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Estados Unidos

El cantante R. Kelly fue sentenciado a 30 años de prisión por delito tráfico de mujeres y abuso sexual

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El “rey del R&B” fue condenado por liderar una red de tráfico de mujeres, inclusive menores de edad, a las cuales abusaba y vendía a otras personas.

En otro caso de tráfico sexual de mujeres en Estados Unidos, y tan solo dos días después de la sentencia por la red de pedofilia de Jeffrey Epstein, el cantante Robert Sylvester Kelly, mejor conocido como R. Kelly, fue sentenciado a 30 años de prisión por un tribunal federal de Brooklyn, luego de ser condenado por nueve cargos de tráfico sexual y crimen organizado.

La jueza Ann Donnelly dijo, antes de determinar la condena, que el comportamiento de Kelly fue violento y “cuidadosamente planeado”. Además, se refirió a la “indiferencia hacia el sufrimiento humano” y dijo que dejó “vidas rotas” a su paso.

A diferencia de la floja sentencia a Ghislaine Maxwell, en este caso el fallo fue ejemplar. Los 30 años equivalen a una cadena perpetua y sobrepasan por cinco años la condena que había pedido la fiscalía.

Ya en la década del ’90, se había casado ilegalmente con la famosa cantante Aaliyah, quien en ese momento era menor de edad, con tan solo 15 años. R. Kelly fue denunciado por haber filmado videos de la pareja teniendo relaciones sexuales, lo cual constataba como pornografía infantil. Sin embargo, tras un largo juicio, en 2008 fue finalmente exonerado, en un caso que despertó la furia de otras mujeres menores de edad que en los años anteriores también lo habían denunciado por abuso sexual.

Por suerte, en enero del 2019, un documental titulado Surviving R. Kelly (Sobreviviendo a R. Kelly), volvió a despertar las acusaciones de decenas de mujeres que habían sido calladas a lo largo de los años por el equipo de prensa del músico.

Tal vez en el único caso de cancelación social justificable de los últimos años, se creó un movimiento de mujeres en contra de R. Kelly y rápidamente su productora, RCA Records, terminó su contrato con el cantante y se sumó a los litigios en su contra.

R Kelly había producido el disco de Aaliyah, “Age is Just a Number” (La Edad es Solo un Número). Se casaron ilegalmente en 1994, y ella murió en un sospechoso choque de avión en 2001.

Ese año, el Fiscal Federal del Distrito Este de Nueva York inició una demanda en su contra, en representación de 9 víctimas distintas. En 2021, después de dos años de un juicio que fue postergado por el inicio de la pandemia, un jurado lo había encontrado culpable de extorsión y otros cargos en un juicio.

En agosto además empezará otro juicio en su contra, litigado por el Fiscal Federal del Distrito Norte de Chicago, donde se reabrió la causa del 2008 y la fiscalía argumenta que R. Kelly extorsionó y repartió coimas para que el jurado lo exonere. Podría enfrentar otros 20 años de prisión por estos cargos, que se sumarían a los 30 ya sentenciados.

La condena

R. Kelly fue condenado por liderar una asociación ilícita (racketeering, en inglés) cuyo objetivo era secuestrar mujeres, abusar de ellas, y luego venderlas para su explotación sexual.

En julio de 2019, los fiscales alegaron que R. Kelly lideraba “una asociación ilícita que se aprovechaba de las mujeres y niñas que asistían a sus conciertos para que las víctimas pudieran estar disponibles para participar en actividades sexuales ilegales con él en cualquier momento“. 

Kelly fue declarado culpable de “extorsión y múltiples actos predicados” en el juicio de 2021. Una declaración de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York dijo que Kelly, durante casi 30 años, dirigió una asociación criminal que incluía a otros que se desempeñaron como sus guardaespaldas, gerentes, contadores, corredores de bolsa, prenseros y asistentes personales.

Las mujeres secuestradas por el equipo de R. Kelly tenían que seguir las reglas establecidas por el artista, como no comer para bajar de peso, estar siempre disponibles para mantener relaciones sexuales y cortar todo contacto con familiares y amigos.

Según explicaron las víctimas, en un primer momento ellas querían estar “bajo la esfera de influencia” del músico, pero que no sabían en el infierno en el que se estaban metiendo. Además, contaron que después no podían escapar, ya que todo estaba diseñado para que dependieran económicamente de él.

“R. Kelly nos obligaba a tener relaciones sexuales con él y con otras personas, y grababa todos los encuentros sexuales”, explicó una de las víctimas en su testimonio. “Nos decía que si tratabamos de escapar le enviarían los videos nuestros a nuestros familiares, y luego nos dejarían en la calle sin dinero“.

Estados Unidos

Sigue la persecución de Biden: Ahora va contra Rudy Giuliani por defender a Trump en la causa del fraude electoral

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El abogado de Trump fue imputado por la fiscal del condado de Fulton por haber representado al ex presidente durante las acusaciones de fraude electoral en el Estado de Georgia.

