamente de la Junta Directiva de esta compañía vinculada a China —una decisión que fue aplaudida por el entonces candidato presidencial demócrata y los medios calificaron como "una muestra del tipo de hombre íntegro que es su hijo". 

Luego de más de un año de este anuncio de Hunter y de la entrevista de su padre en la que avisaba que no iba a tolerar la corrupción, más la llegada de la familia Biden a la Casa Blanca, nada cambió. 

Hunter continúa conservando su porcentaje de acciones dentro de BHR, la cual maneja capitales con valores de más de 2.100 millones de dólares y es copropiedad del Banco Nacional de China —mediante la firma Skeneateles LLC, una compañía la cual el hijo del Presidente es el único dueño.  

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Estas nuevas revelaciones se dan mientras Hunter Biden está siendo investigado por el Departamento de Justicia a través del FBI por evasión de impuestos, corrupción internacional y tráfico de influencias. 

Sin embargo, las denuncias de corrupción contra la familia Biden y especialmente contra Hunter por sus vínculos con el régimen comunista chino datan desde hace años.

En 2013, el sitio Breitbart reportó que Hunter había volado en el avión vicepresidencial Air Force 2 con su padre hacia Beijing, en una visita calificada por la Casa Blanca de Obama como "diplomática". 

Tan sólo 12 días después de esta visita, Hunter y sus socios sellaron un lucrativo acuerdo comercial con una subsidiaria del Banco Nacional de China y así establecieron la creación de BHR, como un fondo de capital privado cuyo objetivo era invertir dinero del régimen chino en el extranjero. 

Varias de estas inversiones captaron la atención de los diputados republicanos en el Congreso, que abrieron una investigación —en particular, pusieron foco en una inversión en el año 2015 destinada a un empresa incluida en la lista negra por el entonces gobierno de Barack Obama debido a que había colaborado con China a violar a los derechos humanos y a adquirir una empresa estadounidense que tenía tecnología militar exclusiva de Estados Unidos. 

En septiembre del pasado año, el New York Post filtró e hizo públicos los correos electrónicos de Hunter extraídos de su laptop personal.

Estos miles de correos no sólo probaban la participación de Hunter en negocios irregulares y conductas ilícitas (tanto empresariales como amorales), sino que también se mencionaba a su padre (Joe Biden) en una repartición de los ingresos de una de las empresas internacionales que captaba dinero de los gobiernos de Ucrania, Rusia, China, entre otros.

La autenticidad de estos correos —así como la participación del ahora Presidente Biden en estos actos de corrupción— fueron confirmados por Tony Bobulinski, un ex socio de la familia Biden que luego de hacer su primer aparición pública en octubre del pasado año para dar una entrevista televisiva, no ha vuelto a aparecer.

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Por el momento, en el entorno de los Biden reina el hermetismo total sobre este tema. 

Ni el mismo Joe Biden, quien desde el 3 de noviembre ha esquivado sistemáticamente las preguntas de la prensa, ni Hunter o su abogado personal han lanzado un comunicado sobre esta situación y no respondieron las consultas de manera telefónica que varios medios le han hecho.

La última vez que el FBI investigó a una persona vinculada con un gobierno demócrata hizo un papelón. En 2016, el entonces director James Comey aseguró que Hillary Clinton había cometido un delito federal abriendo un servidor de correos electrónicos y luego eliminándolos ilegalmente, pero no le recomendó a la Justicia que la imputaran, ya que no lo habría hecho con una intención criminal.

En aquél entonces, el Gobierno demócrata interfirió directamente con la investigación y forzó al FBI que exonerara a la ex Secretaria de Estado. Esta vez, tratando un caso similar con el hijo del Presidente, hay pocas dudas de que el FBI vaya a hacer su trabajo como es debido.

Hunter y Joe Biden durante una gala para festejar el resultado de las elecciones presidenciales en noviembre de 2020. 

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Estados Unidos

Ejemplo mundial: La Legislatura de Florida aprobó de forma unánime una ley para desalojar ocupas

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El estado sureño aprobó un proyecto de ley que permitirá penar de manera eficiente a aquellos que usurpen viviendas.

La Legislatura de Florida aprobó de manera unánime, algo que no ocurría en varias décadas, un proyecto de ley que habilita a propietarios a desalojar a inquilinos que se hayan instalado de manera permanente y sin autorización dentro de una vivienda sin consentimiento del propietario de la misma.

Mediante el proyecto legislativo apodado "HB 621", los propietarios se encontrarán autorizados a requerir inmediata asistencia de las fuerzas de seguridad para desalojar a aquellos inquilinos cuyos plazos de alquiler hayan sido superados y usurpen de manera ilegal la propiedad en cuestión.

