Seguinos en redes

Estados Unidos

Insólito: Gobernadores demócratas ordenan aislar infectados de coronavirus en asilos de ancianos

De la mano de Andrew Cuomo, varios gobernadores demócratas dieron la orden de alojar a ciudadanos infectados con COVID-19 en asilos de ancianos para sacarle presión a los hospitales, exponiendo gravemente a los adultos mayores a la enfermedad.

Publicado

en

En el mes de marzo de 2020, las administraciones de cuatro Estados dirigidos por representantes del Partido Demócrata ordenaron a los asilos de ancianos dar lugar a pacientes con diagnósticos positivos del nuevo coronavirus que estaban en rehabilitación, prohibiéndoles terminantemente que se les niegue la entrada tanto así como la permanencia en dichos establecimientos.
El caso más impactante se dio en el estado de Nueva York, donde el gobernador demócrata Andrew Cuomo, estrella del Partido que hasta pensó en algún momento ser candidato a presidente por su “buen” desempeño en el manejo de la pandemia, ordenó a los geriátricos a aceptar pacientes de coronavirus. 
Conociendo el altísimo nivel de contagio del virus y el enorme daño que le causa a los ancianos, esta decisión fue casi una sentencia de muerte para cientos de adultos mayores que terminaron contagiándose gravemente del virus sin nunca haber ni siquiera salido del asilo.
Nueva York ha sido el estado más afectado por el COVID-19, que ha causando allí la mayor cantidad de muertes en todo el país y una de las más altas del mundo. Al principio de la pandemia, las reglas y los procedimientos en NY eran estrictos acerca de cuándo y cómo los pacientes de coronavirus podían ser dados de alta. Estos procedimientos requerían que los pacientes hayan obtenido resultados negativos en los tests respectivos al COVID-19, esperando un período de al menos 7 días en el hospital desde que el test inicial haya dado positivo para poder ser dados de alta, e incluso los pacientes debían cumplir el requisito de no poseer síntomas (especialmente fiebre) durante siete días sin la ayuda de antifebriles u otra clase de medicamentos.
Sin embargo, ese panorama cambió cuando el sistema sanitario de Nueva York comenzó a tener problemas de capacidad a medida que los casos aumentaron, dejando a los pacientes recuperados o con un grado leve de la enfermedad que no requería hospitalización, sin un lugar a donde ir. 
Por lo que a partir de esta nueva problemática surgió la idea, no sabemos si de parte de Cuomo o si fue aconsejado por sus epidemiólogos o inclusive si vino de parte de la cúpula del Partido Demócrata, de trasladar a todos los pacientes que ya estaban en la etapa final de la enfermedad a centros de rehabilitación, y una vez que estos se llenaron, a asilos de adultos mayores.

Ad

El pasado 25 de marzo, el gobierno de Nueva York publicó una directiva acerca de cómo sería el protocolo de admisión a los pacientes infectados con coronavirus a los distintos centros de rehabilitación y geriátricos. El documento aclaraba que durante la pandemia todos los asilos de ancianos y hogares de cuidados debían cumplir con la orden de recibir el gran flujo de de personas que estaban siendo desafectadas de los hospitales en el Estado.

La orden de admitir a los pacientes en los hogares de cuidados y los asilos de adultos mayores, mencionó que ninguna de estas instituciones podía negarse a recibir pacientes que provengan de los hospitales.

Cuomo defendió la medida frente a una ola de críticas. El gobernador expresó que las instituciones que no cumplieran con la orden de recibir a los pacientes infectados con el virus serían investigadas por oficiales de la salud del Estado y la Procuradoría General de Nueva York, y hasta podrían ser penadas a pagar grandes sumas de dinero en concepto de multas o incluso podrían ser revocadas de su licencia para operar bajo esas modalidades.

Sin embargo, luego de una avasallante serie de denuncias, el pasado domingo 10 de mayo, el gobernador Cuomo admitió que se había equivocado sobre este tema, y culpó al jefe de salud del estado, Howard Zucker por la ordenanza. 
Ese día, el gobernador también anunció una nueva regulación que dicta que ahora, los pacientes deben obtener un resultado negativo antes de poder ser admitidos en dichas instituciones. De todos modos, el gobernador admitió que los pacientes con casos de COVID-19 positivos todavía podrían ser enviados a los establecimientos anteriormente mencionados por otros medios, como por ejemplo sin pasar por un hospital, no anulando la ordenanza emitida por Zucker. Incluso podrían no requerir de un testeo para el virus.

Ad

Una situación similar se vive en Pennsylvania, donde las regulaciones fueron un poco más estrictas pero aún así existe una ordenanza por parte de la administración del demócrata Tom Wolf, de admitir pacientes con diagnósticos positivos de coronavirus en los hogares de cuidados especiales. 

