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Estados Unidos

Hambrientos, durmiendo en el piso y contagiados de COVID: el deplorable estado en el que el gobierno de Biden retiene a los niños inmigrantes que no quiere deportar

El medio CBS News entrevistó a abogados de inmigración en la frontera que cuentan el estado actual de la crisis en la frontera, que ya se ha convertido en la peor de la historia del país.

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La crisis migratoria en Estados Unidos se recrudece y ya supera en números a la crisis de 2016, que llevó a Donald Trump a la presidencia.

En pocos meses, Joe Biden cambió radicalmente la política migratoria estadounidense que había dejado el gobierno republicano, haciéndola incluso más flexible que con Obama y hasta prometiendo una amnistía a 11 millones de inmigrantes centroamericanos.
Los ingresos ilegales de inmigrantes que intentan cruzar la frontera se incrementan día a día de manera exponencial, y los expertos aseguran que cuando llegue el pico en la primavera, la situación puede colapsar totalmente. 

La crisis tiene una contracara aún más preocupante: la situación de los menores de edad que cruzan ilegalmente la frontera, a veces con su propia familia y otras veces en caravanas.

Por orden del presidente Biden, estos menores no pueden ser deportados como sí sucedía en la administración Trump, por lo que significa que deben ser ingresados al país, y quedan en una situación muy particular.

Si bien no pueden ser deportados, tampoco pueden ser liberados en suelo estadounidense, por lo que quedan en centros de detención fronterizo.

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Estos centros tienen condiciones deplorables, y según reportan los medios que fueron a investigarlos, no se cumplen las medidas de distanciamiento social para evitar contagios de COVID-19 ya que están desbordados.

Trump había ordenado el cierre de la gran mayoría de estos centros, ya que no había necesidad de detener a estas personas porque siempre que eran atrapados eran deportados, pero la crisis migratoria llevó al gobierno demócrata a re-abrirlos.

Según reportó el medio CBS News, uno de los complejos de detención recientemente abierto por Biden, ubicado en la ciudad texana de Donna, alberga actualmente a más de 1.800 niños cuando su capacidad máxima es 250 personas — lo que significa un 729% de sobrepoblación.

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CBS informa que aproximadamente 9.500 menores intentaron llegar a suelo americano ilegalmente en el mes de febrero. 

De este número, más de 9.000 están siendo alojados en centros de detención pertenecientes al Servicio de Control de Aduanas e Inmigración ("ICE", por sus siglas en inglés). 

CBS también reporta que la mayoría de los niños aprehendidos han expresado que están siendo detenidos por mucho más de 3 días, el cual es el tiempo de espera máximo estipulado por ley que puede esperar un niño inmigrante para que el gobierno decida qué hacer sobre su situación legal y estatus inmigratorio. 

Por la sobrepoblación que hay, estos niños pasan hambre y no se pueden duchar, y tienen que hacer turnos para dormir entre las 250 camas que hay y el suelo.

Además, muchos llegan contagiados de COVID-19 y no tienen barbijos, ni sanitizantes, ni la posibilidad de mantenerse distanciados de los otros aprehendidos que están sanos.
La abogada de inmigración que representa a estos niños, Neha Desai, anunció que está analizando iniciar acciones legales contra el Gobierno por este hecho.

"Con todos los niños que me entrevisté, los cuales son todos muy pequeños, todos me dijeron que querían tomarse una ducha y no podían", contó Desai en diálogo con CBS.

"Todos estaban llorando histéricamente, esperando contactarse con su familia. Uno de ellos me expresó de que no lo dejan ver ni el sol", añadió. 

La entrada a un establecimiento de detención ubicado en Donna, Texas. 

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El fenómeno migratorio que se produjo con el cambio de gobierno a finales de enero es producto de una de las más notorias promesas de campaña de Biden: la amnistía general para todos los inmigrantes que se encuentren en suelo estadounidense de manera ilegal — los cuales ascienden a más de 11 millones. 

El proyecto de ley de esta amnistía ya fue presentado por los diputados demócratas en la Cámara de Representantes, pero los líderes del Partido decidieron cajonear la iniciativa hasta el próximo mes para que no sea tratado en medio de la crisis que se está viviendo, aunque no hay expectativas de que la situación vaya a mejorar.

