El héroe de guerra fue expulsado de un asilo de ancianos para dar paso a viviendas para inmigrantes de México, contó el hombre en una conferencia de prensa organizada por diputados republicanos.

Un veterano de 95 años, Frank Tammaro, condecorado por su servicio en la Guerra de Corea, contó este miércoles en una conferencia de prensa que organizó la diputada republicana Nicole Malliotakis que a su avanzada edad fue “tirado en la calle” luego de el gobierno federal de Joe Biden expropiara el geriátrico donde estaba viviendo hace casi 20 años para convertirlo en un refugio de inmigrantes ilegales.

Según relató entre lágrimas, desde el gobierno le dieron menos de dos meses de aviso para encontrar un nuevo hogar, lo cual no pudo conseguir y debió mudarse a la casa de su hija.

“Lo que me molesta es cómo lo hicieron, fue muy vergonzoso lo que le hicieron a la gente en Island Shores“, dijo Tammaro, refiriéndose al centro para ancianos en el que se encontraba.

Dijo que Island Shores “nos dio tiempo para salir“, pero no suficiente para encontrar otro geriátrico. “De un día para el otro apareció un aviso en el tablero de entrada. Creo que eso nos dio un mes y medio para encontrar otro lugar a dónde ir“, dijo.

“Si no fuera por mi hija, habría quedado en la calle. Eso fue todo. Dije: ‘No, no, no, no, no me vas a mover’, y ellos dijeron: ‘Sí, Sí, sí lo haremos.’ Todo se hizo a puerta cerrada; no tuvimos oportunidad de intentar detenerlos porque no había suficiente tiempo“, explicó.

El mes pasado, el geriátrico de Staten Island, Island Shores, llegó a un acuerdo poco transparente con el gobierno de la Ciudad de Nueva York, y la Casa Blanca, para vender las estructuras edilicias al Estado, el cual le dará la concesión para disponer del lugar a la organización Homes for the Homeless, que pretende instalar un centro de acogida de inmigrantes ilegales.

“Mi presión arterial se disparó cuando descubrí que Homes for the Homeless llegó a un acuerdo con la ciudad de Nueva York para convertir Island Shores en un refugio para inmigrantes“, dijo el hombre.

“El dinero de nuestros impuestos como ciudadanos de Nueva York no debe utilizarse para albergar a ciudadanos de otros países, especialmente a expensas de nuestros ciudadanos mayores y veteranos que arriesgaron sus vidas, pagaron impuestos toda su vida y construyeron nuestras comunidades“, mencionó la legisladora sobre lo ocurrido.

Cientos de miles de inmigrantes indocumentados han llegado a la ciudad de Nueva York durante el último año, generando una crisis habitacional que llevó al alcalde a pedirle ayuda al Gobierno federal en Washington D.C.

La respuesta de la Casa Blanca fue conseguir por la fuerza más espacio de vivienda, a razón de estatizar geriátricos, centros de salud y hoteles para acomodar al aluvión de inmigrantes que ha llegado a la ciudad desde el triunfo de Biden.

El proyecto de los demócratas consta de cuatro puntos para reformar el sistema, entre los cuales se propone incrementar la tasa de seguridad social para usuarios con ingresos medios y altos.

El presidente Biden presentó una propuesta para reformar parcialmente algunos parámetros del sistema previsional de Estados Unidos, a pesar de que el proyecto muy difícilmente pueda aprobarse debido a la oposición frontal del Partido Republicano. 

El borrador es ambiguo, consta de cuatro puntos entre los que se combinan aumentos en las erogaciones programadas para los próximos años y mayores impuestos sobre los ingresos medios y altos. No existe una determinación clara sobre el impacto que podría tener la reforma en las finanzas públicas, por lo que no apunta a garantizar la estabilidad del sistema a largo plazo.

Si no se producen cambios de mayor envergadura para los próximos 10 años, el sistema podría verse en la necesidad de efectuar recortes efectos para los haberes de los futuros jubilados y pensionados.

