Se trata de una reforma histórica y muy ambiciosa que pretende eliminar la mayor parte de los impuestos federales, reemplazandolos por un gran impuesto generalizado al consumo. El proyecto fue auspiciado por la rama trumpista del republicanismo estadounidense.

El Partido Republicano de los Estados Unidos presentó un proyecto histórico para reformar el código fiscal del país, una iniciativa que surge desde el sector más conservador y celosamente defensor del liberalismo económico, el principal grupo de respaldo al expresidente Donald Trump.

El recién nombrado Presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, debió dar su visto bueno para el próximo tratamiento del proyecto como parte de las condiciones impuestas por haber sido nombrado en su cargo, luego de una oleada de votaciones y nominaciones en el parlamento.

La reforma tributaria del Partido Republicano

Impuesto único a las ventas

El proyecto propone la completa eliminación del impuesto a los ingresos de Estados Unidos, que se implementa anualmente en el país desde principios del siglo XX (y brevemente aplicado también durante las últimas décadas del siglo XIX). Esta disposición no solamente aplicaría sobre la tributación de personas físicas, sino también para las empresas.

Ni los ciudadanos ni las sociedades pagarían ningún tipo de impuesto como una alícuota de sus ganancias imponibles anuales. Se vería virtualmente eliminado, además, el impuesto federal a la herencia, impuestos sobre las ganancias de capital, impuestos sobre la transferencia de dividendos, impuestos a la seguridad social (cargas patronales y sociales), y casi la totalidad de los tributos que rigen a nivel estrictamente nacional.

El programa dispone del reemplazo de todos estos tributos por un impuesto federal único y generalizado al consumo: las ventas de todo el país, sea cual fuere su naturaleza y casi sin excepción, estarían sujetas a una tasa del 30%. Este esquema tributario se conoce como “FairTax”, y la generalización de la tributación al consumo promete complementar la mayor parte de los recursos que se perderían por la eliminación de impuestos federales.

Esta no es la primera vez que el Partido Republicano propone una reforma de las características descritas. En 1999 la mayoría republicana en el Congreso presentó una propuesta similar, y en la década de 1990 se presentaron múltiples proyectos para “achatar” la estructura de los impuestos federales. 

“Impuesto negativo” para sectores más vulnerables

La reforma de los republicanos eliminaría completamente las escalas “progresivas” sobre los impuestos federales. A modo de compensación, el programa tributario propone incluir una serie de reembolsos fiscales.

A estos fines, todos los hogares recibirían un cheque mensual por parte del Gobierno federal, equivalente al 23% del umbral de pobreza ponderado por el tamaño efectivo de cada hogar en cuestión. Se crearía oficialmente el primer programa de “ingreso básico universal” de la historia de Estados Unidos, una idea similar al impuesto a la renta negativo que proponía el economista Milton Friedman en la década de 1960. 

Se pretende erradicar completamente la pobreza extrema garantizando un mecanismo redistributivo dentro de un sistema tributario muy simplificado, pero sin dejar de lado los incentivos para dinamizar la oferta laboral.

Las motivaciones del proyecto y las ganancias en eficiencia asignativa

La principal motivación teórica del proyecto es la virtual eliminación de la ineficiencia en el sistema tributario, la cual entra en juego cuando se aplican tasas progresivas y distorsivas, o cuando se penaliza sistemáticamente la acumulación de capital para favorecer mecanismos redistributivos por medio de tratamientos tributarios diferenciales y arbitrarios.

Todo esto se vería casi completamente eliminado, ya que los impuestos al consumo son los menos distorsivos de entre la batería de opciones políticamente viables para la aplicación práctica (los impuestos de suma fija carecen de sentido político). La asignación de recursos en el sistema económico no se vería alterada por la distorsión del Estado, potenciando así el crecimiento económico de largo plazo y la riqueza por habitante.

La inversión, el consumo, el ahorro, y muchas otras variables agregadas, fluctuarían en sus valores naturales dadas las necesidades de la economía y los incentivos de los agentes, y su trayectoria no se vería alterada por distorsiones gubernamentales arbitrarias. 