En enero, los datos gubernamentales arrojaron un total de más de 80.000 inmigrantes aprehendidos en la frontera, el mayor número experimentado por el país en ese mes en la historia.

La administración Biden se está preparando para anunciar de que el número de detenciones en febrero ha ascendido a 100.000, lo cual rompería con todas las estadísticas y dejaría a Estados Unidos en la peor crisis migratoria de su historia.

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Pero hay un dato que asusta aún más a los norteamericanos: se espera que este número se duplique y triplique los meses de marzo, abril y mayo, donde históricamente ocurre el pico de entradas ilegales. 

Para mitad de año, Estados Unidos podría estar sufriendo más de 300.000 entradas ilegales por mes.

Pese a todo esto, el Secretario de Seguridad Nacional, principal responsable de supervisar el tema inmigratorio, Alejandro Mayorkas, envió a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) a la frontera para ayudar y asistir a los efectivos del ICE que se ven desbordados por la situación.

A pesar de esto, Mayorkas sigue sin querer declarar el estado de emergencia en la frontera y no se anima a ponerle el rótulo de crisis en las conferencias de prensa.

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Estados Unidos

Condenaron a 25 años de prisión al criminal cripto y principal donante de Biden, Sam Bankman-Fried

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La fiscalía había pedido 40 años en prisión, contra el fundador de FTX y Alameda Research, y el mayor donante del Partido Demócrata que defraudó miles de millones de dólares con una estafa cripto.

El fundador de la casa de intercambio de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, fue sentenciado este jueves a 25 años de prisión, luego de ser encontrado culpable de fraude financiero robando más de US$ 8.000 millones de dólares de clientes.

Bankman-Fried, de tan solo 32 años, se había convertido en los últimos años en el principal donante demócrata, habiendo apoyado la campaña a presidente de Joe Biden en 2020 y habiéndose convertido en el mayor patrocinador de los candidatos de Biden en las elecciones legislativas del 2022.

El juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan dictó la sentencia en una audiencia en la corte de Manhattan después de descubrir que Bankman-Fried había mentido durante su testimonio bajo juramento en el juicio, y rechazó su afirmación de que el dinero de los clientes de FTX todavía estaba resguardado.

El pasado 2 de noviembre había sido encontrado culpable por un jurado de siete cargos de fraude y conspiración luego del colapso de FTX en 2022, en lo que los fiscales han llamado uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos.

En síntesis, Bankman-Fried había estado utilizando la plata de FTX para comprar criptomonedas que él mismo había creado, de una empresa hermana llamada Alameda Research, que presidía su ex novia. De esta manera, con el dinero de sus clientes y de sus inversores, subía artificialmente el precio de su propia criptomoneda, llamada "FTT".

Al subir el precio de la FTT, podía inflar los balances contables, y así salía al mercado a pedir préstamos y más inversiones, y ese dinero lo usaba para pagar deudas y seguir inflando su moneda digital. Esta trama duró aproximadamente 3 años, desde su lanzamiento en 2019.

Sin embargo, en 2022, con la caída del precio de todas las criptomonedas por la suba de la tasa de la Reserva Federal, se le empezó a complicar conseguir dinero para sustentar el esquema Ponzi, hasta que colapsó completamente el modelo criminal el 7 de noviembre de 2022.

"Él sabía que estaba mal lo que estaba haciendo", dijo Kaplan antes de dictar sentencia. "Él sabía que era un delito. Lamenta haber hecho una apuesta muy mala sobre la probabilidad de que lo descubrieran. Pero no va a admitir nada, como tiene derecho".

"Sus mentiras deliberadas y constantes demostraron un descarado desprecio por las expectativas de los clientes y una falta de respeto por el Estado de derecho", dijo Damian Williams, el fiscal federal en Manhattan que querelló en contra del financista.

La justicia neoyorquina determinó que los clientes de FTX perdieron 8 mil millones de dólares, los inversionistas de capital de FTX perdieron 1,7 mil millones de dólares y que los prestamistas del fondo de cobertura de Alameda Research, fundado por Bankman-Fried, perdieron 1,3 mil millones de dólares.