A diferencia de otras leyes de desalojo como la de Nueva York, la nueva ley de Florida pone el énfasis en los derechos de los propietarios y no de aquellos que las usurpan ilegalmente, poniendo fin a una problemática que estaba aquejando al estado, como consecuencia de la masiva ola de inmigrantes que está dejando entrar Joe Biden al país.

En un primer aspecto, la ley reconoce la falta de derechos que poseen los usurpadores de viviendas por sobre las mismas en todos sus sentidos, para así agilizar los trámites y procedimientos de un desalojo en el caso de que sea necesario.

Con el objetivo de reducir los índices de criminalidad cometidos por aquellos que buscan instalarse de forma ilegítima en una vivienda que no les pertenece, los locadores o quienes designen como autorizados, tendrán la opción de contactarse con el sheriff para proceder con el correspondiente desalojo de los locatarios, a quienes se les haya pasado el plazo de estadía y amenacen con instalarse de forma maliciosa.

Dentro de la ley, sin embargo, se establecen algunas condiciones para llevar a cabo el desalojo con la ayuda de las fuerzas policiales, como por ejemplo la condición de que se haga presente y solicite la ayuda el legítimo propietario o incluso su apoderado con autorización.

Otras condiciones aclaran que debe haber en disputa una vivienda residencial en la cual los inquilinos hayan prolongado su estadía no autorizada de manera indefinida, así como también el ingreso de personas que no tienen que ver con el negocio inmobiliario pre-acordado.

Para proceder con el desalojo, los locadores que tengan las intenciones de expulsar a los inquilinos que actúen de mala fe deben presentar primero una solicitud requiriendo el desalojo adjuntando la titularidad de la propiedad, así como también el hecho por el cual están solicitando el desalojo.

A su vez, la solicitud deberán realizarlo ante la oficina del sheriff correspondiente al condado en el cual se encuentra la vivienda.

Por su parte, la ley también estipula que el propietario que realiza la solicitud para expulsar al locatario se encuentra en conformidad con el hecho de que toma conciencia de que el expulsado podrá tomar acciones legales contra el mismo en caso de que la denuncia que haya realizado posea elementos que carezcan de verosimilitud.

Al convertir la usurpación de viviendas un crimen, la ley estipula penas correspondientes a los distintos tipos de ocupación. Para el cargo de usurpación ilegal de terrenos, viviendas que además cuenten con la destrucción de propiedad de superados los 1.000 dólares, el nuevo proyecto legislativo estipula que se encuadrará bajo el supuesto de delito en segundo grado, lo cual puede asegurar penas de hasta 15 años de prisión y fianzas de hasta 15.000 dólares.

Los residentes del estado de Florida han festejado la aprobación de esta ley en el Congreso, que ahora se encuentra en el escritorio del gobernador Ron DeSantis para ser firmada y promulgada. La misma beneficia a aquellos propietarios que han sufrido en los últimos años los vacíos legales que permitían a los usurpadores mantenerse dentro de las viviendas ocupadas, mientras que los propietarios no podían tomar acciones contra los mismos.

A diferencia de otros estados como Nueva York, en el cual los usurpadores comienzan a poseer derechos por sobre la vivienda pasados los 30 días de la usurpación, la ley de Florida garantizará que el período de tiempo no sea un impedimento para realizar un desalojo.

El ejemplo de Nueva York es mucho más extremo incluso, debido a que pasado ese período, los propietarios no pueden realizar acciones como el cambio de cerradura o el despojo de pertenencias personales de los inquilinos ilegales, lo cual prácticamente les otorga los derechos por sobre la propiedad a los criminales.

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Estados Unidos

Papelón: Un grupo de republicanos anti-Trump le aprobó un paquete de expansión del gasto público a Biden

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En medio del estallido de una interna del Partido Republicano, diputados y senadores republicanos rebeldes se aliaron con los demócratas para expandir el gasto público hasta noviembre de este año.

Esta semana cerró con un viernes negro para los Estados Unidos. Un grupo de 73 diputados republicanos se unieron a los demócratas para aprobar en la Cámara de Representantes un masivo paquete de expansión del gasto público por 1,2 billones de dólares.

Si el proyecto no se aprobaba antes de las 23:59 horas del viernes, el Gobierno federal iba a entrar en "shutdown", un concepto que existe en Estados Unidos donde si el Congreso no puede ponerse de acuerdo en un presupuesto de gastos, se suspenden todas las erogaciones públicas hasta que ocurra.

