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Estados Unidos

La Corte Suprema adelanta su decisión sobre Pensilvania para el 8 de diciembre, por lo que ahora su fallo podría cambiar los resultados de la elección

Una demanda que disputa los resultados de la elección en Pensilvania fue aceptada por la Corte Suprema pero ésta se iba a expedir el 9 de diciembre. Ahora, por un cambio realizado por el juez Alito, se hará a primera hora del día 8.

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El juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, movió la fecha en la que se debe resolver la disputa de una demanda electoral en Pensilvania, del 9 de diciembre a la primer hora del día 8.

Esta diferencia parece pequeña pero es abismal, ya que el 8 de diciembre es la fecha límite para disputar las elecciones en los Estados, y ese día a la tarde, la Legislatura de cada Estado deberá elegir a los representantes que votarán por un Presidente en el Colegio Electoral. Se había hablado mucho de que la Corte Suprema, si bien iba a fallar en favor de Trump, lo iba a hacer después de la fecha límite y así no cambiaría el resultado de la elección, algo ya de por sí muy polémico.
Cabe recordar que en Estados Unidos el Presidente no es elegido por el voto popular, si no que por un Colegio de electores que representan las voluntades de cada Estado. Históricamente, estos electores han sido otorgados para el partido que ganó el voto popular en su Estado, pero dadas las enormes irregularidades que se han denunciado ante la Justicia, este año las Legislaturas podrían ejercer su poder constitucional y elegir electores para Trump en dónde la elección esté disputada.
Alito es el encargado del 3er Circuito Judicial de Estados Unidos, lo que lo pone a cargo de las demandas que llegan a la Corte Suprema provenientes de Pensilvania. La causa que llegó hasta el máximo tribunal es una en la que se pide la inconstitucionalidad del llamado “Act 77”, una ley que pasó Pensilvania unos meses antes de la elección para implementar el voto por correo universal.

Samuel Alito, juez de la Corte Suprema nominado por el republicano por George Bush en 2005.

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En Pensilvania hasta abril de este año, el voto por correo era solamente otorgado a quienes hicieran un riguroso trámite en el que debían registrarse en un padrón especial, presentar algún tipo de identificación, firmar unos papeles y dejar una dirección a donde querían que se les envíe la boleta. Sin embargo, con esta reforma electoral se “universalizó” el “derecho a votar por correo”.

“Act 77” introduce el voto por correo universal, lo cual obliga al Servicio Postal de Estados Unidos a enviar boletas a todos los domicilios donde se tenga registro de que viven personas habilitadas para votar. 
Esto lleva a muchos problemas: estos registros son viejos, correspondientes al último censo de 2010, por lo que muchas de las direcciones quedaron erróneas; se genera un gran flujo de boletas en las casillas de correo, ampliamente susceptibles a ser robadas; y facilita el fraude conocido como “relleno de votos”, que lleva a personas muertas votando, o personas que viven en un Estado votando en otro.
Sin embargo, la contienda judicial no ataca los fundamentos del “Act 77” ni menciona el fraude electoral, si no que la demanda ahonda en los detalles de cómo la ley fue aprobada. Según la Constitución del Estado de Pensilvania, cualquier reforma a la ley electoral debe ser sometida primero a un plebiscito vinculante. Si el plebiscito arroja un resultado favorable, recién ahí la Legislatura puede aprobarla o no. Este plebiscito nunca se hizo y el “Act 77” fue aprobado directamente por la Legislatura, por lo que se elevó ante la Justica la inconstitucionalidad de esta ley.
Esta demanda no es del equipo legal de Trump, aunque sí acompañaron y dieron asistencia financiera a los procedimientos. La causa fue abierta por el candidato a diputado Sean Parnell, quien perdió una insólita elección contra el demócrata Connor Lamb.
Parnell se mantuvo por encima de Lamb hasta el último 99% de los votos contados. Como ocurrió en la carrera presidencial, el conteo de votos se frenó y fue reanudado varias horas después. A partir de ese momento, todos los votos por correo que se contaron fueron para el demócrata, en una proporción irrisoria de 98 contra 2.
Finalmente, cuando todos los votos fueron contados, Lamb terminó con 9.963 votos más que Parnell, venciéndolo por un minúsculo margen de votos. En ese momento, Parnell se sumó a la causa que presentó Rudy Giuliani sobre irregularidades en los votos por correo, pero también abrió una demanda sobre la inconstitucionalidad del Act 77, que permitió el voto por correo universal en Pensilvania.