Este lunes, el ex alcalde de Nueva York y dirigente republicano Rudy Giuliani anunció que es objeto de una investigación penal del Estado de Georgia y del Departamento de Justicia de Biden debido a su trabajo como abogado de Donald Trump exponiendo el fraude electoral ocurrido en las últimas elecciones presidenciales del año 2020.

La investigación está siendo liderada por Fani T. Willis, una activista judicial demócrata que se desempeña como Fiscal General del condado de Fulton, y está siendo supervisada por la Comisión del 6 de Enero, un comité creado por legisladores demócratas en el Congreso que se encarga de perseguir a personas cercanas a Trump sin que estas puedan hacer uso de su derecho a defensa, pues las audiencias son cerradas y con una limitada presentación de testigos. Además, Willis está siendo asesorada por el Fiscal General a nivel federal, Merrick Garland.

De acuerdo a sus abogados, es probable que Giuliani sea llamado a declarar este miércoles en Atlanta, donde se le preguntara sobre su relación con su cliente. Los abogados del neoyorquino ya avisaron que Giuliani invocará el principio de confidencialidad de abogado-cliente, que le impide a cualquier profesional que ejerce la abogacía revelar las conversaciones privadas que ha tenido con su cliente.

La tesis de Willis y de la comisión demócrata se centra en demostrar que Donald Trump conspiró con sus aliados, especialmente sus abogados, para “interrumpir el proceso democrático y robarse unas elecciones que fueron justas, libres y democráticas”, lo cual no tiene sentido ya que Trump en ningún momento intentó cambiar el resultado de la elección por vías no legales, y siempre se vinculó con las Legislaturas estatales para analizar sus opciones después de que saliera a la luz el fraude electoral.

Con esta maniobra, los demócratas buscan quebrar la lealtad de Giuliani para con Trump y que ofrezca algún tipo de testimonio que lleve al expresidente a ser imputado penalmente y puesto en el banquillo de los acusados. Al respecto, Robert Costello, integrante del equipo de Giuliani fue tajante: “Si esta gente cree que va a hablar de las conversaciones entre él y el presidente Trump, están delirando”.

El gobierno demócrata no le va a perdonar a Giuliani sus esfuerzos por evitar el fraude electoral de Biden. Por su rol como abogado acusante en este caso, el año pasado un tribunal en Nueva York le suspendió su matrícula de abogado y le impidió ejercer la práctica profesional.

Por su parte, Smarmatic y Dominion, las dos empresas que manejaron el conteo electoral en los estados donde se denunció fraude, presentaron demandas civiles contra el abogado neoyorquino exigiendo compensaciones económicas por haber sido “difamadas”.

No se sabe si estas demandas prosperarán, ya que en Estados Unidos para que una difamación tenga lugar, debe comprobarse que fue mentira. Por lo que las dos empresas deberán abrir su código y todos los registros al público, para demostrar que no hubo fraude, algo que se negaron a hacer durante la denuncia de Giuliani en 2020.

Junto con Giuliani, este mismo lunes también fue llamado a declarar por la causa en Georgia el actual senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham, el nexo de Trump con el establishment del Partido Republicano y quien se puso al hombro su campaña presidencial para 2024.

Además, a fines de junio, el celular de John Eastman, un miembro del equipo de legal de Trump, fue confiscado por agentes federales. Algo que también sufrió el legislador trumpista Scott Perry en los últimos días

Las recientes atropellos judiciales por parte del Departamento de Justicia y el FBI a Trump y a su círculo íntimo demuestran que se ha elucubrado un plan usando los tres poderes del Estado para impedir la candidatura presidencial líder republicano a toda costa.

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Estados Unidos

El FBI le confiscó a Trump sus pasaportes durante el allanamiento en Mar-a-Lago ordenado por Biden

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El ex presidente denunció que los agentes que participaron de la redada se llevaron todos sus pasaportes y que no puede salir del país. Una apretada política digna de una dictadura comunista del Caribe.

En medio de una persecución política y judicial sin precedentes en la historia de los Estados Unidos, el expresidente Donald Trump utilizó su red social este lunes para denunciar que sus pasaportes fueron robados por oficiales del FBI durante el allanamiento ejecutado en Mar-a-Lago, su residencia y base de operaciones políticas ubicada en Palm Beach, Florida, la pasada semana.

En la redada del FBI en Mar-a-lago, me robaron mis tres pasaportes (uno caducado), junto a todo lo demás. Esto es un asalto a un oponente político a un nivel nunca antes visto en nuestro país. Tercer Mundo“, expresó Trump en la plataforma Truth Social.

Es probable que los tres pasaportes a los que se refiere Trump en su comunicado sean, además del propio que posee como ciudadano estadounidense, un pasaporte diplomático emitido para oficial del gobierno y un pasaporte solo expedido para presidentes. La confiscación de estos documentos es significativa y un serio abuso judicial, pues sin un pasaporte legal, Trump no puede salir del país.

El pasado jueves, en conferencia de prensa, el Fiscal General de Biden, Merrick Garland, se encargó de aclarar lo evidente: que él personalmente había aprobado el allanamiento a la residencia del exmandatario como parte de una supuesta investigación federal en curso liderada por su departamento y el FBI.