Rápidamente, la ley pasó al Senado, donde nuevamente 27 senadores republicanos se unieron a los demócratas para aprobar el masivo paquete de gasto público. El resultado final fue de 286 votos positivos contra 134 negativos en la Cámara Baja (15 abstenciones), y de 78 contra 18 (4 abstenciones) en la Cámara Alta.

Todo indicaba que la ley no pasaría, ya que se necesitaban dos tercios de cada cámara para su aprobación. Esto requería un masivo apoyo del Partido Republicano para el proyecto de Biden, algo que parecía lejano luego de que Trump, líder del partido y su candidato a presidente, pidiera el voto negativo.

Pero la ley logró aprobarse, y a pesar de que requería el 67% del Congreso, terminó obteniendo el 68%, con una mayoría de republicanos votando a favor. La situación provocó una brutal crisis interna dentro del Partido Republicano.

Momentos después del resultado, la diputada trumpista Marjorie Taylor Greene, presentó una moción de censura contra el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, por haber tenido una masiva cantidad de miembros de su bloque que votaron con los demócratas.

"Es más una advertencia que una nota de muerte", dijo luego Greene a los periodistas. “No deseo infligir daño a nuestro bloque y sembrar el caos en la Cámara. Pero esto es básicamente una advertencia y es hora de que sigamos el proceso".

"Llegó la hora de que nos tomemos nuestro tiempo y encontremos un nuevo presidente de la Cámara que apoye a los republicanos y a nuestra mayoría republicana, en lugar de apoyar a los demócratas”, cerró su intervención a la prensa.

Si bien la moción no fue llevada al recinto, a partir de ahora Greene, que es la alfil de Trump en el Congreso, puede activar la medida y la Cámara tendría que votar dentro de dos días legislativos, lo que requeriría una mayoría simple para desalojar a Johnson.

La salida de Ken Buck

La situación fue tan dura para el Partido Republicano, que el diputado Ken Buck, representante por Colorado y un firme detractor de Trump, quien lideró varios intentos para hacerle un impeachment al expresidente, finalmente renunció a su banca el viernes después de la votación.

Increíblemente, Buck votó en contra del proyecto, por lo que no se alió con los demócratas, pero dijo que no aguantaba más los choques internos del Partido, y anunció su salida del Congreso, dejando su banca como vacante por el momento.

Al salir por la puerta, firmó dos peticiones de aprobación de la gestión que podrían obligar a votar sobre la ayuda a Ucrania, un proyecto que Biden envió al Congreso varios mesea atrás y que Mike Johnson viene cajoneando desde entonces.

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Estados Unidos

Invasión alienígena: Una horda de inmigrantes ilegales intentaron entrar por la fuerza a Texas y desbordaron a la Guardia Nacional

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La Guardia Nacional de Texas, sin apoyo de las fuerzas federales, tuvo que pelear para evitar que se desborda una masiva hora de latinoamericanos que intentaron entrar por la fuerza.

Un gran grupo de inmigrantes ilegales provenientes de México y de múltiples nacionalidades centroamericanas lanzó un intento de invasión contra la frontera texana este jueves. Los aliens intentaron abrirse paso entre soldados de la Guardia Nacional de Texas y barreras de alambre de púas en un cruce cerca de El Paso.

La situación insólita quedó plasmada en un video publicado en Twitter por la periodista del New York Post, Jennie Taer, donde se ve a un gran grupo de migrantes empujando y agrediendo a miembros de la Guardia Nacional de Texas en un hecho inédito.

Generalmente, los cruces ilegales se dan en zonas remotas, donde la Guardia Nacional no está presente; y si interviene alguno de las fuerzas de seguridad los inmigrantes huyen, especialmente desde el lanzamiento de la Operación Estrella Solitaria, donde el gobernador Greg Abbott habilitó a sus soldados a blindar la frontera.

La Operación fue el centro de atención esta semana, luego de que la Corte Suprema fallara en favor de Texas luego de que la Casa Blanca de Biden intentara derribar dicho operativo aduciendo que las fuerzas federales tienen la potestad de cuidar las fronteras y no las fuerzas de un estado en particular.

El grupo de inmigrantes incluso rompió el alambre fronterizo y se abalanzó sobre el muro fronterizo, también vigilado por guardias. También se vio a los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector de El Paso esperando mientras los guardias mantenían la puerta asegurada.

Desde que comenzó la Operación, más de 41.000 inmigrantes han sido arrestados por soldados de la Guardia de Texas acusados ​​de allanamiento de morada y conducta maliciosa, informó el gobernador de Texas el miércoles. "Continuaremos construyendo el muro fronterizo, usaremos gas natural para erigir alambre de púas para repeler a los migrantes y mantener barreras de boyas en el río", publicó el gobernador.

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