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Estados Unidos

“Desfinanciar la policía”: la peligrosa campaña de los demócratas que quieren convertir en ley

Tras el caso George Floyd, algunas de las voces más prominentes del Partido Demócrata se han hecho eco de un histórico reclamo del anarquismo de extrema izquierda: desfinanciar y abolir las fuerzas policiales. Los lugares que ya la han puesto en marcha, y sus consecuencias.

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Tras una semana de violencia en las calles por parte de la izquierda, las repercusiones por el asesinato de George Floyd están lejos de acabar. 
Ahora, defund the police” (“desfinancien a la policía”) es el cántico de moda en las manifestaciones, enmarcadas bajo el movimiento de Black Lives Matter y la organización terrorista Antifa. La campaña, apoyada por líderes comunales y políticos, se centra en abolir la policía como la conocemos y reformar su rol en la sociedad.
Las exigencias de estos manifestantes van desde recortar los fondos para las fuerzas policiales, hasta la abolición total de las mismas, reemplazándolas por un esquema de trabajadores sociales enfocados en las comunidades afroamericanas.
Una de las primeras personas con peso político en adherirse a la campaña fue Brian Fallon, jefe de prensa de la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016. Horas después, múltiples miembros del Partido Demócrata se encolumnaron bajo el eslogan, y rápidamente, la propuesta paso de ser una campaña twittera a convertirse en una realidad.

La ciudad de Los Angeles fue pionera al respecto: a través de su alcalde, Eric Garcetti, informó que planean recortar hasta 150 millones de dólares del presupuesto de la policía. El timing de dicho anuncio no fue el mejor, ya que ese mismo día, el Departamento de Policía de esa ciudad reportó en su informe semanal un incremento del 250% en los homicidios como secuelas de las violentas protestas.

El caso de la ciudad de Minneapolis, en Minnesota, es uno de los más particulares y bochornosos. El Departamento de Policía de esa ciudad era el lugar donde se desempeñaban los 4 oficiales, hoy encarcelados y a la espera de un juicio, involucrados en el asesinato de George Floyd. 

9 de los 12 miembros del Concejo Municipal de Minneapolis ya se manifestaron a favor de desfinanciar y desmantelar a dicho departamento, y están trabajando en un plan al respecto. El Concejo está controlado por el ala más radical del Partido Demócrata.

De acuerdo a Jeremiah Ellison, miembro del Concejo Municipal, la idea del plan es que todos los recursos de la fuerza policial sean destinados a trabajadores sociales y de la salud, como así también incluir a líderes comunales en el nuevo sistema.

El Concejo se expresó de tal manera a pesar de que Jacob Frey, el alcalde demócrata de extrema izquierda y quien tenía un importante control del órgano legislativo, haya anunciado que estaba en contra de esta idea.

Su forma de anunciarlo fue la peor de todas: Frey, de 38 años, estaba asistiendo a una de las protestas de Black Lives Matter. Luego de la manifestación, que incluyó destrozos de propiedad privada, bailes y concursos de canto, fue abordado por los manifestantes que le preguntaron si le daba su apoyo al desfinanciamiento de la policía.

Luego de mucho pensarlo y a pesar de estar rodeado de una multitud furiosa, el joven alcalde se negó a apoyar esta causa abolicionista tras lo cual fue echado de la manifestación entre abucheos y gritos de “vergüenza”, mientras le arrojaban cosas.

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Otro de los casos, aún más incomprensibles es el de la ciudad de Chicago, Illinois, donde la alcaldesa Lori Lightfoot, demócrata, ya anunció que presentará un plan con “monumentales reformas” sobre el sistema policial.

La ciudad de Chicago está catalogada como una de las más peligrosas dentro del territorio estadounidense. Tan solo en el período enero-mayo de 2020, la ciudad registró un total de 245 asesinatos y 1.127 heridos de bala, un incremento del 25% y 30% respectivamente frente al mismo período de 2019. 
Tan solo el pasado fin de semana, Chicago reportó la escalofriante cifra de 25 muertes y 85 heridos de bala, uno de los peores registros en los últimos años.
Otra de las ciudades que se unió a esta nueva corriente fue Nueva York, comandada por el ultra-demócrata Bill de Blasio. 
Miembros del Concejo Municipal plantean recortar alrededor del 7% del presupuesto de la policía de esa ciudad. De Blasio explicó que espera que el dinero ahorrado con el recorte sean transferidos a servicios sociales y a programas de reinserción juvenil.

