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Estados Unidos

El asesinato de un afroamericano en Minneapolis convierte a la ciudad en una zona de guerra

Luego del asesinato de George Floyd por parte de un policia blanco, la comunidad afroamericana explotó en violencia en la ciudad de Minneapolis, impulsada por las pandillas locales. El gobernador demócrata, desesperado, le pidió a Trump que envíe la Guardia Nacional.

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El pasado 25 de mayo, un estadounidense afroamericano llamado George Floyd fue asesinado por un policía blanco en la ciudad de Minneapolis, del Estado de Minnesota. Su muerte fue grabada por transeúntes que vieron como el policía apretaba contra el piso a George luego de que se resistiera al arresto. 

Posteriormente, el Departamento de Policía de la ciudad aclaró que el Floyd había querido pagar con un cheque falso y los policías se acercaron a increparlo y cuestionarlo por el delito pero la situación se fue de control. De todos modos ya era muy tarde, el policía que lo asesinó groseramente, Derek Chauvin, aparece en el video con la rodilla sobre su cuello, en un acto de imprudencia policial que debería terminar con el policía tras las rejas.

Dada la enorme historia de conflictos raciales de EE.UU., la comunidad afroamericana de Minneapolis reaccionó de la peor manera posible. En un primer momento manifestantes pacíficos salieron a las calles y pidieron por el arresto de los 4 policías involucrados, pero luego de unas horas, distintas pandillas afroamericanas salieron a las calles, y con la excusa de la protesta incendiaron edificios, comisarías, shoppings, restaurantes, comercios, colectivos del transporte público, autos estacionados por la calle, y mucho más. 

La violencia fue escalando y la ciudad amaneció el jueves arrasada, quemada hasta sus cimientos. Las imágenes parecen una zona de guerra.

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No contentos con la destrucción, los incendios y los saqueos, la horda de pandillas en la ciudad reanudó sus protestas durante el jueves por la noche y en la mañana de este viernes.

Buscando asesinar a todos los policías de la comisaría del 3er Precinto de Minneapolis, los terroristas incendiaron el edificio e intentaron entrar, pero la policía se había barricado y el fuego impidió su ingreso.

El nivel de violencia en ese momento ya excedió cualquier nivel que pueda manejar la policía y el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, llamó desesperado en la madrugada del viernes y le pidió al presidente Trump que envíe la Guardia Nacional, la reserva oficial del Ejército de Estados Unidos para defender el continente y aplacar este tipo de disturbios internos.

Por lo menos 500 soldados fueron enviados al epicentro de los disturbios y por el momento su objetivo será impedir que se siga destruyendo la propiedad privada y abrir camino de circulación entre las estaciones de bomberos y los edificios incendiados.

El presidente Trump publicó en su cuenta de Twitter unas horas antes que el intendente de la ciudad, el “débil zurdo radical” Jacob Frey, debía controlar la situación o que enviaría al Ejército, lo cual finalmente hizo tras una conversación telefónica con el gobernador.

En el tweet puso “cuando los saqueos comienzan, los tiros comienzan”, recordándole a los violentos terroristas que la Guardia Nacional tiene permitido abrir fuego contra quienes estén cometiendo graves delitos contra el orden público.

Irónicamente, Twitter le puso una censura al tweet del presidente por esta frase, horas después de que Trump firmara un decreto reglamentando que cualquier red social que censure contenido perdería la inmunidad legal que hoy disfruta. Claramente hay un ataque sistemático y específico contra el presidente, ya que ningún tweet de los manifestantes llamando a la violencia y el terrorismo fue censurado.

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No es la primera vez que pasa.

La situación que atraviesa Trump es muy parecida a la que atravesó el ex-presidente George H.W Bush en el año 1992 en plena campaña electoral contra el demócrata Bill Clinton. 

Bush venía de un año 1991 excelente, la economía iba relativamente bien y la política exterior era sobresaliente, bajo su mandato cayó el muro de Berlín y terminó la Guerra Fría, se realizó la exitosa liberación de Panamá y se luchó la Guerra del Golfo.

En el año 1991, Bush contaba con un nunca antes visto 89% de aprobación, parecía imposible que pierda la re-elección. Sin embargo, 1992 contaría otra historia. 

En el último año de Bush ocurrió el famoso caso de Rodney King: un taxista afroamericano fue agredido brutalmente por 4 policías blancos. Está agresión policial y la posterior absolución de los policías fueron las causales detonantes de los masivos disturbios en Los Ángeles de 1992, donde miles de jóvenes afroamericanos y latinos llevaron a cabo protestas violentas y terroristas, también impulsados por pandillas.

