Washington advierte que el grupo Wagner está prolongando el conflicto y causando más caos en Sudán, a la par que sanciona a al jefe de la compañía en Malí.

Estados Unidos ha acusado al Grupo Wagner de proporcionar misiles tierra-aire a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), tirando más leña al fuego de un conflicto que en poco más de un mes ya desplazado a casi 1,3 millones de personas.

Adicionalmente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también impuso sanciones al líder de Wagner en Malí, acusándolo de tratar de obtener armas para los esfuerzos de Rusia en Ucrania.

“En Sudán, el Grupo Wagner ha estado suministrando a las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán misiles tierra-aire para luchar contra el ejército de Sudán, contribuyendo a un conflicto armado prolongado que solo resulta en un mayor caos en la región”, expresó el comunicado del Tesoro de Estados Unidos.

Mientras tanto, Washington ha estado ayudando a negociar varios acuerdos de alto el fuego, a pesar de que estos han sido sistemáticamente violados por ambas partes en conflicto. Estados Unidos dice que su objetivo principal en Sudán es reducir la violencia antes de trabajar hacia un fin permanente de los combates y devolver al país a un gobierno civil.

El mes anterior, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, había dicho que las autoridades legítimas de Sudán tienen derecho a utilizar los servicios del grupo Wagner si así lo desean. Diplomáticos occidentales en Jartum habían asegurado ya en 2022 que Wagner estaba involucrado en la minería ilícita de oro en Sudán y que estaba a difundiendo desinformación.

El mes pasado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó su preocupación por la posibilidad de la participación de Wagner en Sudán, diciendo que el grupo “simplemente trae consigo más muerte y destrucción”.

“Está en tantos países diferentes, y en África, un elemento que, cuando se compromete, simplemente trae consigo más muerte y destrucción“, dijo Blinken durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo keniata, Alfred Mutua. “Es muy importante que no veamos mayor participación en Sudán“, aseguró.

El Tesoro también dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha “recurrido a confiar en el Grupo Wagner para continuar su guerra de elección” en Ucrania. Adicionalmente, como parte del anuncio, Estados Unidos impuso sanciones a Ivan Aleksandrovich Maslov, el jefe de Wagner en Malí.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos argumentó la imposición de sanciones diciendo que los empleados del grupo podrían haber estado tratando de trabajar a través del país de África occidental para adquirir equipos como minas, drones, radares y sistemas de contrabatería para su uso en Ucrania.

“Las sanciones del Tesoro contra el representante más importante del Grupo Wagner en Malí identifican e interrumpen a un operativo clave que apoya las actividades globales del grupo“, confirmó el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson.

“La presencia del Grupo Wagner en el continente africano es una fuerza desestabilizadora para cualquier país que permita el despliegue de los recursos del grupo en su territorio soberano”, sentenció Nelson.

“El Grupo Wagner puede estar tratando de ocultar sus esfuerzos para adquirir equipo militar para su uso en Ucrania, incluso trabajando a través de Malí y otros países donde tiene un punto de apoyo”, dijo el Tesoro en el comunicado oficial.

“De hecho, hay indicios de que Wagner ha estado intentando comprar sistemas militares de proveedores extranjeros y enrutar estas armas a través de Malí como un tercero“, dijo el portavoz Matthew Miller a los periodistas el lunes.

“No hemos visto, hasta el momento, ningún indicio de que estas adquisiciones hayan sido finalizadas o ejecutadas, pero estamos monitoreando la situación de cerca”, añadió el funcionario estadounidense.

A principios de 2023, Estados Unidos calificó a Wagner de “organización criminal transnacional” e impuso sanciones a sus principales líderes.

En un informe donde se intentó acusar a Trump de mantener una investigación abierta contra Hillary Clinton por razones políticas, el New York Times confirmó que fue Biden quien puso fin a las indagaciones del FBI contra la ex Secretaria de Estado.

Esta semana, el medio The New York Times reveló que la investigación del Departamento de Justicia (DOJ) a la Fundación Clinton, abierta en 2017 durante el gobierno de Trump y que seguía en curso cuando el ex presidente debió abandonar la Casa Blanca en 2020, fue inmediatamente cerrada por Biden en sus primeros días como mandatario.

La investigación que incluyó decenas de agentes del FBI y fiscales federales, partió de una investigación del autor conservador Peter Schweizer quien publicó sus descubrimientos en un libro que salió en 2015 sobre las donaciones que entidades extranjeras hicieron a la Fundación Clinton cuando ella era Secretaria de Estado del gobierno de Barack Obama.

Esta era la segunda investigación federal que atravesaba Hillary Clinton, después de que en 2016 el FBI investigara su rol en la Primavera Árabe, la muerte del embajador Christopher Stevens en Benghazi y la eliminación de cientos de miles de correos electrónicos de una casilla privada que abrió ilegalmente mientras era Canciller.

Aquella investigación, que lideró el entonces director del FBI, James Comey, también fue cerrada por un presidente demócrata. Luego de que Comey testificara ante el Congreso que Hillary Clinton había cometido una serie de delitos pero que (por alguna razón) no recomendaba presentar cargos, Obama agarró la lapicera y puso fin a la investigación.

Muchos recordarán los debates entre Trump y Hillary, donde el republicano le diría en la cara que si hubiera jueces como él, ella ya estaría presa. En esos debates, aquella investigación fue un tema central, y cuando Trump llegó a la presidencia, cumplió su promesa y ordenó al DOJ que abriera una investigación sobre la Fundación Clinton.

El caso se centró en investigar las donaciones que la Fundación Clinton recibió de una empresa americana-canadiense llamada Uranium One mientras la empresa estaba siendo adquirida por la agencia nuclear rusa. 