De Blasio, pese a sus inconcebibles esfuerzos para contentar a su electorado, no parece ser muy bien recibido. La semana pasada corrió con la misma suerte que su par de Minneapolis: fue abucheado e insultado tras dar su discurso en una protesta.

Múltiples otras ciudades, entre ellas Seattle, en el Estado de Washington, y Austin, en el Estado de Texas, ya anunciaron que iniciarán gestiones para tratar una posible reforma policial. Si avanzan, se espera que aún más localidades sigan su ejemplo.

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Es posible, entonces, concluir que todas las ciudades que se sumaron a esta campaña de desfinanciar y desmantelar la policía, o al menos, que ya han puesto el tema en debate, comparten las mismos denominadores: son bastiones demócratas desde hace décadas, fueron las más afectadas por los saqueos y los destrozos en las protestas de los últimos días, y poseen cifras alarmantes de inseguridad y crimen que se incrementan año tras año.

Estas ciudades deberían estar enviando más recursos para su policía en vez de desfinanciarla o abolirla.

El candidato presidencial por el Partido Demócrata, el ex-vicepresidente Joe Biden, tras una serie de contradicciones en su discurso en los últimos días, salió a intentar calmar las aguas afirmando que él no defiende completamente un posible desfinanciamiento de la policía, y hasta llegó a decir entre sus balbuceos que aumentaría 300 millones de dólares su financiamiento.

Sin embargo, lejos de generar calma, la postura de Biden solo demuestra lo alejado que se encuentra el candidato presidencial con la verdadera agenda de su partido, y de su base electoral, cada días más empujada hacia la izquierda. 
Como si fuera poco, este lunes 8 de junio la líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que sí parece estar al día en las demandas de la ultra-izquierda norteamericana, presentó una ambiciosa reforma policial para ser debatida en el Congreso estadounidense.
Es un primer paso, vendrá mucho más, afirmó Pelosi luego de presentar una reforma que incluye, entre otras cosas, desfinanciación, prohibiciones a maniobras de defensa de los oficiales, y que establecería una base de datos nacional para monitorear casos de abusos policiales, y facilitaría acciones legales frente al excesivo uso de la fuerza, concepto de dudosa definición.
Para colmo, luego de hacer la presentación, los principales líderes demócratas en el Congreso se arrodillaron e hicieron 8 minutos de silencio por la muerte de Floyd, con bufandas adornadas con ornamentos y diseños de “orgullo africano”.

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El presidente Donald Trump no escatimó en rechazar tajantemente cualquier posibilidad de desfinanciamiento de la fuerza policial. El republicano afirmó:

“No desfinanciarán ni desmantelarán nuestra policía. Estoy orgulloso de su trabajo, nos permiten a todos vivir en paz. También queremos asegurarnos que en nuestra fuerza no haya malos actores”

Tal es así que la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, afirmó que el presidente “está horrorizado viendo como tantas personalidades del Partido Demócrata apoyan esta iniciativa“.

Si una ley así pasara por el Congreso, Trump la vetaría y la dejaría sin efecto.

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Las ciudades que desfinancien a la policía verán un incremento exponencial en el crimen“, afirmó el jefe de la Policía de Houston, Art Acevedo, al ser consultado. 

No solo Acevedo alzó su voz dentro de las fuerzas policiales: los departamentos policiales de distintas ciudades se unieron para rechazar la medida y expresar su desilusión y enfado por el pobre trato brindado hacia ellos.

Sin lugar a dudas, la muerte de George Floyd será explotada al máximo por el Partido Demócrata para su uso político, y no se detendrán hasta, como mínimo, las elecciones a realizarse en noviembre de este año. 

Pero las élites partidarias que promueven estas peligrosas medidas no serán quien sufran sus consecuencias, sino que serán absorbidas por los vecindarios de clase media-baja que verán un incremento exponencial en el crimen e inseguridad, frente al cual dejarán de estar protegidos, ya que irónicamente todas las ciudades que quieren abolir la policía, también prohíben la tenencia de armas por parte de la población civil.
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Estados Unidos

En plena crisis energética, los demócratas quieren cerrar la última central nuclear de California

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Si bien el gobernador Gavin Newsom pidió prorrogar el cierre hasta 2030, el gobierno de Biden reafirma su intención de que los dos reactores dejen de operar en 2024 y 2025, respectivamente.

La última central nuclear de California podría verse obligada a cerrar, a pesar de la prórroga de Newsom
Diablo Canyon, la última central nuclear operativa de California.

Mientras otros estados están apostando a aumentar la producción energética a partir de fuentes nucleares, California decidió iniciar el cierre de su última central nuclear, para 2025.

