La máxima dirigente de las finanzas públicas en el Gobierno de Biden admite que la inflación no empezará a bajar en lo que resta del año. La Reserva Federal volvió a subir la tasa de interés de corto plazo en 75 puntos básicos. 

La Casa Blanca admite que su diagnóstico inicial acerca de la inflación fue completamente obliterado por la realidad. La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, la demócrata Janet Yellen, admitió que la inflación difícilmente podrá bajarse en lo que resta del 2022, y pretende concretar los primeros resultados positivos para el año próximo. 

La inflación interanual alcanzó el 8,25% al término del mes de agosto, y registró un pico de hasta el 9% en junio. La inflación subyacente aumentó al 6,32% interanual en agosto y se aceleró con respecto a los dos meses previos. 

“Creo que ciertamente va a bajar el próximo año, aunque, seamos claros, hay riesgos. La invasión rusa de Ucrania no ha llegado a su fin, estamos viendo que Putin usa el petróleo y el gas como armas para luchar en esta guerra, por lo que seguimos siendo vulnerables a las crisis de suministro. Pero creo que la FED está claramente comprometida con reducir la inflación, y espero que tenga éxito”, declaró Yellen. 

Bajo la dirección del presidente Joe Biden, el Gobierno de los demócratas aprobó un masivo programa de estímulo fiscal entre febrero y marzo de 2021, que llegó el déficit primario del Estado del 14,2% del PBI a casi 17%, y el déficit total aumentó del 15,8% al 18,2% del producto. 

Las medidas irresponsables del Gobierno se tornaron imposibles de financiar en los mercados de deuda convencionales, por lo que la Reserva Federal debió comprar la deuda del Tesoro y permitir un nuevo incremento de la oferta monetaria en consecuencia. Este hecho significó el golpe de gracia para que la inflación dejara de ser percibida como transitoria, y se enquistara en la economía estadounidense.

La Reserva Federal dirigida por Jerome Powell determinó un nuevo aumento de la tasa de interés para los bonos a corto plazo, por una cuantía de 75 puntos básicos. De esta manera, el umbral de la tasa de corto plazo oscila entre el 3% y el 3,25%. 

La tasa de política monetaria persiste en un nivel holgadamente por debajo de la inflación interanual, y por debajo de las recomendaciones sugeridas por la Regla de Taylor u otras normativas convencionales para la determinación de la política monetaria. 

Se registraron 203.598 detenciones en agosto, mientras la crisis migratoria iniciada por Biden se profundiza y llega al peor momento de la historia.

El número de detenciones de migrantes en la frontera sur aumentó a más de 200.000 en agosto, el segundo número mensual más alto de la historia de Estados Unidos, solo superado por los numeros de agosto del año pasado.

Hubo exactamente 203.598 detenciones en la frontera en el mes de agosto de este año, un ligero aumento de los 199.976 encontrados en julio y ligeramente menos que los 209.840 encontrados en agosto del año pasado.

En número de detenciones no representa la cantidad de cruces ilegales, ya que se estima que entre el 20% y el 30% de los cruces no llegan a ser interceptados por la policía fronteriza, por lo que el número total de ingresos de inmigrantes ilegales está más cerca de los 250.000.

Desde la llegada de Biden a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero del 2020, hasta la fecha, se han registrado casi 4 millones de detenciones en la frontera sur, unos 1,7 millones de detenciones durante el 2021, y 2,2 millones de encuentros en lo que va del año.

En el primer día en la Casa Blanca, Biden impulsó una serie de reformas a las políticas migratorias de Estados Unidos. Ordenó frenar inmediatamente la construcción del muro fronterizo, además de publicar una circular donde le pedía “decencia, flexibilidad y humanidad” a los policías de la patrulla fronteriza.