Los cuatro puntos de la reforma de Biden

Impuestazo para los ingresos por encima de los $400.000 anuales

Actualmente la tasa para la seguridad social en Estados Unidos se mantiene en el 7,65% para los empleadores y otro 7,65% como aportes personales de los trabajadores. Esto afecta a los ingresos hasta un determinado monto que se ajusta por inflación, el último correspondiente al año fiscal 2023 llegó a los US$ 160.200.

Los ingresos por encima de ese umbral no pagan la llamada “porción del Seguro Social” (OASDI) porque ya se encuentra automáticamente absorbido por el propio impuesto sobre la renta. 

Biden propone modificar este esquema, y comenzar a aplicar un recargo impositivo adicional para los ingresos igual o superiores a US$ 400.000 anuales (afectaría a la clase media, media alta y alta). Con este movimiento pretende incrementar drásticamente los recursos ingresados al sistema, pero a costa de diezmar los incentivos para el crecimiento de la oferta laboral y el crecimiento de la economía.

Modificación del cómputo para el índice de costo de vida

Los haberes previsionales en Estados Unidos se ajustan anualmente por un índice compuesto del costo de vida, que pondera el IPC con la evolución de los salarios. La administración Biden propone articular un nuevo indicador que tenga en cuenta una mayor variabilidad de bienes en la canasta de referencia.

El impacto neto de esta modificación será una mayor cantidad de recursos desembolsados para el sistema, en lugar de permitir que los ingresos adicionales se destinen a compensar el envejecimiento poblacional esperado para las próximas décadas.

Aumento del monto del seguro primario

Se propone aumentar el Monto del Seguro Primario (PIA por sus siglas en inglés) de 78 a 82 años, un parámetro que se utiliza para calcular la cuantía de beneficios que finalmente recibirá el jubilado o pensionado en cuestión. Nuevamente, el objetivo es desembolsar más recursos de los que estaban programados para revalorizar las pensiones, en contra de la sostenibilidad del sistema.

Aumento del beneficio mínimo para afiliados a la seguridad social con salarios bajos

El cuarto punto de la reforma propone, otra vez, aumentar los gastos fiscales del Estado federal en los próximos años. Se propone una revalorización del 125% sobre el beneficio mínimo que otorga el Gobierno federal para los afiliados con ingresos bajos.

Se trata de una suma de dinero indexada por la inflación en cada período fiscal, y que se aplica sobre un determinado umbral de ingresos sin importar los aportes realizados por cada individuo, o los años acumulados de aportes. 

Tras un largo proceso judicial, el fiscal general de Texas, la mano derecha de Trump en el estado, fue absuelto de cargos por corrupción y recibimiento de dádivas que inventaron los punteros demócratas.

El pasado sabado 16 de septiembre, el procurador general de Texas, Ken Paxton, el mayor aliado que tiene Trump en el estado, fue absuelto de una larga lista de cargos que fueron presentados por un grupo de legisladores del Partido Republicano afín a los intereses demócratas, que querían verlo removido de su cargo por haber “colaborado” con el ex presidente durante las denuncias de fraude electoral en las elecciones del año 2020.

Como resultado del proceso, el Senado estatal resolvió que los cargos por soborno, abuso de las funciones públicas, corrupción e incapacidad para ejercer funciones públicas (entre otros) no tenían lugar y fueron totalmente desestimados, en una votación que duró alrededor de cuatro horas.

Los 12 senadores demócratas, además de dos senadores republicanos, Robert Nichols y Kelly Hancock, votaron a favor de su destitución, pero fueron opacados por 16 senadores republicanos trumpistas que cerraron filas y evitaron que la izquierda se lleve una victoria.

La esposa de Ken Paxton, Angela Paxton, quien también es senadora de la Cámara Alta de la Legislatura de Texas, no participó en la votación debido a un claro conflicto de intereses, pero afortunadamente su voto no fue necesario, ya que los demás republicanos frenaron la persecución política.

En Texas, el Fiscal General, que vendría a cumplir simultáneamente los cargos de Procurador General y Ministro de Justicia, es un cargo que no designa el gobernador si no que se elige mediante voto popular en una elección separada.