Diablo Canyon, la última central nuclear operativa de California, podría verse obligada a cerrar en 2025 a pesar de la prórroga de cinco años firmada por el gobernador demócrata Gavin Newsom, dejando al estado potencialmente corto de energía.

El martes, la Comisión Reguladora Nuclear (NRC) federal, que depende de Joe Biden, rechazó un intento de la Pacific Gas & Electric Company de restablecer las solicitudes de permiso que había retirado. Sus permisos actuales expiran en 2024 y 2025 para cada uno de los dos reactores de la central, y las nuevas solicitudes podrían tardar meses.

La decisión marca la última batalla en una larga lucha sobre el funcionamiento y la seguridad de la planta de Diablo Canyon. Mientras los demócratas a nivel nacional quieren cerrarla, el gobernador Gavin Newsom dice que debe seguir funcionando más allá de su cierre programado para 2025 para evitar posibles apagones como la transición del estado a la energía solar y otras fuentes renovables.

En octubre, Pacific Gas & Electric pidió a la Comisión Reguladora Nuclear que reanudara el examen de una solicitud presentada inicialmente en 2009 para ampliar la vida útil de la central, que posteriormente fue retirada después de que PG&E anunciara en 2016 sus planes de cerrar los reactores.

Según las normas vigentes, las licencias de explotación de los reactores hermanos expiran en 2024 y 2025, momento en el que se verían obligados a cerrar. Cabe aclarar que el apagón no es inmediato, y en los años previos a las fechas de corte, el reactor irá bajando su producción de energía año tras año hasta llegar a cero.

Si bien el propio Newsom apoyó por años el cierre de Diablo Canyon, desde el año pasado dio marcha atrás a su antigua oposición a la energía nuclear e instó con éxito a la legislatura estatal a votar a favor de ampliar la vida operativa de la central hasta 2030, para evitar cortes de luz en los próximos años.

El gobernador de California Gavin Newsom observa durante una visita a la Planta de Tratamiento de Agua de Antioch el 11 de agosto de 2022 en Antioch, California.

Tras varios cortes de electricidad en el estado, Newsom y los demócratas californianos, que se han fijado el objetivo de cero emisiones netas de carbono para 2045, no quieren perder ese 6% del suministro eléctrico que provee la central de Diablo Canyon, dado que la energía solar y eólica todavía son incapaces de llenar esa demanda.

Muy por el contrario, grupos ecologistas se mostraron eufóricos por la decisión de la NRC. Caroline Leary, abogada del Environmental Working Group (EWG), declaró en un comunicado que apoyan la decisión del gobierno federal y llamó a “recapacitar” a los legisladores del estado.

“No es demasiado tarde para que la Legislatura de California reoriente los mil millones de dólares destinados a la reactivación de estos reactores inseguros y antieconómicos al apoyo de fuentes de energía alternativas, seguras y renovables, como la energía solar y eólica, la eficiencia energética y la gestión de la carga”, sentenció, sin entender que estas fuentes de energía, aunque reciban miles de millones de dólares en inversiones, no son capaces de otorgar la misma producción de un reactor nuclear.

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Economía

“Ley de Impuestos Justos”: El Partido Republicano lanza un proyecto de ley para eliminar todos los impuestos federales

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Se trata de una reforma histórica y muy ambiciosa que pretende eliminar la mayor parte de los impuestos federales, reemplazándolos por un único impuesto generalizado al consumo. El proyecto tiene el apoyo de Trump y McCarthy.

El Partido Republicano de los Estados Unidos presentó un proyecto de ley sin precedentes para reformar el código fiscal del país, una iniciativa que surge desde el sector más conservador y defensor del liberalismo económico, y cuenta con el apoyo del ex presidente Donald Trump.

El recientemente nombrado Presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dio su visto bueno para el tratamiento de la ley y prometió respaldar el proyecto como parte de las negociaciones con el bloque trumpista para que aprueben su nominación.

La legislación propuesta busca eliminar miles de impuestos federales y unificaron en un impuesto único enfocado al sector del consumo. Entre otros, se eliminaría el Impuesto a las Ganancias, tanto individuales como corporativas, el Impuesto a la Herencia, el Impuesto a la Renta Financiera, el Impuesto a la Transferencia de Dividendos, el Impuesto a la Seguridad Social (cargas patronales y sociales), y casi la totalidad de los tributos que rigen a nivel nacional.

Todo indica que los republicanos tienen los votos para aprobar esta ley en la Cámara de Diputados, pero no en el Senado. Además, en el extraño caso que por lo menos 10 senadores demócratas voten a favor y la ley se apruebe, todo indica que Biden vetaría el proyecto.