La recesión de ese año y el conflicto racial le costaron la re-elección a Bush, y varios medios de sesgo demócrata quieren instalar la idea de que Trump va correr la misma suerte que el difunto ex-presidente. 

Al igual que Bush, Trump enfrenta tanto problemas económicos y problemas sociales en el año electoral; una fuerte recesión y este conflicto racial grave por la muerte a manos de la policía del afroamericano George Floyd. 

Pero a diferencia de Bush en el 92, quien se enfrentó a un fortalecido Bill Clinton, Trump se enfrenta a un Joe Biden debilitado.

Tampoco podemos pasar por alto el hecho de que Bush contaba con un Partido Republicano dividido en las elecciones del 1992 ya que había incumplido su promesa de no subir impuestos, no es el caso de Trump quien cuenta con un apoyo del 98% dentro del Partido Republicano.

Otro factor de suma importancia es que la recesión que atraviesa Estados Unidos ahora no está directamente asociada por la gente al Presidente Trump, en cambio la gente sabe muy bien que la crisis se debe al coronavirus originado en China.

Tanto en 1992 como en este año, prevalece el rumor que la situación fue envalentonada por el Partido Demócrata y sus conexiones con las pandillas locales de afroamericanos. Lamentablemente, casos como el de King y el de Floyd ocurren varias veces por año, pero solo éstos han incitado conflictos que pusieron en jaque al país y al gobierno. Además, ambos casos ocurrieron en bastiones demócratas, como Los Ángeles y Minneapolis. 

Sin lugar a dudas, existe un escalamiento del conflicto incitado por punteros políticos del Partido Demócrata, que manejan estos conflictos raciales como quieren e instalan la narrativa que quieren. 

En 1992 querían mostrar que Bush era tan sanguinario en territorio estadounidense como lo había sido en el exterior, televisando minuto a minuto la respuesta del Ejército combatiendo a los protestantes en Los Ángeles. Este año tal vez quieran mostrar lo mismo, y poder adjudicarle a Trump no solo las muertes del COVID-19, si no la de muchos afroamericanos que han llevado una disputa que debería darse en la Justicia, a las calles y al enfrentamiento civil.

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Estados Unidos

La política de Biden en todo su esplendor: Estados Unidos atraviesa la peor escasez de leche en polvo para bebés de la historia

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Inflación, regulaciones excesivas, intervención estatal en el mercado y un gobierno corrupto crearon la fórmula perfecta para que Estados Unidos se quede sin leche en polvo para bebés.

En los últimos meses, miles de estadounidenses habían empezado a reportar que había desabastecimiento de leche en polvo para bebés. El gobierno ignoró estas denuncias y en varias conferencias de prensa, la vocera presidencial Jen Psaki trató esta situación de “conspiraciones de la extrema derecha”.

Pero hoy es una realidad que aqueja a los casi 4 millones de bebés nacidos en el último año. Millones de familias denuncian que la leche en polvo básica escasea, y que las leches en polvo con vitaminas, las más usadas por recién nacidos que necesitan el suplemento, directamente no se pueden encontrar en ningún mercado del país.

Desde ya, como nos dice la teoría económica, siempre que hay escasez de un producto, es porque hubo una intervención del Estado. Y una pequeña investigación nos permite llegar al núcleo de este problema: Joe Biden y el gobierno demócrata.

Desde la Casa Blanca aseguran que la reciente clausura de una fábrica en Michigan, tras encontrarse que la leche preparada tenía pequeños trazos del patógeno Cronobacter sakazakii, es la causante del desabastecimiento.

Sin embargo, hay cientos de fábricas en todo el país que producen uno de los productos más básicos del mercado. Además, estas “baby formulas” se retiran del mercado todos los años y nunca crearon un colapso en los supermercados ni requieren que las farmacias instauren un racionamiento de leche al estilo soviético. Así que algo más está pasando aquí.

Lo que está realmente de fondo aquí es un endurecimiento injustificado de las regulaciones para la leche en polvo, que ha derrumbado las importaciones de Europa. El año pasado, Biden instruyó a la FDA a que pusiera normas más estrictas para la mayoría de productos que salen de Europa.

Esto llevó a que por tecnicismos en el etiquetado, color del polvo o incluso el material utilizado en el empaquetado, la importación de prácticamente todas las marcas europeas fueron frenadas.

Esto no siempre fue así. Parece ser que hay un grupo de lobby de las empresas que hacen leche en polvo en Estados Unidos que están pidiendo hace años que se impongan mayores restricciones a los productos que llegan de Europa.

