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Estados Unidos

La Justicia de Arizona, controlada por los demócratas, imputó y busca arrestar a todo el equipo de asesores de Trump

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Los demócratas hacen otro ataque contra la oposición y ahora buscan poner tras las rejas a todo el equipo que trabaja asesorando al expresidente republicano en su campaña presidencial.

La Justicia de Arizona imputó este jueves a varios aliados importantes del expresidente Donald Trump, incluido el exabogado de Trump y exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, la expresidente del Partido Republicano de Arizona, Kelli Ward, y el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, por denunciar que las elecciones del año 2020 fueron fraudulentas.

Junto con Ward, Meadows y Giuliani, la ex abogada de Trump Jenna Ellis y el ex asesor de campaña de Trump Boris Epshteyn, junto con varios miembros del Partido Republicano de Arizona, fueron imputados también, según publicó esta mañana el Washington Post .

Meadows, Giuliani, Ellis y Epshteyn fueron imputados por supuestamente intentar ayudar a Trump a recuperar los votos electorales de Arizona en las elecciones presidenciales de 2020, luego de que se comprobara que los demócratas habían robado votos por correo y la Legislatura votara que le darían los votos electorales a Trump si así la Justicia lo decidía.

Por su parte, Ward y los senadores del estado de Arizona, Jake Hoffman y Anthony Kern, también fueron acusados ​​de cargos por haber firmado documentos el 14 de diciembre de 2020, certificando que Trump era el ganador de las elecciones.

La acusación de varios aliados de Trump y miembros del Partido Republicano de Arizona se produce mientras una encuesta de Bloomberg News/Morning Consult realizada entre el 8 y el 15 de abril encontró que el presidente Joe Biden está detrás de Trump en varios estados clave como Arizona, Georgia, Nevada y Carolina del Norte por seis o más puntos.

En Arizona, Trump lideró por siete puntos, recibiendo el 49 por ciento del apoyo de los votantes que indicaron que votarían por él, mientras que Biden recibió el 42 por ciento.

Los once republicanos de Arizona son:

  • Kelli Ward, ex presidenta del Partido Republicano en Arizona, y su esposo, Michael Ward.
  • Senador del estado de Arizona Jake Hoffman
  • Senador del estado de Arizona Anthony Kern
  • Tyler Bowyer, director de operaciones de Turning Point USA
  • Nancy Cottle
  • James Lamon
  • Roberto Montgomery
  • Samuel Moorhead
  • Lorena Pellegrino
  • Gregorio Safsten

Los aliados de Trump que supuestamente fueron acusados ​​incluyen a Mark Meadows, Jenna Ellis, Rudy Giuliani, John Eastman, Christina Bobb, ex abogada de Trump, Boris Epshteyn y Mike Roman, ex asistente de campaña de Trump, según el Washington Post .

La decisión judicial fue en respuesta a un pedido directo del Fiscal General de Arizona, el ultra-demócrata Kris Mayes, y es la última de una serie de esfuerzos por utilizar el sistema legal para perseguir a los conservadores y republicanos aliados de Trump.

En julio de 2023, la fiscal general de Michigan, Dana Nesselacusó a 16 “falsos electores” de ocho delitos graves, entre ellos conspiración y falsificación de leyes electorales, por su presunto papel en el intento de disputar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Meses después, en diciembre de 2023, la Justicia de Nevada imputó a varios miembros importantes del Partido Republicano del estado, acusados ​​de falsificar y presentar documentos falsos en relación con el complot de los “falsos electores”.

La acusación de varios de los principales aliados del expresidente y varios miembros del Partido Republicano de Arizona se produce mientras Trump se encuentra actualmente en juicio y enfrenta 34 cargos de presunta falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con los pagos realizados a la estrella porno Stormy Daniels durante las elecciones presidenciales de 2016.

Estados Unidos

El Congreso de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que prohíbe que la Reserva Federal cree su propia moneda digital

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La Cámara Baja aprobó en los últimos días una legislación que impide que el Banco Central de los Estados Unidos lance un criptodólar, lo que cercenaría las libertades de los estadounidenses.

El pasado jueves 23 de mayo, la Cámara Baja estadounidense le dio media sanción a un proyecto en el cual se garantiza que la Reserva Federal (FED) no tenga la potestad de emitir su propio criptoactivo. De esta manera, muere la idea de una dólar digital, que tanto preocupaba a los libertarios en Estados Unidos por su capacidad de monitoreo y accionamiento contra la sociedad.

