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Cuomo en la cuerda floja: el gobernador ahora fue acusado de acoso sexual por una secretaria y circulan rumores de juicio político

Las alegaciones fueron hechas por una ex asesora suya que trabajó en el gobierno neoyorquino por dos años. El Partido Demócrata se acoge al silencio mientras Biden ensaya una leve defensa hacia el gobernador mediante su Secretaria de Prensa. 

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Al Gobernador de Nueva York y una de las principales caras del Partido Demócrata, Andrew Cuomo, se le continúan acumulando escándalos que hacen peligrar su gobierno. 

Esta vez, Lindsey Boylan, una ex asesora que trabajó junto a él por dos años como secretaria de la gobernación, lo ha vuelto a denunciar por acoso sexual, esta vez con el respaldo de varias organizaciones sociales. 

Boylan, que renunció a su trabajo en 2018 tras el hecho, afirmó en una carta publicada en sus redes sociales que la relación profesional entre Cuomo y ella comenzó en enero de 2016 cuando se conocieron. La ex asesora cuenta que las conductas inapropiadas del gobernador empezaron en febrero de 2017 mientras ambos compartían un vuelo privado. Según el relato, Cuomo le hizo un avance inapropiado y la acorraló en su asiento, tratando de darle en reiteradas ocasiones un beso en la boca.

A su vez, la ex asesora indicó que durante su empleo en el gobierno neoyorquino Cuomo creó “una cultura donde el acoso sexual y la intimidación están tan generalizadas que no sólo que se tolera, sino que se espera”. 

Boylen renunció a su trabajo en octubre de 2018 luego de que Cuomo la habría besado sin su consentimiento en una reunión de gabinete cuando quedaron ellos dos solos en la oficina.

La revista Forbes, que apoya explícitamente a los políticos del Partido Demócrata, fue la primera en revelar la noticia, marcando la pérdida de apoyo que está atravesando el gobernador neoyorquino.

La primera denuncia pública de Boylan contra Cuomo fue a principios de diciembre del año pasado, pero prefirió no hacer más comentarios al respecto y sólo se limitó a informar que otras dos mujeres se acercaron a ella para contarle experiencias similares de acoso perpetradas por él, pero que las mismas se encontraban con mucho miedo para hablar. 

En ese momento, Cuomo aún gozaba de buena reputación entre los votantes demócratas y su nombre se encontraba en la lista chica de Biden para convertirse en el próximo Fiscal General de los Estados Unidos, por lo que hubo un importante blindaje mediático de la denuncia. 

Sin embargo, según dicen los medios estadounidenses, estas denuncias de acoso, por más que no se viralizaron, lo sacaron totalmente de mapa en las consideraciones para ese cargo.

Lindsey Boylan, la víctima del abuso sexual del gobernador demócrata Andrew Cuomo.

Este no es el único escándalo que Cuomo ha tenido que atravesar en las últimas semanas

La debacle en la imagen del mandatario se inició cuando la misma Fiscal General del Estado de Nueva York, la ultra-demócrata Letitia James, presentó un informe que admitía que el gobierno neoyorquino había manipulado y ocultado el número de personas muertas por COVID-19 en asilos de ancianos como consecuencia de su desastrosa política sanitaria. 

James estimó que las cifras ocultadas por Cuomo ascendían a más del 50% del total de muertes por coronavirus en asilos de ancianos, que se calculan ahora en alrededor de 15.000. 

La política sanitaria de Cuomo consistía en obligar a los geriátricos y centros de ancianos a aceptar pacientes aún no recuperados del virus que todavía poseían poder de contagio como una manera de liberar las camas de los hospitales del Estado que se encontraban colapsados. 

Días después de las revelaciones de James, el New York Post filtró un audio donde se escucha a la principal asesora de Cuomo, Melissa DeRossa, admitiéndole a diputados de su partido en una llamada de Zoom que su gobierno había ocultado y manipulado las estadísticas de estas muertes.

Según se justificó DeRossa, debieron ocultar los muertos debido a que, por orden del entonces presidente Trump, Cuomo y todos sus allegados se encontraban siendo investigados por el Departamento de Justicia y temían posibles consecuencias por sus actos.

