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#Obamagate: documentos confirman que el “Russiagate” fue inventado por Hillary Clinton y usado por Obama para espiar la campaña de Trump

El Director de Inteligencia Nacional John Ratcliffe desclasificó notas del director de la CIA de Obama, John Brennan, que confirman que la falsa ‘trama Rusa’ fue originada por la campaña de Hillary Clinton y le permitió a Obama espiar en la campaña de Trump de 2016.

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A principio del mes de octubre, el Director Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, John Ratcliffe, desclasificó y reveló públicamente nuevos documentos relacionados a la investigación del “Russiagate: notas del ex-Director de la CIA, John Brennan, que confirman que dicha farsa fue originada por la campaña presidencial de Hillary Clinton, y que Barack Obama estaba al tanto.

El “Russiagate” consiste en una falsa acusación del Partido Demócrata al entonces candidato presidencial republicano, Donald Trump, a quien se acusó de coordinar ilegalmente con el gobierno de Vladimir Putin para ganar la elección presidencial de 2016. Esta “Trama Rusa” fue refutada completamente por el Fiscal Especial asignado al caso, Robert Mueller, en su reporte final.

Las notas de Brennan revelan que la acusación de interferencia electoral Rusa fue “propuesta por uno de los asesores de política exterior de Hillary Clinton“, y aprobada por la ex-Primera Dama y ex-candidata demócrata. 

En palabras de Brennan, la intención fue “difamar a Donald Trump generando un escándalo afirmando intervención de los servicios de seguridad Rusos” y “distraer al público” del uso de un servidor privado de correo electrónico por la campaña de Clinton.

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Brennan ubica el origen de esta acusación en julio de 2016, lo cual coincide con toda la evidencia conocida: el día 22 de julio de 2016, WikiLeaks publicó 20.000 correos de funcionarios del Comité Nacional Demócrata (DNC), en los cuales se expuso el uso de tácticas ilegítimas para beneficiar a Clinton en la primaria demócrata de ese año, y perjudicar al candidato socialista Bernie Sanders.

Dos días después, la presidenta del DNC e integrante del círculo íntimo de Clinton, Debbie Wasserman Schultz, se vio obligada a renunciar. Y el día siguiente, el 25 de julio de 2016, el DNC y la campaña de Clinton afirmaron por primera vez que “operadores de la inteligencia Rusa” habían hackeado sus correos y se los habían facilitado a WikiLeaks.

Las notas del ex-Director de la CIA afirman que el entonces presidente Barack Obama fue informado por el mismo Brennan del origen de la falsa acusación contra Trump. 

De la misma forma, un memorándum interno de la CIA, también desclasificado por Brennan, confirma que toda esta información fue recibida por James Comey, entonces director del FBI, y su asesor Peter Strzok.

A pesar de contar con esta información, Comey procedió a iniciar una investigación oficial del FBI sobre si “individuos asociados con la campaña presidencial de Donald Trump coordinaron, con o sin su conocimiento, con esfuerzos del gobierno Ruso de interferir en la elección presidencial de 2016.

El ex-empleado del FBI Peter Strzok (izquierda) y su jefe directo, James Comey, Director del FBI (derecha)

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Esta investigación ilegítima, denominada “Crossfire Hurricane”, terminó siendo utilizada por el gobierno de Obama para espiar a la campaña de Trump. Los documentos revelados por Ratcliffe ahora confirman que dicha investigación fue iniciada, a sabiendas, bajo falsos pretextos, lo cual constituye un delito federal.

La revelación de estos documentos por parte de Ratcliffe llega el mismo día en que el Presidente Trump anunció en su cuenta de Twitter que había autorizado a sus funcionarios a desclasificar cualquier documento sobre la falsa trama Rusa, y sobre el escándalo de los correos electrónicos de Hillary Clinton:

He autorizado absolutamente la completa Desclasificación de todo documento pertinente al mayor CRIMEN político en la Historia Estadounidense, la Farsa Rusa. Asimismo, del Escándalo de los Emails de Hillary Clinton. ¡Sin redacciones!” 