Sean Parnell, el candidato a diputado que, como querellante, llegó a la Corte Suprema para disputar los resultados de Pensilvania.

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Tan solo dos días después de la elección, Alito ordenó que los fiscales de mesa en Pensilvania tenían la obligación de separar los votos presenciales de los votos por correo, éstos últimos, una vez sacados del sobre, son imposibles de diferenciar de los presenciales. Esta segregación de boletas ya había sido ordenada por la Secretaria de Estado demócrata, Kathy Boockvar, pero Alito notó que no se estaba cumpliendo y que Boockvar no estaba forzando la aplicación su propia medida.

En caso de que la Corte Suprema determine que el “Act 77” es inconstitucional, la demanda de Parnell pide que la Justicia se expida sobre qué saneamientos son posibles. Se barajó la posibilidad de descartar todos los votos por correo y sólo considerar los presenciales, pero la Corte Suprema de Pensilvania ya dijo que jamás harían eso. También se habló de rehacer la elección entre Parnell y Lamb, pero la gran mayoría de los votos también afectan la carrera presidencial.
Esto generaría una situación de conflicto absoluto, en la que Pensilvania ya certificó la victoria para Biden, pero con millones de votos inconstitucionales.
Sería altamente improbable que se rehaga la elección por los cortos plazos que quedan (el Presidente debe ser elegido el 14 de diciembre). Pero es posible que ante esta situación de caos, la Legislatura, controlada por republicanos, decida no enviar representantes de su Estado al Colegio Electoral, quitándole los 20 electores a Biden.
Según las certificaciones, Biden cuenta con 306 votos electorales contra 232 de Trump. Sin embargo, en caso de que Pensilvania se abstenga, Biden quedaría con 286, mientras Georgia (16), Michigan (16) y Arizona (11) están en situaciones parecidas, cualquiera que acompañe esta decisión podría dar vuelta la elección, ya que si ningún candidato llega a 270 electores, se dispararía una “elección de contingencia”.
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Estados Unidos

Biden prohíbe el uso de Tornado Cash, la aplicación que permite transferir criptos de manera anónima

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El Tesoro puso a la aplicación en la lista SDN junto a grupos terroristas, el gobierno de Irán y de Corea del Norte y a oligarcas rusos por la “guerra contra la evasión” de Biden.

El lunes pasado, el Tesoro de los Estados Unidos realizó una votación interna luego de que el presidente Joe Biden les pidiera revisar la legalidad de una aplicación conocida como Tornado Cash, que permite realizar transferencias de criptomonedas de manera totalmente anónima entre sus usuarios.

La votación resultó en favor de prohibir su uso en Estados Unidos, y la aplicación fue ingresada a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), donde comparte lugar con organizaciones terroristas, instituciones iraníes y norcoreanas, y empresas estatales rusas. Una decisión bastante exagerada.

Tornado Cash recibe las criptomonedas que uno quiere transferir y mezcla la cadenas de bloques de manera completamente anónima para evitar cualquier tipo de rastreabilidad, para luego depositarle a la persona que se le quería enviar dinero.

A partir de ahora, cualquier persona que envíe o reciba dinero a través de Tornado Cash podría enfrentar hasta 30 años de prisión, incluso si los fondos en cuestión no provienen de una fuente ilegal, ya que según esta determinación “es imposible saber si son fondos legales o no”.

