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Estados Unidos

Biden quiere albergar 30 mil refugiados afganos en Estados Unidos “inmediatamente”

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Según confirmó el Pentágono, el presidente ordenó evacuar a miles de afganos que puedan entrar al programa de refugiados en Estados Unidos, y evalúan albertarlos en Wisconsin y Texas.

A pesar de que la Casa Blanca suspendió las comunicaciones con la prensa por 7 días tras la caída de Kabul en manos del Talibán, la periodista de Fox News, Jacqui Heinrich, logró comunicarse con el portavoz del Pentágono, quien le confirmó que el gobierno demócrata se está preparando para aceptar por lo menos 30 mil refugiados afganos en suelo norteamericano.

Según el documento preliminar que obtuvo Fox News, el Departamento de Defensa ya está acondicionando el Fuerte McCoy en Wisconsin y el Fuerte Bliss en Texas para albergar a miles de inmigrantes afganos que se escapan del nuevo régimen opresor talibán.

Queremos preparar la capacidad para albergar decenas de miles de refugiados inmediatamente, y prepararnos para cientos de miles en el futuro cercano, dijo John Kirby, portavoz del Pentágono. La idea es que ni bien podamos, vamos a enviar cientos de aviones a Kabul a seguir extrayendo gente, especialmente los afganos con VISA, aseguró el funcionario demócrata.

Kirby también confirmó que el número de soldados estadounidenses que serán enviados al Aeropuerto de Kabul para mantener el cerco y permitir la salida de aviones con refugiados será de 6.000, no de 3.000 como se había informado previamente.

Este número es alarmante. Cabe recordar que cuando Trump asumió en 2017, el número de soldados en Afganistán rondaba entre 5.000 y 7.000 en todo el país, y él redujo esta presencia a 2.000 efectivos, y luego Biden a 0, a las apuradas mientras el Talibán avanzaba a la capital.

Según Kirby, este número de tropas permanecerá hasta el 31 de agosto, cuando el último avión con refugiados salrá hacia Estados Unidos y la retirada de los 6.000 soldados estadounidenses comenzará.

Economía

Peligroso: En plena recesión Biden aprueba una ley para aumentar los impuestos

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Es la primera vez desde 1990 que un Gobierno estadounidense decide aumentar los impuestos en plena recesión. Los demócratas dieron media sanción al nuevo paquete fiscal, y el proyecto pasará a la Cámara de Representantes para su tratamiento definitivo.

El Gobierno de Joe Biden envió la llamada “Ley de Reducción de la Inflación” (IRA por sus siglas en inglés), que en la práctica supone una versión simplificada y moderada del programa Build Back Better original. Estos cambios se produjeron debido a que el primer esquema era celosamente extremista y corría el riesgo de no ser aprobado por las cámaras legislativas.

La ley plantea 3 pilares principales: la expansión del gasto público, la inclusión de nuevas regulaciones climáticas y un fuerte aumento de los impuestos.

Este último es particularmente paradigmático, debido a que Biden pretende convertirse en el primer Presidente estadounidense en subir impuestos en medio de una recesión desde 1990, cuando George H. W. Bush decidió hacerlo con una reforma que entró en vigor a partir del año fiscal 1991.

Aun así, la recesión es sistemáticamente negada por la Casa Blanca, y se insiste en comunicar un proceso de “crecimiento sostenido” que no se ve reflejado en ninguna estadística oficial.

Impuestos sobre las empresas

La nueva legislación presente en la IRA propone crear un nuevo impuesto mínimo obligatorio del 15% para las sociedades que facturen ingresos de más de US$ 1 millón cada año.

La reforma tributaria aprobada por Donald Trump en 2017 eliminó el sistema de tasas marginales progresivas para las ganancias de sociedades, y unificó todas ellas en una sola tasa del 21% en lo que se conoce como un “Flat tax” para bajar la carga fiscal y maximizar la eficiencia.

Con los cambios dispuestos por Biden, se eliminan una serie de deducciones y exenciones a las cuales podían acceder las empresas para evitar tributar el 21% sobre sus ganancias, por lo que la factura tributaria mínima no podrá ser menor al 15% en ningún caso para empresas con ganancias superiores a 1 millón de dólares anuales.

Además de una carga fiscal superior, los cambios presentados por los demócratas presentan distorsiones sobre la correcta asignación de la inversión privada porque afecta de manera diametralmente diferente a cada industria gravada.

La Tax Foundation estima que la presión tributaria podría ser artificialmente menor en servicios digitales y telecomunicaciones, pero drásticamente superior en el mercado inmobiliario, la industria minera, el transporte y la construcción.

Impuestos sobre las personas físicas y al consumo

Para las personas que decidan realizar inversiones en activos financieros, depositar su dinero en bancos y percibir intereses u otro tipo de inversiones de capital, el plazo mínimo requerido para que su renta financiera sea considerada de “largo plazo” aumenta de 3 a 5 años.

