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Quién es Amy Coney Barrett, la jueza conservadora con la que Trump quiere recuperar la Corte Suprema

A poco más de un mes de las elecciones presidenciales, el presidente Trump ha nominado a la conservadora Amy Coney Barrett para la Corte Suprema. La jueza es la antítesis de Ruth Bader Ginsburg y de ser confirmada, correrá la Justicia del país a la derecha por décadas.

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A tan solo una semana del fallecimiento de la jueza ultra-progresista de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, el presidente Donald Trump anunció en la tarde de hoy a su reemplazo.

Se trata de la actual jueza federal de la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito, devota católica y fiel a sus principios conservadores de derecha, Amy Coney Barrett.

Barrett se desempeña en el fuero federal desde el año 2017, tras ser confirmada por 55 votos contra 43 en el Senado, incluyendo 3 votos del Partido Demócrata. En aquella oportunidad, también había sido nominada por Trump para la Corte de Apelaciones.

La jueza de 48 años de edad, madre de siete hijos y miembro de la congregación episcopal People of Praise, conformaba la lista de candidatos para la Corte Suprema presentada por Trump durante su campaña de 2016. Ahora deberá ser aceptada por un Senado dividido, a poco más de un mes de las elecciones presidenciales.

De hecho, su nombre sonó con fuerza para las primeras dos vacantes llenadas por Trump: la del juez conservador Antonin Scalia fallecido en 2016, en cuyo lugar Trump nominó a Neil Gorsuch, y la del juez liberal Anthony Kennedy, retirado en 2018, cuya banca fue completada con Brett Kavanaugh.

Jurídicamente, Coney Barret es la antítesis ideológica de Ginsburg. Mientras la fallecida jueza nominada por Bill Clinton en 1993 defendía el aborto irrestricto, las regulaciones a la portación de armas, el matrimonio igualitario, las políticas feministas, el desarme policial y la discriminación afirmativa; la nominada por Trump mantiene una fuerte posición en contra de la inmigración ilegal y el aborto, se manifiesta a favor de los derechos otorgados por la Segunda Enmienda, se opone al Affordable Care Act puesto en marcha por el ex presidente Obama y defiende la libertad de expresión absoluta.

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Cuando Barrett tuvo que ser confirmada por el Senado para la Corte de Apelaciones, sufrió terribles ataques por parte de los senadores demócratas, quienes destacaron como algo muy negativo su religión católica, despertando el enojo de los conservadores por la persecución religiosa.

Por dar un ejemplo, la entonces profesora universitaria había sido atacada por la senadora demócrata Dianne Feinstein. “Cuando uno lee tus discursos, la conclusión es que el dogma vive muy alto en vos, y eso es una preocupación“, en relación a su fe católica.

A pesar de estos ataques, Barrett se mantuvo firme y finalmente fue aprobada por el Senado, convirtiéndose en una de las mujeres más jóvenes en entrar a la Corte de Apelaciones.

Ella tuvo su formación como secretaria legal y cadete del ex juez de la Corte Suprema, el conservador Antonin Scalia, quien había sido nominado por Ronald Reagan y había llegado a ser uno de los principales referentes de la derecha en temas judiciales en Estados Unidos.

Está casada con Jesse Barrett (de quien tomó su segundo apellido), quien trabaja como Fiscal Asistente en Indiana, tiene 7 hijos, de los cuales 2 adoptó de Haiti. El último, el más joven, tiene síndrome de Down. Su carrera como madre, como jurista y como profesora universitaria ha sido de lo más ejemplar que se puede encontrar en el país y en cualquier parte del mundo.

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En el anuncio oficial, desde la Casa Blanca, el presidente Trump destacó el ilustre historial de Barrett, y su pasado vínculo académico y laboral con el fallecido juez Scalia. La viuda de Scalia estuvo presente en el anuncio. Trump elogió también la devoción de Barrett hacia su familia.

Tras las palabras de Trump, Barrett agradeció al Presidente su nominación, y prometió que si es confirmada aplicará la ley tal como está escrita, sin interpretaciones progresistas, afirmando: “amo a los Estados Unidos, y amo la Constitución de los Estados Unidos.” 

