Tras la victoria electoral de Recep Tayyip Erdogan, Joe Biden se comunicó para felicitarlo y aprovechó la ocasión para charlar sobre la venta de aviones F-16 de producción estadounidense a Turquía y sobre el ingreso de Suecia a la OTAN.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras una llamada telefónica realizada el día lunes con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo que este reiteró el anhelo de Ankara de comprar aviones de combate F-16 de Estados Unidos, a lo que Biden respondió que Washington estaba “ansioso” por ver a Ankara abandonar su potura actual y aceptar el ingreso de Suecia a la OTAN.

El intercambio entre ambos líderes tuvo lugar cuando Biden llamó a Erdogan para felicitarlo por su victoria en las elecciones presidenciales de Turquía el domingo, lo que confirma la continuación por cinco años más de este al frente de Turquía, tras más de dos décadas en el poder.

“Felicité a Erdogan. Todavía quiere resolver algo de los F-16. Le dije que queríamos acordar con Suecia, así que hagámoslo. Y así volveremos a estar en contacto el uno con el otro”, dijo Biden a periodistas antes de partir de la Casa Blanca hacia Delaware.

“Vamos a hablar más sobre esto la próxima semana“, agregó el presidente norteamericano. Por su parte, la Presidencia turca, en una breve declaración sobre la llamada, dijo que ambos líderes acordaron profundizar la cooperación en todos los aspectos de sus lazos bilaterales, cuya importancia dijeron que ha crecido aún más frente a los desafíos regionales y globales.

Turquía ha tratado de comprar F-16 por valor de 20.000 millones de dólares, además de casi 80 kits de modernización de manos de Estados Unidos, pero la venta se ha estancado debido a las objeciones del Congreso de los Estados Unidos sobre el problemático historial de derechos humanos de Ankara y la política contra Siria, a pesar de que la administración Biden ha dicho repetidamente que apoya la venta.

Recordemos que, a principios de este año, un paquete mucho más pequeño de 259 millones de dólares, el cual incluye actualizaciones de software de aviónica para la flota actual de aviones de combate F-16 de Turquía, fue aprobado por el Congreso de Estados Unidos, días después de que Turquía ratificara la adhesión de Finlandia a la OTAN. Por ello, todo indica que la venta de F.-16 se destrabará en tanto y en cuanto Turquía acepte la membresía de Suecia.

Un grupo de Senadores estadounidenses de ambos partidos, por medio de una carta emitida en febrero, dijeron a Biden que el fracaso de Turquía para ratificar los protocolos de adhesión para Suecia y Finlandia, que todavía estaba esperando en ese momento, “cuestionaría esta venta pendiente”, refiriéndose a los F-16.

A este respecto, Estados Unidos le habría dicho previamente a Turquía que sería difícil lograr que el Congreso aprobara el acuerdo para la venta de los F-16 si Ankara no da luz verde al ingreso de Suecia en la OTAN.

Suecia y Finlandia solicitaron la membresía de la OTAN el año pasado, abandonando sus políticas de no alineación militar de larga data tras la invasión rusa de Ucrania. Si bien Turquía ratificó la adhesión de Finlandia a la OTAN a fines de marzo, ha seguido negándose a aceptar a Suecia debido a que alega que Estocolmo da refugio y se niega a entregar a miembros asociados al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, a los cuales Turquía considera terroristas.

Por su parte, Estados Unidos anhela poder cerrar la unión de Suecia al sistema de seguridad colectiva occidental a mediados de julio, cuando la alianza celebre una cumbre en Lituania.

Recordemos que cualquier nuevo aspirante a miembro de la OTAN debe ser acetado por todos los miembros actuales de la organización. Por el contrario, tanto Turquía como Hungría aún no han aprobado la candidatura de Suecia.

El Gobierno y la oposición se aproximan a un inminente acuerdo definitivo para evitar el default de la deuda. El programa incluye un fuerte recorte de gastos y no habrá ningún aumento impositivo, pero fueron tenidas en cuenta algunas consideraciones del oficialismo.

