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Estados Unidos

Mississippi pide a la Corte Suprema la anulación de Roe v. Wade, el fallo que despenalizó el aborto

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El Estado sureño, históricamente conservador, solicitó este jueves 22 de julio la anulación del histórico fallo que sienta jurisprudencia en materia de derechos del aborto. La Fiscal General Lynn Fitch llevará a cabo la disputa judicial.

Attorney General Lynn Fitch - Attorney General of Mississippi

La Fiscal General del Estado de Mississippi, Lynn Fitch, elevó un pedido este jueves 22 de julio a la Corte Suprema de los Estados Unidos en búsqueda de la anulación del histórico fallo Roe v. Wade, la decisión que el máximo tribunal tomó en 1973 y despenalizó de facto el aborto en el país.

El pedido fue realizado por el gobierno republicano de Tate Reeves para que una ley de Mississippi que prohibió los abortos de mujeres con más de 15 semanas de embarazo, no sea declarada inconstitucional.

La ley pasó por la Asamblea de Mississippi en 2018, pero desde entonces está bloqueada en distintas cortes inferiores y, luego de varias apelaciones, finalmente la ley llegó a la Corte Suprema. El máximo tribunal, que actualmente tiene mayoría conservadora y provida, escuchará la argumentación en noviembre y tendrá que dar una sentencia para antes de junio del 2022.

La principal argumentación de Fitch es que el aborto es un tema político, no judicial, que debe ser tratado por las Legislaturas de cada Estado, no por la Corte Suprema para toda la unión. Según la Fiscal General, la definición del aborto por el Poder Legislativa haría posible el encuentro de un consenso y que las diferencias puedan ser resueltas mediante la votación.

La ley de Mississippi fue denunciada judicialmente por la única clínica de abortos que opera en el Estado, la Jackson Women’s Health Organization, con apoyo de grupos progresistas y organizaciones que promueven el aborto, con el Center for Reproductive Rights (CRR) encabezando la disputa.

La Presidente de la CRR, Nancy Northup, tiene una amplia experiencia judicializando las leyes provida, incluso liderando la batalla legal de Whole Woman’s Health v. Hellerstedt en 2016, que resultó en una victoria de los sectores pro aborto sosteniendo la decisión de 1973.

Sin embargo, esta demanda, rotulada como Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, ya que la clínica de abortos denunció directamente al Ministro de Salud de Mississippi, Thomas E. Dobbs, llega a la Corte Suprema en una situación completamente distinta a la del 2016.

En aquel entonces, los jueces conservadores eran minoría y perdieron 6-3 con el voto del ya retirado juez republicano Anthony Kennedy en favor del aborto. De todos modos, aquella vez fue muy positivo para el movimiento provida que el juez John Roberts votara en contra, ya que él tiene un perfil más moderado y podría haberse parado con los jueces progresistas, como hizo ya tantas veces.

Incluso sin el voto de Roberts, luego de la magistral aprobación de jueces conservadores durante el gobierno de Trump, hoy la Corte Suprema debería rechazar el emblemático caso Roe v. Wade sin problemas, con una super-mayoría conservadora de 6-3.

Pero conociendo la historia de Estados Unidos, esto no está asegurado. Para que la Corte Suprema desestime una fallo que adoptó el mismo tribunal en el pasado, debería encontrar desperfectos legales en la jurisprudencia, y no solamente votar por su opinión personal sobre el tema.

Mississippi abortion law and abortion clinic U.S. Supreme Court
La clínica de abortos Jackson Women’s Health Organization es la única que se encuentra en el Estado de Mississippi

En sintonía con Mississippi y aprovechando la situación, el gobernador republicano de Texas, Gregg Abbott, firmó una ley este año que terminaría con el aborto en el territorio texano si Roe v. Wade finalmente se desestima por parte de la Corte Suprema.