La reforma tributaria del Partido Republicano

El proyecto propone la completa eliminación del Impuesto a las Ganancias de Estados Unidos, conocido allá como “Income Tax“, que se implementó por primera vez en el país en 1861 para costear la Guerra Civil y nunca fue eliminado después de que terminara el conflicto. Desde 1913 también se aplica para empresas.

De aprobarse este proyecto, ni los ciudadanos ni las sociedades pagarían ningún tipo de impuesto como una alícuota de sus ganancias imponibles anuales.

También se eliminaría el Impuesto a la Renta Financiera y a la Transferencia de Dividendos, conocido como “Capital Gains Tax“, que se cobra a partir de las ganancias obtenidas por activos que aumentan su valor o por el cobro de dividendos por la tenencia de estos activos.

Este impuesto fue introducido durante la gestión demócrata de Woodrow Wilson en 1913, y se estableció a valores absurdamente elevados. Con el pasar de los años se redujo considerablemente, y actualmente se ubica entre el 10 y el 40%. Es uno de los principales factores de distorsión en el mercado financiero.

Otro de los impuestos más importantes que se eliminaría es el de la Seguridad Social, conocido como “Social Security Tax“, implementado en 1935 por el también demócrata Franklin D. Roosevelt para financiar un masivo sistema de salud pública.

También, con el tiempo este sistema fue adaptado para los más necesitados y no de manera universal, y actualmente el tributo se ubica en el 6,2% de todas las personas que quieran acceder a él.

Impuesto Único a las Ventas

El programa dispone del reemplazo de todos estos tributos por un impuesto federal único y generalizado al consumo: las ventas de todo el país, sea cual fuere su naturaleza y casi sin excepción, estarían sujetas a una tasa del 30%.

Este esquema tributario se conoce como “Fair Tax”, y la generalización de la tributación al consumo promete complementar la mayor parte de los recursos que se perderían por la eliminación de impuestos federales.

Esta no es la primera vez que el Partido Republicano propone una reforma de las características descritas. En 1999, la mayoría republicana en el Congreso presentó una propuesta similar, y en la década de 1990 se presentaron múltiples proyectos para “achatar” la estructura de los impuestos federales. 

No solo se vería una reducción considerable de la tasa efectiva total, que es cuánto percibe en impuestos un contribuyente norteamericano promedio por todos los impuestos que paga a nivel distrital, estatal y federal, si no que además se simplificaría sustancialmente el sistema impositivo y se eliminarían muchas distorsiones en el mercado.

“Impuesto negativo” para sectores más vulnerables

La reforma de los republicanos eliminaría completamente las escalas “progresivas” sobre los impuestos federales. A modo de compensación, el programa tributario propone incluir una serie de reembolsos fiscales para los estratos más bajos de la sociedad.

A estos fines, todos los hogares recibirían un cheque mensual por parte del Gobierno federal, equivalente al 23% del umbral de pobreza ponderado por el tamaño efectivo de cada hogar en cuestión. Una idea similar al impuesto a la renta negativo que proponía el economista Milton Friedman en la década de 1960. 

Se pretende erradicar completamente la pobreza extrema garantizando un mecanismo redistributivo dentro de un sistema tributario muy simplificado, pero sin dejar de lado los incentivos para dinamizar la oferta laboral.

Las motivaciones del proyecto y las ganancias en eficiencia asignativa

La principal motivación teórica del proyecto es la virtual eliminación de la ineficiencia en el sistema tributario, la cual entra en juego cuando se aplican tasas progresivas y distorsivas, o cuando se penaliza sistemáticamente la acumulación de capital para favorecer mecanismos redistributivos por medio de tratamientos tributarios diferenciales y arbitrarios.

Todo esto se vería casi completamente eliminado, ya que los impuestos al consumo son los menos distorsivos entre la batería de opciones políticamente viables para la aplicación práctica (los impuestos de suma fija carecen de sentido político). La asignación de recursos en el sistema económico no se vería alterada por la distorsión del Estado, potenciando así el crecimiento económico de largo plazo y la riqueza por habitante.

La inversión, el consumo, el ahorro, y muchas otras variables agregadas, fluctuarían en sus valores naturales dadas las necesidades de la economía y los incentivos de los agentes, y su trayectoria no se vería alterada por distorsiones gubernamentales arbitrarias

Una vez asignados eficientemente los recursos en la economía de mercado, sólo entonces el Gobierno emprendería una acción redistributiva a través de los reembolsos fiscales, pero de manera que no se alteran los incentivos sobre el flujo eficiente de recursos y la generación de la riqueza inicial sobre la cual operaría la posterior redistribución.