Esta misma investigación parecía que iba a tumbar la gobernación de Cuomo, pero en los últimos días se cayeron todas las denuncias que se iban a presentar en la Justicia. Se cree que el tema fue abandonado por orden del Presidente Joe Biden, quien considera a Cuomo un importante aliado para garantizar la gobernabilidad. 

Otro escándalo que precede a Cuomo son las alegaciones en su contra por parte del diputado estatal, Ron Kim. El legislador, también demócrata, acusó al gobernador de haberlo amenazado con arruinarle su carrera por criticar su gestión de la pandemia. 

Kim ahora lidera los esfuerzos dentro de la Asamblea estatal para iniciarle un juicio político a Cuomo, y según sus declaraciones, alrededor de 20 de sus compañeros demócratas apoyarían esta moción.

Por ahora, ese número sería suficiente para iniciar un impeachment pero no para ganarlo, ya que desde el año pasado el Partido Demócrata mantiene en ambas cámaras estatales una super-mayoría demócrata, por lo que el rechazo del partido al mandatario debería ser casi unánime. 

Eso sí, desde el lado de los medios de comunicación demócratas y de otras figuras importantes a nivel nacional de su partido, Cuomo ya es un hombre con su carrera política acabada. Los principales diarios de la ciudad neoyorquina han publicado los escándalos del gobernador, y su blindaje parece estar llegando a su fin.

El único que intenta defenderlo de alguna forma es Biden, quien instruyó a su Secretaria de Prensa que no condene las conductas de su par demócrata en público y que evite contestar preguntas sobre este tema.

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Estados Unidos

Sigue la persecución de Biden: Ahora va contra Rudy Giuliani por defender a Trump en la causa del fraude electoral

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El abogado de Trump fue imputado por la fiscal del condado de Fulton por haber representado al ex presidente durante las acusaciones de fraude electoral en el Estado de Georgia.

Este lunes, el ex alcalde de Nueva York y dirigente republicano Rudy Giuliani anunció que es objeto de una investigación penal del Estado de Georgia y del Departamento de Justicia de Biden debido a su trabajo como abogado de Donald Trump exponiendo el fraude electoral ocurrido en las últimas elecciones presidenciales del año 2020.

La investigación está siendo liderada por Fani T. Willis, una activista judicial demócrata que se desempeña como Fiscal General del condado de Fulton, y está siendo supervisada por la Comisión del 6 de Enero, un comité creado por legisladores demócratas en el Congreso que se encarga de perseguir a personas cercanas a Trump sin que estas puedan hacer uso de su derecho a defensa, pues las audiencias son cerradas y con una limitada presentación de testigos. Además, Willis está siendo asesorada por el Fiscal General a nivel federal, Merrick Garland.

De acuerdo a sus abogados, es probable que Giuliani sea llamado a declarar este miércoles en Atlanta, donde se le preguntara sobre su relación con su cliente. Los abogados del neoyorquino ya avisaron que Giuliani invocará el principio de confidencialidad de abogado-cliente, que le impide a cualquier profesional que ejerce la abogacía revelar las conversaciones privadas que ha tenido con su cliente.

La tesis de Willis y de la comisión demócrata se centra en demostrar que Donald Trump conspiró con sus aliados, especialmente sus abogados, para “interrumpir el proceso democrático y robarse unas elecciones que fueron justas, libres y democráticas”, lo cual no tiene sentido ya que Trump en ningún momento intentó cambiar el resultado de la elección por vías no legales, y siempre se vinculó con las Legislaturas estatales para analizar sus opciones después de que saliera a la luz el fraude electoral.

Con esta maniobra, los demócratas buscan quebrar la lealtad de Giuliani para con Trump y que ofrezca algún tipo de testimonio que lleve al expresidente a ser imputado penalmente y puesto en el banquillo de los acusados. Al respecto, Robert Costello, integrante del equipo de Giuliani fue tajante: “Si esta gente cree que va a hablar de las conversaciones entre él y el presidente Trump, están delirando”.