La legislación firmada por Abbott este 20 de julio se trata de una “ley gatillo“, lo cual significa que entraría en efecto automáticamente en caso de que los siguientes 3 supuestos sucedan:

  • La Corte Suprema anula total o parcialmente el fallo Roe v. Wade, modificado por el fallo Planned Parenthood v. Casey, lo que habilitaría a los Estados a prohibir el aborto.
  • La emisión de cualquier otra Corte Suprema local dentro de los Estados Unidos que tome la decisión de reconocer la autoridad de los diferentes Estados para prohibir el aborto.
  • La adopción de una enmienda en la Constitución de los Estados Unidos que permita restaurar total o parcialmente la potestad de los Estados para prohibir el aborto.

Estados Unidos

Juez federal que aprobó la orden de allanamiento de Biden contra Trump fue abogado de Jeffrey Epstein

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Este lunes por la noche el FBI ejecutó una orden de allanamiento pedida por el Secretario de Justicia de Biden, Merrick Garland, que fue firmada por un juez amigo.

El juez federal que firmó la orden de allanamiento pedida por Biden para redar Mar-A-Lago, propiedad del ex presidente Donald Trump, fue abogado del delincuente sexual infantil internacional Jeffrey Epstein.

Se trata del juez Bruce Reinhart, quien renunció a su trabajo como fiscal federal en 2008 y se fue a trabajar para EpsteinReinhart pasó diez años como el principal abogado de Epstein, mientras lideraba la red de pedofilia más grande del mundo. En 2018, vuelve a la actividad pública y asume como magistrado federal en 2018, según señala su biografía oficial del gobierno.

Durante su década de trabajo para Epstein, Reinhart participó de múltiples controversias. Fue nombrado en una demanda de la Ley de Derechos de las Víctimas del Crimen en 2011 como cómplice de Epstein. Además, fue acusado de violar la política del Departamento de Justicia y potencialmente filtrar información confidencial sobre el caso de Epstein para ganarse el trabajo.

En 2011, se lo denunció a Reinhart en su labor como abogado de Epstein por incompatibilidad, ya que en su paso como asistente del fiscal federal habría obenido información privilegiada para salvar al pedofilo multimillonario. “Mientras Bruce E. Reinhart era asistente del fiscal federal, se enteró de información confidencial y no pública sobre el caso de Epstein, y pocos días después se unió a la nómina de abogados de Epstein“, alegaron los demandantes en el caso Jane Does #1 y #2 v. Estados Unidos .

Según los informes, Reinhart dejó de trabajar para la oficina del fiscal de los Estados Unidos el día de Año Nuevo de 2008 y comenzó a trabajar para Epstein el 2 de enero de 2008informó el New York Post

Debió jurar bajo pena de perjurio que no tenía nada que ver con la investigación federal de Epstein y que no tenía información confidencial sobre su caso, pero sus supervisores presentaron un documento judicial contradiciendo el reclamo, y Epstein debió apartarlo del caso, aunque lo retuvo en su nómina y lo ayudó con otras causas judiciales.

En sus 10 años, Reinhart representó en varios casos a los pilotos del avión privado de Epstein, que utilizaba para transportar a sus clientes a su isla privada en el caribe donde sucedían los encuentros sexuales con menores.

También brindó asistencia legal al programador de Epstein, que lo acompañaba a todos lados y a una mujer llamada Nadia Marcinkova, a quien el propio Epstein describió como su “esclava sexual yugoslava” en grabaciones que fueron entregadas a la justicia durante su juicio.

Las acusaciones contra Epstein surgieron públicamente por primera vez en 2005. Se declaró culpable de cargos sexuales en Florida y cumplió solamente 13 meses en la cárcel, luego de que sus abogados negociaran un acuerdo con el fiscal. Se cree que este resultado tan positivo fue gracias a la información que trajo Reinhart al equipo legal.