Esto implica un aumento de la presión fiscal, debido a que las ganancias de capital a largo plazo están gravadas por tasas marginales inferiores a la de corto plazo, que perciben las mismas tasas que el impuesto a la renta corriente.

Por otra parte, el proyecto de los demócratas aumenta el impuesto al petróleo crudo, tanto de origen nacional como importado. El impuesto de suma fija subirá a 16,4 centavos de dólar por barril comercializado, y la cifra se indexará por la inflación de ahora en adelante.

Esta medida es una de las más polémicas porque Estados Unidos atraviesa un histórico aumento de los precios de la energía: el presidente Biden prometió bajar los precios, y no subirlos con un nuevo impuesto directo al consumo como pretende su propio proyecto.

Los efectos para la economía

La Tax Foundation utiliza un modelo teórico de equilibrio general para estimar que las medidas presentadas tendrán una recaudación neta por US$ 304.000 millones, y a cambio significará un retroceso del 0,1% en el PBI de largo plazo, la baja del 0,1% en los salarios reales y la pérdida de 30.000 empleos privados.

Estos resultados corresponden al efecto neto esperado íntegramente por el impacto de las medidas tributarias de la ley, pero no pretenden explicar la evolución futura de las variables macroeconómicas en el largo plazo debido a que estas responden a muchos otros factores no tenidos en cuenta. 

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Estados Unidos

El día que Biden ordenó perseguir a su principal opositor como Stalin en 1927

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Así como La Nación compara libremente a Trump con Hitler, desde La Derecha Diario nos parece necesario trazar una similitud entre las acciones de Biden con las de Stalin hace casi 100 años.

El medio La Nación publicó esta tarde una lamentable nota con información de la agencia alemana de noticias DPA, comparando a Donald Trump con Adolf Hitler.

En la nota, mencionan un artículo del New York Times que asegura sin ninguna prueba que el ex presidente republicano les pedió “lealtad” a los generales del Estado Conjunto Mayor “así como Hitler le pidió a los generales nazis en la Segunda Guerra Mundial“.

Desde La Derecha Diario no queremos hacer eco de este repudiable artículo, y lamentamos que esa misma línea editorial no sea utilizada para describir los más recientes hechos vinculados a la persecución política a conservadores en Estados Unidos. Por lo tanto, tomamos en nuestras propias manos la tarea de hacerlo. Tomen nota, redactores de La Nación, a ver si aprenden algo.

En sintonía con el título que eligió La Nación, la redada del FBI a Mar-A-Lago, el masivo complejo de hoteles del expresidente Donald Trump en Florida, que fue ordenado por el Fiscal General de la Casa Blanca, Merrick Garland y aprobado por el juez Bruce Reinhart, será recordado como el día que Biden ordenó perseguir a su principal opositor como Stalin en 1937.

La “Gran Purga” ocurrió entre agosto de 1936 y marzo de 1938. En ese período, el jerarca soviético asesinó a más de 800.000 opositores políticos, incluidos dirigentes, sindicalistas, periodistas, activistas, militares.

Pero ese genocidio no ocurrió de un día para el otro. Casi una década antes, Stalin tomó control del Partido Comunista Soviético y lanzó la persecución de su principal opositor, León Trotski.

Trotski dirigía la Oposición Unida, un partido también comunista y bolchevique pero que no adhería a la política de Stalin conocida como “Socialismo en un solo país“. Tras la muerte de Lenin en 1924, Trotski fue mandatario de la Unión Soviética en el rol de Comisario del Pueblo para Asuntos Militares y Navales hasta 1925, cuando el comunismo soviético se partió en dos, y la Unión tuvo su primer debate político: Stalin o Trotski.

Tras perder una pulseada geopolítica en China, la dirigencia del Partido Comunista decidió respaldar a Stalin y el georgiano ordenó perseguir y apretar a Trotski para forzar su rendición. En noviembre de 1927, la OGPU allanó la casa de Trotski, rompió sus puertas, sus ventanas, y le incautó todas sus pertenencias, entre ellas sus escritos y correspondencia con otros dirigentes opositores.

El 31 de enero de 1928, pocos meses después de esta apretada política, el XV Congreso del Partido Comunista hizo que las opiniones de la Oposición Unida fueran incompatibles con la autoridad soviética, y a Trotski no le quedó más remedio que exiliarse a Kazajistán, en los confines de la Unión.

En 1929 sería expulsado de la Unión completamente y se mudaría a Turquía, luego en Francia, Noruega, y finalmente en México, donde espías soviéticos lo asesinaron un 21 de agosto de 1940.

Esta comparación parecía una locura hace tan solo una semana, pero la redada a Trump por parte del FBI sin tener una causa abierta en la Justicia que permita semejante ataque abre la puerta a cualquier cosa.

Como a Trotski en 1927, la policía federal le entró por la fuerza a la propiedad de un ex mandatario, le incautó computadoras, le forzó y le vació la caja fuerte y se llevó miles de documentos. Esto fue realizado sin ningún tipo de aviso previo y con una clara motivación política.