Clinton, como Secretaria de Estado, formó parte de un comité gubernamental que necesitaba votar para aprobar el acuerdo de en ese momento. Antes de la votación, su Fundación recibió una masiva donación de esta entidad, y días después, dio su voto a favor de la compra.

Hacia fines del 2017, Rod Rosenstein, vicefiscal general de la Casa Blanca, abrió la investigación de manera oficial, y su oficina ordenó una citación para la Fundación en 2018 y los fiscales a cargo del caso entrevistaron al ex director financiero de la organización. 

La investigación fue dividida entre tres grupos de fiscales, uno en Washington D.C., otro en Nueva York, y el tercero en Little Rock. Éste último pidió cerrar el caso en enero de 2021, cuando asumió Biden, pero el principal agente allí a cargo dejó en claro en el comunicado oficial que fueron los fiscales (puestos por Biden), y no los agentes del FBI, los que tomaron la decisión de cerrar la investigación.

Tras el pedido de los fiscales en Little Rock, Biden tomó la lapicera y ordenó cerrar todas las investigaciones, entre enero del 2021 y septiembre de ese mismo año, completamente blindando a su aliada política de una investigación federal.

“El informe muestra, una vez más, que la Fundación Clinton ha sido objeto de acusaciones por motivos políticos sin ningún fundamento real”, dijo Craig Minassian, portavoz de la Fundación Clinton. “A pesar de esto, lo que sigue siendo cierto es que nuestro trabajo marca una diferencia significativa en la vida de millones de personas en los Estados Unidos y en todo el mundo”.

Ante la inminente caída en default, los republicanos hacen valer su mayoría en el Congreso y le exigen un histórico recorte de 10 puntos del presupuesto para firmar la extensión de deuda.

Las negociaciones entre republicanos y demócratas persisten a pesar de que se acerca la fecha límite a partir de la cual el Gobierno de Estados Unidos entraría en un dramático e histórico default. El presidente Joe Biden comenzó a ceder a la presión de la oposición y se acerca la concreción de una acuerdo, aunque todavía existe una brecha entre ambas partes.

El déficit fiscal del Gobierno federal superó el 7,2% del PBI en abril contabilizando el pago neto de intereses de deuda y el resultado primario entre ingresos y egresos corrientes. Es el desequilibrio más drástico observado desde 2012 sin contabilizar el shock que provocó la pandemia. 

Biden desequilibró completamente las finanzas públicas a raíz de su propuesta irresponsable para rescatar préstamos estudiantiles en agosto del año pasado, y los recientes rescates bancarios desembolsados por el Seguro Federal de Depósitos arrojaron aún más presión al déficit.

La propuesta de la oposición

Los republicanos encabezados por Kevin McCarthy ofrecen aumentar el techo legal de la deuda pública federal hasta los US$ 31,4 billones de dólares para los próximos dos años, pero a cambio exigen una estricta agenda de recortes presupuestarios y disciplina fiscal que evite una mayor disparada de la deuda en los próximos años.

Se debe tener en cuenta que sin los recortes de los republicanos y bajo las previsiones del presupuesto actual de Biden, la deuda pública llegaría a representar el 118% del PBI para 2033 y más del 195% para el año 2053. Estados Unidos no registra superávit primario desde 2007, y resulta completamente imprescindible ordenar las cuentas públicas para estabilizar el stock de deuda.

La propuesta presentada por McCarthy incluye una fuerte reducción sobre los gastos discrecionales que no están vinculados con la defensa y la seguridad nacional. Un plan de ajuste por US$ 4,5 billones de dólares, que incluye un recorte nominal del 9% sobre el presupuesto de 2023 para llevar las erogaciones al mismo nivel que el año pasado, y a partir de 2024 se fija un tope de aumento del 1% nominal sobre el presupuesto (el gasto disminuirá constantemente su participación sobre el PBI).

Para lograrlo, los republicanos proponen rescindir completamente de todos los fondos asignados para el Covid-19 que en la práctica no fueron utilizados pero que aún se conversan en el Presupuesto. Esto puede suponer un ahorro de hasta 30.000 millones de dólares de forma inmediata, y Biden ya anticipó que accederá a esta petición reconocida por ambas partes como algo totalmente razonable.

Por otra parte, se propone establecer nuevos requisitos para el acceso al Medicaid y otros programas sociales como el SNAP. Se propone incluir que los adultos sanos y sin hijos deban buscar activamente empleo o capacitarse en programas oficiales para poder hacerlo. También se apunta a aumentar la edad mínima jubilatoria para personas inscriptas en el programa SNAP de 50 a 55 años, una compensación razonable por el envejecimiento poblacional.

Se propone eliminar aproximadamente hasta 315.000 millones de dólares en rescates federales a préstamos estudiantiles, una medida que había disparado el déficit fiscal en casi 2 puntos del PBI entre agosto y septiembre del año pasado. Es uno de los recortes presupuestarios más importantes de la propuesta, con un impacto casi inmediato en las finanzas mensuales de “base caja”.

También se incluyen propuestas desde el punto de vista de los ingresos y los organismos recaudadores. Se propone un recorte de hasta 80.000 millones de dólares sobre los fondos nacionales que Biden había otorgado de manera discrecional al Servicio de Impuestos Internos.

La derogación de los créditos fiscales y las exenciones impositivas para vehículos eléctricos, ambas normativas previstas en la llamada “Ley de Reducción de la Inflación” sancionada en 2022. Se incluye una reforma sobre los permisos de energía y minería para flexibilizar las regulaciones sobre los combustibles fósiles, y con ello afianzar la recaudación tributaria asociada a estas actividades.