En los años siguientes, su red de pedofilia continuó y muchas mujeres demandaron a Epstein por los abusos. Una mujer, de las más famosas denunciantes, de nombre Virginia Giuffre, afirmó que Epstein y Ghislaine Maxwell, su mujer, la habían prostituido contra su voluntad para que tuviera citas sexuales con hombres poderosos, incluido el príncipe Andrew del Reino Unido, con quien tiene una demanda abierta.

Los fiscales federales en Nueva York revivieron el caso contra Epstein por orden de la Casa Blanca de Trump, después de que las historias del Miami Herald en 2018 atrajeran nueva atención a sus crímenes. Fue arrestado en 2019, pero apareció suicidado un mes después.

Once meses después de su muerte, Maxwell fue arrestada en una finca de New Hampshire, y fue llevada a juicio, donde se la declaró culpable y fue condenada a 20 años de prisión, aunque nunca se le pidió la lista de clientes de la red de pedofilia.

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Estados Unidos

Enloqueció Biden: Envió al FBI a allanar a Trump en Mar-A-Lago, rompió sus cajas fuertes y se llevó sus computadoras

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Como Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua o Evo Morales en Bolivia, el gobierno federal utiliza como un arma política a las agencias de seguridad para apretar opositores.

El FBI allanó Mar-a-Lago, el masivo complejo de hoteles del expresidente Donald Trump en Palm Beach, Florida, que también funciona como base de operaciones del equipo político del líder republicano.

En una larga declaración, Trump anunció que su residencia estaba “sitiada, siendo allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI”. Según el ex mandatario, la redada fue “sin previo aviso”, le forzaron la caja fuerte y se llevaron todas sus pertenencias, incluidas computadoras.

Según fuentes republicanas, el ataque del FBI de Biden a la propiedad del ex presidente tiene que ver con la investigación del Comité del 6 de Enero, una comisión legislativa, sin poder judicial, que se arrogó las facultades de investigar a Trump por su participación en la organización de la marcha en Washington DC que concluyó con el ingreso al Capitolio durante la Sesión Conjunta del Congreso.

Según la orden judicial, que todavía no fue publicada pero se la habrían mostrado al abogado del ex presidente luego de ingresar por la fuerza a su propiedad, el Comité cree que Trump puede destruir evidencia y por lo tanto le pidieron a un juez que habilitara el allanamiento.

Es importante aclarar que esto no tiene asidero legal, y que cualquier juez que no esté alineado con la persecución política del Partido Demócrata hubiera descartado el pedido inmediatamente. Trump no está siendo investigado por ninguna causa en la Justicia, por lo que una redada para que no destruya evidencia no tiene sentido legal: la evidencia solo es considerada como tal en el contexto de un juicio en un tribunal.

Según informa NBC, Trump no se encontraba en Mar-A-Lago en el momento del ataque, si no que está pasando el verano estadounidense en su su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, desde donde mantiene reuniones de alto perfil con sus candidatos para las elecciones de noviembre.

El Departamento de Justicia, conducido por el operador judicial demócrata Merrick Garland, informó que la orden judicial fue procurada por la Casa Blanca, en el contexto de una investigación paralela que encabeza el Fiscal General, que se mantuvo oculta hasta hoy sobre las acciones del ex presidente en su última semana en el poder.

Así, Joe Biden, como Nicolás Maduro de Venezuela, Daniel Ortega de Nicaragua, Raúl Castro de Cuba, o Evo Morales en Bolivia, utilizó a la agencia federal de seguridad para atacar a su principal opositor político y está preparando todo para enjuiciarlo y evitar que se presente en 2024.