También recordó los logros de su antecesora, Ruth Bader Ginsburg, y la amistad de la fallecida jueza con su mentor, el también fallecido juez Antonin Scalia. Sobre Scalia, Barrett afirmó que “su filosofía jurídica es también la mía.”

En el cierre, Trump agradeció a los senadores republicanos presentes, y afirmó que “serán un par de semanas movidas” pero que confía en que podrán confirmar a Barrett rápidamente.

De ser confirmada, Barrett será la integrante más joven del Tribunal, siendo 5 años más joven que Neil Gorsuch. El presidente Trump ha manifestado en repetidas ocasiones su admiración y reconocimiento al trabajo que ha desempeñado y viene desempeñando Barrett como profesora de leyes y como jueza federal.

Tras el anuncio, la campaña del candidato demócrata Joe Biden lanzó un comunicado en el que pide que no se vote la vacante en la Corte hasta después de enero de 2021, tras la asunción del candidato ganador en las elecciones de noviembre. 

Además, criticó a Barrett por su oposición al sistema de salud socializado de Obama, el Affordable Care Act, también conocido como “Obamacare”.

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Tras el anuncio, comienza la etapa más política del proceso: la confirmación de Barrett en el Senado. El Partido Republicano cuenta actualmente con mayoría propia en la cámara alta, con 53 senadores contra 47 demócratas.

En el pasado, se requería una mayoría de 60 votos para confirmar a un integrante del gobierno federal o de la Corte Suprema. Pero en 2013 esta regla fue cambiada por los senadores del Partido Demócrata liderados por Harry Reid, con mayoría propia en ese momento, permitiendo que confirmar un integrante del gobierno requiera tan solo una mayoría simple. En 2017, el Senado republicano liderado por Mitch McConnell amplió esa modificación para también cubrir confirmaciones para la Corte.

Por lo tanto, Barrett solo requiere de 51 votos para ser confirmada. En el caso de un empate 50-50, la definición será del Presidente del Senado y vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence.

De los 53 senadores del Partido Republicano, 48 ya han manifestado su apoyo a la decisión del presidente para llenar la vacante en el máximo tribunal del país. 3 senadores no han definido su postura públicamente, y solo 2 se han expresado en contra: las senadoras Susan Collins (Maine) y Lisa Murkowski (Alaska), quienes podrían llegar a votar junto con los demócratas.

De esta manera se espera que, de la mano del estratega McConnell, el nombramiento de Barrett sea efectivo antes de las elecciones nacionales del próximo 3 de noviembre. Este hecho es de vital importancia ante la posibilidad de litigios por fraude electoral, ya que al contar con las 9 bancas de la Corte completas, se elimina la posibilidad de un empate.

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Estados Unidos

Biden prohíbe el uso de Tornado Cash, la aplicación que permite transferir criptos de manera anónima

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El Tesoro puso a la aplicación en la lista SDN junto a grupos terroristas, el gobierno de Irán y de Corea del Norte y a oligarcas rusos por la “guerra contra la evasión” de Biden.

El lunes pasado, el Tesoro de los Estados Unidos realizó una votación interna luego de que el presidente Joe Biden les pidiera revisar la legalidad de una aplicación conocida como Tornado Cash, que permite realizar transferencias de criptomonedas de manera totalmente anónima entre sus usuarios.

La votación resultó en favor de prohibir su uso en Estados Unidos, y la aplicación fue ingresada a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), donde comparte lugar con organizaciones terroristas, instituciones iraníes y norcoreanas, y empresas estatales rusas. Una decisión bastante exagerada.

Tornado Cash recibe las criptomonedas que uno quiere transferir y mezcla la cadenas de bloques de manera completamente anónima para evitar cualquier tipo de rastreabilidad, para luego depositarle a la persona que se le quería enviar dinero.

A partir de ahora, cualquier persona que envíe o reciba dinero a través de Tornado Cash podría enfrentar hasta 30 años de prisión, incluso si los fondos en cuestión no provienen de una fuente ilegal, ya que según esta determinación “es imposible saber si son fondos legales o no”.