Las revelaciones de Brennan conforman un nuevo capítulo en la saga del “Obamagate”: la investigación multifacética sobre los esfuerzos ilegales del gobierno del demócrata Barack Hussein Obama para entorpecer la campaña del republicano Donald Trump en 2016, e incluso, tras la elección, sabotear su gobierno para dificultarle la gobernabilidad y eventualmente llevar a su salida del poder.

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Además del mismo Obama, está involucrada de forma directa y probada casi la totalidad de la cúpula de su gobierno:

  • Susan Rice, Asesora en Seguridad Nacional desde julio de 2013 y hasta el final del gobierno de Obama, y finalista en la selección de compañera de fórmula para Joe Biden en 2020
  • Sally Yates, Fiscal General adjunta y segunda de la Fiscal General Loretta Lynch
  • James Clapper, Director de Inteligencia Nacional entre 2010 y hasta la asunción de Trump
  • John Brennan, Director de la CIA desde 2013 y hasta la asunción de Trump
  • James Comey, Director del FBI desde 2013 y despedido por Trump en mayo de 2017
  • Hillary Clinton, Secretaria de Estado de Obama desde su asunción hasta febrero de 2013, y ungida por Obama como su sucesora en 2016
  • Joe Biden, vicepresidente de Obama durante todo su mandato, y actual candidato del Partido Demócrata en la elección de 2020

A tan solo 2 días de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de 2020, una victoria de Joe Biden y el Partido Demócrata significaría sin ninguna duda el regreso de todas estas figuras al poder.

En consecuencia, es evidente que todas las investigaciones que el gobierno de Trump está realizando sobre el “Obamagate” terminarían siendo descartadas

Incluso, es muy alta la probabilidad de que aquellos que llevaron a cabo estas investigaciones sean perseguidos política y judicialmente por un potencial gobierno de Biden, manejado por el entorno de Obama y la izquierda radical demócrata.

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Estados Unidos

Sigue la persecución de Biden: Ahora va contra Rudy Giuliani por defender a Trump en la causa del fraude electoral

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El abogado de Trump fue imputado por la fiscal del condado de Fulton por haber representado al ex presidente durante las acusaciones de fraude electoral en el Estado de Georgia.

Este lunes, el ex alcalde de Nueva York y dirigente republicano Rudy Giuliani anunció que es objeto de una investigación penal del Estado de Georgia y del Departamento de Justicia de Biden debido a su trabajo como abogado de Donald Trump exponiendo el fraude electoral ocurrido en las últimas elecciones presidenciales del año 2020.

La investigación está siendo liderada por Fani T. Willis, una activista judicial demócrata que se desempeña como Fiscal General del condado de Fulton, y está siendo supervisada por la Comisión del 6 de Enero, un comité creado por legisladores demócratas en el Congreso que se encarga de perseguir a personas cercanas a Trump sin que estas puedan hacer uso de su derecho a defensa, pues las audiencias son cerradas y con una limitada presentación de testigos. Además, Willis está siendo asesorada por el Fiscal General a nivel federal, Merrick Garland.

De acuerdo a sus abogados, es probable que Giuliani sea llamado a declarar este miércoles en Atlanta, donde se le preguntara sobre su relación con su cliente. Los abogados del neoyorquino ya avisaron que Giuliani invocará el principio de confidencialidad de abogado-cliente, que le impide a cualquier profesional que ejerce la abogacía revelar las conversaciones privadas que ha tenido con su cliente.

La tesis de Willis y de la comisión demócrata se centra en demostrar que Donald Trump conspiró con sus aliados, especialmente sus abogados, para “interrumpir el proceso democrático y robarse unas elecciones que fueron justas, libres y democráticas”, lo cual no tiene sentido ya que Trump en ningún momento intentó cambiar el resultado de la elección por vías no legales, y siempre se vinculó con las Legislaturas estatales para analizar sus opciones después de que saliera a la luz el fraude electoral.

Con esta maniobra, los demócratas buscan quebrar la lealtad de Giuliani para con Trump y que ofrezca algún tipo de testimonio que lleve al expresidente a ser imputado penalmente y puesto en el banquillo de los acusados. Al respecto, Robert Costello, integrante del equipo de Giuliani fue tajante: “Si esta gente cree que va a hablar de las conversaciones entre él y el presidente Trump, están delirando”.