Una vez asignados eficientemente los recursos en la economía de mercado, sólo entonces el Gobierno emprendería una acción redistributiva a través de los reembolsos fiscales, pero de manera que no se alteran los incentivos sobre el flujo eficiente de recursos y la generación de la riqueza inicial sobre la cual operaría la posterior redistribución.

El doctor Jordan Walker, quien se desempeña como director en la farmaceútica Pfizer tan solo a dos escalones del CEO, admitió prácticas ilegales para aumentar sus ventas.

El prestigioso grupo periodístico Project Veritas grabó en una cámara oculta al Director de Investigación y Estrategia de Desarrollo de Pfizer, Jordan Walker, admitiendo que la compañía está “mutando el virus” (en referencia al coronavirus) para poder vender más vacunas.

“Una de las cosas que estamos explorando es, ¿por qué no lo mutamos nosotros mismos para poder crear, desarrollar preventivamente nuevas vacunas, verdad? Entonces, tenemos que hacer eso. Sin embargo, si vamos a hacer eso, existe el riesgo de que, como se puede imaginar, nadie quiera tener una compañía farmacéutica que mute los malditos virus”, dijo Walker.

“Los científicos de Pfizer están optimizando el proceso de mutación del coronavirus, pero van lento porque todos son muy cautelosos; obviamente, no quieren acelerarlo demasiado. Creo que también están tratando de hacerlo como algo exploratorio porque obviamente no quieres anunciar que estás descubriendo futuras mutaciones”, aseguró en una comida con un periodista encubierto que se hizo amigo del director del laboratorio para sacarle información.

“No le digas a nadie. Prométeme que no le dirás a nadie“, le rogó Walker al que grababa la cámara oculta. “La forma en que el experimento funcionaría es que ponemos el virus en monos, y sucesivamente hacemos que se sigan infectando entre sí, y recolectamos muestras en serie de ellos”, contó.

Además, Walker dijo no tener dudas de que el virus fue creado en el Laboratorio de Virología de Wuhan y aseguró que Pfizer está haciendo algo parecido. “Tenés que estar muy controlado para asegurarte de que este virus que mutas no crea algo que va a todas partes. Que, sospecho, es la forma en que el virus comenzó en Wuhan, para ser honesto. No tiene sentido que este virus haya aparecido de la nada. Es una mierda”, sentenció Walker.

Y en otra parte de la conversación, admitió que lo que están haciendo no es del todo legal: “No se supone que hagas investigación de ganancia de función con un virus. Al menos no regularmente”.

“Podemos hacer estas mutaciones de estructuras seleccionadas para hacerlas más potentes. Hay investigaciones en curso al respecto. No sé cómo va a funcionar eso. Más vale que no haya más brotes por Jesucristo”, completó.

El alto ejecutivo de Pfizer también admitió que el COVID-19 ha sido una “enorme fuente de ingresos” para la empresa y seguirá siéndolo. “Algunas veces surgen mutaciones para las que no estamos preparados. Como con Delta y Omicron. Y cosas asi. ¿Quién sabe? De cualquier manera, va a ser una fuente de ingresos. COVID fue y será una fuente de ingresos para nosotros por un tiempo en el futuro. Obviamente”, admitió Walker.

El director de Pfizer también mencionó lo que él describe como una “puerta giratoria” para todos los funcionarios del gobierno que es “bastante bueno para la industria para ser honesto, es malo para todos los demás en Estados Unidos“.

“Porque si los reguladores que revisan nuestros medicamentos saben que una vez que dejen de ser reguladores, querrán trabajar para la compañía”, dijo Walker, “no van a ser tan duros con la compañía de la que obtienen sus trabajo“.

El gigante farmacéutico tiene el récord de la multa más grande pagada por una demanda por fraude en la atención médica y todavía está envuelto en el escándalo de corrupción que involucra las negociaciones del presidente de la Comisión Europea sobre la adquisición de vacunas.

Poco después de la publicación del video, Project Veritas publicó documentos internos de Pfizer, una empresa que aseguran tienen infiltradas con “decenas de informantes“, que verifican que efectivamente Jordan Walker es director de Pfizer.