La decisión es polémica. Por un lado, Tornado Cash es una de las mejores herramientas para proteger el anonimato en línea, y hace imposible que el Estado rastree las transacciones, permitiéndole a la gente esconderse de cualquier tipo de persecución. Por el otro, es ampliamente utilizada por criminales para poder mover dinero sin ser rastreado por la policía.

Este complejo balance entre el derecho a la privacidad y la capacidad del Estado a investigar el crimen es un tema que sin dudas requiere de una atención especial por parte de los legisladores, en Estados Unidos y en todo el mundo, pero prohibir una herramienta financiera de cuajo no es la manera.

Además, la importancia de Tornado Cash crece cuando se tiene en cuenta que en el mundo de la blockchain todas las transacciones son públicas, y se pierde el secreto bancario que existe hoy por ejemplo en las transferencias que uno hace a través de un banco.

Si el Estado quiere mirar qué transacciones una persona hizo a través de su banco, necesita una orden judicial y un resumen de cuentas emitidos por la identidad financiera. En cambio, con las criptomonedas, cualquiera puede rastrear públicamente los ledgers.

En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una agencia del Departamento del Tesoro, llamó a Tornado Cash “una amenaza significativa para la seguridad nacional” de los Estados Unidos, y alegó que ha sido utilizado repetidamente por piratas informáticos norcoreanos para lavar dinero de múltiples robos millonarios.

Esta declaración es bastante absurda. Cualquier persona puede enviar y recibir cualquier suma de dinero con este crypto mixer, no solamente los grandes carteles. Según un análisis de Chainalysis, solo el 10,5% del dinero transferido en Tornado Cash el último año provino de fondos robados, y un 17,7% de fondos o personas sancionadas.

Esto quiere decir que el otro 71,8% de las transacciones fueron completamente legales. También implica que la Casa Blanca criminalizó a una empresa que anonimiza fondos y violó el derecho a la privacidad de 350 millones de ciudadanos solo por una cantidad menor de transacciones ilegales.

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El reparador de la laptop de Hunter Biden asegura que el FBI lo amenazó para que no publique sus contenidos

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El dueño del taller de reparación que consiguió la computadora con las fotos y videos comprometedores del hijo del presidente fue visitado por el FBI en varias ocasiones para que no publique la información.

John Paul Mac Isaac, el dueño de un taller de reparación de computadoras en Delaware, recibió al hijo del entonces ex vicepresidente Joe Biden, Hunter Biden, una tarde del 14 de abril del 2019. Según describió el encuentro, Hunter estaba “drogado” y balbuceaba que su laptop no andaba porque se le había “caído agua encima” y que la necesitaba “urgentemente” reparada.

Isaac reparó la computadora portátil en menos de una semana, pero Hunter nunca más la pasó a buscar. Un año entero pasó, y en abril del 2020, expiró la garantía que había firmado el hijo del ya candidato a presidente, y la laptop pasó a ser propiedad del taller.

En ese momento, Isaac empezó a revisar sus contenidos ya que tenía intenciones de limpiarle el disco para re-venderla como una computadora usada. Sin embargo, mientras exploraba los archivos encontró fotos de Hunter tomando drogas duras, videos contratando prostitutas y una serie de correos electrónicos que lo comprometían legalmente.

En octubre de ese año, Isaac decidió enviarle una copia de sus contenidos al FBI, y vendió otras copias al abogado de Trump, Rudy Giuliani, y a medios como New York Post, Daily Mail y Breitbart. A partir de ese momento, su vida se convertiría en un infierno.

John Paul Mac Isaac.
La tienda de reparación “Mac Shop”, con un cartel que le dejaron los vecinos: “El pueblo te agradece tu valentía. Sos un patriota”.

Según cuenta en un libro de su autoría que saldrá en noviembre, en diciembre del 2020, los dos agentes del FBI con los que se había contactado para enviarles una copia del disco rígido aparecieron una mañana en su taller, y lo amenazaron para que mantuviera silencio y no hablara con la prensa sobre el contenido de la computadora.