El gobierno demócrata no le va a perdonar a Giuliani sus esfuerzos por evitar el fraude electoral de Biden. Por su rol como abogado acusante en este caso, el año pasado un tribunal en Nueva York le suspendió su matrícula de abogado y le impidió ejercer la práctica profesional.

Por su parte, Smarmatic y Dominion, las dos empresas que manejaron el conteo electoral en los estados donde se denunció fraude, presentaron demandas civiles contra el abogado neoyorquino exigiendo compensaciones económicas por haber sido “difamadas”.

No se sabe si estas demandas prosperarán, ya que en Estados Unidos para que una difamación tenga lugar, debe comprobarse que fue mentira. Por lo que las dos empresas deberán abrir su código y todos los registros al público, para demostrar que no hubo fraude, algo que se negaron a hacer durante la denuncia de Giuliani en 2020.

Junto con Giuliani, este mismo lunes también fue llamado a declarar por la causa en Georgia el actual senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham, el nexo de Trump con el establishment del Partido Republicano y quien se puso al hombro su campaña presidencial para 2024.

Además, a fines de junio, el celular de John Eastman, un miembro del equipo de legal de Trump, fue confiscado por agentes federales. Algo que también sufrió el legislador trumpista Scott Perry en los últimos días

Las recientes atropellos judiciales por parte del Departamento de Justicia y el FBI a Trump y a su círculo íntimo demuestran que se ha elucubrado un plan usando los tres poderes del Estado para impedir la candidatura presidencial líder republicano a toda costa.

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Estados Unidos

El FBI le confiscó a Trump sus pasaportes durante el allanamiento en Mar-a-Lago ordenado por Biden

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El ex presidente denunció que los agentes que participaron de la redada se llevaron todos sus pasaportes y que no puede salir del país. Una apretada política digna de una dictadura comunista del Caribe.

En medio de una persecución política y judicial sin precedentes en la historia de los Estados Unidos, el expresidente Donald Trump utilizó su red social este lunes para denunciar que sus pasaportes fueron robados por oficiales del FBI durante el allanamiento ejecutado en Mar-a-Lago, su residencia y base de operaciones políticas ubicada en Palm Beach, Florida, la pasada semana.

En la redada del FBI en Mar-a-lago, me robaron mis tres pasaportes (uno caducado), junto a todo lo demás. Esto es un asalto a un oponente político a un nivel nunca antes visto en nuestro país. Tercer Mundo“, expresó Trump en la plataforma Truth Social.

Es probable que los tres pasaportes a los que se refiere Trump en su comunicado sean, además del propio que posee como ciudadano estadounidense, un pasaporte diplomático emitido para oficial del gobierno y un pasaporte solo expedido para presidentes. La confiscación de estos documentos es significativa y un serio abuso judicial, pues sin un pasaporte legal, Trump no puede salir del país.

El pasado jueves, en conferencia de prensa, el Fiscal General de Biden, Merrick Garland, se encargó de aclarar lo evidente: que él personalmente había aprobado el allanamiento a la residencia del exmandatario como parte de una supuesta investigación federal en curso liderada por su departamento y el FBI.

La orden de allanamiento fue liberada al público durante las últimas horas del viernes debido a la creciente presión política y social. Sin embargo, lo verdaderamente importante no se encuentra en la orden, sino en la solicitud de allanamiento (affidavit) que el Departamento de Justicia presentó ante el juez exponiendo los motivos para justificar dicha redada, un documento que Garland se niega rotundamente a publicar.

Según el mismo FBI reporta, en el allanamiento, los agentes federlaes se llevaron un total de 11 cajas con documentos y fotografías personales de Trump, y un total de 27 cajas con documentos de diversa índole, principalmente documentos generados durante su mandato.

La orden firmada por el juez Bruce Reinhart, donante de Obama y ex abogado del pedófilo internacional Jeffrey Epstein, autoriza a allanar “todo archivo presidencial o gubernamental” creado durante toda la etapa presidencial del republicano, bajo la excusa de que se deben proteger los documentos clasificados.

