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Estados Unidos

"Desfinanciar la policía": la peligrosa campaña de los demócratas que quieren convertir en ley

Tras el caso George Floyd, algunas de las voces más prominentes del Partido Demócrata se han hecho eco de un histórico reclamo del anarquismo de extrema izquierda: desfinanciar y abolir las fuerzas policiales. Los lugares que ya la han puesto en marcha, y sus consecuencias.

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Tras una semana de violencia en las calles por parte de la izquierda, las repercusiones por el asesinato de George Floyd están lejos de acabar. 
Ahora, "defund the police" ("desfinancien a la policía") es el cántico de moda en las manifestaciones, enmarcadas bajo el movimiento de Black Lives Matter y la organización terrorista Antifa. La campaña, apoyada por líderes comunales y políticos, se centra en abolir la policía como la conocemos y reformar su rol en la sociedad.
Las exigencias de estos manifestantes van desde recortar los fondos para las fuerzas policiales, hasta la abolición total de las mismas, reemplazándolas por un esquema de trabajadores sociales enfocados en las comunidades afroamericanas.
Una de las primeras personas con peso político en adherirse a la campaña fue Brian Fallon, jefe de prensa de la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016. Horas después, múltiples miembros del Partido Demócrata se encolumnaron bajo el eslogan, y rápidamente, la propuesta paso de ser una campaña twittera a convertirse en una realidad.

La ciudad de Los Angeles fue pionera al respecto: a través de su alcalde, Eric Garcetti, informó que planean recortar hasta 150 millones de dólares del presupuesto de la policía. El timing de dicho anuncio no fue el mejor, ya que ese mismo día, el Departamento de Policía de esa ciudad reportó en su informe semanal un incremento del 250% en los homicidios como secuelas de las violentas protestas.

El caso de la ciudad de Minneapolis, en Minnesota, es uno de los más particulares y bochornosos. El Departamento de Policía de esa ciudad era el lugar donde se desempeñaban los 4 oficiales, hoy encarcelados y a la espera de un juicio, involucrados en el asesinato de George Floyd. 

9 de los 12 miembros del Concejo Municipal de Minneapolis ya se manifestaron a favor de desfinanciar y desmantelar a dicho departamento, y están trabajando en un plan al respecto. El Concejo está controlado por el ala más radical del Partido Demócrata.

De acuerdo a Jeremiah Ellison, miembro del Concejo Municipal, la idea del plan es que todos los recursos de la fuerza policial sean destinados a trabajadores sociales y de la salud, como así también incluir a líderes comunales en el nuevo sistema.

El Concejo se expresó de tal manera a pesar de que Jacob Frey, el alcalde demócrata de extrema izquierda y quien tenía un importante control del órgano legislativo, haya anunciado que estaba en contra de esta idea.

Su forma de anunciarlo fue la peor de todas: Frey, de 38 años, estaba asistiendo a una de las protestas de Black Lives Matter. Luego de la manifestación, que incluyó destrozos de propiedad privada, bailes y concursos de canto, fue abordado por los manifestantes que le preguntaron si le daba su apoyo al desfinanciamiento de la policía.

Luego de mucho pensarlo y a pesar de estar rodeado de una multitud furiosa, el joven alcalde se negó a apoyar esta causa abolicionista tras lo cual fue echado de la manifestación entre abucheos y gritos de "vergüenza", mientras le arrojaban cosas.

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Otro de los casos, aún más incomprensibles es el de la ciudad de Chicago, Illinois, donde la alcaldesa Lori Lightfoot, demócrata, ya anunció que presentará un plan con "monumentales reformas" sobre el sistema policial.

La ciudad de Chicago está catalogada como una de las más peligrosas dentro del territorio estadounidense. Tan solo en el período enero-mayo de 2020, la ciudad registró un total de 245 asesinatos y 1.127 heridos de bala, un incremento del 25% y 30% respectivamente frente al mismo período de 2019. 
Tan solo el pasado fin de semana, Chicago reportó la escalofriante cifra de 25 muertes y 85 heridos de bala, uno de los peores registros en los últimos años.
Otra de las ciudades que se unió a esta nueva corriente fue Nueva York, comandada por el ultra-demócrata Bill de Blasio. 
Miembros del Concejo Municipal plantean recortar alrededor del 7% del presupuesto de la policía de esa ciudad. De Blasio explicó que espera que el dinero ahorrado con el recorte sean transferidos a servicios sociales y a programas de reinserción juvenil.

De Blasio, pese a sus inconcebibles esfuerzos para contentar a su electorado, no parece ser muy bien recibido. La semana pasada corrió con la misma suerte que su par de Minneapolis: fue abucheado e insultado tras dar su discurso en una protesta.