El 18 de marzo, la secretaria de Salud de Pennsylvania, la doctora Rachel Levine, dio una serie de pautas acerca de cómo deberían ser tratados los casos de coronavirus que llegan a los hogares de cuidados especiales.

Las normas de testeo incluyen el escaneo de fiebre y síntomas respiratorios para todos los ingresantes, escaneo del personal de los hogares de cuidados al inicio de cada turno, y hasta formularios para volcar la información de los respectivos testeos. Lo sorprendente se da en las instrucciones de admisión a los centros de cuidados especiales y asilos, que indican que estas instituciones deben seguir admitiendo pacientes que provengan de hospitales y hayan sido diagnosticados positivo de COVID-19. Esta medida aparentemente está orientada a quitar presión del sistema sanitario.

Ad

En Nueva Jersey, el Departamento de Salud del Estado aseguró que las instituciones de cuidados a largo plazo no podían rehusarse a admitir o readmitir pacientes basándose en que los mismos hayan sido diagnosticados con el virus, o bien exista una sospecha acerca de la presencia de la enfermedad en los pacientes. 
La orden de aceptar a los pacientes infectados, así como en los otros Estados, tiene el fundamento de que se debe “aliviar el sistema sanitario” estatal, sin importar que los pacientes ingresados a los establecimientos de cuidados podrían infectar a otras personas más vulnerables
La comisionada del Departamento de Salud de Nueva Jersey, Judith Persichilli, afirmó que para prevenir el contagio en estos establecimientos, se podían ubicar pacientes asintomáticos en otras alas o pisos de los mismos. A diferencia de Nueva York o Pennsylvannia, Persichilli aclaró que el Estado solo permitía la readmisión de pacientes sospechosos de coronavirus en el caso de que estos se pusieran en aislamiento de inmediato. Esta orden requería que se separen a los residentes en grupos y que se le designe personal a cada grupo, para así prevenir que los empleados transmitan la enfermedad de un grupo a otro.
Otro caso es el de Michigan, en el que la gobernadora Gretchen Whitmer, también demócrata, requirió mediante una orden ejecutiva que los adultos mayores que hayan dado positivo por coronavirus sean alojados en los asilos y los centros de cuidados especiales a lo largo de todo el Estado. 
Así como Cuomo en Nueva York y Wolf en Pennsylvania, Whitmer lanzó una guía con pasos a seguir para el alta de los pacientes desde los hospitales y del alojamiento de los mismos en las instituciones de cuidado. 
En el documento se especifica la información que los centros de salud deben proveer, así como también todo el papeleo competente al paciente, para evitar duplicaciones en los testeos. También, la administración de Whitmer fue la única que en su descripción de pasos a seguir, menciona las regulaciones especificadas por el Medicare para el alta de los pacientes o para su respectivo traslado. En estas especificaciones, se requiere que los hospitales evalúen las necesidades de los pacientes para los servicios post-hospitalarios y también para evaluar la disponibilidad de los centros de cuidados disponibles. 

La representante republicana por Michigan, Leslie Love, lanzó una fuerte crítica contra la medida de Whitmer, afirmando que el hecho de devolver a los adultos mayores que poseen la enfermedad a un ambiente en el cual hay otros adultos mayores es peligroso. Love también expresó su preocupación por la falta de empleados y lo poco preparados que están algunos asilos de ancianos y hogares de cuidados frente a la emergencia que atraviesa el país. 

”Me rompería el corazón porque estuve en el frente, tratando de que nuestros ancianos, mi madre, tu madre, las madres de todos, no se contagien y mueran por esto, particularmente en los asilos,” añadió Leslie Love acerca de la medida de Gretchen Whitmer.

  
Haga clic para comentar

Usted debe estar conectado para publicar un comentario Inicio de sesión

Deja una Respuesta

Estados Unidos

El primer soldado transgénero en el Ejército de Estados Unidos imputado por brindar información confidencial a Rusia

Publicado

en

Jamie Lee Henry, un médico transgénero de 39 años que trabajaba como médico en la base militar de Ford Bragg fue imputado este jueves en Baltimore junto con su esposa.

El primer oficial del Ejército de los Estados Unidos que se declaró abiertamente como transgénero y su esposa fueron imputados por armar un plan para brindar información médica confidencial sobre miembros del ejército estadounidense al gobierno ruso.

El aclamado por la prensa en el pasado, Jamie Lee Henry, y su esposa, la anestesista Anna Gabrielian, fueron imputados por un jurado popular de Baltimore este jueves, acusados de divulgar ilícitamente información confidencial de los soldados del ejército para ayudar a Rusia en la guerra que está librando contra Ucrania.