Boceto de la sala del tribunal, donde se ve a Bankman-Fried compareciendo ante el juez de distrito de EE.UU. Lewis Kaplan mientras es sentenciado a 25 años de prisión, en el Tribunal Federal de la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 28 de marzo de 2024.

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Estados Unidos

Ejemplo mundial: La Legislatura de Florida aprobó de forma unánime una ley para desalojar ocupas

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El estado sureño aprobó un proyecto de ley que permitirá penar de manera eficiente a aquellos que usurpen viviendas.

La Legislatura de Florida aprobó de manera unánime, algo que no ocurría en varias décadas, un proyecto de ley que habilita a propietarios a desalojar a inquilinos que se hayan instalado de manera permanente y sin autorización dentro de una vivienda sin consentimiento del propietario de la misma.

Mediante el proyecto legislativo apodado "HB 621", los propietarios se encontrarán autorizados a requerir inmediata asistencia de las fuerzas de seguridad para desalojar a aquellos inquilinos cuyos plazos de alquiler hayan sido superados y usurpen de manera ilegal la propiedad en cuestión.

A diferencia de otras leyes de desalojo como la de Nueva York, la nueva ley de Florida pone el énfasis en los derechos de los propietarios y no de aquellos que las usurpan ilegalmente, poniendo fin a una problemática que estaba aquejando al estado, como consecuencia de la masiva ola de inmigrantes que está dejando entrar Joe Biden al país.

En un primer aspecto, la ley reconoce la falta de derechos que poseen los usurpadores de viviendas por sobre las mismas en todos sus sentidos, para así agilizar los trámites y procedimientos de un desalojo en el caso de que sea necesario.

Con el objetivo de reducir los índices de criminalidad cometidos por aquellos que buscan instalarse de forma ilegítima en una vivienda que no les pertenece, los locadores o quienes designen como autorizados, tendrán la opción de contactarse con el sheriff para proceder con el correspondiente desalojo de los locatarios, a quienes se les haya pasado el plazo de estadía y amenacen con instalarse de forma maliciosa.

Dentro de la ley, sin embargo, se establecen algunas condiciones para llevar a cabo el desalojo con la ayuda de las fuerzas policiales, como por ejemplo la condición de que se haga presente y solicite la ayuda el legítimo propietario o incluso su apoderado con autorización.

Otras condiciones aclaran que debe haber en disputa una vivienda residencial en la cual los inquilinos hayan prolongado su estadía no autorizada de manera indefinida, así como también el ingreso de personas que no tienen que ver con el negocio inmobiliario pre-acordado.

Para proceder con el desalojo, los locadores que tengan las intenciones de expulsar a los inquilinos que actúen de mala fe deben presentar primero una solicitud requiriendo el desalojo adjuntando la titularidad de la propiedad, así como también el hecho por el cual están solicitando el desalojo.

A su vez, la solicitud deberán realizarlo ante la oficina del sheriff correspondiente al condado en el cual se encuentra la vivienda.

Por su parte, la ley también estipula que el propietario que realiza la solicitud para expulsar al locatario se encuentra en conformidad con el hecho de que toma conciencia de que el expulsado podrá tomar acciones legales contra el mismo en caso de que la denuncia que haya realizado posea elementos que carezcan de verosimilitud.

Al convertir la usurpación de viviendas un crimen, la ley estipula penas correspondientes a los distintos tipos de ocupación. Para el cargo de usurpación ilegal de terrenos, viviendas que además cuenten con la destrucción de propiedad de superados los 1.000 dólares, el nuevo proyecto legislativo estipula que se encuadrará bajo el supuesto de delito en segundo grado, lo cual puede asegurar penas de hasta 15 años de prisión y fianzas de hasta 15.000 dólares.

Los residentes del estado de Florida han festejado la aprobación de esta ley en el Congreso, que ahora se encuentra en el escritorio del gobernador Ron DeSantis para ser firmada y promulgada. La misma beneficia a aquellos propietarios que han sufrido en los últimos años los vacíos legales que permitían a los usurpadores mantenerse dentro de las viviendas ocupadas, mientras que los propietarios no podían tomar acciones contra los mismos.