La decisión es polémica. Por un lado, Tornado Cash es una de las mejores herramientas para proteger el anonimato en línea, y hace imposible que el Estado rastree las transacciones, permitiéndole a la gente esconderse de cualquier tipo de persecución. Por el otro, es ampliamente utilizada por criminales para poder mover dinero sin ser rastreado por la policía.

Este complejo balance entre el derecho a la privacidad y la capacidad del Estado a investigar el crimen es un tema que sin dudas requiere de una atención especial por parte de los legisladores, en Estados Unidos y en todo el mundo, pero prohibir una herramienta financiera de cuajo no es la manera.

Además, la importancia de Tornado Cash crece cuando se tiene en cuenta que en el mundo de la blockchain todas las transacciones son públicas, y se pierde el secreto bancario que existe hoy por ejemplo en las transferencias que uno hace a través de un banco.

Si el Estado quiere mirar qué transacciones una persona hizo a través de su banco, necesita una orden judicial y un resumen de cuentas emitidos por la identidad financiera. En cambio, con las criptomonedas, cualquiera puede rastrear públicamente los ledgers.

En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una agencia del Departamento del Tesoro, llamó a Tornado Cash “una amenaza significativa para la seguridad nacional” de los Estados Unidos, y alegó que ha sido utilizado repetidamente por piratas informáticos norcoreanos para lavar dinero de múltiples robos millonarios.

Esta declaración es bastante absurda. Cualquier persona puede enviar y recibir cualquier suma de dinero con este crypto mixer, no solamente los grandes carteles. Según un análisis de Chainalysis, solo el 10,5% del dinero transferido en Tornado Cash el último año provino de fondos robados, y un 17,7% de fondos o personas sancionadas.

Esto quiere decir que el otro 71,8% de las transacciones fueron completamente legales. También implica que la Casa Blanca criminalizó a una empresa que anonimiza fondos y violó el derecho a la privacidad de 350 millones de ciudadanos solo por una cantidad menor de transacciones ilegales.

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Estados Unidos

El reparador de la laptop de Hunter Biden asegura que el FBI lo amenazó para que no publique sus contenidos

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El dueño del taller de reparación que consiguió la computadora con las fotos y videos comprometedores del hijo del presidente fue visitado por el FBI en varias ocasiones para que no publique la información.

John Paul Mac Isaac, el dueño de un taller de reparación de computadoras en Delaware, recibió al hijo del entonces ex vicepresidente Joe Biden, Hunter Biden, una tarde del 14 de abril del 2019. Según describió el encuentro, Hunter estaba “drogado” y balbuceaba que su laptop no andaba porque se le había “caído agua encima” y que la necesitaba “urgentemente” reparada.

Isaac reparó la computadora portátil en menos de una semana, pero Hunter nunca más la pasó a buscar. Un año entero pasó, y en abril del 2020, expiró la garantía que había firmado el hijo del ya candidato a presidente, y la laptop pasó a ser propiedad del taller.

En ese momento, Isaac empezó a revisar sus contenidos ya que tenía intenciones de limpiarle el disco para re-venderla como una computadora usada. Sin embargo, mientras exploraba los archivos encontró fotos de Hunter tomando drogas duras, videos contratando prostitutas y una serie de correos electrónicos que lo comprometían legalmente.

En octubre de ese año, Isaac decidió enviarle una copia de sus contenidos al FBI, y vendió otras copias al abogado de Trump, Rudy Giuliani, y a medios como New York Post, Daily Mail y Breitbart. A partir de ese momento, su vida se convertiría en un infierno.

John Paul Mac Isaac.
La tienda de reparación “Mac Shop”, con un cartel que le dejaron los vecinos: “El pueblo te agradece tu valentía. Sos un patriota”.

Según cuenta en un libro de su autoría que saldrá en noviembre, en diciembre del 2020, los dos agentes del FBI con los que se había contactado para enviarles una copia del disco rígido aparecieron una mañana en su taller, y lo amenazaron para que mantuviera silencio y no hablara con la prensa sobre el contenido de la computadora.