Según los fiscales de la causa, la pareja se reunió el mes pasado con un diplomático ruso y le ofrecieron información médica de los soldados que se encuentran viviendo en Fort Bragg, el hogar de la unidad de élite del ejército conocida como Delta. Pero el diplomático era un agente encubierto del FBI que había interceptado sus conversaciones y en el momento en el que le mostraron la información confidencial, los arrestó.

La pareja transexual acordó reunirse con el agente encubierto en una habitación de hotel el pasado 17 de agosto, donde le confesaron su admiración por Rusia y su intención de unirse al bando ruso para combatir en la guerra, una decisión extraña dado que el Ejército ruso no permite que homosexuales que muestran públicamente su tendencia sexual (como los transgéneros) sean parte de sus filas.

Gracias a las políticas de género impulsadas por Biden, Henry tenía acceso a información confidencial sobre los soldados de Fort Bragg. Varios meses atrás, la Casa Blanca divulgó una circular que impide que se le nieguen pedidos de información sobre su base militar a los soldados homosexuales en el Ejército.

Según se lee en el expediente, en una segunda reunión, el militar transgénero le proporcionó al agente información sobre cinco pacientes que estaban siendo tratados en las instalaciones militares, mientras que su esposa reveló información médica de un veterano para que la inteligencia rusa la explote a su favor.

En total, la pareja brindó en la reunión el historial médico de un total de 5 personas, entre los que se encuentran un empleado del Departamento de Defensa, un veterano retirado del Ejército, el cónyuge de un veterano del Ejército y el cónyuge de dos veteranos ya fallecidos.

Por divulgar la información de salud confidencial de los soldados, la pareja se expone a un máximo de 10 años de prisión si son declarados culpables, más otros 5 años en prisión accesorios por la gravedad de los cargos que se les acusa.

En 2015, Henry se convirtió en el primer oficial del ejército en servicio activo en declararse como transgénero y el primero en cambiar legalmente su nombre, siendo rápidamente ungido por la izquierda demócrata y los medios como un héroe de las Fuerzas.

El caso de Henry sirvió para que la administración de Obama promueva políticas que permitían incorporar a personas transexuales a las filas del Ejército, otorgándoles la posibilidad de hacer el servicio mientras atravesaban terapias hormonales y cirugías de cambio de género.

En los primeros días al frente de la Casa Blanca, Trump firmó un decreto prohibiendo la decisión de Obama, e impidió que los soldados atraviesen este tipo de ingesta de hormonas y cirugías mientras estén en servicio, basándose en múltiples estudios que el tratamiento reduce su capacidad física.

Al asumir Biden, en el primer día en el cargo, el demócrata volvió a dar marcha atrás y reinstauró la política de Obama, permitiendo que los pocos soldados abiertamente transexuales puedan volver al servicio e incluso habilitó tratamientos médicos gratuitos para que realicen la transición de género.

Irónicamente, pese a que se autopercibe como mujer y que fue tratado como pionero del movimiento transgénero, en el expediente de la causa Henry es tratado por los fiscales como un hombre y su conducta es descrita utilizando los pronombres masculinos.

Seguir Leyendo

Economía

En medio de la recesión, el Gobierno de Biden anuncia un paquete de ayuda por US$ 12.300 millones para Ucrania

Publicado

en

La mayoría demócrata en el Senado impulsó la aprobación de un millonario programa de apoyo militar y económico para Ucrania, aunque el país se encuentra en recesión y enfrenta la necesidad de ajustar las finanzas públicas para derribar la inflación. 

El presidente Joe Biden, valiéndose de las mayorías legislativas del Partido Demócrata en el Senado, impulsó un nuevo paquete de rescate para Ucrania por un monto equivalente a los US$ 12.300 millones

Se incluyen 7.500 millones de dólares en asistencia militar, de los cuáles un total de US$ 3.000 millones serán destinados para la Iniciativa de Asistencia de Seguridad, lo cual dota de poderes al Pentágono para la adquisición de equipo militar para la provisión de Ucrania en la guerra

Dentro del gasto con fines militares, se aprobó un monto por US$ 2.800 millones para reforzar las posiciones estadounidenses en territorio europeo, y US$ 1.500 millones para reabastecer las reservas de armas, equipos y municiones estadounidenses que fueron enviados a Ucrania. 

Por otra parte, el programa total dispone de un rescate por US$ 4.500 millones destinados a la economía de Ucrania, y la financiación de las necesidades del sector público en ese país. Se busca evitar el colapso financiero y económico en tanto continúen las erogaciones extraordinarias a causa de la guerra. 

