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Estados Unidos

El gremio ferroviario amenaza con una huelga general contra Biden y podría paralizar la economía del país

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Hasta el momento, los ferroviarios no llegan a un acuerdo con los empresarios pese a la mediación de Biden y amenazan con una huelga inédita para el próximo viernes.

La Unión de Trabajadores Ferroviarios de los Estados Unidos no llegó a un acuerdo salarial con las compañías de transporte y el gremio se prepara para una huelga ferroviaria que podría tener consecuencias catastróficas para la economía estadounidense.

El acuerdo fue rechazado por una rama del sindicato que agrupa a más de 5.000 trabajadores, entre ellos maquinistas, mecánicos y personal de mantenimiento, luego de más de 12 horas de negociación con los empresarios del transporte y el gobierno de Biden.

Pese a que una parte del gremio es leal al Partido Demócrata, y especialmente a Biden, quien en campaña había prometido un ambicioso plan de inversión para la infraestructura ferroviaria y que iba a ser un “amigo del sindicalismo”, los trabajadores vienen denunciando hace meses pésimas condiciones laborales y un aumento salarial que no llega hace 3 años.

En total, 3 de los 12 sindicatos ferroviarios más importantes del país, que representan a la mitad de los 115.000 trabajadores afectados por las negociaciones, están pidiendo mejores condiciones laborales y un aumento salarial, agarrándose de la brutal inflación que sufrieron en 2021 y la pronosticada para este año, mientras denuncian a Biden por faltar a su palabra.

Este miércoles, Amtrak, como se conoce al nombre comercial de la red estatal interurbana de trenes de pasajeros, informó que cancelaría todas las rutas de larga distancia a partir del jueves como anticipación a la huelga que se avecina. Se estima que entre 24 y 28 rutas se verán afectadas.

El pasado lunes, según fuentes demócratas, la Casa Blanca llamó desesperadamente a las partes para instarlas a que lleguen a un acuerdo por temor a las consecuencias que puede producir una huelga de transportistas a la ya endeble economía estadounidense guiada por un despistado Joe Biden.

Se estima que el costo de la huelga podría ascender a los 2 mil millones de dólares por día, empujando así a la economía nacional a un verdadero desastre, con faltante de productos esenciales y un aumento astronómico en el precio de los bienes.

Las charlas entre los sindicalistas y los empresarios están siendo mediadas sin éxito hasta el momento por el Secretario de Trabajo de Biden, Marty Walsh, un ex líder gremialista que también es acusado de traicionar a sus bases. Consultada por la prensa, la Casa Blanca no descarta que Biden tome acciones ejecutivas para remediar la situación.

Actualmente, las partes se encuentran en un período de negociación de 60 días dictado por el gobierno el pasado 16 de julio que se extiende hasta el viernes próximo. Si las partes no logran llegar a un acuerdo, los trabajadores irán a huelga, por eso el gobierno no descarta un aumento salarial por decreto para evitar esta medida de fuerza.

Dado que el sector ferroviario es fundamental para la economía, el Congreso y la administración federal tienen una autoridad especial para intervenir en sus conflictos laborales. En virtud de la Ley de Trabajo Ferroviario, el presidente puede nombrar una junta de emergencia que haga recomendaciones para resolver estos conflictos.

Irónicamente, la primera huelga ferroviaria en casi un siglo puede ocurrir durante el mandato de Biden, que durante toda su carrera se autodenominó como “el político más amigo de Amtrak y los sindicatos ferroviarios” y siempre recibió enormes donaciones del gremio.

A poco más de un mes de las elecciones, el gobierno demócrata se enfrenta a una inflación galopante, el precio de los combustibles por las nubes, las consecuencias de la guerra ruso-ucraniana y una huelga ferroviaria que amenaza con paralizar a todo el país.

Estados Unidos

Milei recibió en la Casa Rosada a Antony Blinken, la persona con más poder en el gobierno de los Estados Unidos

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El Presidente y su Gabinete mantuvieron un encuentro de algo más de una hora con el jefe de la diplomacia estadounidense y su comitiva. “Argentina decidió volver al lado de Occidente, el progreso y la democracia”.

El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada al secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, quien no solo oficia como canciller de Joe Biden, sino que también es la persona más poderosa de la Casa Blanca, dado el deterioro cognitivo del actual mandatario y la influencia que perdió últimamente la vice, Kamala Harris.

El representante estadounidense llegó al país rodeado de una nutrida comitiva para afianzar las relaciones bilaterales y discutir la letra chica de la renegociación del acuerdo con el FMI, el funcionario llega interesado en el vínculo geopolítico de los países de la región con China y Rusia, y su posicionamiento frente a la guerra en Israel.

Antes de iniciar el encuentro y al ser consultado por la prensa cuál era el mensaje que quería enviar hacia Estados Unidos, el primer mandatario respondió: “Argentina ha decidido volver al lado de Occidente, al lado del progreso, al lado de la democracia y, sobre todas las cosas, al lado de la libertad”.

Blinken llegó acompañado por el embajador ante la Argentina, Marc Stanley; el secretario asistente para el Hemisferio Oeste, Brian Nichols; el vicejefe de Gabinete del Secretario, Thomas Sullivan; al vocero Adjunto del Secretario, Vedant Patel; y al consejero político, Robert Allison.

El presidente estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, los ministros Luis Caputo (Economía); Guillermo Francos (Interior); la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y el embajador designado de Argentina en Washington, Gerardo Werthein.

La encargada de darle la bienvenida a los funcionarios en el Salón de los Bustos de la Casa de Gobierno, a las 11, fue la canciller, Diana Mondino, y luego se dirigieron al Salón Eva Perón, donde fueron recibidos por el primer mandatario. Antes, Blinken había realizado una “recorrida cultural” por el Cabildo, que incluyó una caminata al aire libre por la Plaza de Mayo.