Múltiples otras ciudades, entre ellas Seattle, en el Estado de Washington, y Austin, en el Estado de Texas, ya anunciaron que iniciarán gestiones para tratar una posible reforma policial. Si avanzan, se espera que aún más localidades sigan su ejemplo.

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Es posible, entonces, concluir que todas las ciudades que se sumaron a esta campaña de desfinanciar y desmantelar la policía, o al menos, que ya han puesto el tema en debate, comparten las mismos denominadores: son bastiones demócratas desde hace décadas, fueron las más afectadas por los saqueos y los destrozos en las protestas de los últimos días, y poseen cifras alarmantes de inseguridad y crimen que se incrementan año tras año.

Estas ciudades deberían estar enviando más recursos para su policía en vez de desfinanciarla o abolirla.

El candidato presidencial por el Partido Demócrata, el ex-vicepresidente Joe Biden, tras una serie de contradicciones en su discurso en los últimos días, salió a intentar calmar las aguas afirmando que él no defiende completamente un posible desfinanciamiento de la policía, y hasta llegó a decir entre sus balbuceos que aumentaría 300 millones de dólares su financiamiento.

Sin embargo, lejos de generar calma, la postura de Biden solo demuestra lo alejado que se encuentra el candidato presidencial con la verdadera agenda de su partido, y de su base electoral, cada días más empujada hacia la izquierda. 
Como si fuera poco, este lunes 8 de junio la líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que sí parece estar al día en las demandas de la ultra-izquierda norteamericana, presentó una ambiciosa reforma policial para ser debatida en el Congreso estadounidense.
"Es un primer paso, vendrá mucho más", afirmó Pelosi luego de presentar una reforma que incluye, entre otras cosas, desfinanciación, prohibiciones a maniobras de defensa de los oficiales, y que establecería una base de datos nacional para monitorear casos de abusos policiales, y facilitaría acciones legales frente al excesivo uso de la fuerza, concepto de dudosa definición.
Para colmo, luego de hacer la presentación, los principales líderes demócratas en el Congreso se arrodillaron e hicieron 8 minutos de silencio por la muerte de Floyd, con bufandas adornadas con ornamentos y diseños de "orgullo africano".

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El presidente Donald Trump no escatimó en rechazar tajantemente cualquier posibilidad de desfinanciamiento de la fuerza policial. El republicano afirmó:

"No desfinanciarán ni desmantelarán nuestra policía. Estoy orgulloso de su trabajo, nos permiten a todos vivir en paz. También queremos asegurarnos que en nuestra fuerza no haya malos actores"

Tal es así que la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, afirmó que el presidente "está horrorizado viendo como tantas personalidades del Partido Demócrata apoyan esta iniciativa".

Si una ley así pasara por el Congreso, Trump la vetaría y la dejaría sin efecto.

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Las ciudades que desfinancien a la policía "verán un incremento exponencial en el crimen", afirmó el jefe de la Policía de Houston, Art Acevedo, al ser consultado. 

No solo Acevedo alzó su voz dentro de las fuerzas policiales: los departamentos policiales de distintas ciudades se unieron para rechazar la medida y expresar su desilusión y enfado por el pobre trato brindado hacia ellos.

Sin lugar a dudas, la muerte de George Floyd será explotada al máximo por el Partido Demócrata para su uso político, y no se detendrán hasta, como mínimo, las elecciones a realizarse en noviembre de este año. 

Pero las élites partidarias que promueven estas peligrosas medidas no serán quien sufran sus consecuencias, sino que serán absorbidas por los vecindarios de clase media-baja que verán un incremento exponencial en el crimen e inseguridad, frente al cual dejarán de estar protegidos, ya que irónicamente todas las ciudades que quieren abolir la policía, también prohíben la tenencia de armas por parte de la población civil.
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Estados Unidos

Ejemplo mundial: La Legislatura de Florida aprobó de forma unánime una ley para desalojar ocupas

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El estado sureño aprobó un proyecto de ley que permitirá penar de manera eficiente a aquellos que usurpen viviendas.

La Legislatura de Florida aprobó de manera unánime, algo que no ocurría en varias décadas, un proyecto de ley que habilita a propietarios a desalojar a inquilinos que se hayan instalado de manera permanente y sin autorización dentro de una vivienda sin consentimiento del propietario de la misma.

Mediante el proyecto legislativo apodado "HB 621", los propietarios se encontrarán autorizados a requerir inmediata asistencia de las fuerzas de seguridad para desalojar a aquellos inquilinos cuyos plazos de alquiler hayan sido superados y usurpen de manera ilegal la propiedad en cuestión.