El gobierno demócrata no le va a perdonar a Giuliani sus esfuerzos por evitar el fraude electoral de Biden. Por su rol como abogado acusante en este caso, el año pasado un tribunal en Nueva York le suspendió su matrícula de abogado y le impidió ejercer la práctica profesional.

Por su parte, Smarmatic y Dominion, las dos empresas que manejaron el conteo electoral en los estados donde se denunció fraude, presentaron demandas civiles contra el abogado neoyorquino exigiendo compensaciones económicas por haber sido “difamadas”.

No se sabe si estas demandas prosperarán, ya que en Estados Unidos para que una difamación tenga lugar, debe comprobarse que fue mentira. Por lo que las dos empresas deberán abrir su código y todos los registros al público, para demostrar que no hubo fraude, algo que se negaron a hacer durante la denuncia de Giuliani en 2020.

Junto con Giuliani, este mismo lunes también fue llamado a declarar por la causa en Georgia el actual senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham, el nexo de Trump con el establishment del Partido Republicano y quien se puso al hombro su campaña presidencial para 2024.

Además, a fines de junio, el celular de John Eastman, un miembro del equipo de legal de Trump, fue confiscado por agentes federales. Algo que también sufrió el legislador trumpista Scott Perry en los últimos días

Las recientes atropellos judiciales por parte del Departamento de Justicia y el FBI a Trump y a su círculo íntimo demuestran que se ha elucubrado un plan usando los tres poderes del Estado para impedir la candidatura presidencial líder republicano a toda costa.

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Estados Unidos

El FBI le confiscó a Trump sus pasaportes durante el allanamiento en Mar-a-Lago ordenado por Biden

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El ex presidente denunció que los agentes que participaron de la redada se llevaron todos sus pasaportes y que no puede salir del país. Una apretada política digna de una dictadura comunista del Caribe.

En medio de una persecución política y judicial sin precedentes en la historia de los Estados Unidos, el expresidente Donald Trump utilizó su red social este lunes para denunciar que sus pasaportes fueron robados por oficiales del FBI durante el allanamiento ejecutado en Mar-a-Lago, su residencia y base de operaciones políticas ubicada en Palm Beach, Florida, la pasada semana.

En la redada del FBI en Mar-a-lago, me robaron mis tres pasaportes (uno caducado), junto a todo lo demás. Esto es un asalto a un oponente político a un nivel nunca antes visto en nuestro país. Tercer Mundo“, expresó Trump en la plataforma Truth Social.

Es probable que los tres pasaportes a los que se refiere Trump en su comunicado sean, además del propio que posee como ciudadano estadounidense, un pasaporte diplomático emitido para oficial del gobierno y un pasaporte solo expedido para presidentes. La confiscación de estos documentos es significativa y un serio abuso judicial, pues sin un pasaporte legal, Trump no puede salir del país.

El pasado jueves, en conferencia de prensa, el Fiscal General de Biden, Merrick Garland, se encargó de aclarar lo evidente: que él personalmente había aprobado el allanamiento a la residencia del exmandatario como parte de una supuesta investigación federal en curso liderada por su departamento y el FBI.

La orden de allanamiento fue liberada al público durante las últimas horas del viernes debido a la creciente presión política y social. Sin embargo, lo verdaderamente importante no se encuentra en la orden, sino en la solicitud de allanamiento (affidavit) que el Departamento de Justicia presentó ante el juez exponiendo los motivos para justificar dicha redada, un documento que Garland se niega rotundamente a publicar.

Según el mismo FBI reporta, en el allanamiento, los agentes federlaes se llevaron un total de 11 cajas con documentos y fotografías personales de Trump, y un total de 27 cajas con documentos de diversa índole, principalmente documentos generados durante su mandato.

La orden firmada por el juez Bruce Reinhart, donante de Obama y ex abogado del pedófilo internacional Jeffrey Epstein, autoriza a allanar “todo archivo presidencial o gubernamental” creado durante toda la etapa presidencial del republicano, bajo la excusa de que se deben proteger los documentos clasificados.

