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Estados Unidos

La Corte Suprema rechaza involucrarse en la disputa entre Trump y Biden por el allanamiento del FBI

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Los magistrados se negaron a hacer lugar a la petición de Trump para que el FBI le devuelva los documentos personales ilegalmente incautados en la redada que ordenó Biden en agosto.

La Corte Suprema de los Estados Unidos anunció el jueves que no intervendrá en el litigio entre el gobierno de Biden y el expresidente Donald Trump por el allanamiento ocurrido en Mar-a-Lago el pasado 8 de agosto, dándole luz verde a la Casa Blanca para seguir violando los derechos constitucionales del exmandatario republicano.

Trump le había solicitado a la Corte Suprema mediante un escrito que intervenga en la causa y ordenase al gobierno de Biden detener la revisión de los más de 11.000 documentos y posesiones personales que fueron sustraídos ilegalmente de su casa y que aún no han sido devueltos por el FBI.

El escrito presentado por el equipo legal de Trump estaba dirigido al juez Clarence Thomas, uno de los juristas más conservadores y el miembro del tribunal que supervisa el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito con sede en Atlanta, que había fallado en contra del expresidente hace algunas semanas.

Dicho escrito alega que, además de ser devueltos previamente, la revisión de los documentos incautados por el gobierno de Biden debe ser ejecutada por Raymond Dearie, el juez retirado que está ejerciendo actualmente como la figura del tercero imparcial (special master) en la causa.

El special master Dearie, un exjuez ahora retirado que fue nominado en su momento por el presidente Reagan, fue nombrado en la causa como supervisor por un tribunal superior luego de que el equipo de Trump probara que el magistrado de primera instancia, el exabogado personal del financista pedófilo Jeffrey Epstein, Bruce Reinhart, era un donante demócrata que no podía separar su parcialidad de sus decisiones judiciales.

El juez Thomas remitió la solicitud al pleno de la Corte, donde los 9 jueces derribaron el pedido del ex presidente. Fue una orden breve, de una sola frase, sin ninguna disidencia ni justificación, diciendo solo que la solicitud de rever la decisión emitida por el tribunal federal de apelaciones era denegada.

En el mismo día que el máximo tribunal rechazó la petición de Trump, en la última sesión del circo demócrata conocido como la Comisión del 6 de Enero, el panel extrajudicial compuesto por diputados demócratas ordenó que el líder republicano sea llamado a declarar por su supuesto rol en intentar interrumpir unas elecciones “justas” y “demócraticas“, en relación a la denuncias de fraude que había efectuado.

La Comisión del 6 de Enero es un órgano legislativo sin poder judicial, en donde abunda la parcialidad, ya que está compuesta por 7 diputados demócratas y por los antitrumpistas Liz Cheney y Adam Kinzinger, lo más probable es que Trump rechace la citación y busque pelearla en el ámbito judicial hasta que los republicanos retomen el control de la Cámara Baja en enero del próximo año, y derriben la comisión que atenta contra la libertad de expresión.

Pese a ser catalogada como una corte “ultraconservadora y trumpista”, la actual composición de la Corte se ha visto reacia y dubitativa a involucrarse en temas que puedan darle mala prensa, incluso fallando en contra de Trump en numerosas ocasiones y permitiendo que los demócratas continúen con su persecución política.

Estados Unidos

El Departamento de Justicia de Biden ordenó recolectar miles de datos de cuentas que hayan tenido interacción con Donald Trump

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Abogados han revelado documentos conectados a una recolección masiva de datos de redes sociales del ex-presidente.

Fuentes judiciales pertenecientes al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, han revelado una serie de documentos que vinculan una orden de registro perteneciente a la cuenta de Twitter del ex-presidente Donald Trump con datos de cuentas de terceros con las cuales el mandatario haya interactuado.

La persecución judicial por parte del fiscal especial Jack Smith designado por Joe Biden se incrementa constantemente, ya que en la orden de registro de los perfiles de redes sociales del presidente Trump, a su vez, pretende que se analicen sus datos de historial, borradores, bloqueos e incluso información acerca de aquellas listas de Twitter que hayan tenido cualquier tipo de interacción con el perfil de Trump.

El Departamento de Justicia de Merrick Garland, no conforme con esos datos, también solicitó que se le provean datos relacionados a la geo-localización mensajes privados, historiales de búsqueda e incluso los pronombres del ex-presidente.

La orden de registro que fue presentada en el mes de enero del presente año, forma parte de una investigación en la cual el Departamento de Justicia se ha comprometido a revelar distintos documentos relacionados al proceso judicial que las organizaciones informáticas han solicitado con tal de conocer el progreso de la investigación acerca de los hechos del 6 de enero de 2021.

La investigación presentada por las empresas informáticas (más precisamente Twitter), se dio luego de que la misma se haya negado a colaborar con la orden de registro contra el ex-presidente Trump, así como también una orden de silencio, argumentando que violaba los derechos corporativos y aquellos relacionados a la libre expresión de Trump. Luego de negarse a dichas ordenes, la justicia mediante el juez Beryl Howell le impuso una pena a la compañía de $350.000 dólares.

Conjuntamente con las ordenes que violaban los derechos de privacidad de Trump, se emitió por parte de la justicia una orden que no permitía a la red social informar al ex-presidente que se efectuaría una maniobra de espionaje en sus cuentas. Ante esto, la red social anunció que la mencionada orden violaba explícitamente los derechos otorgados por la Primera Enmienda y la ley de comunicaciones archivadas.

En las últimas horas, una corte federal de apelaciones de Washington D.C. resolvió que el ex-presidente puede ser imputado en demandas civiles. Dicho fallo fue dictado de forma unánime por los jueces Greg Katsas, Judith Rogers y quien escribiera el veredicto, Sri Srinivasan.