En 2019, este grupo de lobby intentó que Trump impusiera más regulaciones, pero luego de que un estudio del Instituto Nacional de Salud (NIH), tan venerado en estos días por la pandemia, encontró que muchas fórmulas europeas cumplen con las pautas nutricionales de la FDA y, de alguna manera, incluso podrían ser mejores que las fórmulas estadounidenses, porque la Unión Europea prohíbe ciertos azúcares, como el jarabe de maíz, y exige que las fórmulas tengan una mayor proporción de lactosa, Trump no dio lugar a los pedidos.

Pero este grupo no desistió y volvió a intentar con Biden, quien rápidamente accedió e impuso nuevas regulaciones en un mercado que ya estaba altamente regulado.

La escasez empezó a notarse a fines del 2021, cuando se empezaron a terminar los stocks generados durante el 2020, que vio un récord de ventas de leche en polvo, y las empresas estadounidenses no lograron cumplir con la producción que supliría la demanda para el año siguiente.

Entre la incertidumbre por la inflación, la recesión y el hecho de que en 2021 todavía había fuertes restricciones sanitarias que impedían el normal funcionamiento de las fábricas, las empresas que tienen el control de la producción de leche en polvo, fallaron en cumplir con la demanda.

La política de “baby formula” de Estados Unidos ha generado estragos en el mercado en los últimos años, una bomba que hace mucho tiempo está a punto de estallar

Desde la década del ’80, el Departamento de Agricultura tiene un grupo especial llamado WIC, abreviatura de Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños, que brinda una variedad de servicios a mujeres lactantes y sus niños pequeños. 

Desde el 2009, tras una serie de reformas introducidas por Obama, el WIC se convirtió en el mayor comprador de fórmula infantil en los Estados Unidos, y solo hace negocio con tres empresas, que rápidamente se hicieron con el control del mercado: Abbott, Mead Johnson y Gerber. Estas tres empresas representan el 95% de las ventas del mercado.

Un mercado interno oligopolizado por contratos preferenciales del Estado a sus empresas amigas, un fuerte bloqueo regulatorio a las importaciones impulsados por el lobby de estas mismas empresas, y un gobierno federal corrupto que permite todo esto. La fórmula exacta para la escasez de algo tan básico como leche en polvo para bebés.

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Estados Unidos

Cumbre de las Américas 2021: Estados Unidos analiza invitar a Maduro y Bolsonaro evalúa no asistir

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Seguridad Nacional y el Departamento de Estado debaten la invitación a Maduro mientras AMLO amenaza con faltar si no se lo invita y Bolsonaro si se lo invita. Se realiza el 6 de junio en California.

La Cumbre de las Américas 2021 ha de realizarse en Los Ángeles, California, del 6 al 10 de junio, luego de aplazarse el año pasado por el coronavirus, pero todavía las invitaciones no llegaron a las delegaciones, mientras el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado analizan los últimos detalles.

Como ocurre hace ya muchos años, varios dictadores del continente no iban a estar invitados. Entre ellos el dictador venezolano Nicolás Maduro, el dictador cubano Miguel Díaz-Canel y el dictador nicaragüense Daniel Ortega.

Sin embargo, los gobiernos de México y Argentina se unieron para enviarle una carta de queja a Washington, reclamando que quieren “una cumbre sin exclusiones“. El canciller argentino, Santiago Cafiero, incluso fue un paso más y pidió que no se excluya del G20 a Rusia.

Por su parte, López Obrador hizo un inusual viaje por Centroamérica, con reuniones sin tapujos con los dictadores de Cuba y Nicaragua. “Que las autoridades de cada país decidan libremente si asistan o no a dicho encuentro, pero que nadie excluya a nadie“, señaló en su viaje.

Si bien esta petición hubiera sido desestimada por lo absurdo en cualquier otro contexto, el gobierno de Biden ha entrado en un proceso de normalización de relaciones con Venezuela, enfocado en levantar su producción de petróleo y sustituir las ventas rusas.

Según varios medios locales, Biden no descarta invitar a Maduro, quien le expresó a sus asesores en una reciente visita a Caracas que lo que quiere es la aceptación de Washington de que su gobierno es legítimo.

Tanto Biden como Maduro están en un equilibrio fino. Se reúnen sus comitivas constantemente, se da luz verde para la explotación de petróleo de Chevron pero luego tienen que tensar para mantener la fachada. El chavismo recibe a un ministro iraní y Washington sigue mostrando niveles de apoyos relativos a la oposición venezolana.

Biden tiene una interna en su propia administración respecto a este tema. Fuentes muy cercanas a Washington confirman que la disputa es entre el Consejo de Seguridad Nacional que lidera Jake Sullivan y Anthony Blinken, cabeza del Departamento de Estado

La pelea en realidad es entre sus segundos, Juan González, principal asesor para América latina y el Caribe, y Brian Nichols, quien ostenta el mismo cargo para la región pero dentro del Departamento de Estado.