Tras tensas semanas de negociaciones, finalmente el Gobierno de Joe Biden y la oposición encabezada por McCarthy llegaron a una tentativa de acuerdo, el primer paso para la redacción de un documento definitivo que evitaría un histórico default en Estados Unidos (algo que ninguna de las dos partes está dispuesta a permitir).

El acuerdo significa una contundente victoria para los republicanos, ya que las líneas generales del programa de consenso se acercan más a posiciones fiscalmente conservadoras y no se establecerá ningún tipo de aumento impositivo, una de las condiciones más celosamente respaldadas por el ala trumpista de la oposición.

Sin embargo, y aunque Biden dio el brazo a torcer ante la inminente llegada del incumplimiento, el acuerdo deberá ser respaldado por las distintas facciones de ambos partidos en el Congreso y no se descartan nuevos cambios para que finalmente pueda ser aprobado.

Los puntos más importantes del acuerdo

En primer lugar, los republicanos darán el visto bueno para aumentar el techo legal de la deuda pública federal por encima de los 31,4 billones de dólares tal y como lo exigía el presidente Biden. Esto permitirá refinanciar las operaciones del Gobierno federal y evitar cualquier incumplimiento.

Asimismo, los recortes al gasto público sólo se efectuarán sobre el gasto no relacionado con la defensa. Por lo tanto, las partidas presupuestarias asignadas para gasto militar, controles fronterizos, policía y la atención médica a veteranos de guerra, no se verán afectadas de ningún modo y mantendrán las pautas de crecimiento fijadas previamente.

Las erogaciones restantes en el presupuesto (la gran mayoría del mismo) tendrán un crecimiento nominal cercano al 0% para el año 2024, y a partir de 2025 habrá un límite de aumento del 1% nominal anual para los próximos seis años. Esta regla fiscal es más laxa de lo que originalmente proponía el proyecto republicano, pero garantiza que el gasto público en relación al PBI se vea constantemente recortado.

Para lograr la moderación de la expansión nominal del presupuesto, fueron establecidos una serie de recortes sobre partidas que son significativas para el total. Se ampliaron los requisitos para acceder a los programas sociales, en particular sobre el plan de cupones alimentarios.

La ley vigente establece que los adultos sanos y sin hijos de 18 a 49 años pueden acceder a cupones alimentarios de manera restringida y solo durante tres meses de cada tres años, siempre y cuando no hayan estado empleados al menos 20 horas a la semana. Con el nuevo acuerdo, estas restricciones también afectarán a las personas de hasta 54 años. Se incluyen excepciones para el caso de veteranos.

También se establecen requisitos mínimos de trabajo (búsqueda activa de empleo y la obligación de realizar capacitaciones) para aquellas personas que quieran entrar en el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas. Sin embargo, estos requisitos no se incluirán para el acceso al Medicaid como lo establecía el proyecto republicano original, y en este aspecto también debieron ceder ante la posición de los demócratas.

El acuerdo establece la recuperación de los fondos por el Covid-19 que no fueron gastados efectivamente, aproximadamente 4,5 billones de dólares que se recortarán automáticamente de los gastos presupuestarios.

Washington is sitting on tens of billions of dollars in unspent COVID funds, even though the pandemic is over. Republicans are leading the charge to claw back this money for taxpayers—marking the largest rescission in history.

Here are just some of the slush funds included: pic.twitter.com/1sRKY5MbpK

— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) May 28, 2023

Sin lugar a dudas uno de los principales puntos fuertes del acuerdo será la marcha atrás con los rescates de préstamos estudiantiles, una medida que desequilibró completamente las finanzas públicas desde agosto del año pasado. Los prestatarios volverán a pagar los préstamos que suscribieron sin el auxilio del Gobierno federal (siendo que la inmensa mayoría jamás necesitaron de ningún rescate).

Sin embargo, los demócratas lograron retener un paquete de hasta 20.000 millones de dólares en programas de alivio para deudas estudiantiles que finalmente no serán recortados. Pero aún así, se debe tener en cuenta que los rescates involucraban un gasto de US$ 315.000 millones solo en 2023, con lo cual la balanza se terminó inclinando en favor del conservadurismo fiscal.