Hasta ese momento, Isaac se había mantenido en el anonimato, pero tras el apriete decidió dar la cara, y apareció por primera vez en Fox News, donde contó que él es ciego pero que le mostró grabaciones a sus allegados y éstos le pudieron confirmar que la persona que le dio la computadora era el propio Hunter Biden.

Resulta alarmante que dos agentes del FBI hayan decidido amenazar a Isaac mientras todavía estaba Donald Trump en el poder, y esto revela una fuerte interna dentro de la policía federal de los Estados Unidos, que mantiene una facción adepta al Partido Demócrata esté quien esté en la Oficina Oval.

Según cuenta en su libro, Isaac no se cayó ante las amenazas y les dijo “oigan, muchachos, recordaré cambiar sus nombres cuando escriba el libro“. Según reseña en el New York Post, Isaac cambió los nombres de los agentes: “El agente Wilson siguió caminando, pero el agente DeMeo se detuvo y se volvió hacia mí para decirme que si hablaba de esto públicamente me mataría”.

Es nuestra experiencia que nunca le pasa nada a la gente que no habla de estas cosas”, le dijo este “agente DeMeo”. Sin embargo, tras hablar con su abogado y familiares, decidió que su vida estaría más a salvo si se exponía públicamente. “Decidí hablar con la prensa y no sucumbir ante las amenazas“.

En otra parte del libro, asegura que luego de la asunción de Biden, en enero del 2021, otros dos agentes lo volvieron a visitar y le dijeron que tenía que entregar el disco rígido original al FBI, que la copia que había enviado no era suficiente. Isaac les dijo que no lo iba a hacer, y cuando les recordó que en el taller hay cámaras, los agentes se fueron.

Tras la situación, sin embargo, Isaac tuvo que cerrar su negocio y, según New York Post, “presentó una demanda multimillonaria por difamación en mayo contra el representante demócrata Adam Schiff y una serie de medios de comunicación, incluidos CNN, Daily Beast y Politico, diciendo que lo acusaron falsamente de vender desinformación rusa”.

Tras el allanamiento a la residencia de Trump en Palm Beach por parte del FBI, su historia ahora adquiere un nuevo significado, y revela la magnitud de la red de corrupción que alcanza a varios agentes de la policía federal, hoy en manos del operador judicial demócrata Merrick Garland.

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Estados Unidos

Trump tuvo la posibilidad de allanar a Hillary Clinton pero decidió priorizar la estabilidad política: Hoy lo persiguen a él

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El 20 de enero del 2017 Trump llegaba a la Casa Blanca y su entrante Fiscal General estaba listo para allanar a Hillary Clinton por la eliminación de correos electrónicos, pero el presidente republicano decidió no hacerlo.

El 9 de octubre del 2016, durante el debate presidencial en Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre, el entonces candidato le dijo en la cara a Hillary Clinton que en caso de ganar designaría un fiscal especial para investigar sus crímenes y que si fuera por él, estaría presa.

En su momento, los medios tradicionales alineados al Partido Demócrata explotaron de furia y tildaron al candidato republicano de fascista y de querer perseguir a su principal rival política. Sin embargo, luego de ganar las elecciones y asumir el poder el 20 de enero del 2017, Trump tuvo en su mano la lapicera con la que iba a firmar la investigación de los Clinton, pero decidió no hacerlo.

El ex presidente designó como Fiscal General a Jeff Sessions, por entonces el senador republicano quien más había denunciado a Hillary Clinton durante su paso por la Secretaría de Estado. Todo estaba listo para que el Departamento de Justicia de Trump ordenara un allanamiento y abriera una investigación en su contra. Pero Trump le puso la correa a Sessions, y le pidió que dedicara sus esfuerzos a otras cosas.

Razones para allanar a la ex Primera Dama no le faltaban. Durante su paso por la Secretaría de Estado, la Cancillería de Estados Unidos, Hillary Clinton estableció un correo electrónico en un servidor externo a la Casa Blanca y lo escondió del Servicio Secreto y de las auditorías federales.