También fue realizado fuera del estricto marco legal, ya que la orden de allanamiento a Trump dice que la redada era necesaria para proteger cierta evidencia de que sea destruida por el ex presidente, pero para que un conjunto de documentos sea considerado como evidencia para la justicia, debe ser presentado previamente ante un juez en el contexto de una causa abierta. Hoy por hoy no existe ninguna causa abierta en contra de Trump en la justicia.

Así como La Nación comparó a Trump con Hitler, desde La Derecha Diario, siguiendo su misma línea editorial, creemos que deberían haber comparado a Biden con Stalin. Solo esperamos que la situación política de Estados Unidos no termine en una “Gran Purga” de conservadores de acá a 10 años.

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Estados Unidos

Juez federal que aprobó la orden de allanamiento de Biden contra Trump fue abogado de Jeffrey Epstein

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Este lunes por la noche el FBI ejecutó una orden de allanamiento pedida por el Secretario de Justicia de Biden, Merrick Garland, que fue firmada por un juez amigo.

El juez federal que firmó la orden de allanamiento pedida por Biden para redar Mar-A-Lago, propiedad del ex presidente Donald Trump, fue abogado del delincuente sexual infantil internacional Jeffrey Epstein.

Se trata del juez Bruce Reinhart, quien renunció a su trabajo como fiscal federal en 2008 y se fue a trabajar para EpsteinReinhart pasó diez años como el principal abogado de Epstein, mientras lideraba la red de pedofilia más grande del mundo. En 2018, vuelve a la actividad pública y asume como magistrado federal en 2018, según señala su biografía oficial del gobierno.

Durante su década de trabajo para Epstein, Reinhart participó de múltiples controversias. Fue nombrado en una demanda de la Ley de Derechos de las Víctimas del Crimen en 2011 como cómplice de Epstein. Además, fue acusado de violar la política del Departamento de Justicia y potencialmente filtrar información confidencial sobre el caso de Epstein para ganarse el trabajo.

En 2011, se lo denunció a Reinhart en su labor como abogado de Epstein por incompatibilidad, ya que en su paso como asistente del fiscal federal habría obenido información privilegiada para salvar al pedofilo multimillonario. “Mientras Bruce E. Reinhart era asistente del fiscal federal, se enteró de información confidencial y no pública sobre el caso de Epstein, y pocos días después se unió a la nómina de abogados de Epstein“, alegaron los demandantes en el caso Jane Does #1 y #2 v. Estados Unidos .

Según los informes, Reinhart dejó de trabajar para la oficina del fiscal de los Estados Unidos el día de Año Nuevo de 2008 y comenzó a trabajar para Epstein el 2 de enero de 2008informó el New York Post

Debió jurar bajo pena de perjurio que no tenía nada que ver con la investigación federal de Epstein y que no tenía información confidencial sobre su caso, pero sus supervisores presentaron un documento judicial contradiciendo el reclamo, y Epstein debió apartarlo del caso, aunque lo retuvo en su nómina y lo ayudó con otras causas judiciales.

En sus 10 años, Reinhart representó en varios casos a los pilotos del avión privado de Epstein, que utilizaba para transportar a sus clientes a su isla privada en el caribe donde sucedían los encuentros sexuales con menores.

También brindó asistencia legal al programador de Epstein, que lo acompañaba a todos lados y a una mujer llamada Nadia Marcinkova, a quien el propio Epstein describió como su “esclava sexual yugoslava” en grabaciones que fueron entregadas a la justicia durante su juicio.

Las acusaciones contra Epstein surgieron públicamente por primera vez en 2005. Se declaró culpable de cargos sexuales en Florida y cumplió solamente 13 meses en la cárcel, luego de que sus abogados negociaran un acuerdo con el fiscal. Se cree que este resultado tan positivo fue gracias a la información que trajo Reinhart al equipo legal.

En los años siguientes, su red de pedofilia continuó y muchas mujeres demandaron a Epstein por los abusos. Una mujer, de las más famosas denunciantes, de nombre Virginia Giuffre, afirmó que Epstein y Ghislaine Maxwell, su mujer, la habían prostituido contra su voluntad para que tuviera citas sexuales con hombres poderosos, incluido el príncipe Andrew del Reino Unido, con quien tiene una demanda abierta.

Los fiscales federales en Nueva York revivieron el caso contra Epstein por orden de la Casa Blanca de Trump, después de que las historias del Miami Herald en 2018 atrajeran nueva atención a sus crímenes. Fue arrestado en 2019, pero apareció suicidado un mes después.

Once meses después de su muerte, Maxwell fue arrestada en una finca de New Hampshire, y fue llevada a juicio, donde se la declaró culpable y fue condenada a 20 años de prisión, aunque nunca se le pidió la lista de clientes de la red de pedofilia.

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