A diferencia de otras leyes de desalojo como la de Nueva York, la nueva ley de Florida pone el énfasis en los derechos de los propietarios y no de aquellos que las usurpan ilegalmente, poniendo fin a una problemática que estaba aquejando al estado, como consecuencia de la masiva ola de inmigrantes que está dejando entrar Joe Biden al país.

En un primer aspecto, la ley reconoce la falta de derechos que poseen los usurpadores de viviendas por sobre las mismas en todos sus sentidos, para así agilizar los trámites y procedimientos de un desalojo en el caso de que sea necesario.

Con el objetivo de reducir los índices de criminalidad cometidos por aquellos que buscan instalarse de forma ilegítima en una vivienda que no les pertenece, los locadores o quienes designen como autorizados, tendrán la opción de contactarse con el sheriff para proceder con el correspondiente desalojo de los locatarios, a quienes se les haya pasado el plazo de estadía y amenacen con instalarse de forma maliciosa.

Dentro de la ley, sin embargo, se establecen algunas condiciones para llevar a cabo el desalojo con la ayuda de las fuerzas policiales, como por ejemplo la condición de que se haga presente y solicite la ayuda el legítimo propietario o incluso su apoderado con autorización.

Otras condiciones aclaran que debe haber en disputa una vivienda residencial en la cual los inquilinos hayan prolongado su estadía no autorizada de manera indefinida, así como también el ingreso de personas que no tienen que ver con el negocio inmobiliario pre-acordado.

Para proceder con el desalojo, los locadores que tengan las intenciones de expulsar a los inquilinos que actúen de mala fe deben presentar primero una solicitud requiriendo el desalojo adjuntando la titularidad de la propiedad, así como también el hecho por el cual están solicitando el desalojo.

A su vez, la solicitud deberán realizarlo ante la oficina del sheriff correspondiente al condado en el cual se encuentra la vivienda.

Por su parte, la ley también estipula que el propietario que realiza la solicitud para expulsar al locatario se encuentra en conformidad con el hecho de que toma conciencia de que el expulsado podrá tomar acciones legales contra el mismo en caso de que la denuncia que haya realizado posea elementos que carezcan de verosimilitud.

Al convertir la usurpación de viviendas un crimen, la ley estipula penas correspondientes a los distintos tipos de ocupación. Para el cargo de usurpación ilegal de terrenos, viviendas que además cuenten con la destrucción de propiedad de superados los 1.000 dólares, el nuevo proyecto legislativo estipula que se encuadrará bajo el supuesto de delito en segundo grado, lo cual puede asegurar penas de hasta 15 años de prisión y fianzas de hasta 15.000 dólares.

Los residentes del estado de Florida han festejado la aprobación de esta ley en el Congreso, que ahora se encuentra en el escritorio del gobernador Ron DeSantis para ser firmada y promulgada. La misma beneficia a aquellos propietarios que han sufrido en los últimos años los vacíos legales que permitían a los usurpadores mantenerse dentro de las viviendas ocupadas, mientras que los propietarios no podían tomar acciones contra los mismos.

A diferencia de otros estados como Nueva York, en el cual los usurpadores comienzan a poseer derechos por sobre la vivienda pasados los 30 días de la usurpación, la ley de Florida garantizará que el período de tiempo no sea un impedimento para realizar un desalojo.

El ejemplo de Nueva York es mucho más extremo incluso, debido a que pasado ese período, los propietarios no pueden realizar acciones como el cambio de cerradura o el despojo de pertenencias personales de los inquilinos ilegales, lo cual prácticamente les otorga los derechos por sobre la propiedad a los criminales.

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Estados Unidos

Papelón: Un grupo de republicanos anti-Trump le aprobó un paquete de expansión del gasto público a Biden

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En medio del estallido de una interna del Partido Republicano, diputados y senadores republicanos rebeldes se aliaron con los demócratas para expandir el gasto público hasta noviembre de este año.

Esta semana cerró con un viernes negro para los Estados Unidos. Un grupo de 73 diputados republicanos se unieron a los demócratas para aprobar en la Cámara de Representantes un masivo paquete de expansión del gasto público por 1,2 billones de dólares.

Si el proyecto no se aprobaba antes de las 23:59 horas del viernes, el Gobierno federal iba a entrar en "shutdown", un concepto que existe en Estados Unidos donde si el Congreso no puede ponerse de acuerdo en un presupuesto de gastos, se suspenden todas las erogaciones públicas hasta que ocurra.