Es el tercer programa de financiamiento para Ucrania. El primero fue aprobado en marzo de 2022 a tan solo semanas de comenzado el conflicto, y representó un monto por US$ 13.600 millones. Más tarde, en mayo se aprobó otro programa más, esta vez por US$ 40.000 millones. Con las nuevas medidas anunciadas, Estados Unidos acumula un total de 65.900 millones de dólares en ayuda para Ucrania desde marzo

Estas disposiciones se toman en medio de una recesión sobre la economía estadounidense, y bajo la urgente necesidad de ajustar el déficit de las finanzas públicas para evitar la profundización de la inflación y las políticas monetarias contractivas. 

La economía más importante del mundo entró en recesión tras la caída consecutiva por dos trimestres en los primeros 6 meses del año, e incluso antes de que la Reserva Federal persiguiera un fuerte aumento de la tasa de interés de corto plazo. 

De perseverar los desequilibrios fiscales y con ello la inflación, el alza de tasas de la FED también podría perdurar en el tiempo en consecuencia, dando así inicio a un escenario de estanflación. 

Seguir Leyendo

Estados Unidos

Condenan por fraude electoral a un exdiputado demócrata: Se declaró culpable de cometer fraude en múltiples elecciones en los últimos 30 años

Publicado

en

Michael Ozzie Myers, un exdiputado que se desempeñaba como puntero demócrata, se declaró culpable de manejar un esquema de fraude electoral destinado a ayudar a sus candidatos. Irá a la cárcel.

Un exdiputado demócrata que actuaba como puntero en el estado de Pensilvania, más precisamente en el área de Filadelfia, se declaró culpable esta semana de cometer fraude electoral en favor del Partido Demócrata por los últimos 30 años y fue sentenciado a 2 años y medio de prisión por este delito.

De acuerdo al comunicado del FBI, Michael “Ozzie” Myers, de 79 años, se declaró culpable de conspirar para votar ilegalmente en una elección federal, falsificación de registros de votación, soborno, obstrucción de la justicia y de orquestar un esquema de fraude electoral para favorecer a candidatos de su partido en el estado de Pensilvania durante múltiples elecciones en las últimas tres décadas.

El expediente de la causa detalla que Myers sobornó al entonces juez electoral de Filadelfia, Domenick J. Demuro, para que arregle las votaciones favoreciendo a sus candidatos. Myers también confesó una conspiración para cometer fraude electoral con la ex juez electoral Marie Beren, quien ya se había declarado culpable en octubre de 2021 en la misma causa.

Aprovechándose de su estatus de magistrado, los jueces entraban a revisar el lugar de votación mientras se encontraba desocupado y se dedicaban a ingresar a las máquinas que cuentan los votos para así modificar los números en favor de los candidatos demócratas de Myers, en otra muestra de lo fácil que es arreglar las elecciones en los Estados Unidos, algo que viene denunciando Donald Trump hace años. 

Los favorecidos por este esquema eran candidatos patrocinados por el Partido Demócrata que se presentaban para cargos judiciales electos cuyos equipos de campañas habían contratado a Myers para que oficie como puntero y recolector de boletas electorales. Otros candidatos del Partido Demócrata que se presentaban a diversos cargos electivos federales, estatales y locales también fueron beneficiados bajo este esquema. 

El ahora condenado puntero político solicitaba pagos a sus clientes en forma de dinero en efectivo o cheques en concepto de “honorarios de consultoría” y luego utilizaba parte de estos fondos para pagar a los funcionarios electorales que se encargaban de manipular los resultados de las elecciones.

El prontuario de Myers es extenso y data de décadas atras. Ya en 1980, cuando era miembro de la Cámara de Representantes y era considerado como un referente demócrata en Pensilvania, fue uno de los funcionarios condenados en la operación Abscam del FBI, centrada en investigar la corrupción pública que ocurría en el Congreso.

El entonces diputado fue sentenciado a tres años de prisión y una multa pecuniaria por aceptar un soborno de 50.000 dólares, además de ser inhabilitado de por vida para volver a ejercer un cargo público. En ese momento, los diputados federales votaron para expulsarlo inmediatamente del Congreso Nacional, poniendo fin a su carrera política ese mismo año.

La causa fue investigada por el FBI, con la ayuda de la Policía Estatal de Pensilvania y fiscales federales nominados por el gobierno de Biden, que trabajaron para reducir su condena. Si bien Myers fue condenado por delitos que beneficiaban a funcionarios locales en años anteriores, curiosamente su participación en las elecciones presidenciales del 2020 como puntero demócrata para ayudar a Biden no fue investigada por el FBI.

Mientras se critica al expresidente Trump por denunciar este mismo tipo de fraude en las elecciones, la Casa Blanca de Biden admite tácitamente con esta condena que el fraude electoral está más vigente que nunca en el país, y que uno de los principales punteros políticos de su partido se encargó de perpetrarlo por décadas.


Seguir Leyendo

Tendencias