El senador Ron Johnson, una de las figuras más fuertes del Partido Republicano en el Rust Belt (Wisconsin, Michigan, Pensilvania), pidió este jueves en respuesta a la viralización del video que el Congreso investigue a los fabricantes de vacunas y el proceso de aprobación para sus medicamentos.

“Las agencias federales de salud han sido capturadas por Big Pharma y han abandonado gravemente sus funciones durante la pandemia”, dijo Johnson. “Es hora de que el Congreso investigue a fondo a los fabricantes de vacunas y todo el proceso de aprobación de la vacuna COVID”, dijo.

El Gobierno de los demócratas aprobó una importante expansión presupuestaria mientras retuvo la mayoría legislativa. La estimación del Fondo sugiere que el déficit fiscal llegará al 7,4% del PBI para 2025, un nivel insólitamente elevado. 

El presidente Joe Biden se valió de sus mayorías parlamentarias entre 2021 y 2022 para expandir las erogaciones del presupuesto a través de múltiples proyectos que afectan a los próximos años, pero no avanzó de la misma forma con su reforma tributaria y no ofreció ninguna compensación de nuevos recursos para el fisco.

El resultado fue la pérdida de la responsabilidad fiscal. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que el sendero fiscal de los Biden es irresponsable, y estima que el déficit financiero crecerá año tras año hasta 2025: alcanzará el 5,71% en 2023, 6,57% en 2024 y 7,4% en 2025. Son cifras que superan holgadamente el desequilibrio de pre-pandemia, y sustancialmente mayores al promedio de los últimos 20 años. 

Incluso excluyendo el peso de los intereses de deuda pública, la tendencia sigue siendo la misma. El déficit primario federal cerró el 2022 en el 2,2% del PBI, se incrementaría al 3,5% en 2023, 3,65% en 2024 y hasta 4,01% en 2025. Estados Unidos no solo tendrá que soportar una creciente carga de intereses, sino que sus desequilibrios operativos serán cada vez mayores si no se produce algún cambio al rumbo fiscal actual.

Después de la “Ley del Plan de Rescate Estadounidense” en marzo de 2021, que profundizó el rojo fiscal heredado de la pandemia, el déficit se moderó significativamente hasta el pasado mes de agosto. La cancelación irresponsable de préstamos estudiantiles elevó la cuantía del déficit fiscal en 1,4 puntos del PBI, y desde entonces recobró la tendencia alcista.

La “Ley de reducción de la inflación” sancionada en agosto de 2022 pretendía llevar tranquilidad a los mercados, prometiendo la reducción del déficit como la herramienta principal para la lucha contra la escalada de precios. Nada de esto se está corroborando en la práctica. 

Muy lejos de reducir el déficit, el Fondo Monetario dejó en evidencia que las perspectivas fiscales son diametralmente opuestas. Cabe esperar un efecto también contrario en materia de estabilidad de precios. La indisciplina fiscal condiciona el efecto de la política monetaria de la FED, y en particular uno de sus principales canales de transmisión que son las expectativas. 

La mayor expectativa por monetizaciones futuras del déficit fiscal, más expansión monetaria y más inflación, induce a la caída de la demanda de dólares (previendo un refugio) y este hecho obligaría a la Reserva Federal a perpetuar las elevadas tasas de interés por un período más largo al que hubiera correspondido en una situación fiscalmente responsable.

El panorama político tampoco resulta favorable para equilibrar las finanzas. La base de sustentación del programa fiscal de los demócratas se valía de una hipotética reforma tributaria para subir drásticamente los impuestos y sobrecompensar el efecto de la expansión del gasto, pero políticamente este proyecto es inviable. 

La representación republicana en el Congreso no avalará mayores aumentos impositivos que puedan condicionar la oferta agregada de la economía y exprimir el bolsillo de los contribuyentes, mientras que la administración Biden se sigue negando a negociar una reestructuración ordenada de las erogaciones para facilitar el levantamiento del techo de deuda pública.