En noviembre del año pasado, Paxton fue reelecto por un tercer mandato consecutivo, demostrando que su gestión tiene un amplio apoyo de la ciudadanía, aunque los demócratas, que son una minoría en Texas, quieran verlo desaparecer.

Paxton ha sido implacable contra la izquierda. En sus ya 8 años al frente de la fiscalía, ha impulsado juicios contra grupos demócratas que buscan socavar las leyes del estado, ha logrado litigar en contra de la Casa Blanca para asegurar las fronteras, logró derrumbar el voto por correo en los tribunales de Texas y ha echado a decenas de ONGs del estado por vías legales tras descubrirse que recibían dinero extranjero.

Paxton fue atacado con 48 denuncias que resultaron en 16 cargos presentados en su contra. El grueso de la denuncia correspondía a haber trabajado con Trump para derribar el fraude electoral en Texas, algo que los demócratas acusaron irónicamente de ser “antidemócratico”, pero incluyeron denuncias de todo tipo.

Por ejemplo, se lo acusó de que había incurrido en el intercambio de beneficios ilegales con el desarrollador inmobiliario Nate Paul cuando lo contrató para que realice una modernización de su casa. Paxton, a través de una entrevista brindada a Tucker Carlson en su programa en Twitter, dio detalles de cómo el Partido Demócrata logra hacer estas presentaciones ridículas a pesar de tener minoría en la Legislatura.

En primer lugar, a pesar de ser una clara minoría, ya que los demócratas mantienen tan solo 65 representantes frente a 150 republicanos, cuando votan en bloque deben elegir a un representante republicano que arrastre 10 votos con las intenciones de que dicho miembro del partido opositor sea designado presidente de la cámara.

Otro claro ejemplo del dominio que el Partido Demócrata ejerce dentro de la cámara baja es la relación de dependencia de 2 de los 4 abogados que investigaron a Paxton para con un Departamento de Justicia controlado por Biden.

El proceso judicial fue extremadamente pobre y estuvo teñido de poca transparencia. Por ejemplo, ni siquiera notificaron al propio Paxton de que estaba siendo investigado, quien se enteró cuando asistió a una reunión del Congreso para conmemorar a los veteranos en el mes de mayo, cuando la investigación había comenzado el primero de marzo.

Tras 3 meses de investigación encubierta, cuando finalmente se le dió aviso de su impeachment, no se le otorgó la posibilidad de presentar un caso, presentar testigos ni dar testimonio bajo juramento, lo cual es un requisito legal.

Luego de que se hiciera pública la existencia del proceso, se lo suspendió sin goce de sueldo por decisión del contralor del estado Glenn Hegar, y se le negó la posibilidad de defender su caso, incluso, se le puso una orden mordaza para que no pueda hablar del tema.

No solo los esfuerzos por perseguir a Paxton provinieron de la administración Biden, sino que otros grupos como el ”Texans For Lawsuit Reform”, o (TLR), han comprado influencias dentro de ambas cámaras para establecer a su propia candidata, Eva Guzman, quien previamente compitió en contra de Paxton, pero perdió, aunque busca la revancha en 2027.

A su vez, la responde directamente al antiguo consejero principal del presidente George W. Bush, Karl Rove, quien a pesar de pertenecer al Partido Republicano es afín al gobierno de Biden y mediante sus artículos de opinión en el diario ”Wall Street Journal” ha difamado y realizado esfuerzos para dañar la reputación del fiscal general.

Rove, a través de la TLR, apoyó primero a George P. Bush, hijo de Jeb Bush y sobrino del ex-empleador de Rove, George W. Bush, en las primarias contra Paxton, y luego de perder las internas, giró su apoyo a Eva Guzman.

Otro de los grandes ideólogos de este intento de destitución contra Paxton fue el actual presidente republicano de la Cámara de Representantes texana, Dade Pheelan, quien había sido denunciado por Paxton un tiempo atrás por haber asistido y brindado un discurso en la cámara en estado de ebriedad.