Los republicanos también lograron imponer su posición para recortar la financiación adicional al Servicio de Impuestos Internos, una normativa establecida en la Ley de Reducción de la inflación de 2022. Esto implica un ahorro neto de hasta US$ 80.000 millones solamente para el año fiscal 2023.

Washington advierte que el grupo Wagner está prolongando el conflicto y causando más caos en Sudán, a la par que sanciona a al jefe de la compañía en Malí.

Estados Unidos ha acusado al Grupo Wagner de proporcionar misiles tierra-aire a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), tirando más leña al fuego de un conflicto que en poco más de un mes ya desplazado a casi 1,3 millones de personas.

Adicionalmente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también impuso sanciones al líder de Wagner en Malí, acusándolo de tratar de obtener armas para los esfuerzos de Rusia en Ucrania.

“En Sudán, el Grupo Wagner ha estado suministrando a las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán misiles tierra-aire para luchar contra el ejército de Sudán, contribuyendo a un conflicto armado prolongado que solo resulta en un mayor caos en la región”, expresó el comunicado del Tesoro de Estados Unidos.

Mientras tanto, Washington ha estado ayudando a negociar varios acuerdos de alto el fuego, a pesar de que estos han sido sistemáticamente violados por ambas partes en conflicto. Estados Unidos dice que su objetivo principal en Sudán es reducir la violencia antes de trabajar hacia un fin permanente de los combates y devolver al país a un gobierno civil.

El mes anterior, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, había dicho que las autoridades legítimas de Sudán tienen derecho a utilizar los servicios del grupo Wagner si así lo desean. Diplomáticos occidentales en Jartum habían asegurado ya en 2022 que Wagner estaba involucrado en la minería ilícita de oro en Sudán y que estaba a difundiendo desinformación.

El mes pasado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó su preocupación por la posibilidad de la participación de Wagner en Sudán, diciendo que el grupo “simplemente trae consigo más muerte y destrucción”.

“Está en tantos países diferentes, y en África, un elemento que, cuando se compromete, simplemente trae consigo más muerte y destrucción“, dijo Blinken durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo keniata, Alfred Mutua. “Es muy importante que no veamos mayor participación en Sudán“, aseguró.

El Tesoro también dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha “recurrido a confiar en el Grupo Wagner para continuar su guerra de elección” en Ucrania. Adicionalmente, como parte del anuncio, Estados Unidos impuso sanciones a Ivan Aleksandrovich Maslov, el jefe de Wagner en Malí.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos argumentó la imposición de sanciones diciendo que los empleados del grupo podrían haber estado tratando de trabajar a través del país de África occidental para adquirir equipos como minas, drones, radares y sistemas de contrabatería para su uso en Ucrania.

“Las sanciones del Tesoro contra el representante más importante del Grupo Wagner en Malí identifican e interrumpen a un operativo clave que apoya las actividades globales del grupo“, confirmó el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson.

“La presencia del Grupo Wagner en el continente africano es una fuerza desestabilizadora para cualquier país que permita el despliegue de los recursos del grupo en su territorio soberano”, sentenció Nelson.

“El Grupo Wagner puede estar tratando de ocultar sus esfuerzos para adquirir equipo militar para su uso en Ucrania, incluso trabajando a través de Malí y otros países donde tiene un punto de apoyo”, dijo el Tesoro en el comunicado oficial.

“De hecho, hay indicios de que Wagner ha estado intentando comprar sistemas militares de proveedores extranjeros y enrutar estas armas a través de Malí como un tercero“, dijo el portavoz Matthew Miller a los periodistas el lunes.

“No hemos visto, hasta el momento, ningún indicio de que estas adquisiciones hayan sido finalizadas o ejecutadas, pero estamos monitoreando la situación de cerca”, añadió el funcionario estadounidense.

A principios de 2023, Estados Unidos calificó a Wagner de “organización criminal transnacional” e impuso sanciones a sus principales líderes.