En un comunicado que subió a su red social Truth, Trump contó lo sucedido:

“Estos son tiempos oscuros para nuestra nación, ya que mi hermosa casa, Mar-A-Lago en Palm Beach, Florida, se encuentra actualmente sitiada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI. Nunca antes le había pasado algo así a un presidente de los Estados Unidos. Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta redada no anunciada en mi casa no fue necesaria ni apropiada. Es la mala conducta de los fiscales, el armamento del sistema de justicia y un ataque de los demócratas radicales de izquierda que desesperadamente no quieren que me postule para presidente en 2024, especialmente según las encuestas recientes, y que también harán cualquier cosa para detener a los republicanos y conservadores. en las próximas Elecciones de Medio Término. Tal asalto solo podría tener lugar en países del Tercer Mundo quebrantados. Tristemente, Estados Unidos se ha convertido ahora en uno de esos países, corrupto a un nivel nunca antes visto. ¡Incluso entraron en mi caja fuerte! ¿Cuál es la diferencia entre esto y Watergate, donde los operativos republicanos irrumpieron en el Comité Nacional Demócrata? Aquí, a la inversa, los demócratas irrumpieron en la casa del 45º presidente de los Estados Unidos.

La persecución política del presidente Donald J. Trump ha estado ocurriendo durante años, con la ahora completamente desacreditada Rusia, Rusia, la estafa de Rusia, el engaño de juicio político #1, el engaño de juicio político #2 y mucho más, simplemente nunca termina. ¡Es un objetivo político al más alto nivel!

A Hillary Clinton se le permitió borrar y lavar con ácido 33.000 correos electrónicos DESPUÉS de que fueran citados por el Congreso. No ha pasado absolutamente nada que la haga responsable. Incluso se llevó muebles antiguos y otros artículos de la Casa Blanca.

Me enfrenté a la corrupción burocrática de Estados Unidos, restauré el poder a la gente y realmente entregué por nuestro país, como nunca antes lo habíamos visto. El establecimiento lo odiaba. Ahora, mientras ven a mis candidatos respaldados obtener grandes victorias y ven mi dominio en todas las encuestas, están tratando de detenerme a mí y al Partido Republicano una vez más. La anarquía, la persecución política y la caza de brujas deben ser expuestas y detenidas.

¡Seguiré luchando por el Gran Pueblo Americano!”

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Persecución Política Demócrata: Condenan a Alex Jones por difamación sin dejarle presentar evidencia ni testigos

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El conductor de InfoWars había afirmado que el tiroteo escolar de Sany Hook fue falsificado por Obama con actores. Los padres lo denunciaron por difamación en un juicio con una condena sin precedentes.

El popular conductor y dueño de InfoWars, Alex Jones, fue condenado por difamación a los padres de una de las víctimas de la masacre de la Escuela Primaria Sandy Hook en 2012.

Un jurado de Texas sentenció al comentarista a pagar más de US$ 45 millones en daño punitivos y US$ 4 millones en daños compensatorios, aunque solo terminará pagando US$ 13 millones, ya que Texas tiene un tope legal de US$ 9 millones para punitorios.

La causa investigaba los dichos de Alex Jones pronunciados al aire pocos días después del atentado, cuando dijo que para él la masacre había sido un engaño orquestado por el gobierno de Obama para justificar leyes de control de armas.

En un segmento de su programa, Alex Jones analizó la extraña actitud de Robbie Parker, uno de los padres de una niña de 6 años asesinada en el brutal ataque, que se reía mientras hablaba de la muerte de su hija.

A su vez, Jones se refirió de Neil Helsin, padre del asesinado Jesse Lewis, también de 6 años, quien también estaba presente en la conferencia de prensa, y los tildó a todos de ser “actores de crisis contratados para hacerse pasar por padres de niños asesinados”.

Es justamente Helsin quien lo denunció por difamación en esta oportunidad, asegurando que sus dichos “le generaron un infierno” en su vida privada, con amigos y familiares acusándolo de trabajar para el gobierno, aunque no presentó evidencia de esto en la corte.

A pesar de que Alex Jones admitió haberse equivocado, y en repetidas ocasiones pidió perdón al aire por sus dichos y retractó sus palabras, los padres de Jesse Lewis decidieron demandarlo por 150 millones de dólares.

Generalmente el dinero en un caso de difamación se paga en reparación por daños ocasionados, por ejemplo si la víctima fue despedido de su trabajo por el relato creado alrededor de su figura en la difamación, pero nada de esto ocurrió con la familia Helsin.