Dicha resolución fue tomada luego de que la jueza de Washington D.C., Tanya Chutkan negara al ex-presidente una moción para desestimar la acusación del Comité del 6 de enero que responde a las ordenes de Smith, el cual en varios casos no respetó los derechos constitucionales del ex-presidente.

En simultáneo, tanto el comité J6 como la jueza Chutkan han encubierto sistemáticamente la destrucción de cientos de archivos videográficos que constan en la testificación de más de mil testigos en la investigación comandada por el comité. Chutkan negó un pedido efectuado por Trump para revelar dichos archivos debido a que no había especificado la relevancia que estos tienen en la causa.

Por su parte, desde sectores pertenecientes al Partido Republicano han expresado su mas fuerte rechazo y preocupación frente a las acciones tomadas por el Departamento de Justicia y por el fiscal Smith en el manejo de la investigación.

De tal modo, los representantes Anna Paulina Luna (Florida), James Comer (Kentucky) quien comanda el comité de supervisión del Congreso y Jim Jordan (Ohio) han demandado mediante un comunicado que se brinde información acerca de si Jack Smith siguió al pie de la letra los precedentes establecidos por la Corte Suprema al momento de imputar a Donald Trump bajo los cargos de conspiración.

El Comité de Supervisión y Responsabilidad mostró su ardua preocupación frente a un uso del aparato judicial con el fin de degradar la reputación de un candidato presidencial frente a las elecciones que se llevarán a cabo en el próximo año

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Estados Unidos

Entrevista Exclusiva a Roger Stone: El mítico asesor de campaña republicano expresa su apoyo a Javier Milei

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Roger Stone habla sobre todo en una entrevista exclusiva con La Derecha Diario.

La Derecha Diario entrevistó a uno de los más importantes armadores políticos y asesores de campaña de los Estados Unidos. Desde la década de los 70, Roger Stone ha trabajado en las campañas de políticos republicanos clave como Richard Nixon, Ronald Reagan, Jack Kemp, Bob Dole y Donald Trump.

Perseguido políticamente por el gobierno de Biden, actualmente tiene su propio programa “Stone Zone” donde habla de las noticias y da su experimentada perspectiva. En la entrevista, se conversó acerca del histórico triunfo de Javier Milei en Argentina, y de su trabajo en las exitosas campañas de Nixon, Reagan y Trump.

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Economía

Entra en vigencia la Ley de Responsabilidad Fiscal de los republicanos para que EEUU baje el déficit por primera vez en 20 años

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Finalmente el Presupuesto aprobado en conjunto por el presidente Biden y la oposición republicana entró en vigencia a partir de octubre, y establece fuertes limitaciones para el crecimiento del gasto público discrecional. Se espera una profunda caída del déficit fiscal en los próximos meses.

Tras las tensas negociaciones entre la administración del presidente Joe Biden y la oposición del Partido Republicano, hacia el mes de septiembre se llegó a un acuerdo fiscal que impone una serie de restricciones a la expansión del gasto público sin la necesidad de subir los impuestos, la totalidad del ajuste recae sobre el Estado federal.

En Estados Unidos el año fiscal comienza el 1 de octubre de cada año y finaliza el 30 de septiembre. En el primer mes de aplicación del Presupuesto 2024, el déficit financiero del Gobierno federal cayó por debajo del 6% del PBI al cierre de octubre, el resultado más equilibrado de los últimos 10 meses. 

Por su parte, el déficit primario federal (excluyendo la creciente carga por intereses de deuda pública) retrocedió al 3,7% del PBI y registró el nivel más bajo desde diciembre de 2022.

El proyecto aprobado en conjunto por republicanos y demócratas moderados dispuso de los siguientes puntos:

  • Suspensión del límite de deuda hasta el 1 de enero de 2025
  • Topes para el gasto discrecional en los ejercicios fiscales 2024 y 2025
  • Eliminación de todos los fondos remanentes asignados durante la pandemia de Covid-19
  • Reducción de US$ 1.400 millones de dólares para la financiación del Servicio de Impuestos Internos
  • La determinación de que cualquier resolución ejecutiva que cueste más dinero del que genera sólo pueda realizarse si una cantidad igual o mayor de dinero se recorta de otros programas federales
  • Eliminación definitiva de la cancelación de préstamos estudiantiles, algo también anulado por la Corte Suprema a partir de agosto de este año
  • Ampliación de los requisitos para percibir beneficios por el Programa de asistencia nutricional suplementaria
  • Flexibilización de los permisos para la aprobación federal de proyectos energéticos

Con una fuerte moderación de los gastos en términos nominales (y más aún en términos reales), se espera que el déficit del año fiscal 2024 pueda reducirse significativamente a niveles aún más bajos de los que había antes del estallido de la pandemia, sin la necesidad de subir los impuestos.

La administración del presidente Biden pretendía cargar el ajuste fiscal a cuenta de los contribuyentes, y su plataforma electoral para el año próximo propone relanzar estas propuestas.

Entre otras cosas, Biden propone un aumento del impuesto de Sociedades del 21% al 28%, un incremento sustancial de la tasa por Medicare, el alza de la tasa máxima del impuesto a las Ganancias de personas físicas del 37% al 39,6%, y el tratamiento de las Ganancias de capital de largo plazo con una tasa que se elevaría del 20% a más del 40%.

Por su parte, el expresidente Donald Trump propone profundizar los recortes de la “Ley de Empleos y Reducción de Impuestos” del año 2017, y en particular la reducción del impuesto de Sociedades del 21% al 15% a partir de 2026.

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