El proyecto ahora deberá ser tratado en el Senado en las próximas semanas y existe gran expectativa en cuanto al voto de algunos senadores demócratas que podrían apoyar la ley, y aquellos que abandonaron las filas de los demócratas, como es el caso de Krysten Sinema de Arizona.

Liderado por el representante republicano del estado de Minnesota, Tom Emmer, la Cámara Baja aprobó por medio de 216 votos a favor frente a 192 votos en contra el proyecto que busca la libre competencia de criptoactivos, consiguiendo que 3 diputados demócratas acompañaran el proyecto.

Los representantes demócratas que acompañaron los esfuerzos del Partido Republicano fueron Jared Golden (Maine), Mary Peltola (Alaska) y Marie Gluesenkamp Perez (Washington).

El proyecto de ley denominado "CBCD Anti-Surveillance State Act" o H.R. 5403, comprende entre otras cosas la imposibilidad de que la Reserva Federal estadounidense emita dicho activo digital en el sustento de las tareas del Banco Central, además de garantizar que el mercado de las criptomonedas no sea regulado.

En los últimos años, la emisión de activos digitales ha tenido un grado de popularidad enorme en el mundo, principalmente con la aparición de aquellos más populares como lo fueron las criptomonedas Bitcoin, Ethereum y Dogecoin entre otras, pero que son de origen privado, no estatal ni centralizado.

Así, con la aparición de los mencionados activos y el crecimiento en su popularidad, los gobiernos alrededor del mundo buscaron regular ese mercado y esa tendencia parece haber llegado recientemente a Estados Unidos.

Con la llegada de Biden al poder sumado a su buena relación con el presidente de la FED, Jerome Powell, el banco central de los Estados Unidos buscó inmiscuirse en un mercado que no necesita ser regulado, por lo que desde la Cámara Baja se originó este proyecto para mantener este mercado de manera liberada.

En primer lugar, el proyecto delimita las funciones de la Reserva Federal, aclarando que la misma no puede incurrir en el ofrecimiento de productos y servicios de manera directa a particulares en los Estados Unidos, de la misma manera que no puede emitir ningún tipo de activo digital con el sello propio del Banco Central que esté dirigido a particulares.

Del mismo modo, las intenciones de la Reserva Federal también incluían la participación de los bancos comerciales para poder ofrecer dicha moneda digital de origen estatal a través de canales privados, significando un método indirecto de distribución del hipotético criptoactivo, pero el proyecto liderado por Emmer se anticipó a esta posibilidad y estableció que no se permitirá el ofrecimiento de cualquier activo digital emitido por la FED a través de canales bancarios secundarios o financieras que estén destinados a particulares.

La premisa de las monedas digitales desde su comienzo fue la promesa de que su emisión se encontraría limitada con el objetivo de no generar desvalorización de la misma (lo cual trasladado a una moneda de curso legal se traduciría en inflación), sumado al hecho de que en su generalidad es utilizado como un activo de inversión y su popularidad y utilización como medio de pago o moneda como medio de cambio es casi nula.

La intención de la Reserva Federal (al igual que otros bancos centrales que buscan la emisión de un criptoactivo propio) es la competencia entre estas y el actual sistema de moneda FIAT, lo cual generaría una gran desvalorización a futuro de la nueva criptomoneda por parte del banco central (debido a la alta demanda contrarrestada por el caudal de oferta a través de la emisión que la FED debería realizar), desvalorizando a su vez el Dólar Estadounidense en respuesta a la conversión de la moneda a activo digital.

Así como a nivel federal, la legislación aprobada en el Congreso también se extiende a los bancos centrales de los distintos estados, señalando a la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal y al Comité de Operaciones de Mercado Abierto del mismo, que la misma instrucción de no emitir activos digitales propios del Banco Central estadounidense, rige también para los bancos centrales estatales para ser utilizado como herramienta de la política monetaria.

Ya habiendo sido tratada en el Congreso, con el tratamiento y la aprobación del Comité de Servicios Financieros de la Cámara Baja, ahora el proyecto deberá dirigirse al Senado en donde el panorama parece más complicado, debido al gran control del Partido Demócrata de la Cámara Alta, por lo que los senadores republicanos deberán negociar con aquellos demócratas que se perfilen más afines al proyecto.

Otro aspecto que los senadores republicanos deberán tener en cuenta al momento del tratamiento del proyecto, es la influencia que puedan tener en aquellos senadores independientes que puedan representar un voto a favor del proyecto, como los casos de Krysten Sinema (quien abandonó el Partido Demócrata recientemente) o Angus King.

Del mismo modo también deberán buscar el apoyo de Joe Manchin, quien se ha mostrado muy cercano en muchas ocasiones a las votaciones del Partido Republicano.