A diferencia de otros estados como Nueva York, en el cual los usurpadores comienzan a poseer derechos por sobre la vivienda pasados los 30 días de la usurpación, la ley de Florida garantizará que el período de tiempo no sea un impedimento para realizar un desalojo.

El ejemplo de Nueva York es mucho más extremo incluso, debido a que pasado ese período, los propietarios no pueden realizar acciones como el cambio de cerradura o el despojo de pertenencias personales de los inquilinos ilegales, lo cual prácticamente les otorga los derechos por sobre la propiedad a los criminales.

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Estados Unidos

Papelón: Un grupo de republicanos anti-Trump le aprobó un paquete de expansión del gasto público a Biden

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En medio del estallido de una interna del Partido Republicano, diputados y senadores republicanos rebeldes se aliaron con los demócratas para expandir el gasto público hasta noviembre de este año.

Esta semana cerró con un viernes negro para los Estados Unidos. Un grupo de 73 diputados republicanos se unieron a los demócratas para aprobar en la Cámara de Representantes un masivo paquete de expansión del gasto público por 1,2 billones de dólares.

Si el proyecto no se aprobaba antes de las 23:59 horas del viernes, el Gobierno federal iba a entrar en "shutdown", un concepto que existe en Estados Unidos donde si el Congreso no puede ponerse de acuerdo en un presupuesto de gastos, se suspenden todas las erogaciones públicas hasta que ocurra.

Rápidamente, la ley pasó al Senado, donde nuevamente 27 senadores republicanos se unieron a los demócratas para aprobar el masivo paquete de gasto público. El resultado final fue de 286 votos positivos contra 134 negativos en la Cámara Baja (15 abstenciones), y de 78 contra 18 (4 abstenciones) en la Cámara Alta.

Todo indicaba que la ley no pasaría, ya que se necesitaban dos tercios de cada cámara para su aprobación. Esto requería un masivo apoyo del Partido Republicano para el proyecto de Biden, algo que parecía lejano luego de que Trump, líder del partido y su candidato a presidente, pidiera el voto negativo.

Pero la ley logró aprobarse, y a pesar de que requería el 67% del Congreso, terminó obteniendo el 68%, con una mayoría de republicanos votando a favor. La situación provocó una brutal crisis interna dentro del Partido Republicano.

Momentos después del resultado, la diputada trumpista Marjorie Taylor Greene, presentó una moción de censura contra el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, por haber tenido una masiva cantidad de miembros de su bloque que votaron con los demócratas.

"Es más una advertencia que una nota de muerte", dijo luego Greene a los periodistas. “No deseo infligir daño a nuestro bloque y sembrar el caos en la Cámara. Pero esto es básicamente una advertencia y es hora de que sigamos el proceso".

"Llegó la hora de que nos tomemos nuestro tiempo y encontremos un nuevo presidente de la Cámara que apoye a los republicanos y a nuestra mayoría republicana, en lugar de apoyar a los demócratas”, cerró su intervención a la prensa.

Si bien la moción no fue llevada al recinto, a partir de ahora Greene, que es la alfil de Trump en el Congreso, puede activar la medida y la Cámara tendría que votar dentro de dos días legislativos, lo que requeriría una mayoría simple para desalojar a Johnson.

La salida de Ken Buck

La situación fue tan dura para el Partido Republicano, que el diputado Ken Buck, representante por Colorado y un firme detractor de Trump, quien lideró varios intentos para hacerle un impeachment al expresidente, finalmente renunció a su banca el viernes después de la votación.

Increíblemente, Buck votó en contra del proyecto, por lo que no se alió con los demócratas, pero dijo que no aguantaba más los choques internos del Partido, y anunció su salida del Congreso, dejando su banca como vacante por el momento.

Al salir por la puerta, firmó dos peticiones de aprobación de la gestión que podrían obligar a votar sobre la ayuda a Ucrania, un proyecto que Biden envió al Congreso varios mesea atrás y que Mike Johnson viene cajoneando desde entonces.

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