González, un colombiano con ciudadanía estadounidense que viene asesorando personalmente a Biden en asuntos latinoamericanos hace varias décadas, es uno de los promotores del avance en el vínculo con Caracas y, por consecuencia, está a favor de la invitación a Los Ángeles, mientras que Nichols, un funcionario de carrera que viene de la vieja escuela del Partido Demócrata, quiere evitarlo a toda costa.

La primera línea del Consejo de Seguridad Nacional (Jake Sullivan, Juan Gonzalez, entre otros) son partidarios de un deshielo con Venezuela y tienen el oído de Biden, pero la decisión final está en manos del Departamento de Estado, quien organiza en última instancia el evento.

En todo este caos, Jair Bolsonaro levantó la voz, y anunció que si los dictadores de Cuba, Venezuela o Nicaragua pisan Los Ángeles, él no tiene nada que hacer allí. Sin embargo, reportes indican que Bolsonaro no confirmaría su asistencia incluso si se garantiza que los dictadores comunistas no irán.

Su tensa relación con Joe Biden y su descontento por la decisión del líder demócrata de derribar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Brasil que había casi sellado con Trump, son los catalizadores.

Bolsonaro fue uno de los últimos mandatarios del mundo en felicitar a Biden por haber ganado la elección, mientras esperaba que el Colegio Electoral se expida sobre el evidente fraude electoral que hubo en 2020. Sin embargo, ese tweet del 15 de diciembre del 2020, fue su primer y último contacto directo con el presidente demócrata.

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Economía

Los demócratas proponen introducir controles de precios en Estados Unidos para combatir la inflación

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La bancada demócrata en la Cámara de Representantes intentará usar su mayoría para establecer un congelamiento estricto en el precio de la gasolina y algunos alimentos en todo el país.

La presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció que la bancada demócrata presentará un proyecto para reintroducir los controles de precios en la economía, algo que no se veía desde que fueron completamente desmantelados por la administración de Ronald Reagan en 1981.

El oficialismo posee una mayoría de 221 bancas en la Cámara de Representantes, junto con un empate técnico en el Senado con 50 bancas aseguradas. El proyecto cuenta con el aval del establishment del partido, y tiene le visto bueno de la Casa Blanca, por lo que se espera que pase fácilmente por la Cámara Baja, y luego dependerá del senador Joe Manchin, un demócrata conservador, para aprobarla en la Alta.

Los demócratas proponen una ley que le otorga poder al Presidente para ilegalizar cualquier tipo de aumento en el precio de la gasolina. Ahora, el Gobierno no solamente culpa a la guerra entre Rusia y Ucrania por generar inflación, sino que también apunta contra los empresarios locales.

En palabras de la propia Nancy Pelosi, la ley se propone “detener la especulación de precios”. En la misma línea de pensamiento, la vocera de Biden, Jen Psaki, ya se había referido anteriormente a propósito del aumento del precio de los alimentos, culpando a la “especulación de los conglomerados empresariales” por la inflación.

Psaki fue incluso reivindicada públicamente por la vicepresidente argentina Cristina Fernández de Kirchner, como una nueva corriente más izquierdista dentro del Partido Demócrata.

Las medidas, de eventualmente aprobarse, provocarán un profundo desaliento para la inversión en petróleo y gas. Al no poder colocar precios de mercado, los productores terminarán haciendo un ajuste vía cantidades, un fenómeno ampliamente estudiado en la literatura económica y la razón principal del fracaso sistemático de los controles de precios. El desaliento a la producción y el desabastecimiento son los peligros potenciales de la ley.

Se trata de la segunda gran ofensiva del Gobierno demócrata para controlar los precios, después de que el propio presidente Joe Biden estableciera una ley para controlar los precios de los medicamentos recetados.

Algunos estudios realizados por la Tax Foundation de los Estados Unidos revelan que los controles sobre el precio de los medicamentos ya están desalentando la inversión en investigación y desarrollo, y en última instancia se está desalentando la producción para abastecer la demanda de los consumidores.

Un análisis de la Oficina del Congreso estadounidense llegó a la misma conclusión, y determinó que “Si bien los precios más bajos conducirían a un mayor uso de los medicamentos existentes, una menor investigación y desarrollo conduciría a un menor número de medicamentos nuevos”.

El Partido Demócrata abandonó la moderación y cualquier tipo de “centrismo” con el cual se había caracterizado en la década de los 90, y volvió a abrazar las ideas estatistas e intervencionistas de mediados del siglo XX.

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