Rápidamente, la ley pasó al Senado, donde nuevamente 27 senadores republicanos se unieron a los demócratas para aprobar el masivo paquete de gasto público. El resultado final fue de 286 votos positivos contra 134 negativos en la Cámara Baja (15 abstenciones), y de 78 contra 18 (4 abstenciones) en la Cámara Alta.

Todo indicaba que la ley no pasaría, ya que se necesitaban dos tercios de cada cámara para su aprobación. Esto requería un masivo apoyo del Partido Republicano para el proyecto de Biden, algo que parecía lejano luego de que Trump, líder del partido y su candidato a presidente, pidiera el voto negativo.

Pero la ley logró aprobarse, y a pesar de que requería el 67% del Congreso, terminó obteniendo el 68%, con una mayoría de republicanos votando a favor. La situación provocó una brutal crisis interna dentro del Partido Republicano.

Momentos después del resultado, la diputada trumpista Marjorie Taylor Greene, presentó una moción de censura contra el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, por haber tenido una masiva cantidad de miembros de su bloque que votaron con los demócratas.

"Es más una advertencia que una nota de muerte", dijo luego Greene a los periodistas. “No deseo infligir daño a nuestro bloque y sembrar el caos en la Cámara. Pero esto es básicamente una advertencia y es hora de que sigamos el proceso".

"Llegó la hora de que nos tomemos nuestro tiempo y encontremos un nuevo presidente de la Cámara que apoye a los republicanos y a nuestra mayoría republicana, en lugar de apoyar a los demócratas”, cerró su intervención a la prensa.

Si bien la moción no fue llevada al recinto, a partir de ahora Greene, que es la alfil de Trump en el Congreso, puede activar la medida y la Cámara tendría que votar dentro de dos días legislativos, lo que requeriría una mayoría simple para desalojar a Johnson.

La salida de Ken Buck

La situación fue tan dura para el Partido Republicano, que el diputado Ken Buck, representante por Colorado y un firme detractor de Trump, quien lideró varios intentos para hacerle un impeachment al expresidente, finalmente renunció a su banca el viernes después de la votación.

Increíblemente, Buck votó en contra del proyecto, por lo que no se alió con los demócratas, pero dijo que no aguantaba más los choques internos del Partido, y anunció su salida del Congreso, dejando su banca como vacante por el momento.

Al salir por la puerta, firmó dos peticiones de aprobación de la gestión que podrían obligar a votar sobre la ayuda a Ucrania, un proyecto que Biden envió al Congreso varios mesea atrás y que Mike Johnson viene cajoneando desde entonces.

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Estados Unidos

Invasión alienígena: Una horda de inmigrantes ilegales intentaron entrar por la fuerza a Texas y desbordaron a la Guardia Nacional

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La Guardia Nacional de Texas, sin apoyo de las fuerzas federales, tuvo que pelear para evitar que se desborda una masiva hora de latinoamericanos que intentaron entrar por la fuerza.

Un gran grupo de inmigrantes ilegales provenientes de México y de múltiples nacionalidades centroamericanas lanzó un intento de invasión contra la frontera texana este jueves. Los aliens intentaron abrirse paso entre soldados de la Guardia Nacional de Texas y barreras de alambre de púas en un cruce cerca de El Paso.

La situación insólita quedó plasmada en un video publicado en Twitter por la periodista del New York Post, Jennie Taer, donde se ve a un gran grupo de migrantes empujando y agrediendo a miembros de la Guardia Nacional de Texas en un hecho inédito.

Generalmente, los cruces ilegales se dan en zonas remotas, donde la Guardia Nacional no está presente; y si interviene alguno de las fuerzas de seguridad los inmigrantes huyen, especialmente desde el lanzamiento de la Operación Estrella Solitaria, donde el gobernador Greg Abbott habilitó a sus soldados a blindar la frontera.

La Operación fue el centro de atención esta semana, luego de que la Corte Suprema fallara en favor de Texas luego de que la Casa Blanca de Biden intentara derribar dicho operativo aduciendo que las fuerzas federales tienen la potestad de cuidar las fronteras y no las fuerzas de un estado en particular.

El grupo de inmigrantes incluso rompió el alambre fronterizo y se abalanzó sobre el muro fronterizo, también vigilado por guardias. También se vio a los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector de El Paso esperando mientras los guardias mantenían la puerta asegurada.

Desde que comenzó la Operación, más de 41.000 inmigrantes han sido arrestados por soldados de la Guardia de Texas acusados ​​de allanamiento de morada y conducta maliciosa, informó el gobernador de Texas el miércoles. "Continuaremos construyendo el muro fronterizo, usaremos gas natural para erigir alambre de púas para repeler a los migrantes y mantener barreras de boyas en el río", publicó el gobernador.

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