Además, en un discurso durante los primeros días de su gobierno en enero del año pasado, anunció que estaba analizando la amnistía para 10 millones de inmigrantes ilegales actualmente en el territorio estadounidense. Estas palabras le dieron la esperanza a millones de latinoamericanos, de que si cruzaban la frontera con vida podrían en algún futuro conseguir la amnistía.

En los meses siguientes, la frontera enfrentó un aumento de migrantes provenientes de Centroamérica, especialmente caravanas de Nicaragua, El Salvador y Honduras, que culminó con la crisis total del mes de agosto del año pasado.

La misma situación se está repitiendo este año, con inmigrantes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que según las autoridades estaba impulsando una “nueva ola de migración” en todo el hemisferio. 

Según los datos de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), las detenciones de migrantes provenientes de México y de Centroamérica se redujeron por tercer mes consecutivo, representando solo el 36% de los encuentros, mientras que un 55% de las detenciones fueron de personas escapando de los regímenes totalitarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua, un aumento del 175% respecto a la composición del año pasado.

En esta ola migratoria, informes de inteligencia aseguran que hay miles de criminales que fueron liberados de las cárceles venezolanas, nicaragüenses y cubanos para que se infiltren en Estados Unidos.

El informe, confeccionado para enviarse a los agentes de la patrulla fronteriza, instruye a los oficiales que extremen los cuidados al encontrarse con los grupos de inmigrantes en la frontera, ya que entre en los liberados se encuentran presos con condena firme por violación, asesinato y tráfico ilegal.

“Los regímenes comunistas fallidos en Venezuela, Nicaragua y Cuba están impulsando una nueva ola de migración en todo el hemisferio occidental, incluido el reciente aumento de encuentros en la frontera suroeste de los Estados Unidos”, dijo el comisionado de CBP, Chris Magnus, en un comunicado.

Los demócratas pretenden aumentar el gasto público para ayudar a otros países, en medio de una de las más fuertes recesiones de Estados Unidos de la historia. El programa anunciado busca abordar la “inseguridad alimentaria” tras el incremento de los precios de las commodities a nivel mundial. 

El Gobierno de Joe Biden sigue ampliando las partidas para la ejecución presupuestaria de 2022. Como parte de su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Biden anunció la ampliación de la ayuda fiscal al exterior por US$ 2,9 mil millones. 

Se trata de una extensión que será exclusivamente destinada a la “inseguridad alimentaria” mundial, en respuesta al fuerte incremento de los precios de las materias primas tras la guerra entre Rusia y Ucrania. También se incluyen partidas asociadas a la atención médica y la provisión de agua potable. 

Entre los factores más importantes, el encarecimiento de los precios de la energía, los fertilizantes y los alimentos afectan directamente al poder adquisitivo de los deciles más bajos. 

En su discurso, Biden también apuntó contra los países que aplican restricciones a la exportación de granos y alimentos, hechos que limitan la oferta global. Argentina constituye un caso parasimpático en esta materia, ya que mantiene controles de capital, de acceso a las divisas, retenciones a la exportación y restricciones sobre las exportaciones ganaderas. 

“Hacemos un llamado a todos los países para que se abstengan de prohibir las exportaciones de alimentos o acumular granos mientras tanta gente sufre”, anunció Biden. 

El grueso de los recursos serán aplicados y administrados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que generalmente consolida la mayor parte de las transferencias sociales al exterior junto con el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado, entre otros. 

Solamente en lo que va del año, el Gobierno de Biden estableció un monto de hasta US$ 6,9 mil millones en concepto de transferencias hacia el exterior para ayuda alimentaria, por lo que con la nueva ampliación anunciada el presupuesto total asciende a los US$ 9,8 mil millones. 

La decisión se toma en medio de un delicado clima interno, marcado por la recesión, la necesidad de equilibrar las finanzas públicas del Estado y la disparada de precios. Los contribuyentes estadounidenses deberán cargar con una nueva ampliación del gasto del sector público vía impuestos, pero sin percibir ningún tipo de beneficio en base a ello.