Si la legislación es aprobada en el senado, el proyecto deberá llegar al despacho del presidente Joe Biden, quien deberá aprobar o vetar en un escenario en el cual todavía la incertidumbre juega un papel crucial, ya que todavía ni el ni el gabinete se han expresado frente a la votación resultante en el Congreso.

Quienes sí se han expresado han sido el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien se ha mostrado de acuerdo con el proyecto de ley asegurando que la idea de emitir una moneda digital por parte del Banco Central nunca fue considerado. Powell afirmó que en el caso de que dicho suceso alguna vez se presente, será realizado a través del sistema bancario y no de forma directa.

También la representante demócrata de California, Maxine Waters, quien se desempeña como la representante principal del Partido Demócrata en el comité financiero del Congreso, se mostró en desacuerdo con la legislación aprobada señalando que se trata de un atraso en la innovación para usos gubernamentales de parte de los activos digitales.

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Estados Unidos

Trump habló en la Convención Libertaria, pidió su voto y prometió poner libertarios en su Gabinete: "Es hora de dejar de sacar 3% en todas las elecciones y empezar a ganar"

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Trump recibió su mayor ovación cuando prometió conmutar la sentencia de Ross Ulbricht, que cumple cadena perpetua por crear el sitio Silk Road. La multitud aplaudió y estallaron cánticos de Free Ross en el auditorio.

Este domingo tuvo lugar la Convención del Partido Libertario de los Estados Unidos, en la que, por primera vez en la historia, habló el candidato oficial del Partido Republicano y pidió su voto. Muchos libertarios en Estados Unidos suelen votar por el candidato republicano, mientras que los más duros suelen votar por el candidato del Partido Libertario, que suele sacar entre 2 y 3% todas las elecciones.

Donald Trump, resistido por los círculos más libertarios a pesar de sus fuertes medidas en favor de la desregulación de la economía y la reducción de impuestos, se paró frente a los delegados del Partido Libertario y les pidió su voto.

Su presentación fue de la mano con una invitación del Bloque de Mises, el poderoso grupo que se quedó con la dirigencia del Partido Libertario el año pasado y que está haciendo un esfuerzo para que gane Donald Trump y poder ser parte del gobierno republicano.

"Ha llegado el momento histórico en que deberían nominarme o al menos votar por mí, y deberíamos ganar juntos", dijo Trump. "Porque los libertarios quieren votar por mí… y es muy importante porque tenemos que deshacernos del peor presidente de la historia", agregó en referencia a Joe Biden.

Y añadió: “Les propongo por primera vez ser parte de la fórmula ganadora. Les propongo dejar de sacar 3% cada cuatro años y empezar a ganar".

Cabe aclarar que en 2020, si la mayoría de los votos del Partido Libertario hubieran ido para Trump, el republicano habría ganado la presidencia llevándose todos los estados claves, que perdió por menos de 1 punto porcentual mientras los libertarios obtuvieron entre 2 y 3% de los votos.

Biden cercenó todas las libertades que había reconocido Donald Trump en su presidencia, y fue una catástrofe para el movimiento libertario, según les explicó el ex presidente en el plenario de la Convención, donde recibió una mezcla de abucheos y gritos celebratorios, marcando la fuerte división que hay en el Partido sobre su figura.

De esta manera, Trump prometió que de ganar las elecciones, pondría algunos libertarios en su Gabinete, y les daría lugar a competir en las listas legislativas del Partido Republicano. Además, aseguró que en su primer día como presidente indultaría a Ross Ulbricht, un ícono del movimiento libertario en Estados Unidos que lleva 11 años en prisión por crear el sitio web Silk Road.

Ulbricht fue arrestado durante el gobierno de Obama, mientras Biden era vicepresidente, por crear un mercado online de compra y venta de productos, como eBay, Amazon o en Argentina, Mercado Libre, pero donde se registró la comercialización de drogas.

El candidato libertario

Gracias a estas promesas, muchos libertarios confirmaron que su voto iría para Donald Trump en noviembre, a pesar de que el Partido nominó oficialmente a Chase Oliver, un ex dirigente demócrata de extrema izquierda cuyo mérito político se centra en ser un militante LGBT.

La nominación de Oliver generó un fuerte espanto entre los votantes libertarios, que suelen tener postura más moderada respecto a la agenda social que promueve la izquierda. Se especula que la nominación de Chase Oliver la arregló el Bloque de Mises a propósito para beneficiar a Trump.

De esta manera, los libertarios más de izquierda votarán al Partido Libertario y no a Biden, mientras que los más de derecha (la mayoría del partido), negados a votar por un candidato tan extremista como Oliver, votarán por Trump o no irán a votar.