Los abogados de Trump señalaron que como presidente, su cliente había publicado un memo durante los primeros días de su mandato indicando que cualquier documento que él sacara de la Casa Blanca automáticamente quedaba desclasificado, por lo que ningún archivo incautado está clasificado. Según explicó Trump, estos documentos se los llevó a Mar-A-Lago para construir la Biblioteca Gubernamental 2017-2021, como es deber de todos los presidentes que dejan el cargo.

Caída esta versión que intentó instalar la Casa Blanca, Trump denunció que la orden fue utilizada como una cortina de humo por el gobierno de Biden para perseguir a su principal adversario político, confiscándole así sus documentos personales y violando patentemente sus derechos constitucionales.

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Estados Unidos

Biden prohíbe el uso de Tornado Cash, la aplicación que permite transferir criptos de manera anónima

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El Tesoro puso a la aplicación en la lista SDN junto a grupos terroristas, el gobierno de Irán y de Corea del Norte y a oligarcas rusos por la “guerra contra la evasión” de Biden.

El lunes pasado, el Tesoro de los Estados Unidos realizó una votación interna luego de que el presidente Joe Biden les pidiera revisar la legalidad de una aplicación conocida como Tornado Cash, que permite realizar transferencias de criptomonedas de manera totalmente anónima entre sus usuarios.

La votación resultó en favor de prohibir su uso en Estados Unidos, y la aplicación fue ingresada a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), donde comparte lugar con organizaciones terroristas, instituciones iraníes y norcoreanas, y empresas estatales rusas. Una decisión bastante exagerada.

Tornado Cash recibe las criptomonedas que uno quiere transferir y mezcla la cadenas de bloques de manera completamente anónima para evitar cualquier tipo de rastreabilidad, para luego depositarle a la persona que se le quería enviar dinero.

A partir de ahora, cualquier persona que envíe o reciba dinero a través de Tornado Cash podría enfrentar hasta 30 años de prisión, incluso si los fondos en cuestión no provienen de una fuente ilegal, ya que según esta determinación “es imposible saber si son fondos legales o no”.

La decisión es polémica. Por un lado, Tornado Cash es una de las mejores herramientas para proteger el anonimato en línea, y hace imposible que el Estado rastree las transacciones, permitiéndole a la gente esconderse de cualquier tipo de persecución. Por el otro, es ampliamente utilizada por criminales para poder mover dinero sin ser rastreado por la policía.

Este complejo balance entre el derecho a la privacidad y la capacidad del Estado a investigar el crimen es un tema que sin dudas requiere de una atención especial por parte de los legisladores, en Estados Unidos y en todo el mundo, pero prohibir una herramienta financiera de cuajo no es la manera.

Además, la importancia de Tornado Cash crece cuando se tiene en cuenta que en el mundo de la blockchain todas las transacciones son públicas, y se pierde el secreto bancario que existe hoy por ejemplo en las transferencias que uno hace a través de un banco.

Si el Estado quiere mirar qué transacciones una persona hizo a través de su banco, necesita una orden judicial y un resumen de cuentas emitidos por la identidad financiera. En cambio, con las criptomonedas, cualquiera puede rastrear públicamente los ledgers.

En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una agencia del Departamento del Tesoro, llamó a Tornado Cash “una amenaza significativa para la seguridad nacional” de los Estados Unidos, y alegó que ha sido utilizado repetidamente por piratas informáticos norcoreanos para lavar dinero de múltiples robos millonarios.

Esta declaración es bastante absurda. Cualquier persona puede enviar y recibir cualquier suma de dinero con este crypto mixer, no solamente los grandes carteles. Según un análisis de Chainalysis, solo el 10,5% del dinero transferido en Tornado Cash el último año provino de fondos robados, y un 17,7% de fondos o personas sancionadas.

Esto quiere decir que el otro 71,8% de las transacciones fueron completamente legales. También implica que la Casa Blanca criminalizó a una empresa que anonimiza fondos y violó el derecho a la privacidad de 350 millones de ciudadanos solo por una cantidad menor de transacciones ilegales.

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