Hasta ese momento, Isaac se había mantenido en el anonimato, pero tras el apriete decidió dar la cara, y apareció por primera vez en Fox News, donde contó que él es ciego pero que le mostró grabaciones a sus allegados y éstos le pudieron confirmar que la persona que le dio la computadora era el propio Hunter Biden.

Resulta alarmante que dos agentes del FBI hayan decidido amenazar a Isaac mientras todavía estaba Donald Trump en el poder, y esto revela una fuerte interna dentro de la policía federal de los Estados Unidos, que mantiene una facción adepta al Partido Demócrata esté quien esté en la Oficina Oval.

Según cuenta en su libro, Isaac no se cayó ante las amenazas y les dijo “oigan, muchachos, recordaré cambiar sus nombres cuando escriba el libro“. Según reseña en el New York Post, Isaac cambió los nombres de los agentes: “El agente Wilson siguió caminando, pero el agente DeMeo se detuvo y se volvió hacia mí para decirme que si hablaba de esto públicamente me mataría”.

Es nuestra experiencia que nunca le pasa nada a la gente que no habla de estas cosas”, le dijo este “agente DeMeo”. Sin embargo, tras hablar con su abogado y familiares, decidió que su vida estaría más a salvo si se exponía públicamente. “Decidí hablar con la prensa y no sucumbir ante las amenazas“.

En otra parte del libro, asegura que luego de la asunción de Biden, en enero del 2021, otros dos agentes lo volvieron a visitar y le dijeron que tenía que entregar el disco rígido original al FBI, que la copia que había enviado no era suficiente. Isaac les dijo que no lo iba a hacer, y cuando les recordó que en el taller hay cámaras, los agentes se fueron.

Tras la situación, sin embargo, Isaac tuvo que cerrar su negocio y, según New York Post, “presentó una demanda multimillonaria por difamación en mayo contra el representante demócrata Adam Schiff y una serie de medios de comunicación, incluidos CNN, Daily Beast y Politico, diciendo que lo acusaron falsamente de vender desinformación rusa”.

Tras el allanamiento a la residencia de Trump en Palm Beach por parte del FBI, su historia ahora adquiere un nuevo significado, y revela la magnitud de la red de corrupción que alcanza a varios agentes de la policía federal, hoy en manos del operador judicial demócrata Merrick Garland.

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Estados Unidos

Trump tuvo la posibilidad de allanar a Hillary Clinton pero decidió priorizar la estabilidad política: Hoy lo persiguen a él

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El 20 de enero del 2017 Trump llegaba a la Casa Blanca y su entrante Fiscal General estaba listo para allanar a Hillary Clinton por la eliminación de correos electrónicos, pero el presidente republicano decidió no hacerlo.

El 9 de octubre del 2016, durante el debate presidencial en Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre, el entonces candidato le dijo en la cara a Hillary Clinton que en caso de ganar designaría un fiscal especial para investigar sus crímenes y que si fuera por él, estaría presa.

En su momento, los medios tradicionales alineados al Partido Demócrata explotaron de furia y tildaron al candidato republicano de fascista y de querer perseguir a su principal rival política. Sin embargo, luego de ganar las elecciones y asumir el poder el 20 de enero del 2017, Trump tuvo en su mano la lapicera con la que iba a firmar la investigación de los Clinton, pero decidió no hacerlo.

El ex presidente designó como Fiscal General a Jeff Sessions, por entonces el senador republicano quien más había denunciado a Hillary Clinton durante su paso por la Secretaría de Estado. Todo estaba listo para que el Departamento de Justicia de Trump ordenara un allanamiento y abriera una investigación en su contra. Pero Trump le puso la correa a Sessions, y le pidió que dedicara sus esfuerzos a otras cosas.

Razones para allanar a la ex Primera Dama no le faltaban. Durante su paso por la Secretaría de Estado, la Cancillería de Estados Unidos, Hillary Clinton estableció un correo electrónico en un servidor externo a la Casa Blanca y lo escondió del Servicio Secreto y de las auditorías federales.