Han habido otro tipo de casos de este estilo en el pasado, y la gran mayoría de veces se resolvió en mediación, donde una de las partes promete retractar sus palabras y pagar el costo del juicio. Pero los padres estaban empecinados en “destruir a Alex Jones”.

Y así lo dijo su abogado Wesley Ball, un desagradable operador político que trabaja como comentarista en CNN, MSNBC, Bloomberg, CBS, ABC y otros canales del establishment. “Le pido que con su veredicto, no solo hagan que Alex Jones tenga que pagar por los daños ocasiones, les pido que destruyan la plataforma por la cual Alex Jones habla. Les pido que se aseguren de que no pueda reconstruir su plataforma. Eso es lo que importa”, dijo el abogado Ball al jurado.

El jurado hizo caso, y dio US$ 45 millones en daños punitivos, un valor que nunca antes se había dictaminado para una difamación de este estilo. El propio Alex Jones había testificado que cualquier sentencia que superara los US$2 millones “hundiría” a la empresa matriz de Infowars, Free Speech Systems

La compañía se declaró en bancarrota al comienzo del juicio de dos semanas, una estrategia legal que muchos creen que fue para que el resultado de esta demanda no impacte en los balances de su compañía.

Un economista contratado por Wesley Ball estimó que InfoWars tiene un valor de US$270 millones, y que Alex Jones retiró $62 millones para sí mismo el año pasado en concepto de ganancias, aunque Jones aseguró que esa plata fue reinvertida en la empresa.

A pesar del impactante resultado económico del juicio, lo que más preocupaciones levantó en la sociedad norteamericana es cómo se llevó a cabo el proceso judicial. La jueza designada para la causa fue Maya Guerra Gamble, una activista de extrema izquierda y abiertamente defensora del Partido Demócrata.

La jueza Guerra Gamble rechazó todos y cada uno de los testigos que quiso llamar Alex Jones para probar su inocencia e incluso no le permitió registrar evidencia al juicio. El propio conductor quiso tomar el estrado y la jueza lo denegó, solo para después permitirlo cuando el abogado de los padres lo llamó a testificar.

En otra situación similar, Alex Jones intentó presentar sus mensajes de texto del 2012 con los demás trabajadores de su medio, donde les decía que no creía que los padres fueran actores. La jueza lo denegó.

Sin embargo, luego por alguna razón estos mensajes terminaron en las manos del abogado Wesley Ball, según él por un error del abogado de la defensa que se lo envió por mail cuando se lo quería enviar a la jueza, pero según Alex Jones, su teléfono fue hackeado.

En esa oportunidad, la jueza admitió que sean ingresados como evidencia, no para la defensa si no para la acusación, ya que en uno de todos los mensajes que Jones quería presentar, le comentaba a su productor que conservara el segmento del programa donde hablaba de los padres para subir a la página web, avalando supuestamente sus dichos.

La jueza dirigió constantemente el caso en contra de Alex Jones y despertó la polémica. Rápidamente aparecieron imágenes suyas de Facebook donde llamaba a “votar por todos los demócratas“, y tapizaba su foto de perfil con la bandera LGBT, con el certificado de que se había vacunado (y el eslógan de la campaña de vacunación de Biden “podemos hacerlo”) e incluso una foto con pelo teñido de azul llamado a todos a que “se queden en casa” durante el 2020.

El equipo de abogados de Jones intentó presentar esto como evidencia de que el juicio no fue objetivo y pidió anular el juicio, pero el petitorio fue rechazado tan solo un día después de su presentación, cuando estos pedidos, conocidos como “mistrail” pueden tardar varias semanas.

A Alex Jones solo le queda la posibilidad de apelar la decisión, lo cual elevaría la decisión judicial a una corte superior. Los actuales jueces de la Corte Suprema de Texas son todos republicanos, por lo que podría insistir con las apelaciones hasta llegar a su despacho.

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