Desde ese correo electrónico coordinó cientos de actos delictivos. Ordenó repartir armas a grupos rebeldes en Libia, ataques con drones, habló con empresarios chinos y rusos, e instruyó espionajes masivos a dirigentes extranjeros.

El servidor no estaba dentro de la red .gov de la Casa Blanca, y fue fácilmente hackeado por ciberataques rusos en reiteradas ocasiones entre 2012 y 2014. En diciembre del 2014, sabiendo que había cometido un crímen, Hillary Clinton eliminó 31.830 e-mails a escondidas y destruyó con ácido las computadoras para que sus discos rígidos sean irrecuperables. Estos mails luego serían publicados por WikiLeaks en 2016, ya que fueron hackeados antes de que los borrara.

Un año después, el Congreso abrió una investigación de Hillary Clinton por sus acciones en la desestabilización de Libia que resultó en el asesinato del embajador estadounidense en Bengazi, y en el Comité de Investigación se le pidió que entregue los correos electrónicos del servidor paralelo, un pedido que no pudo cumplir ya que los había borrado todos.

El FBI abrió una investigación paralela de la ex funcionaria de Obama, y el propio director de la policía federal James Comey compareció ante el Comité y testificó que Hillary cometió una serie de crímenes federales en su accionar, pero no recomendó procesarla ya que “no actuó con intención criminal”, una de los mayores blindajes gubernamentales de la historia.

La testificación de Comey no era vinculante, y la decisión de no denunciar a Hillary Clinton provino de la Fiscal General de Obama, Loretta Lynch, quien unas semanas antes de anunciar que no presentaría cargos contra la ex funcionaria se reunió en privado con el ex presidente y marido de Hillary, Bill Clinton.

Cuando Trump ganó las elecciones, todos esperaban que el republicano instruyera a Jeff Sessions que abriera la investigación que Obama no abrió. Esto hubiera implicado un allanamiento a las propiedades de Hillary Clinton para evitar que destruya evidencia, y cualquier juez se vería obligado a firmar la orden ya que existe el antecedente de la eliminación de los e-mails.

Según han contado funcionarios de la Casa Blanca de Trump, el entonces presidente decidió en los primeros días de su mandato no perseguir a Hillary Clinton, ya que eso traería inestabilidad política y acaparía todas las acciones de su gobierno, imposibilitando que promueva su agenda.

A partir de hoy Estados Unidos empieza a sanar. No vamos a designar un fiscal especial para que persiga a Hillary Clinton desde la Casa Blanca, aunque sí le pedimos a los fiscales federales y al Poder Judicial que haga lo que tiene que hacer con un caso criminal tan evidente“, dijo la portavoz de Trump, Kellyanne Conway, pocos días antes que asuma como presidente.

Esto probó ser un gran error. La Justicia no hizo nada por aplicar la ley contra Hillary Clinton, quien quedó completamente en libertad; y a los demócratas no les importó nada el llamado a estabilidad política.

Ni bien tuvieron oportunidad, colocaron un fiscal especial para que lo investigue a él basándose en la teoría conspirativa que inventó la campaña de los Clinton de que Trump trabajaba para el Kremlin. Después de 3 años de investigación, el fiscal Robert Muller exoneró a Trump, y el presidente republicano se creyó que ahí había terminado todo.

Pero los demócratas recién empezaban. Intentaron hacerle un impeachment por una conversación totalmente benigna con el ahora famoso presidente Volodímir Zelénski, luego montaron un sistema de fraude electoral basado en el voto por correo y hasta le hicieron un segundo impeachment.

Por último, ya afuera del Gobierno, los demócratas ahora cruzaron el Rubicón y ordenaron el allanamiento que Trump se negó a hacerle a Hillary Clinton. Biden instruyó a su Fiscal General, Merrick Garland, que ordenara una redada a la residencia de Trump en Miami sin ningún susteno legal y abrió un capítulo oscuro en la historia norteamericana, tal vez el fin de la República.

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