Desde ese correo electrónico coordinó cientos de actos delictivos. Ordenó repartir armas a grupos rebeldes en Libia, ataques con drones, habló con empresarios chinos y rusos, e instruyó espionajes masivos a dirigentes extranjeros.

El servidor no estaba dentro de la red .gov de la Casa Blanca, y fue fácilmente hackeado por ciberataques rusos en reiteradas ocasiones entre 2012 y 2014. En diciembre del 2014, sabiendo que había cometido un crímen, Hillary Clinton eliminó 31.830 e-mails a escondidas y destruyó con ácido las computadoras para que sus discos rígidos sean irrecuperables. Estos mails luego serían publicados por WikiLeaks en 2016, ya que fueron hackeados antes de que los borrara.

Un año después, el Congreso abrió una investigación de Hillary Clinton por sus acciones en la desestabilización de Libia que resultó en el asesinato del embajador estadounidense en Bengazi, y en el Comité de Investigación se le pidió que entregue los correos electrónicos del servidor paralelo, un pedido que no pudo cumplir ya que los había borrado todos.

El FBI abrió una investigación paralela de la ex funcionaria de Obama, y el propio director de la policía federal James Comey compareció ante el Comité y testificó que Hillary cometió una serie de crímenes federales en su accionar, pero no recomendó procesarla ya que “no actuó con intención criminal”, una de los mayores blindajes gubernamentales de la historia.

La testificación de Comey no era vinculante, y la decisión de no denunciar a Hillary Clinton provino de la Fiscal General de Obama, Loretta Lynch, quien unas semanas antes de anunciar que no presentaría cargos contra la ex funcionaria se reunió en privado con el ex presidente y marido de Hillary, Bill Clinton.

Cuando Trump ganó las elecciones, todos esperaban que el republicano instruyera a Jeff Sessions que abriera la investigación que Obama no abrió. Esto hubiera implicado un allanamiento a las propiedades de Hillary Clinton para evitar que destruya evidencia, y cualquier juez se vería obligado a firmar la orden ya que existe el antecedente de la eliminación de los e-mails.

Según han contado funcionarios de la Casa Blanca de Trump, el entonces presidente decidió en los primeros días de su mandato no perseguir a Hillary Clinton, ya que eso traería inestabilidad política y acaparía todas las acciones de su gobierno, imposibilitando que promueva su agenda.

A partir de hoy Estados Unidos empieza a sanar. No vamos a designar un fiscal especial para que persiga a Hillary Clinton desde la Casa Blanca, aunque sí le pedimos a los fiscales federales y al Poder Judicial que haga lo que tiene que hacer con un caso criminal tan evidente“, dijo la portavoz de Trump, Kellyanne Conway, pocos días antes que asuma como presidente.

Esto probó ser un gran error. La Justicia no hizo nada por aplicar la ley contra Hillary Clinton, quien quedó completamente en libertad; y a los demócratas no les importó nada el llamado a estabilidad política.

Ni bien tuvieron oportunidad, colocaron un fiscal especial para que lo investigue a él basándose en la teoría conspirativa que inventó la campaña de los Clinton de que Trump trabajaba para el Kremlin. Después de 3 años de investigación, el fiscal Robert Muller exoneró a Trump, y el presidente republicano se creyó que ahí había terminado todo.

Pero los demócratas recién empezaban. Intentaron hacerle un impeachment por una conversación totalmente benigna con el ahora famoso presidente Volodímir Zelénski, luego montaron un sistema de fraude electoral basado en el voto por correo y hasta le hicieron un segundo impeachment.

Por último, ya afuera del Gobierno, los demócratas ahora cruzaron el Rubicón y ordenaron el allanamiento que Trump se negó a hacerle a Hillary Clinton. Biden instruyó a su Fiscal General, Merrick Garland, que ordenara una redada a la residencia de Trump en Miami sin ningún susteno legal y abrió un capítulo oscuro en la historia norteamericana, tal vez el fin de la República.

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