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Trump propone una profunda reforma del FBI para eliminar la influencia política de la polémica agencia de seguridad

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El expresidente y actual candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos aseguró que de volver a la Casa Blanca frenará la mudanza de la sede del FBI a Maryland, el intento de Biden por independizar a la policía federal y alejarla de los órganos de control.

La pasada semana, el candidato del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump anunció uno de sus grandes objetivos para su segundo mandato referido a la nueva manera de encarar la administración del Buró Federal de Investigación (FBI).

La policía federal de los Estados Unidos ha obtenido en las últimas décadas una masiva influencia política que ha jugado en detrimento de los intereses de la población. Trump lo vivió en primera persona cuando fue presidente, y el entonces director James Comey obstruyó sus reformas, persiguió a sus funcionarios e incluso intentó crearle causas inventadas en su contra.

Ahora, Trump anunció que de ser elegido presidente, se opondría a la decisión de Biden de mover la sede del FBI, el edificio Hoover, a Maryland, en un intento del Partido Demócrata por darle total autonomía política y sacarlo de la supervisión del Presidente del país.

A través de la red social "Truth Social", Trump mencionó que la sede el FBI debería permanecer en la ciudad de Washington D.C. con el objetivo de que se encuentre a una mayor proximidad al Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos, el cual, en la nueva estructura que piensa implementar el republicano de regresar a la presidencia, tendría un factor de control sobre el Buró Federal.

A su vez, Trump quiere facultar al FBI para que realice tareas de seguridad para contribuir como fuerza policial de la ciudad capital del país, que viene viendo un incremento en sus índices de inseguridad desde el inicio de la administración Biden.

Trump está poniendo especial énfasis en el alto índice de corrupción del organismo comandado por Christopher Wray. En los últimos años el expresidente ha sido víctima de una feroz persecución política y judicial por parte de la policía federal estadounidense, en la cual han buscado por todos los modos que el republicano no pueda presentarse a las próximas elecciones presidenciales.

En el último tiempo, Donald Trump ha realizado numerosas y furiosas críticas contra el sistema judicial y de inteligencia de los Estados Unidos, principalmente a quienes participan en la elaboración de causas judiciales para entorpecer su campaña presidencial.

El pasado martes, el expresidente acusó al FBI y al Departamento de Justicia de llevar a cabo acciones en conjunto con la administración Biden para efectuar una caza de brujas en su contra, quitarle fondos de campaña y obligarlo a quedarse en Nueva York durante semanas en vez de recorrer el país.

El plan de Biden para sacar el FBI de Washington

Luego de 15 años de discusiones acerca del reemplazo del edificio Edgar Hoover (que data de 50 años) correspondiente al FBI en Washington D.C., la actual administración parece haberse decidido por el traslado de una nueva dependencia a la ciudad de Greenbelt, Maryland, situada a alrededor de 20 kilómetros de su ubicación actual.

La elección por parte de la administración Biden de la localidad en el estado de Maryland se dio en el contexto de una contienda entre Maryland y el estado de Virginia, que históricamente albergó los edificios gubernamentales cuando se los quiere sacar de DC.

Maryland, un estado ultra-demócrata, serviría como la nueva base de operaciones del FBI, que tendría rienda suelta y se encontraría separado política y territorialmente de la Casa Blanca, para continuar con su caza de brujas contra Trump incluso si el republicano ganara la presidencia.

A partir de la elección de la nueva sede por parte de la actual administración, comenzaron a surgir ciertos interrogantes acerca del proceso de elección. El mismo senador demócrata Mark Warner, del estado de Virginia, aseguró que no se había realizado el correcto anuncio acerca de la elección de la ciudad en Maryland y lo describió como una importante interferencia política en el proceso selectivo de la Administración General de Servicios (GSA) que está encargada del manejo de los bienes inmuebles del Estado.

Para justificar la elección, Biden lanzó repentinos y sorpresivos cambios en los criterios de selección de la GSA, que anunció recientemente que ahora ponen especial énfasis en factores como la "equidad social" o "diversidad racial" a la hora de elegir dónde ubicar edificios estatales. De esta manera, se eligió el condado de Prince George en Maryland, bajo la justificación de su enorme población negra.

El gobernador republicano de Virginia, Glenn Youngkin se ha expresado fuertemente en contra de los planes de Biden, y en un reciente discurso recordó que su estado alberga actualmente a la academia del FBI, y ha recibido grandes empresas como Amazon, buscando destacar la posición estratégica del estado con respecto a la capital.

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