La orden de allanamiento fue liberada al público durante las últimas horas del viernes debido a la creciente presión política y social. Sin embargo, lo verdaderamente importante no se encuentra en la orden, sino en la solicitud de allanamiento (affidavit) que el Departamento de Justicia presentó ante el juez exponiendo los motivos para justificar dicha redada, un documento que Garland se niega rotundamente a publicar.

Según el mismo FBI reporta, en el allanamiento, los agentes federlaes se llevaron un total de 11 cajas con documentos y fotografías personales de Trump, y un total de 27 cajas con documentos de diversa índole, principalmente documentos generados durante su mandato.

La orden firmada por el juez Bruce Reinhart, donante de Obama y ex abogado del pedófilo internacional Jeffrey Epstein, autoriza a allanar “todo archivo presidencial o gubernamental” creado durante toda la etapa presidencial del republicano, bajo la excusa de que se deben proteger los documentos clasificados.

Los abogados de Trump señalaron que como presidente, su cliente había publicado un memo durante los primeros días de su mandato indicando que cualquier documento que él sacara de la Casa Blanca automáticamente quedaba desclasificado, por lo que ningún archivo incautado está clasificado. Según explicó Trump, estos documentos se los llevó a Mar-A-Lago para construir la Biblioteca Gubernamental 2017-2021, como es deber de todos los presidentes que dejan el cargo.

Caída esta versión que intentó instalar la Casa Blanca, Trump denunció que la orden fue utilizada como una cortina de humo por el gobierno de Biden para perseguir a su principal adversario político, confiscándole así sus documentos personales y violando patentemente sus derechos constitucionales.

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Estados Unidos

Biden prohíbe el uso de Tornado Cash, la aplicación que permite transferir criptos de manera anónima

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El Tesoro puso a la aplicación en la lista SDN junto a grupos terroristas, el gobierno de Irán y de Corea del Norte y a oligarcas rusos por la “guerra contra la evasión” de Biden.

El lunes pasado, el Tesoro de los Estados Unidos realizó una votación interna luego de que el presidente Joe Biden les pidiera revisar la legalidad de una aplicación conocida como Tornado Cash, que permite realizar transferencias de criptomonedas de manera totalmente anónima entre sus usuarios.

La votación resultó en favor de prohibir su uso en Estados Unidos, y la aplicación fue ingresada a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), donde comparte lugar con organizaciones terroristas, instituciones iraníes y norcoreanas, y empresas estatales rusas. Una decisión bastante exagerada.

Tornado Cash recibe las criptomonedas que uno quiere transferir y mezcla la cadenas de bloques de manera completamente anónima para evitar cualquier tipo de rastreabilidad, para luego depositarle a la persona que se le quería enviar dinero.

A partir de ahora, cualquier persona que envíe o reciba dinero a través de Tornado Cash podría enfrentar hasta 30 años de prisión, incluso si los fondos en cuestión no provienen de una fuente ilegal, ya que según esta determinación “es imposible saber si son fondos legales o no”.

La decisión es polémica. Por un lado, Tornado Cash es una de las mejores herramientas para proteger el anonimato en línea, y hace imposible que el Estado rastree las transacciones, permitiéndole a la gente esconderse de cualquier tipo de persecución. Por el otro, es ampliamente utilizada por criminales para poder mover dinero sin ser rastreado por la policía.

Este complejo balance entre el derecho a la privacidad y la capacidad del Estado a investigar el crimen es un tema que sin dudas requiere de una atención especial por parte de los legisladores, en Estados Unidos y en todo el mundo, pero prohibir una herramienta financiera de cuajo no es la manera.

Además, la importancia de Tornado Cash crece cuando se tiene en cuenta que en el mundo de la blockchain todas las transacciones son públicas, y se pierde el secreto bancario que existe hoy por ejemplo en las transferencias que uno hace a través de un banco.

Si el Estado quiere mirar qué transacciones una persona hizo a través de su banco, necesita una orden judicial y un resumen de cuentas emitidos por la identidad financiera. En cambio, con las criptomonedas, cualquiera puede rastrear públicamente los ledgers.

En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una agencia del Departamento del Tesoro, llamó a Tornado Cash “una amenaza significativa para la seguridad nacional” de los Estados Unidos, y alegó que ha sido utilizado repetidamente por piratas informáticos norcoreanos para lavar dinero de múltiples robos millonarios.

Esta declaración es bastante absurda. Cualquier persona puede enviar y recibir cualquier suma de dinero con este crypto mixer, no solamente los grandes carteles. Según un análisis de Chainalysis, solo el 10,5% del dinero transferido en Tornado Cash el último año provino de fondos robados, y un 17,7% de fondos o personas sancionadas.

Esto quiere decir que el otro 71,8% de las transacciones fueron completamente legales. También implica que la Casa Blanca criminalizó a una empresa que anonimiza fondos y violó el derecho a la privacidad de 350 millones de ciudadanos solo por una cantidad menor de transacciones ilegales.

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