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Estados Unidos

Una fiscal demócrata de Nueva York ordenó que Trump tiene que pagar US$ 350 millones o se le confiscarán todos sus hoteles

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"Si no tiene fondos para pagar la sentencia, buscaremos mecanismos de ejecución de la sentencia en los tribunales y pediremos al juez que embargue sus bienes", aseguró Letitia James.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció esta semana que está dispuesta a confiscar los bienes del candidato republicano a la presidencia de 2024, Donald Trump, incluidos edificios, si no paga los US$ 354 millones de dólares ordenados por el juez Arthur Engoron en el caso civil que James presentó contra él.

"Si no tiene fondos para pagar la sentencia, buscaremos mecanismos de ejecución de la sentencia en los tribunales y pediremos al juez que embargue sus bienes", declaró James, quien busca confiscar los hoteles de Trump si no realiza el pago.

Además de los US$ 354 millones de dólares, se le prohibió realizar negocios en Nueva York durante tres años en un fallo del viernes de Engoron. Trump ha prometido apelar el fallo.

James dijo que tenía "mucha confianza" en la solidez de su caso en la apelación y reiteró que su oficina no dudaría en confiscar los hoteles de Trump si no puede pagar. James dijo que buscaría empezar por el rascacielos 40 de Wall Street de Trump, que pasó a llamarse Edificio Trump en la década de 1990.

"Estamos preparados para asegurarnos de que se pague el juicio a los neoyorquinos, y sí, recibiré 40 Wall Street todos los días", dijo James.

Trump fue acusado de inflar su patrimonio neto para obtener condiciones de préstamo más favorables, pero eso nunca fue probado y los bancos también hicieron sus propias evaluaciones al momento de distribuir los préstamos, quienes coincidieron con el análisis del ex mandatario.

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Estados Unidos

La Cámara de Diputados votó por destituir al Secretario de Seguridad Interna de Biden por la crisis migratoria

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La Cámara Baja le dio media sanción el pasado martes por remover a Alejandro Mayorkas de su puesto tras su fracaso en el manejo de la crisis fronteriza.

El pasado martes 13 de febrero, el Congreso estadounidense le dio media sanción a la destitución del Secretario de Seguridad Interna de Biden, Alejandro Mayorkas, por su mala gestión de la crisis fronteriza, habiendo generado la peor crisis migratoria de la historia de Estados Unidos.

El impeachment lo presentó el ala trumpista del Partido Republicano, pero no tuvo el apoyo total de la bloque. Tres republicanos votaron en contra, y el juicio político se aprobó por la mínima, tan solo por 214 votos contra 213.

No obstante, el caso ahora será trasladado al Senado, donde la acusación deberá alcanzar dos tercios de los votos positivos para proceder con su destitución. El antecedente más cercano a esta situación se produjo en el año 1876 cuando William Belknap fue acusado formalmente pero absuelto en la Cámara Alta.

Mientras que todo el bloque del Partido Demócrata se mantuvo unido en la decisión de no apoyar la acusación, tres legisladores pertenecientes al Partido Republicano se alinearon con sus colegas demócratas y votaron en contra de destituir al funcionario.

Al igual que en una anterior votación, los diputados republicanos Mike Gallagher (Wisconsin), Ken Buck (Colorado), y Tom McClintock (California) decidieron votar en contra de la moción.

En la semana anterior, hubo un primer intento de impeachment, donde los tres representantes republicanos volvieron a votar en contra de la destitución, oero se les sumó el diputado Blake Moore, de Utah, quien había cambiado su voto a último minuto y en esta ocasión sí voto en concordancia con sus compañeros de bloque.

Además de la situación, en la pasada sesión que finalizó 216-214 en favor de Mayorkas, todo el bloque demócrata se encontraba en el recinto, incluyendo al representante demócrata de Texas Al Green, quien egresó de manera anticipada del hospital tras recuperarse de una cirugía para efectuar el voto.

Desde la oficina del líder de la mayoría en el senado, Chuck Schumer, señalaron que el juicio al funcionario perteneciente al gabinete de Biden comenzaría a fines de febrero o incluso a principios del mes de marzo en donde los senadores actuarán como jurados y la sesión será presidida por la presidente pro tempore de la cámara alta Patty Murray.

Los oficiales de acusación, tratándose de miembros de la cámara de representantes que actúan como fiscales, ahora deberán llevar los argumentos al senado. Este proceso que se suele realizar en el primer día del juicio, además podría acompañar a la jura de los senadores como jurados debido a esquemas temporales de la cámara.

Luego de especulaciones acerca de si el Presidente de la Corte Suprema, el juez John Roberts, sería el encargado de presidir el juicio, las mismas se disiparon debido a que de acuerdo a las normas del juicio al mismo le correspondería en caso de que se trate del presidente o vicepresidente del país, pero en este caso será Patty Murray quién deberá llevarlo a cabo.

Los senadores ahora tendrán la decisión de llevar a cabo un juicio completo, desestimar el caso, o pasar directamente a la votación de los artículos de destitución. De igual manera, los senadores que actúan como jurados tienen a su vez la opción de enviar los artículos tratados a una comisión para realizar una revisión.

Eventualmente, la decisión será la de desestimar los cargos o bien votar por sí o por no los artículos que tienen por objetivo destituir a Mayorkas. Desde el sector del Partido Republicano deberán estar especialmente atentos a las maniobras que puedan desarrollar los senadores demócratas con el objetivo de sabotear el juicio, por lo cual podrían tomar acciones de represalia contra los mismos.

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