Los abogados de Trump señalaron que como presidente, su cliente había publicado un memo durante los primeros días de su mandato indicando que cualquier documento que él sacara de la Casa Blanca automáticamente quedaba desclasificado, por lo que ningún archivo incautado está clasificado. Según explicó Trump, estos documentos se los llevó a Mar-A-Lago para construir la Biblioteca Gubernamental 2017-2021, como es deber de todos los presidentes que dejan el cargo.

Caída esta versión que intentó instalar la Casa Blanca, Trump denunció que la orden fue utilizada como una cortina de humo por el gobierno de Biden para perseguir a su principal adversario político, confiscándole así sus documentos personales y violando patentemente sus derechos constitucionales.

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Estados Unidos

Biden prohíbe el uso de Tornado Cash, la aplicación que permite transferir criptos de manera anónima

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El Tesoro puso a la aplicación en la lista SDN junto a grupos terroristas, el gobierno de Irán y de Corea del Norte y a oligarcas rusos por la “guerra contra la evasión” de Biden.

El lunes pasado, el Tesoro de los Estados Unidos realizó una votación interna luego de que el presidente Joe Biden les pidiera revisar la legalidad de una aplicación conocida como Tornado Cash, que permite realizar transferencias de criptomonedas de manera totalmente anónima entre sus usuarios.

La votación resultó en favor de prohibir su uso en Estados Unidos, y la aplicación fue ingresada a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), donde comparte lugar con organizaciones terroristas, instituciones iraníes y norcoreanas, y empresas estatales rusas. Una decisión bastante exagerada.

Tornado Cash recibe las criptomonedas que uno quiere transferir y mezcla la cadenas de bloques de manera completamente anónima para evitar cualquier tipo de rastreabilidad, para luego depositarle a la persona que se le quería enviar dinero.

A partir de ahora, cualquier persona que envíe o reciba dinero a través de Tornado Cash podría enfrentar hasta 30 años de prisión, incluso si los fondos en cuestión no provienen de una fuente ilegal, ya que según esta determinación “es imposible saber si son fondos legales o no”.

La decisión es polémica. Por un lado, Tornado Cash es una de las mejores herramientas para proteger el anonimato en línea, y hace imposible que el Estado rastree las transacciones, permitiéndole a la gente esconderse de cualquier tipo de persecución. Por el otro, es ampliamente utilizada por criminales para poder mover dinero sin ser rastreado por la policía.

Este complejo balance entre el derecho a la privacidad y la capacidad del Estado a investigar el crimen es un tema que sin dudas requiere de una atención especial por parte de los legisladores, en Estados Unidos y en todo el mundo, pero prohibir una herramienta financiera de cuajo no es la manera.

Además, la importancia de Tornado Cash crece cuando se tiene en cuenta que en el mundo de la blockchain todas las transacciones son públicas, y se pierde el secreto bancario que existe hoy por ejemplo en las transferencias que uno hace a través de un banco.

Si el Estado quiere mirar qué transacciones una persona hizo a través de su banco, necesita una orden judicial y un resumen de cuentas emitidos por la identidad financiera. En cambio, con las criptomonedas, cualquiera puede rastrear públicamente los ledgers.

En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una agencia del Departamento del Tesoro, llamó a Tornado Cash “una amenaza significativa para la seguridad nacional” de los Estados Unidos, y alegó que ha sido utilizado repetidamente por piratas informáticos norcoreanos para lavar dinero de múltiples robos millonarios.

Esta declaración es bastante absurda. Cualquier persona puede enviar y recibir cualquier suma de dinero con este crypto mixer, no solamente los grandes carteles. Según un análisis de Chainalysis, solo el 10,5% del dinero transferido en Tornado Cash el último año provino de fondos robados, y un 17,7% de fondos o personas sancionadas.

Esto quiere decir que el otro 71,8% de las transacciones fueron completamente legales. También implica que la Casa Blanca criminalizó a una empresa que anonimiza fondos y violó el derecho a la privacidad de 350 millones de ciudadanos solo por una cantidad menor de transacciones ilegales.

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