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Estados Unidos

El Director de Investigación de Pfizer atrapado en una cámara oculta admitiendo que están “mutando el virus” para vender más vacunas

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Jordon Trishton Walker, quien se desempeña como director en la farmaceútica Pfizer tan solo a dos escalones del CEO, admitió prácticas ilegales para aumentar sus ventas.

El prestigioso grupo periodístico Project Veritas grabó en una cámara oculta al Director de Investigación y Estrategia de Desarrollo de Pfizer, Jordon Walker, admitiendo que la compañía está “mutando el virus” (en referencia al coronavirus) para poder vender más vacunas.

“Una de las cosas que estamos explorando es, ¿por qué no lo mutamos nosotros mismos para poder crear, desarrollar preventivamente nuevas vacunas, verdad? Entonces, tenemos que hacer eso. Sin embargo, si vamos a hacer eso, existe el riesgo de que, como se puede imaginar, nadie quiera tener una compañía farmacéutica que mute los malditos virus”, dijo Walker.

Los científicos de Pfizer están optimizando el proceso de mutación del coronavirus, pero van lento porque todos son muy cautelosos; obviamente, no quieren acelerarlo demasiado. Creo que también están tratando de hacerlo como algo exploratorio porque obviamente no quieres anunciar que estás descubriendo futuras mutaciones”, aseguró en una comida con un periodista encubierto que se hizo amigo del director del laboratorio para sacarle información.

No le digas a nadie. Prométeme que no le dirás a nadie“, le rogó Walker al que grababa la cámara oculta. “La forma en que el experimento funcionaría es que ponemos el virus en monos, y sucesivamente hacemos que se sigan infectando entre sí, y recolectamos muestras en serie de ellos”, contó.

Además, Walker dijo no tener dudas de que el virus fue creado en el Laboratorio de Virología de Wuhan y aseguró que Pfizer está haciendo algo parecido. “Tenés que estar muy controlado para asegurarte de que este virus que mutas no crea algo que va a todas partes. Que, sospecho, es la forma en que el virus comenzó en Wuhan, para ser honesto. No tiene sentido que este virus haya aparecido de la nada. Es una mierda”, sentenció Walker.

Y en otra parte de la conversación, admitió que lo que están haciendo no es del todo legal: “No se supone que hagas investigación de ganancia de función con un virus. Al menos no regularmente”.

Podemos hacer estas mutaciones de estructuras seleccionadas para hacerlas más potentes. Hay investigaciones en curso al respecto. No sé cómo va a funcionar eso. Más vale que no haya más brotes por Jesucristo”, completó.

El alto ejecutivo de Pfizer también admitió que el COVID-19 ha sido una “enorme fuente de ingresos” para la empresa y seguirá siéndolo. “Algunas veces surgen mutaciones para las que no estamos preparados. Como con Delta y Omicron. Y cosas asi. ¿Quién sabe? De cualquier manera, va a ser una fuente de ingresos. COVID fue y será una fuente de ingresos para nosotros por un tiempo en el futuro. Obviamente”, admitió Walker.

El director de Pfizer también mencionó lo que él describe como una “puerta giratoria” para todos los funcionarios del gobierno que es “bastante bueno para la industria para ser honesto, es malo para todos los demás en Estados Unidos“.

Porque si los reguladores que revisan nuestros medicamentos saben que una vez que dejen de ser reguladores, querrán trabajar para la compañía”, dijo Walker, “no van a ser tan duros con la compañía de la que obtienen sus trabajo“.

El gigante farmacéutico tiene el récord de la multa más grande pagada por una demanda por fraude en la atención médica y todavía está envuelto en el escándalo de corrupción que involucra las negociaciones del presidente de la Comisión Europea sobre la adquisición de vacunas.

Poco después de la publicación del video, Project Veritas publicó documentos internos de Pfizer, una empresa que aseguran tienen infiltradas con “decenas de informantes“, que verifican que efectivamente Jordan Walker es director de Pfizer.

El senador Ron Johnson, una de las figuras más fuertes del Partido Republicano en el Rust Belt (Wisconsin, Michigan, Pensilvania), pidió este jueves en respuesta a la viralización del video que el Congreso investigue a los fabricantes de vacunas y el proceso de aprobación para sus medicamentos.

Las agencias federales de salud han sido capturadas por Big Pharma y han abandonado gravemente sus funciones durante la pandemia”, dijo Johnson. “Es hora de que el Congreso investigue a fondo a los fabricantes de vacunas y todo el proceso de aprobación de la vacuna COVID”, dijo.

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